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SANTO DOMINGO (EFE).- El Congreso Nacional (bicameral) de la República Dominicana inició el miércoles la segunda legislatura ordinaria de este año, con diversos temas pendientes, entre ellos, la ley para regular los partidos políticos y la demandada reforma al Código Penal, aplazada en varias ocasiones por el tema del aborto.
La nueva legislatura coincide con la conmemoración del 154 aniversario de la Guerra de la Restauración dominicana y, además, se cumple el primer año del segundo periodo de Gobierno de Danilo Medina, del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien tiene el control de las dos cámaras del Congreso Nacional.
Desde hace años los partidos y sectores de la sociedad civil, del empresariado e, incluso, las iglesias han expresado la necesidad de que se apruebe La Ley de Partidos Políticos y que se reforme la actual Ley Electoral, que data de 1997.
La Ley de Partidos establece, entre otros puntos, límites a la financiación de los mismos y al periodo de las campañas.
Sin embargo, estos proyectos no han sido consensuados por los partidos con representación en el Congreso Nacional, aunque el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, reelecto hoy en el cargo, asegura que serán aprobados antes de que finalice 2017.
Pared Pérez, secretario general del PLD, tomó hoy posesión nuevamente del cargo, mientras que en la Cámara de Diputados asumió como titular Rubén Maldonado, también del partido gobernante.
Maldonado afirmó que impulsará la aprobación de la Ley de Partidos, las reformas a los códigos Penal y Civil, y la leyes de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, Aguas, Trabajo Doméstico, Cambio Climático, entre otras iniciativas legislativas.
Las posturas divergentes de los diputados dominicanos sobre el aborto, un tema que divide a la sociedad en general, frustró el mes pasado, en la anterior legislatura ordinaria, la aprobación de un nuevo Código Penal, que los legisladores llevan años discutiendo.
El Código Penal, considerado como el instrumento idóneo para enfrentar la delincuencia en el país, fue aprobado en 2014, pero ha sido vetado en dos ocasiones por el presidente dominicano, Danilo Medina, debido a la penalización del aborto en todos los supuestos.