El factor geopolítico de nuevo se ha puesto en boga bajo la 2da administración Trump, con sus pretensiones geoestratégicas de control en el Canal de Panamá, respecto a «la provincia de Canadá», Groenlandia, el tráfico de fentanilo y las operaciones de los carteles de la droga de México, y ahora la Venezuela de Maduro, presionada por varios flancos.

Ni hablar de la «operación especial» que libra la Rusia de Putin en Ucrania desde hace más de 3 años, las campañas exterminadoras de amenazas en Gaza emprendidas por Israel, extensivas a Irán, Líbano, Yemen. Las múltiples cumbres de los BRICS para articular un contrapeso a la impronta hegemónica global de Trump que subordina a Europa con los aranceles punitivos y el costo del complejo de seguridad militar de la OTAN.

Esta dimensión, que ha generado hoy en el país una multiplicidad de expertos radiofónicos, 65 años atrás gravitaría dramáticamente en el desarrollo de nuestra incipiente democracia, constriñéndola y accidentándola, tras 31 años de férrea dictadura egocéntrica. Lo cual, a juicio de los analistas de inteligencia de Washington, nos hacía vulnerables «a un golpe castrista o comunista» alentado por Cuba –base territorial de las expediciones libertarias de junio del 59.

Todo ello, en momentos en que grupos radicales de izquierda buscaban derrocar a Betancourt en Venezuela mediante las guerrillas de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) del Partido Comunista y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

La geopolítica se sintió con las sanciones impuestas al régimen de Trujillo por la OEA en la VI Reunión de Cancilleres de San José de Costa Rica en agosto de 1960, que lo aisló en el hemisferio tras el atentado al presidente Betancourt el 24 de junio de ese año. A la muerte del dictador el 30 de mayo del 61, la necia geopolítica nos afectó al fracasar semanas antes la invasión de Bahía de Cochinos del 17 de abril organizada por la CIA.

En los planes de contingencia de EE. UU., esta operación era parte de un esquema más amplio para derrocar el régimen cubano, el dominicano y colateralmente el haitiano, pautado por el equipo de gestión de política exterior de Kennedy hacia el convulso Caribe.

Este revés debió modificar los planes inmediatos, aunque ya el involucramiento norteamericano y la dinámica interna del complot para liquidar a Trujillo se hallaban sobre ruedas. Al grado que Henry Dearborn -encargado de la embajada americana desde agosto de 1960 en calidad de cónsul y jefe de estación de facto de la CIA- confesó en un panel de TV que no podía disuadir a los complotados para detener la operación, como fuera instruido por sus superiores desde Washington, ejecutándose, con saldo trágico para ellos.

En este cruce de variables geopolíticas incidió el temor a una segunda Cuba, centro focal de la política norteamericana hacia la región después de la Revolución Cubana. Más grave aún fue lo acontecido luego. Las elecciones dominicanas del 20 de diciembre del 62 estuvieron precedidas en octubre por la Crisis de los Misiles, el evento más traumático, desde el punto de vista de seguridad nacional, de la Guerra Fría desde 1947 a 1990.

Nunca antes estuvo tan cerca una conflagración nuclear y el territorio norteamericano amenazado, a sólo 90 millas de distancia, por el emplazamiento de los misiles soviéticos en Cuba. El shock que eso representó en el sistema político norteamericano y sus élites y en la opinión pública fue decisivamente negativo para el curso del proceso político en la República Dominicana. Esa atmósfera condicionaría fatalmente la suerte del experimento democrático del 63.

En lo formal, el programa del gobierno encabezado por Bosch calzaba plenamente con el de la Alianza para el Progreso promovido por JFK: cambios democráticos, reforma agraria, política de vivienda, desarrollo económico, diversificación productiva. O sea, modernización multisectorial. Sin embargo, el curso geopolítico y la dinámica pugnaz de los actores internos determinarían la frustración de esta germinal experiencia democrática.

Juan Bosch ganó abrumadoramente las elecciones del 20 de diciembre del 62 con casi un 60% de la votación del PRD frente a un 30% de Unión Cívica Nacional -el partido conservador que surgió del frente interno antitrujillista que capitaneó la transición tras la muerte del dictador, dominante políticamente en el Consejo de Estado que organizó los comicios con apoyo de la OEA.

Un restante 10% se distribuyó entre partidos más pequeños: el ideologizado Partido Revolucionario Social Cristiano (5%), con incidencia en el movimiento estudiantil y los sindicatos; el Partido Nacionalista Revolucionario Democrático (3%) del general Ramírez Alcántara, que obtuvo la senaduría de San Juan de la Maguana; la doctrinaria Alianza Social Demócrata (1.7%) del Dr. Jimenes Grullón; y el PRDA (0.12%), una minúscula escisión del PRD encabezada por Nicolás Silfa, un veterano de la II Guerra Mundial, líder de la seccional del PRD en NYC. De suerte que el PRD predominaba en el Congreso y los ayuntamientos, controlando por igual la rama ejecutiva.

Los demonios de la Constituyente

Antes que Bosch asumiera la presidencia el 27 de febrero de 1963 y en paralelo a sus primeros meses de gestión, se desarrollaron los trabajos de la Asamblea Revisora iniciados el 1ro de febrero y finalizados el 20 de abril. Cuyas líneas maestras plasmadas en la nueva Constitución promulgada el 29 de abril, marcarían su administración, prefigurando importantes focos de conflicto con diversos sectores, claves para garantizar la recién estrenada gobernabilidad democrática.

Previo al inicio de los trabajos de la Asamblea, el diario El Caribe publicó un borrador del proyecto de reforma constitucional, desatándose reacciones adversas entre los gravitantes poderes fácticos. Tal el caso del tratamiento otorgado al latifundio y al minifundio, a la propiedad y las expropiaciones estatales, que generó pronunciamiento inmediato de las asociaciones empresariales -Hacendados y Agricultores, Industrias, Cámara de Comercio, Consejo Nacional de Hombres de Empresa. Las que reaccionaron ante un proyecto que Bosch consideró tímido al compararlo con la Constitución de Cuba de 1940, en cuyo proceso de formulación participó, conociendo sus alcances sociales y económicos progresistas.

La Iglesia Católica se manifestó sobre el tratamiento concedido al Concordato que desde Trujillo (1954) regulaba sus relaciones con el Estado, al no mencionársele en el referido proyecto, y a temas caros a la institución como el matrimonio canónico y la unión libre, así como la enseñanza en materia religiosa en los planteles escolares.

Sacerdotes y obispos afirmaron que esa Constitución violentaba las leyes de Dios y de la Iglesia, amenazando sus protegidos fueros. Abriéndose un serio foco de conflicto, con pronunciamientos y movilización de colegiales católicos frente al recinto del Congreso.

Era una profundización de las diferencias entre el clero y Bosch, secuela del cargo de filo comunista que se le hiciese durante la campaña electoral, que condujo al dramático debate televisivo con el jesuita Láutico García, a pocas horas de los comicios del 20 de diciembre. Era evidente que la Iglesia Católica no se sentía representada por la nueva Constitución del 63, a cuya promulgación no acudió.

Otro tópico fue el asunto sindical

Durante el Consejo de Estado surgieron múltiples federaciones y confederaciones que compitieron para controlar el movimiento sindical, vía la constitución de sindicatos y la obtención de ayuda internacional (de la democracia cristiana internacional a través de la Fundación Konrad Adenauer de Alemania, de la sección laboral de la Embajada de EE. UU. y la ORIT para el «sindicalismo libre y democrático»). Fluía el financiamiento porque éramos punto de interés en la geopolítica del Caribe.

Bosch y Ángel Miolán (quien trabajó en México con Lombardo Toledano, secretario general de la Central de Trabajadores de América Latina) plantearon la conveniencia de un solo sindicato por empresa, en momentos en que existían sindicatos paralelos. Las confederaciones FOUPSA y CESITRADO, fusionadas a instancias del PRD, la socialcristiana CASC, la FOUPSA LIBRE luego CONATRAL, apoyada ésta por la Embajada Americana, competían por formar sindicatos en una misma empresa y en los ingenios azucareros por ramas de actividad y por oficios.

Así, el paralelismo sindical surgente en los 60 se sintió amenazado por el canon de la Constitución (art.15) que consagraba la libertad de la organización sindical conforme a normas estatutarias democráticas internas, pero que oficialmente sólo reconocía al sindicato mayoritario: «En las relaciones contractuales entre patronos y trabajadores de una misma empresa y siempre que se trate de sindicatos de igual naturaleza o de un mismo oficio, el Estado sólo reconocerá aquél al cual esté afiliada la mayoría de los trabajadores». De modo que podían coexistir N sindicatos oficiosamente, pero para fines del registro sindical oficial sólo se validaba el sindicato mayoritario.

Bosch hablaba en sus charlas radiales por Tribuna Democrática, antes de la toma de posesión, de la conveniencia de constituir una central única de trabajadores. Eso era como mentarle al diablo la cruz, para entidades sindicales ideologizadas y con fuerte financiamiento internacional. Era de algún modo dañar el negocio sindical. De manera que la hoy celebrada Constitución del 63, antes de Bosch asumir el 27 de febrero, ya le traía dolores de cabeza, dada la divulgación realizada por El Caribe del proyecto de reforma a principios de enero.

En un escenario minado por el cruce de estrategias contradictorias entre los actores internos y externos, Bosch identificó en la administración Kennedy a su aliado principal. En el país no contaba con apoyos de importancia para su proyecto de democracia socialmente avanzada y desarrollista. Algo que quedó demostrado en sus siete meses de gestión, que clausuró la ola conservadora continental.

Como afirmara, mientras él fue derrocado y deportado, a Kennedy lo asesinaron dos meses después, conforme la tradición de Estados Unidos. Donde no se dan golpes de Estado, pero se eliminan presidentes.

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