La CIDH, Almagro y las doce naciones, integradas en el Grupo de Trabajo sobre Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA), se pronunciaron durante un Consejo Permanente del organismo.

Almagro avisó de que si la «represión» continúa en Nicaragua, la OEA podría invocar el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, que contempla gestiones diplomáticas contra un Estado miembro y, de fracasar estas, allana el proceso para su suspensión.

«Hoy sucede algo terrible en Nicaragua, ya es demasiada la sangre en Nicaragua, llegó la hora de exigir y reclamar y solicitar y demandar que se detenga el actual momento de violencia, nada surge de eso, ni gloria, ni historia, solo dolor y más dolor. Nicaragua debe reinstitucionalizarse y democratizarse», afirmó.

«La continuidad de las políticas represivas, obligará a acudir al procedimiento del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana», añadió Almagro.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, explicó que su organización, en las últimas semanas, «ha observado un creciente deterioro en el Estado de Derecho en el país, un incremento de los actos de violencia y represión para reprimir las manifestaciones púbicas».

Desde el estallido de las protestas el 18 de abril, la Comisión ha contabilizado 325 fallecidos y 300 detenidos, mientras que 200 trabajadores sanitarios fueron despedidos por ayudar a manifestantes heridos y 400 estudiantes fueron expulsados de las universidades públicas por su participación en las movilizaciones.

El titular de la CIDH volvió a pedir al Gobierno acceso a información detallada sobre los fallecidos para verificar las cifras ofrecidas por las autoridades, que solo reconocen 199 muertos.

Además, Abrão reiteró su «preocupación» por el uso de la «detención como herramienta de represión de la protesta social» y pidió respetar el derecho de los nicaragüenses a manifestarse, después de que el 28 de septiembre el Ejecutivo prohibiera las movilizaciones convocadas sin permiso de las autoridades.

«Estas situaciones en un Estado democrático de Derechos serían excepcionales, pero parece que en Nicaragua son la regla», opinó.

En respuesta, el embajador de Nicaragua ante la OEA, Luís Exequiel Alvarado, criticó el análisis de la Comisión y consideró que el organismo «se ha prestado a ser usado como un arma del golpismo» que, a su juicio, ha promovido «un sector minoritario de la derecha» de Estados Unidos.

Alvarado acusó a Washington de financiar a los que protestan con «odio en el corazón y armas en las manos».

De esa forma, el Ejecutivo nicaragüense rechazó la mediación de la CIDH y reiteró que «no reconoce» el Grupo de Trabajo que fue creado el 2 de agosto con el aval de 20 de los 34 países que son miembros activos de la OEA para ayudar al restablecimiento de la paz en Nicaragua.

Ese Grupo de Trabajo presentó hoy un su último informe, en el que concluye que, «si bien se ha contenido la represión violenta de los meses de verano, prevalece un clima de miedo» debido a que «los informes de detención y victimización están en aumento, al igual que los actos continuos de represión e intimidación».

En verano se registró un gran número de muertos en Nicaragua debido a los choques entre manifestantes y simpatizantes de Ortega, pero posteriormente el Gobierno ha pasado a perseguir judicialmente a los manifestantes y ha optado por restringir las manifestaciones.

Durante el último mes, el Grupo de Trabajo se reunió con el vicepresidente para América Latina del Banco Mundial, Jorge Familiar, y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno.

Fuentes diplomáticas explicaron a Efe que, durante esos encuentros, se evaluó la posibilidad de tomar medidas económicas contra el Gobierno de Ortega, como la congelación de fondos, pero no se tomó ninguna decisión.

Este mes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó una contracción el producto interno bruto (PIB) de Nicaragua del 4 % en 2018, lo que deja atrás las alzas de los últimos ocho años.

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«La política migratoria de México la define México, así como la política migratoria de Estados Unidos la define Estados Unidos», sostuvo el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un mensaje a medios que ofreció con su homólogo estadounidense en el marco de la visita de Pompeo a la capital mexicana.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con un cierre militar en la frontera sur de EE.UU. si México no frena el trayecto de la caravana, que salió el pasado sábado del norte de Honduras y en la que participan unas 3.000 personas.

México envió a unos 240 policías federales para reforzar la seguridad en la frontera con Guatemala, tras lo cual Trump envió un mensaje de agradecimiento vía Twitter.

«Somos países amigos, somos socios, vecinos, y somos países soberanos», clamó Videgaray, quien valoró el ingreso de la caravana, iniciado ayer, como «un reto» para su país.

Dijo que, en su reunión con Pompeo, tuvo oportunidad de comentarle la «esencia» de la posición de México, «que es el respeto a los derechos humanos, la dignidad de las personas y la protección a este grupo migrante», especialmente a personas vulnerables como niños, niñas, embarazadas y personas de la tercera edad.

Después de que una avanzadilla de la caravana atravesara ayer el río Suchiate, que separa la ciudad guatemalteca de Tecún Umán de la mexicana Ciudad Hidalgo, la SRE señaló que había empezado a tramitar las primeras peticiones de refugio.

Si los migrantes de la caravana que vayan llegando a México no poseen la documentación necesaria para ingresar al país legalmente y deciden no solicitar refugio, el Gobierno los detendrá y deportará.

«México habrá de aplicar la ley, pero lo haremos siempre de una forma humanitaria, pensando en el interés de la persona migrante en primer lugar», argumentó el canciller, quien recordó que solicitó el apoyo de la ONU para atender el elevado flujo migratorio que arribará estos días.

Por su parte, Pompeo dijo que su país es consciente de que México toma «decisiones soberanas», aunque haya «objetivos compartidos» entre ambas naciones.

«Agradecemos las labores que han realizado a lo largo de estos días», mencionó el secretario de Estado.

A lo largo de la jornada de hoy, Pompeo también se reunirá con quien será canciller en la próxima Administración, Marcelo Ebrard, y con el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.

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González recordó que este tipo de situaciones «no ocurren por casualidad, sino que tienen que ver con situaciones graves que tienen las personas que emprenden una caravana como esta».

«Yo llamo a los Gobiernos de Estados Unidos y México a considerar seriamente la protección de los derechos humanos de estas personas y no hacer que las consideraciones de seguridad signifiquen aplastar los derechos humanos», señaló a los periodistas.

El abogado chileno subrayó que los Estados no deben abordar la situación «de forma masiva», sino que están obligados a «considerar las situaciones individuales de la gente».

«Desde luego, lo que no está permitido por el derecho internacional son las expulsiones colectivas, sin determinar la situación individual de cada persona», recordó.

Unos 3.000 hondureños forman parte de la caravana de migrantes que inició hace una semana viaje rumbo a Estados Unidos y un primer grupo llegó este jueves a la frontera entre Guatemala y México.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha llegado a amenazar con enviar al Ejército para cerrar la frontera sur de su país si México no frena la caravana.

Preguntado al respecto, González recordó que cuando se involucra a las fuerzas armadas en actuaciones que deberían ser civiles y «se ponen a ese nivel las consideraciones de seguridad, usualmente eso significa que hay violaciones graves de los derechos humanos».

El especialista de Naciones Unidas recordó que los tratados internacionales obligan a Estados Unidos a evaluar individualmente los casos de los migrantes antes de poder deportarlos e impiden la devolución colectiva.

«Me parece que los estándares internacionales están suficientemente claros», insistió González, que criticó mecanismos como la detención migratoria utilizados por EE.UU. y otros países.

Según dijo, ese tipo de detención es «cuestionable» desde el punto de vista del derecho internacional y, además, ha demostrado no funcionar a la hora de prevenir el flujo de migrantes.

También cuestionó la llamada política de «tolerancia cero» impulsada por Trump en la frontera con México, aunque recordó que ese término se utiliza para indicar distintas acciones.

«Si significa que se va a rechazar a cualquier migrante por el solo hecho de serlo y que no va a haber consideraciones en materia de derechos humanos, está completamente en violación del derecho internacional», apuntó.

«No es posible que un Estado diga simplemente: ‘de ahora en adelante no voy a admitir a ningún inmigrante irregular’. Esa persona puede tener legítimo acceso a llegar a ser un refugiado o ser merecedor de protección internacional. El Estado no puede simplemente decir no», insistió. 

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Durante una rueda de prensa en el cuartel central de la policía en Riverside, al noreste de Los Ángeles, se destacó que dentro de las armas decomisadas, expuestas allí, figuran 13 fusiles de asalto.

«Cuando vemos estas armas decomisadas podemos tener un sentido más claro de lo que tienen que enfrentar cada día en las calles nuestros agentes de control del orden», destacó Mike Hestrin, Fiscal de Distrito del Condado de Riverside.

Para el jefe de la policía local, comandante Sergio Díaz, el esfuerzo de lucha contra las pandillas beneficia enormemente a toda la comunidad y especialmente a los niños y a los jóvenes.

«Cuando las pandillas violentas son removidas de nuestras calles, toda la comunidad logra disfrutar pacíficamente de las libertades de nuestra ciudad y sus encantos».

«Y más importante, los niños pueden aprender y desarrollarse y jugar en cualquier vecindario sin el temor de convertirse en víctimas», aseguró Díaz.

La operación «Eastbound and Down» fue un trabajo investigativo entre el Departamento de Justicia, la Unidad de Operaciones Especiales de la Patrulla de Caminos, el Departamento de Policía de Riverside y la Oficina del Alguacil de Distrito de este condado.

El operativo fue el resultado de «una investigación de seis meses montada a raíz de un incremento en los crímenes violentos entre la comunidad del condado, incluyendo asesinatos, disparos contra autos y asaltos», señaló Hestrin.

«A esta acción coordinada esta semana, cuyo objetivo eran pandillas criminales, le seguirá una vigorosa acusación que es un componente esencial para cumplir plenamente nuestras responsabilidades de seguridad pública», aseguró por su parte el fiscal general de California, Xavier Becerra. 

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«Además de detener todos los pagos a estos países, que parecen no tener casi control sobre su población, debo, en los términos más enérgicos, pedir a México que detenga este ataque, y si no puedo hacerlo, llamaré al Ejército de EEUU y (para que) CIERRE NUESTRA FRONTERA SUR!», sentenció Trump en su cuenta de Twitter.

En los últimos días, el mandatario estadounidense ya amagó con cortar fondos de ayuda al Gobierno hondureño «de inmediato» si no pone fin a la caravana de personas que se dirige a EEUU, huyendo de la violencia y la pobreza, según afirman los organizadores.

Trump aseguró el martes que también pondría fin a las partidas de cooperación que reciben Guatemala y El Salvador «si permiten que sus ciudadanos, u otros, viajen a través de sus fronteras y lleguen a Estados Unidos, con la intención de ingresar a EEUU de manera ilegal»

En su tuit de hoy, Trump criticó a los dirigentes de Guatemala, Honduras y El Salvador por hacer «poco para evitar que este gran flujo de personas, INCLUIDOS MUCHOS CRIMINALES, entren a México en dirección a Estados Unidos».

Asimismo, cargó contra el Partido Demócrata estadounidense porque «abogan por Fronteras Abiertas y leyes (de inmigración) débiles», una crítica que ha repetido desde su llegada a la Casa Blanca.

Un primer grupo de la primera caravana ya llegó ayer a la frontera de Guatemala con México, de acuerdo a la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal del país guatemalteco.

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, dijo este miércoles que el ingreso «masivo» de migrantes hondureños es un «riesgo» para el país y sus habitantes y aseguró que está tratando de verificar sus intenciones con la ayuda de organizaciones internacionales.

Además de la caravana de hondureños que partió el sábado, formada por unas 3.000 personas según la ONU, un segundo grupo amplio de migrantes del mismo país salió en dirección a Estados Unidos anteayer.

En concreto, el Gobierno de El Salvador permitió ayer el ingreso de «415 hondureños» a su territorio, quienes forman parte de esta segunda caravana de migrantes, según datos oficiales, aunque el grupo está formado por varios centenares más de personas.