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Por RAFAEL RAMIREZ MEDINA
En la República Dominicana, miles de personas viven con hipertensión y diabetes sin saber que tienen derechos claros sobre los medicamentos que deben recibir a través de las ARS. Esta falta de información no es casual, responde tanto a debilidades en la promoción estatal como al poco interés de algunos actores en que el ciudadano conozca plenamente sus beneficios. El resultado es preocupante, pacientes pagando de su bolsillo lo que ya está cubierto por el sistema.
Las enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes no solo son altamente prevalentes, sino que requieren tratamientos continuos para evitar complicaciones graves. Medicamentos para controlar la presión arterial, regular el azúcar en sangre y prevenir daños en órganos están contemplados dentro del catálogo de prestaciones del sistema de seguridad social. Sin embargo, muchos afiliados desconocen cuáles fármacos están incluidos y bajo qué condiciones deben recibirlos.
El problema se agrava cuando las ARS no comunican de manera clara, accesible y proactiva los medicamentos cubiertos. En muchos casos, el paciente se entera únicamente si pregunta o si un médico insiste en que reclame su derecho. Esta falta de transparencia genera una barrera silenciosa que limita el acceso real a tratamientos esenciales, especialmente en los sectores más vulnerables.
A esto se suma una falla importante en la responsabilidad del Estado, la ausencia de campañas educativas sostenidas que informen a la población sobre sus derechos en salud. No basta con que los medicamentos estén en una lista oficial; es necesario que la ciudadanía entienda cómo acceder a ellos, qué exigir y dónde reclamar en caso de incumplimiento. La información es, en este contexto, una herramienta de salud pública.
Es válido preguntarse si esta desinformación beneficia a alguien. Cuando los afiliados no reclaman lo que les corresponde, se reduce el gasto de las aseguradoras, pero aumenta el riesgo sanitario de la población. Pacientes mal medicados o sin tratamiento adecuado terminan generando costos mayores al sistema, además de afectar su calidad de vida y productividad.
La solución pasa por varios frentes. Primero, una mayor fiscalización para garantizar que las ARS cumplan con la entrega de medicamentos incluidos en el plan básico. Segundo, campañas masivas de orientación dirigidas a pacientes crónicos. Y tercero, un rol más activo del personal de salud, que debe orientar a sus pacientes no solo en lo clínico, sino también en sus derechos como afiliados.
La salud no puede depender del desconocimiento. Informar a la ciudadanía sobre los medicamentos que deben recibir no es un favor, es una obligación. Mientras esta información no llegue de forma clara y directa a la gente, seguiremos teniendo un sistema donde el derecho existe en papel, pero no siempre en la práctica. Es momento de cerrar esa brecha.
