Por CARLOS SALCEDO

La decisión reciente del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional de dictar auto de no ha lugar a favor de Jean Andrés Pumarol Fernández constituye un ejemplo paradigmático de los límites estructurales del derecho penal en un Estado de Derecho.

Lejos de tratarse de una decisión arbitraria, su corrección jurídica depende -como ya había sostenido públicamente- de que repose sobre un peritaje serio, técnico y concluyente que acredite la existencia de un cuadro psicótico al momento de los hechos.

En efecto, no basta en la teoría del delito con la constatación de un hecho típico y antijurídico. La imposición de una pena exige, además, la concurrencia de la culpabilidad, entendida como la posibilidad de formular un reproche personal al autor. Este juicio de censura solo es posible cuando el individuo actúa con capacidad de comprensión y autodeterminación, es decir, cuando es jurídicamente libre.

En el caso analizado, el elemento decisivo radica en la determinación de que el imputado, afectado por un trastorno esquizofrénico, habría actuado bajo un brote psicótico que le impedía discernir sobre las consecuencias de sus actos y dirigir su conducta conforme a ese entendimiento. Bajo tales circunstancias, no solo se ve comprometida la comprensión de la ilicitud, sino también la posibilidad de suspender el curso causal de la acción, lo que excluye la imputabilidad y, con ello, la culpabilidad.

Este punto es esencial, pues la inimputabilidad no niega la materialidad del hecho ni su carácter antijurídico, pero impide su atribución subjetiva en términos de responsabilidad penal. De ahí que resulte plenamente coherente afirmar que la inimputabilidad no es impunidad, sino ausencia de culpabilidad. El derecho penal, como sistema de garantías, no puede castigar a quien carece de libertad en sentido jurídico al momento de actuar.

Medidas de seguridad

Ahora bien, la exclusión de pena no implica la inacción del sistema. El propio ordenamiento prevé que, en estos supuestos, el juez conserve la facultad de imponer medidas de seguridad, orientadas no al castigo, sino a la protección de la sociedad y al tratamiento del individuo. Estas medidas, que pueden implicar internamiento en centros especializados, deben estar sujetas a control judicial y supervisión de las autoridades competentes del sistema penitenciario o de salud, garantizando su proporcionalidad y revisión periódica.

La legitimidad de la decisión judicial, por tanto, descansa en el delicado equilibrio entre la necesidad de respetar las garantías fundamentales del imputado, por un lado; y, por otra parte, la obligación del Estado de responder frente a hechos de extrema gravedad. Esa simetría sólo puede alcanzarse si la inimputabilidad se declara sobre la base de evidencia pericial robusta, que establezca con claridad la correspondencia entre el trastorno mental y el momento de la acción.

La controversia social generada por el caso revela, una vez más, la tensión entre la percepción de justicia de las víctimas y los límites normativos del derecho penal. Sin embargo, ceder a esa presión implicaría desnaturalizar principios esenciales como el de culpabilidad, abriendo la puerta a un derecho penal de autor incompatible con un sistema garantista.

El caso Pumarol, pues, reafirma que el derecho penal no sanciona hechos en abstracto, sino conductas atribuibles a sujetos capaces de responder por ellas. Cuando esa capacidad falta, la respuesta del ordenamiento no es la pena, sino la adopción de mecanismos alternativos que, sin desconocer el daño causado, respeten los límites del poder punitivo del Estado.

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POR EZEQUIEL CUEVAS

El reciente conflicto institucional suscitado en la República Dominicana a raíz del presunto desacato del frente a la sentencia TC/0788/24 dictada por el plantea una preocupación profunda sobre el respeto al orden constitucional y la vigencia efectiva del Estado de derecho.

En un sistema democrático basado en la supremacía de la Constitución, las decisiones del órgano de control constitucional no son meras recomendaciones, sino mandatos vinculantes que deben ser acatados por todos los poderes públicos sin excepción.i

La sentencia TC/0788/24, cuyo contenido se enmarca en la defensa de principios fundamentales, constituye una expresión directa del control concentrado de constitucionalidad. En este sentido, el Tribunal Constitucional no solo interpreta la Constitución, sino que garantiza su primacía frente a actos u omisiones de los demás poderes del Estado.

El eventual incumplimiento por parte del Congreso Nacional no solo compromete la eficacia de la decisión judicial, sino que erosiona la arquitectura institucional diseñada para asegurar el equilibrio entre poderes.

Desde una perspectiva jurídica, el desacato a una sentencia constitucional reviste una gravedad singular. La Constitución dominicana establece claramente el carácter definitivo e irrevocable de las decisiones del Tribunal Constitucional, lo que implica que ningún órgano puede desconocerlas o retardar su cumplimiento.

En consecuencia, cualquier actuación legislativa que contravenga o ignore lo dispuesto en la sentencia TC/0788/24 podría ser considerada no solo inconstitucional, sino también una vulneración directa al principio de legalidad y al deber de colaboración entre poderes públicos.

Debate

Asimismo, este escenario abre el debate sobre los mecanismos de coerción institucional disponibles para garantizar la ejecución de las decisiones del Tribunal Constitucional. Aunque el ordenamiento jurídico dominicano reconoce la obligatoriedad de dichas sentencias, persisten vacíos prácticos en cuanto a las sanciones específicas frente al incumplimiento por parte de órganos colegiados como el Congreso.

Esto plantea la necesidad de fortalecer los instrumentos legales que aseguren el respeto efectivo de la justicia constitucional y eviten que las decisiones del máximo intérprete de la Constitución queden en el plano meramente declarativo.

En conclusión, el presunto desacato del Congreso Nacional frente a la sentencia TC/0788/24 no es un hecho aislado, sino un síntoma de tensiones estructurales en la relación entre los poderes del Estado.

Su análisis debe trascender la coyuntura política y enfocarse en la defensa del orden constitucional, la seguridad jurídica y la credibilidad institucional. En una democracia sólida, el respeto irrestricto a las decisiones del Tribunal Constitucional no es opcional, sino una condición indispensable para la vigencia plena de los derechos fundamentales y el funcionamiento armónico del sistema republicano.

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Corría el mes de diciembre de 2009 cuando una delegación oficial de la República Dominicana, encabezada por el entonces presidente Leonel Fernández, llegó a París, capital de Francia, con una agenda que incluía una visita a la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), conocida comúnmente como “el club de los países ricos”.

Aquella presencia no fue casual ni simbólica: respondía a un proceso que ya venía gestándose desde el año 2008 y que colocaba al país en una nueva dimensión dentro del escenario internacional.

En ese contexto se concretó el ingreso de la República Dominicana al Centro de Desarrollo de la OCDE, un espacio concebido para integrar a economías en desarrollo que, como la nuestra en ese momento, comenzaban a mostrar avances significativos en indicadores clave: crecimiento económico sostenido, reducción de la pobreza, estabilidad política y, sobre todo, el reconocimiento como nación de ingreso medio.

Ese hito representó, sin lugar a dudas, el primer paso formal de acercamiento del país a esa influyente organización internacional.

Traigo estos hechos a colación a propósito de la reciente visita del presidente Luis Abinader a la capital francesa, donde participó en un Foro Global Anticorrupción auspiciado por la OCDE.

En el marco de esa actividad, el mandatario suscribió un memorándum de entendimiento que ha sido presentado como un paso de acercamiento a la OCDE; sin embargo, más que un inicio formal hacia la membresía plena, se trata de un instrumento que reafirma la relación ya existente del país con ese organismo y su compromiso de continuar avanzando, a mediano y largo plazo, en el cumplimiento de los estándares requeridos para una eventual aspiración de ingreso pleno.

Desde el año 2009, el país forma parte del Centro de Desarrollo de la OCDE, lo cual implica una vinculación activa en términos de intercambio de políticas, conocimientos y experiencias.

Conviene recordar que en aquel acto de firma estuvieron presentes figuras como el ingeniero Temístocles Montás, entonces ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, así como el economista Luis Reyes, asesor de esa institución.

Quien suscribe también tuvo la oportunidad de estar allí, en calidad de director de Comunicaciones del ministerio, siendo testigo directo de un momento que marcó un antes y un después en la proyección internacional del país.

Ahora bien, ¿qué es exactamente la OCDE? Se trata de una organización internacional con sede en París, integrada por las economías más avanzadas del mundo, cuyo objetivo es coordinar políticas económicas y sociales entre sus miembros.

No en vano se le denomina “el club de los países ricos”, ya que sus integrantes concentran más del 70% del producto y del comercio mundial.

Es importante subrayar que la membresía plena de la OCDE está reservada, en su gran mayoría, a países altamente desarrollados. Existen excepciones como México y Turquía, cuyas incorporaciones responden a consideraciones geopolíticas específicas.

En ese sentido, la República Dominicana no es miembro pleno de la OCDE, sino del Centro de Desarrollo, que funciona como un puente entre los países miembros y aquellos que aspiran a alcanzar estándares similares.

Y aquí es donde radica el punto medular de este artículo. Convertirse en miembro pleno de la OCDE no es un trámite protocolar ni una decisión política de corto plazo.

Implica transformaciones profundas en múltiples dimensiones: fortalecimiento institucional, transparencia en las cuentas fiscales, modernización del mercado laboral, consolidación de políticas de libre mercado, sostenibilidad ambiental y, sobre todo, un compromiso irrestricto con los valores democráticos.

En consecuencia, resulta más preciso afirmar que la República Dominicana ya está vinculada a la OCDE desde hace más de una década, y que lo que ha hecho el presidente Abinader es suscribir un instrumento que deja constancia del interés del país en seguir avanzando en ese camino.

Ojalá que ese objetivo se alcance en el futuro. Pero es necesario reconocer, con responsabilidad y sin triunfalismos, que aún queda un largo trecho por recorrer.