Las formas que se emplean para la medición de la pobreza suele resultar, casi siempre, un proceso complejo, que a menudo presenta errores e inconsistencias debido a diversos factores.
Un enfoque erróneo común es medir los niveles de pobreza únicamente tomando en cuenta los ingresos monetarios, o por consumo, dejando de lado otras variables importantes como el acceso a servicios básicos, la salud y la educación.
Además, las líneas de pobreza pueden ser subjetivas, y no reflejar las necesidades reales de las personas en diferentes contextos.
Con mucha frecuencia vemos cómo en la República Dominicana, hablar de pobreza pareciera un ejercicio estadístico más que un compromiso con la transformación y cohesión social.
Cada año, los informes oficiales y los organismos internacionales publican cifras que, según ellos, reflejan el “avance” en la lucha contra la pobreza. Sin embargo, detrás de esos números fríos, la realidad de miles de familias en los barrios y campos dominicanos cuenta otra historia.
El gobierno suele medir la pobreza principalmente por ingresos monetarios, estableciendo líneas de pobreza que se actualizan según el costo de la canasta básica.
Así, si una familia sobrepasa por unos cuantos pesos el umbral establecido, deja de ser considerada pobre, aunque siga viviendo en una casa de zinc, sin agua potable ni acceso digno a la salud. La pobreza se reduce en los informes, pero no en las calles.
Las mediciones basadas en necesidades básicas insatisfechas o pobreza multidimensional muestran un panorama más crudo. Basta recorrer comunidades rurales o barrios marginales de Santo Domingo para notar que la carencia de agua potable, electricidad confiable, atención médica y oportunidades de empleo sigue siendo la norma.
Sin embargo, la política pública insiste en celebrar el crecimiento económico, mientras deja intacta la brecha social, la desigualdad y la exclusión.
Esta obsesión por reducir la pobreza “en papel” ha creado lo que podríamos llamar pobreza estadística. Los programas sociales como Supérate o los bonos temporales alivian momentáneamente la falta de ingresos, pero no transforman las condiciones estructurales que generan desigualdad. En otras palabras, la pobreza en RD se administra, no se erradica.
Es urgente que el país adopte una mirada integral y honesta sobre la pobreza. Medirla solo por ingresos es maquillar la realidad; necesitamos políticas que ataquen la exclusión en todas sus dimensiones: educación, salud, empleo formal, vivienda y seguridad social.
Solo así podremos hablar de verdadera movilidad social y no de victorias ficticias que caben en un boletín de prensa, pero no en la vida de los dominicanos.


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