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Fortalecer las gobernaciones provinciales
Durante toda la historia de nuestro país se ha contado con las Gobernaciones en cada provincia, las cuales tienen como función principal, conforme a nuestra Constitución, la representación del Presidente de la República en cada una de sus demarcaciones.
Así lo deja dicho nuestra Constitución, cuando en su artículo 198 establece que “el Poder Ejecutivo designará en cada provincia un gobernador civil, quien será su representante en esa demarcación” ………” Sus atribuciones y deberes serán determinados por la ley”.
De igual forma, el artículo 197 de la Carta Magna dispone, en su artículo 197 que “la provincia es la demarcación política intermedia en el territorio. Se divide en municipios, distritos municipales, secciones y parajes. La ley definirá todo lo relativo a su composición, organización y funcionamiento y determinará el número de éstas”.
Asimismo, la Ley 2661 de 1950, sobre las Atribuciones del Gobernador (a), explica que también estos deben velar, entre otras cosas, porque se cumplan la Constitución y las leyes del país, así como los decretos y reglamentos del Poder Ejecutivo para su provincia, controlar las actividades de los individuos condenados a la vigilancia de la alta policía, cooperar con el orden público, discutir, analizar y proponer estrategias de desarrollo según corresponda, promover la participación de los ciudadanos a través de las organizaciones locales.
Asimismo, velar por el cumplimiento de la ley sobre policía rural, mantener libre de obstáculos los caminos públicos, inspeccionar oficinas municipales.
Pero, a decir verdad, y a pesar de todas esas atribuciones que le consagra la Constitución y las leyes al Gobernador provincial, éste opera en realidad como una figura protocolar puramente de representación del Presidente, sin ejercer ningún liderazgo o autoridad sobre los procesos de desarrollo económico y social que demanda su demarcación.
En la práctica, las gobernaciones provinciales sólo existen para que el jefe de Estado pueda mantener contacto y mantenerse informado sobre el acontecer en las diferentes provincias.
Prevalece un vacío político institucional en la estructura del Estado en cuanto a ese espacio intermedio entre los gobiernos locales y la Presidencia de la República representado por las provincias, que de algún modo impide o dificulta los procesos de desarrollo económico y social de manera integral, a nivel provincial, repercutiendo esto, de algún modo, a nivel nacional.
Aunque existe el Consejo de Desarrollo Provincial, el cual es presidido por el Gobernador, como instancia de participación de los agentes económicos y sociales a nivel del territorio, el cual está llamado a articular y canalizar demandas de los ciudadanos de la provincia ante el gobierno central y el gobierno municipal, el papel de los Gobernadores ante este Consejo resulta tímido, y salvo excepción de dos o tres provincias, estos Consejos han resultado mayormente inoperantes en el ejercicio de sus funciones y atribuciones.
De acuerdo a Ley de Planificación e Inversión Pública, No.498-06, en su artículo 14, “El Consejo de Desarrollo Provincial estará compuesto por: El Gobernador de la provincia. El Senador de la República por la provincia. Los Diputados al Congreso por la provincia. Los Síndicos de los municipios que constituyen la provincia. Un representante de las asociaciones empresariales y/o las Cámaras de Comercio y Producción de la provincia. Un representante de las instituciones de educación superior de la provincia. Un representante de los gremios profesionales de la provincia. Un representante de las asociaciones agropecuarias, juntas de vecinos y organizaciones no gubernamentales reconocidas por su trabajo en la comunidad”.
Debemos apostar porque la Estrategia de Desarrollo Provincial sea un proceso participativo, conducido a través de los Consejos de Desarrollo Provinciales, que presiden los gobernadores, que permita a los actores sociales, económicos y productivos de cada provincia aprovechar las oportunidades que ofrece una visión integral para el desarrollo de las provincias, con el objetivo de identificar y priorizar las principales demandas e iniciativas aceleradoras del desarrollo de cada provincia.
Lamentablemente, los procesos de desarrollo integral de las provincias se ven coartado considerablemente al no existir una verdadera estructura político institucional permanente, liderada por el Gobernador, que garantice una verdadera y efectiva articulación y coordinación entre los diferentes sectores que conforman el Consejo Provincial, ejerciendo un rol protagónico y de liderazgo efectivo en los procesos de desarrollo integral de la provincia.
Ese vacío provoca que la mayor responsabilidad en los procesos de desarrollo recaiga sobre los gobiernos locales, generando ello fragmentación y dispersión en la ejecución de las políticas públicas que a nivel provincial pretendan llevarse a cabo.
Es hora ya de que se legisle, conforme el mandato que da la Constitución de la República, a los fines de otorgarle a las Gobernaciones Provinciales cierto nivel de autoridad para impulsar los proyectos de desarrollo en sus respectivas provincias y que ello implique el relanzamiento de esa figura político administrativa para que su rol y liderazgo sea verdaderamente efectivo.
jpm-am
los titulares de las gobernaciones deberían ser escogidos mediante el voto directo.
excelente artículo.
las gobernaciones, representan al presidente de la república en sus respectivas demarcaciones.
deben de ser activas no parapetos políticos y paternales. poner en funcionamiento: el consejo de desarrollo provincial dirigido por el gobernador, estén senador,
diputados, alcaldes, la cámara de comercio, instituciones, los gremios profesionales, las asociaciones agropecuarias, juntas de vecinos y organizaciones no gubernamentales:
transformacion de las gobernaciones para bienestar socio-economico a favor de las provincias.