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En las naciones modernas, los gobiernos estatales tienen ciertos poderes reservados, poderes específicos y responsabilidades que el gobierno nacional o federal no tiene.
Por lo general, en estas naciones los gobiernos estatales poseen un alto nivel de responsabilidad e involucramiento en la administración de las necesidades y solución de los problemas locales de su demarcación.
En el caso específico de los Estados que conforman los Estados Unidos de Norteamérica, éstos son cada una de las 50 entidades subnacionales que comparten soberanía con el gobierno federal.
La Constitución de los Estados Unidos consagra el poder entre los dos niveles de gobierno (federal y estatal) en términos generales, así, ratificando la Constitución cada Estado, éstos transfieren ciertos poderes soberanos al gobierno federal.
De acuerdo con la Décima Enmienda a la Constitución norteamericana, todos los poderes no explícitamente transferidos al gobierno federal son retenidos por los Estados o el pueblo.
Desde el establecimiento de los Estados Unidos, el número de Estados ha aumentado de 13 a 50. Casi todos los Estados admitidos en la Unión después de estas trece originales se han formado a partir de territorios de los Estados Unidos (es decir, tierras bajo la soberanía del gobierno federal).
En los Estados Unidos, cada Estado poseé su propia Constitución que detalla quién tiene el poder, cómo se comparte el poder, cómo se pueden formular las políticas públicas, qué derechos tienen los ciudadanos del Estado y cómo se llevan a cabo los procesos eleccionarios para los diferentes niveles electivos.
A causa de esta soberanía compartida, un estadounidense es un ciudadano tanto de la entidad federal como del Estado donde haya nacido. Sin embargo, la ciudadanía estatal es muy flexible, y no requiere de ninguna aprobación gubernamental para mudarse o trasladarse entre Estados (a excepción de convictos en libertad condicional).
Tradicionalmente, las competencias en materia de educación, salud, transporte y otras infraestructuras han sido consideradas responsabilidades principalmente estatales, aunque todas tengan tanto una regulación como una financiación federal significativa.
Los Estados son libres de organizar sus propios gobiernos, en la forma que deseen, siempre y cuando se ajusten a la única exigencia de la Constitución estadounidense: que tengan “una forma republicana de gobierno”.
Así las cosas, todos los Gobiernos estatales deben ajustarse al modelo del Gobierno federal y se componen de las tres ramas: la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial.
Sin embargo, a pesar de que los Estados han decidido seguir en líneas generales el modelo federal, hay diferencias significativas en algunos de ellos. Uno de los casos más notables es el de la legislatura unicameral de Nebr
Los Estados también pueden organizar sus sistemas judiciales de forma diferente a la judicatura federal, siempre que el debido proceso esté garantizado.
La mayoría tiene un tribunal de primera instancia, generalmente denominado Tribunal de Distrito (District Court) o Tribunal Superior (Superior Court), un tribunal de apelación de primer nivel, generalmente llamado Tribunal de Apelación (Court of Appeal) y un Tribunal Supremo (Supreme Court).
El Estado de Nueva York es célebre por su inusual terminología, donde el tribunal de primera instancia se denomina Tribunal Supremo. Así, las apelaciones son vistas por el Tribunal Supremo (División de Apelaciones) y de allí pasan al Tribunal de Apelación, que es el más alto tribunal del Estado.
La mayoría de los Estados tienen un Gobernador, quien actúa como jefe del poder ejecutivo del Estado, quien es elegido por cuatro años seguidos.
Al igual que el Presidente de los Estados Unidos, los gobernadores estatales actúan como el líder ceremonial del gobierno estatal, presidiendo los principales eventos estatales y representando a su Estado en todo el país.
El gobernador también es el jefe del partido político estatal. Por lo general, los legisladores que pertenecen al partido del gobernador siguen las indicaciones de éste para apoyar u oponerse a determinadas leyes.
La mayoría de los estadounidenses tienen contacto más frecuente con los gobiernos estatales y locales que con el Gobierno federal. Los departamentos de policía, las bibliotecas y las escuelas — sin omitir las licencias de conducir y las multas de estacionamiento — generalmente se encuentran bajo la supervisión del Estado y de los gobiernos locales.
jpm-am