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El vínculo entre ciudadanía y autoridad
En la raíz de muchos de los problemas que afectan a la República Dominicana encontramos el socavamiento del vínculo que debe existir entre las autoridades, representadas por el Gobierno en sus distintas denominaciones, y la ciudadanía. La práctica ciudadana del siglo XXI se sustenta en la expectativa de que las autoridades compartirán el proceso de toma de decisión con los ciudadanos y, en consecuencia, rendirán cuentas de sus actos de una manera eficiente y transparente.
En el devenir de este ejercicio es donde se fortalece la democracia, puesto que la legitimidad es el componente de la autoridad que se construye cuando existe confianza por parte de la ciudadanía, lo que permite que el poder y ‘la función pública tengan la validez que demanda la sociedad.
John Rawls decía que “el poder político es legítimo solo cuando se ejerce en concordancia con una constitución (escrita o no escrita), cuyos aspectos fundamentales, cuando son razonables y racionales, son respaldados por los ciudadanos a la luz del razonamiento humano”. El cuestionamiento constante de los ciudadanos a muchas de las actividades del poder político, nos obliga a reflexionar sobre si existe esa concordancia de la que habla Rawls.
La legitimidad de un gobierno se obtiene, según Dworkin, mediante la confianza que tiene la ciudadanía en sus instituciones, pero sobre todo, por medio a las acciones públicas implementadas por las autoridades para procurar la plena dignidad de sus ciudadanos.
Y aunque es cierto que la legitimidad de las acciones de un gobierno es sensible a la época y al lugar, así como a las ideas predominantemente aceptadas por la sociedad; no menos cierto es que aun tomando en cuenta estos aspectos “culturalmente aceptados”, es evidente que las acciones públicas que niegan los principios de protección a la dignidad de las personas, siempre serán objeto del repudio público y de la condenación general de la sociedad.
Las situaciones de injusticias y de abuso de autoridades obliga a la ciudadanía a buscar alternativas para organizarse y hacer valer sus derechos, demandando la acción honesta y oportuna de sus gobernantes. En consecuencia, enfrentamos un gran reto para rescatar la credibilidad de la autoridad en general. Los servidores públicos tienen el reto y la obligación de reconstruir la confianza ciudadana, es decir, volver a legitimar su actuación.
Recuperar el vínculo de confianza entre los ciudadanos y las autoridades, especialmente con aquellas que tienen a su cargo la seguridad física de las personas, requiere el escrupuloso respeto a un cuerpo jurídico constitucional, constituido por unas reglas de juego por todos decididas y a todos aplicable. En esencia, se trata de que tengamos menos poder fáctico y más legitimidad y autoridad moral ante los ciudadanos.
No podemos constatar la legitimidad de poder sin antes conocer previamente cuál es la concepción predominante en la sociedad sobre la que se asienta el ejercicio de la autoridad.
Las acciones públicas, como manifestación de poder, deben ajustarse al sistema predominante de creencias de la sociedad y ejercerse desde un cauce institucionalizado que pueda establecer las responsabilidades cuando se actúa fuera de lo que es legítimo. Tan sólo conociendo previamente lo que piensa una sociedad acerca de su poder es cómo podremos conocer si éste es legítimo o no. La ciudadanía de hoy está enseñando a la autoridad, poco a poco, que ha adoptado un nuevo concepto del poder. Vamos a prestarle más atención.
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