«Los miembros del Consejo de Seguridad condenan en los términos más enérgicos el cobarde y atroz ataque ocurrido en Kabul», aseguró Naciones Unidas en un comunicado.

El Consejo insistió en que el terrorismo «constituye una de las principales amenazas a la paz y la seguridad internacionales» e insistió en la necesidad de que los culpables respondan ante la justicia.

«Cualquier acto terrorista es criminal e injustificable, sin importar su motivación», concluyó la nota.

Un insurgente suicida detonó un coche bomba a la entrada del Viceministerio de Mártires y Discapacitados en Kabul, la tarde del lunes, para abrir paso a cuatro compañeros armados que penetraron en el edificio.

Posteriormente, durante las casi siete horas que duró el asalto, tres de ellos tomaron posiciones en la adyacente sede del Ministerio de Trabajo Público.

Según el portavoz del Ministerio de Salud Pública afgano, en total 48 personas murieron y otras 27 resultaron heridos.

Este año Kabul ha sido escenario de múltiples ataques, el último de ellos de envergadura a finales de noviembre cuando un asalto a un campamento de la empresa británica de seguridad G4S causó 15 muertos y casi una treintena de heridos después de 10 horas de combate entre las fuerzas de seguridad y los talibanes.

El atentado más grave en lo que va de 2018 se registró en enero pasado, cuando los talibanes hicieron estallar una ambulancia bomba cerca del antiguo Ministerio de Interior, donde aún operan algunas dependencias oficiales, que causó más de un centenar de muertos. 

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Washington, 25 dic.- Un niño inmigrante de ocho años, originario de Guatemala, murió hoy en un hospital del estado de Nuevo México por causas que aún se desconocen y después de haber sido detenido por cruzar ilegalmente la frontera con México, informó hoy la Policía Fronteriza estadounidense.

En un comunicado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) informó que el pequeño murió hoy, día de Navidad, pasada la medianoche en el hospital Gerald Champion Regional, en la ciudad de Alamogordo, que se encuentra en Nuevo México y en el desierto de Chihuahua.

Es el segundo menor que muere este mes bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

El pequeño comenzó a mostrar signos de «una posible enfermedad» el lunes, día de Nochebuena, y fue trasladado junto a su padre al hospital Gerald Champion Regional.

Una vez allí, los doctores determinaron que el niño sufría un resfriado común; pero, cuando iban a darlo de alta, observaron que tenía fiebre y decidieron dejarlo otros 90 minutos en observación para, luego, darlo de alta con una receta médica para que tomara ibuprofeno y amoxicilina.

Sin embargo, la salud del menor empeoró: comenzó a sentir náuseas y vómitos, de forma que los agentes migratorios lo llevaron de vuelta al hospital Gerald Champion Regional, donde murió poco después de la medianoche, en el día de Navidad.

El Gobierno guatemalteco fue notificado de la muerte del menor y hoy mismo exigió a las autoridades de EE.UU. una investigación «clara» y en «resguardo» del debido proceso sobre las circunstancias que llevaron a la fallecimiento del pequeño, cuyo nombre aún se desconoce.

El Ejecutivo del país centroamericano reaccionó de una manera similar ante la muerte de la niña Jakelin Caal Maquín, de 7 años.

La pequeña falleció el 8 de diciembre en un hospital infantil de El Paso (Texas) después de haber cruzado ilegalmente la frontera con México junto a su padre y dentro de un gran grupo de inmigrantes, que trató de ingresar a EE.UU. a través de una zona desértica de Nuevo México.

A pesar de que estaba bajo su custodia, el Gobierno estadounidense negó cualquier responsabilidad por la muerte de la menor; quien, de acuerdo al hospital de El Paso, murió por deshidratación, fiebre y de choque séptico, aunque todavía se desconocen los resultados de la autopsia.

Entonces, activistas y miembros del Congreso de EE.UU. criticaron con dureza a las autoridades migratorias, que ocultaron la muerte de la pequeña durante una semana.

En declaraciones a Efe, el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, consideró hoy que la muerte de un segundo niño guatemalteco bajo custodia de las autoridades estadounidenses «enciende todas las alarmas sobre las políticas migratorias» del presidente, Donald Trump.

Vivanco pidió entender este suceso como parte de las duras políticas implementadas por Trump: desde la separación de familias inmigrantes en la frontera hasta la restricción al derecho al asilo.

Es necesario, en opinión de Vivanco, una «investigación creíble, seria y confiable» tanto sobre la muerte del pequeño como sobre las condiciones en las que son detenidos los menores migrantes, y consideró que esa responsabilidad podría ser asumida por el nuevo Congreso, que será instalado en enero.

El 3 de enero, tomarán posesión de sus escaños los legisladores que resultaron elegidos en las elecciones de noviembre pasado y la Cámara de Representantes pasará a manos demócratas, lo que permitirá a ese partido supervisar las políticas migratorias implementadas por el mandatario.

El inspector general del Departamento de Seguridad Nacional, que controla la política migratoria y supervisa a la CBP, está investigando la muerte de la pequeña guatemalteca y ha sido notificado del nuevo fallecimiento, por lo que podría iniciar una averiguación interna.

No obstante, Human Rights Watch, la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU) y los legisladores del Caucus Hispano creen que esos procedimientos internos son insuficientes y que el nuevo Congreso debería dar prioridad al tema migratorio e investigar si EE.UU. está protegiendo los derechos de los inmigrantes.

En los últimos años, se ha incrementado la migración a EE.UU. de menores procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras que huyen de la violencia y falta de oportunidades.

of-am

En las pruebas médicas tendrán prioridad los niños menores de 10 años, informó hoy en un comunicado la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).

En una llamada con la prensa, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, encargado de la política migratoria y que supervisa la CBP, afirmaron que el «95 por ciento» de los menores inmigrantes en su custodia ya han pasado esos exámenes médicos, que se realizan después de una primera prueba en el momento del arresto.

Los funcionarios no precisaron en qué consisten esos exámenes y tampoco detallaron cuántos menores se encuentran bajo su custodia.

Solo en el año fiscal 2018 (de octubre de 2017 a septiembre de 2018) llegaron al país casi 400.00 inmigrantes, de los que 50.000 eran menores que viajaban solos sin sus padres.

Por otro lado, la policía fronteriza anunció hoy que está evaluando el cuidado que presta a los menores de 10 años cuando son detenidos y en las primeras 24 horas de su custodia.

En el día de Nochebuena, un niño guatemalteco de ocho años, identificado como Felipe Gómez Alonzo, murió en un hospital del estado de Nuevo México por causas que aún se desconocen y después de haber estado bajo supervisión de la policía fronteriza durante más de una semana.

Las normas del Gobierno fijan que los inmigrantes no deben ser detenidos durante más de 72 horas en las instalaciones de la CBP, que suelen estar destinadas para una estancia temporal y no cuentan con recursos para garantizar el bienestar de los más pequeños.

Según la información publicada hoy por la CBP, Gómez Alonzo y su padre fueron detenidos el 18 de diciembre a las 13.00 hora MST a unos 5 kilómetros de un punto oficial de entrada al país situado en el puente que une la localidad texana de El Paso y Ciudad Juárez (México).

Durante dos días estuvieron en un centro de procesamiento de la CBP; luego pasaron a las instalaciones de esa agencia en El Paso y el 23 de diciembre llegaron a Alamogordo, en Nuevo México.

Fue en Alamogordo donde, al día siguiente, un agente fronterizo observó que el niño estaba tosiendo y tenía los «ojos brillantes», por lo que fue trasladado al hospital Gerald Champion Regional.

Una vez allí, los doctores determinaron que el pequeño sufría un resfriado común; pero, luego, comprobaron que tenía una fiebre de 39,5 grados y decidieron dejarlo otros 90 minutos en observación para, después, darlo de alta con una receta médica para que tomara ibuprofeno y amoxicilina.

Sin embargo, la salud del menor empeoró: comenzó a sentir náuseas y vómitos, de forma que los agentes migratorios lo llevaron de vuelta al hospital.

Su muerte fue certificada a las 23.48 hora MST del día 24, en Nochebuena, según detalló hoy la CBP, que en principio dijo que el menor había fallecido en Navidad.

Este es el segundo niño que muere en el mes de diciembre bajo custodia de las autoridades. El 8 de diciembre, la guatemalteca Jakelin Caal Maquín, de 7 años, perdió la vida en un hospital de El Paso después de haber cruzado ilegalmente la frontera desde México junto a su padre.

El comisionado de la CBP, Kevin McAleenan, afirmó hoy que sus agentes están haciendo «docenas» de viajes al hospital cada día con niños que muestran síntomas de alguna enfermedad.

Al respecto, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional aseguraron que ha habido un incremento en el número de migrantes que llegan con alguna dolencia y, ahora, están investigando si esas personas han contraído alguna enfermedad en los albergues donde se hospedan en México.

La titular de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, está en contacto con miembros del Gobierno mexicano y tiene previsto viajar esta semana a la frontera, detallaron los funcionarios.

El Departamento de Seguridad Nacional inició una investigación interna tras la muerte de la primera menor, pero legisladores del Caucus Hispano del Congreso y organizaciones defensoras de los derechos humanos reclaman una investigación independiente sobre las políticas migratorias del presidente, Donald Trump. 

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«De parte del gobierno hay el compromiso y la disposición de que se conozca toda la verdad. No vamos a ocultar absolutamente nada. Tenemos que saber qué fue lo que originó este accidente y esta tragedia», apuntó el líder izquierdista en la rueda de prensa matutina.

En Palacio Nacional, López Obrador afirmó que se llevará a cabo una investigación transparente para que no «haya ninguna sospecha», luego de que algunos políticos de oposición y usuarios de redes sociales insinuaran la posible participación del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) o del Ejecutivo en el suceso.

«Para que no haya ninguna sospecha, el Gobierno de la República recurrirá a una instancia independiente del extranjero, de reconocido prestigio, para que presente un dictamen que vamos a dar a conocer al pueblo de México, en su momento», apuntó.

Cuestionado sobre una posible teoría de la conspiración en contra de su partido, el líder izquierdista indicó que no es «represor» y que el cambio que propugna es por la «vía pacífica».

«Vamos a lograr este cambio por el camino de la concordia. Nunca jamás actuaríamos en contra de nadie», señaló López Obrador, que criticó a ciertos políticos de derecha e incluso a las redes sociales y a «grupos neofascistas» de actuar «de manera mezquina».

El lunes por la tarde se desplomó en el municipio de Coronango, en el céntrico estado Puebla, un helicóptero en el que viajaban la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su marido y senador, Rafael Moreno Valle, ambos del derechista Partido Acción Nacional (PAN).

Además murieron un asistente de Moreno Valle llamado Héctor Baltazar, el piloto Roberto Coppe y el primer oficial Marco Antonio Tavera.

López Obrador informó también que el cierre de Administración en Estados Unidos dificulta el apoyo del Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte de ese país.

«Hay una situación de paro con el Gobierno de Estados Unidos. (Y del Consejo) nos contestaron que están esperando que esto se decida, se resuelva, para que puedan venir y participar en la solicitud» de asistencia, detalló el mandatario.

Sobre la participación internacional, Carlos Morán, subsecretario de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), indicó que se está también buscando la participación de peritos de Canadá y de especialistas europeos.

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