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El 2026 para la infancia y juventud en RD
POR ENMANUEL DÍAZ SANTIAGO
Invertir en la niñez y juventud no es un gasto: es la base de un país más justo, resiliente y próspero.
La República Dominicana ha experimentado avances significativos en materia de desarrollo social en los últimos años, especialmente en lo que respecta a la niñez y juventud. Sin embargo, persisten brechas estructurales que limitan el pleno ejercicio de los derechos de millones de niños, niñas y adolescentes. Estas notas analizan los principales logros y desafíos en el periodo 2023–2025.
La inversión pública en niñez y adolescencia alcanzó en 2023 el 24% del gasto público total, equivalente al 5.0% del PIB nacional. Este crecimiento sostenido (más del 10% respecto a 2022) se distribuyó principalmente en educación (65%), salud (12%) y protección social (9%) (UNICEF, 2024). Además, se ha consolidado el Gabinete de Niñez y Adolescencia, una instancia interinstitucional que busca coordinar políticas públicas con enfoque de derechos.
En el ámbito de la salud, la implementación del Plan de Aceleración para la Reducción de la Mortalidad Neonatal permitió reducir en un 9% las muertes neonatales en 2023 respecto al año anterior (Listín Diario, 2024). También se han fortalecido los programas de formación técnica: INFOTEP capacitó a más de 2.4 millones de jóvenes entre 2020 y 2024, priorizando áreas como comercio, tecnología, farmacología y educación (El Día, 2025).
A pesar de estos avances, la pobreza infantil sigue siendo alarmante. El 34% de los niños vive en pobreza monetaria, y en zonas como el suroeste del país esta cifra asciende al 59.4% (UNICEF, 2024). En comunidades como Bayaguana y Monte Plata, se reportan condiciones de abandono estatal, hambre, inseguridad y falta de infraestructura básica (Al Instante Diario, 2025).
La violencia contra niños y adolescentes continúa siendo una problemática grave. Dos de cada diez adolescentes han sufrido violencia física o psicológica por parte de sus cuidadores, y cuatro de cada diez padres admiten utilizar castigos físicos como método de corrección (Acento, 2025). Esta normalización de la violencia en el hogar tiene efectos devastadores en el desarrollo emocional y social de los menores.
El embarazo adolescente y las uniones tempranas siguen siendo prácticas extendidas. En 2023, 7,616 niñas menores de 18 años dieron a luz, incluyendo 647 entre los 9 y 14 años (Diario Libre, 2024). Estas situaciones interrumpen la trayectoria educativa de las adolescentes, perpetúan ciclos de pobreza y aumentan la vulnerabilidad frente a la violencia y la exclusión.
El desempleo juvenil, por su parte, se mantiene en niveles preocupantes. Al cierre de 2024, la tasa de desempleo juvenil era del 8.3%, y la inactividad económica afectaba al 34.5% de la población en edad de trabajar (El Día, 2025). Esta situación genera frustración, migración forzada y pérdida de capital humano.
Acciones
Ante este panorama, es urgente fortalecer las políticas públicas con enfoque territorial, intersectorial y de derechos. Algunas acciones claves incluirían:
- Ampliar la cobertura de protección social en zonas vulnerables, priorizando transferencias condicionadas, alimentación escolar, acceso a servicios básicos y atención psicosocial.
- Implementar programas de prevención de violencia intrafamiliar y comunitaria, con formación para padres, atención a víctimas y fortalecimiento de los sistemas de protección infantil.
- Fortalecer la educación sexual integral en las escuelas, junto con servicios de salud sexual y reproductiva accesibles para adolescentes, especialmente en zonas rurales.
- Promover la empleabilidad juvenil mediante alianzas público-privadas, incentivos a la contratación de jóvenes, apoyo al emprendimiento y expansión de la formación técnica en sectores emergentes.
- Fomentar la participación juvenil en la formulación de políticas públicas, garantizando espacios de consulta, representación y toma de decisiones en los niveles local y nacional.
- Monitorear y evaluar las políticas públicas con indicadores desagregados por edad, sexo, territorio y nivel socioeconómico, para asegurar que las intervenciones lleguen a quienes más lo necesitan.
La niñez y juventud dominicanas representan una oportunidad histórica para el desarrollo del país. Si bien se han logrado avances importantes, las brechas persistentes exigen una respuesta más ambiciosa, coordinada y sostenida. La inversión en este grupo poblacional no solo es un mandato ético y legal, sino una estrategia inteligente para construir una sociedad más equitativa y resiliente.
Cada niño que accede a educación, cada joven que encuentra empleo, cada adolescente que se empodera es una victoria colectiva. Podemos hacer la diferencia. Y debemos hacerlo ahora.
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