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Por WHENSHY WILKERSON
Es lamentable que con la ocurrencia acentuada del daño económico que adversa a la República Dominicana fruto del COVID19, el Ministerio de Trabajo inobserve y descuide sus funciones en impedir que cerca de 1,200 Colegios que actualmente aplicaron al Programa FASE, también están cobrándole a los padres haciendo “doble play” para cobrarle al gobierno y a los padres por un supuesto servicio que no reúne una calidad en cuanto al tiempo y a la enseñanza convencional.
Pues el gobierno debe colocar su atención hacia los cerca de 1,200 centros educativos privados que solicitaron la suspensión del contrato de trabajo y que están recibiendo los fondos de FASE y al mismo tiempo ahora abusan de los padres amenazándolos del pago de mensualidades que van desde marzo-junio.
El Decreto 143/2020, de fecha 2 de Abril 2020, que creó el Fondo de Asistencia Solidaria para el Empleado (FASE), ciertamente ha hecho un importante aporte económico hacia miles de empleados privados que fueron suspendidos de sus labores por la situación que nos sobrevino a todos, pero dicho Decreto que transfiere montos entre $ 5,000.00 hasta $ 8,500.00, debe tener un mayor control para evitar que nuestros sudores convertidos en impuestos lleguen a sectores inmerecidos o que transgreden nuestras leyes y el propio Decreto.
No es justo que miles de Colegios que aplicaron al programa FASE, estén haciendo un “doble play” recibiendo del gobierno miles de millones de pesos en franca violación del art. 50 del Código de Trabajo y del Decreto 143/2020, porque se mantuvieron dando clases remotas para atropellar los bolsillos de cientos de padres en el cobro de un servicio educativo limitado; a sabiendas que el Ministerio de Educación aprobó promover a los estudiantes por la anormalidad que adversó el COVID19.
Pues debemos aconsejar a los padres a que acudan ante el Ministerio de Trabajo para que le soliciten una Certificación donde conste que tal Colegio que intente cobrarle mensualidades pues aplicó al Programa FASE, y por consiguiente no procede ningún padre pagar ninguna mensualidad ya que el gobierno asumió dicho pago y resulta ilegal el cobro de un servicio que por un lado fue acreditado como suspendido su contrato de trabajo y por otro lado se mantuvo supuestamente vigente o activo.
El pueblo merece respeto y no aguantamos más sufrimiento ni maltratos económicos. Basta ya de abusos
JPM