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Lima, 23 ene (PL) El presidente de Perú, Ollanta Humala, convocó hoy sorpresivamente a una legislatura extraordinaria del parlamento, para debatir las propuestas en torno a la resistida ley laboral juvenil, en medio de diversas dificultades.
En un mensaje por televisión, el jefe de Estado convocó a los legisladores para el lunes y adelantó dos días un debate que tenía programado la comisión permanente, a cargo del Congreso de la República durante el receso de sesiones de verano.
Señaló que el Legislativo aprobó la norma tras una amplia discusión y ahora piensa desconocer su decisión, ante lo cual convoca a la legislatura para debatir las propuestas sobre la ley y «resolver la angustiante situación que atraviesan millones de jóvenes», dijo.
El mandatario no mencionó la alta posibilidad de que los congresistas anulen la ley, como reclama un movimiento juvenil que ha realizado cuatro marchas masivas y tenía programada una quinta para el miércoles, la cual, ante el anuncio presidencial, adelantó para el lunes.
La norma promueve la contratación de jóvenes de 18 a 24 años sin calificación, con derechos laborales restringidos, y sus críticos la consideran orientada a favorecer a los empresarios con la sobre-explotación de los jóvenes.
Los proyectos presentados en el parlamento plantean anular, modificar o suspender la ley, siendo mayoritaria la primera fórmula.
Humala argumentó en su mensaje que su gobierno no puede ser acusado de perjudicar a los jóvenes, teniendo en cuenta que ha puesto en marcha un programa de becas universitarias y otras medidas a favor de ese sector.
Criticó a la oposición por no proponer normas viables alternativas que promueven la inserción laboral de más de dos millones de jóvenes.
Tras la convocatoria presidencial, la Coordinadora Juvenil Trabajo Digno, que ha coordinado las protestas, sostuvo que el llamado al Congreso sería una maniobra para negociar la permanencia de la ley y adelantó para el lunes próximo la movilización que tenía planeada.
Entretanto, la mayoría de los partidos, neoliberales y progresistas, llamaron en una declaración conjunta al gobierno a un diálogo alturado, ante problemas como lo que llama «ataques personales» y la vigilancia de inteligencia a políticos, hechos que consideran signos de deterioro político.
Sobre el llamado espionaje político, el pronunciamiento plantea «una profunda investigación mediante una comisión independiente y una reforma integral de los servicios de inteligencia bajo control civil».
«Proponemos un diálogo al gobierno y a todos los actores dispuestos a mantener la estabilidad y gobernabilidad del país para una transferencia constitucional en julio de 2016», cuando culminará el mandato de Humala, de cinco años.
tgj/mrs
PL-250
2015-01-23T22:29:31