Las declaraciones de autoridades durante reunión con la misión del FMI, “sobre un proyecto… para la solución definitiva del déficit cuasi-fiscal” emitida el pasado lunes, confirma nuestros temores que el incremento de la deuda pública será mucho mayor que la postulada en el presupuesto 2018.

Según estados financieros del Banco Central, los activos a recibir del gobierno al 2016 ascendían a RD$363 mil millones, incrementándose en RD$45 mil millones con relación al 2015. A la tasa de cambio del presupuesto 2018, significan US$7,235 millones que sumados al incremento de la deuda presupuestada, US$2,303 milones, proporción de nuevos financiamiento no destinados a pagar deuda vieja; el aumento de la deuda 2018 se elevaría a US$9,538 millones. Y se acrecentaría US$10,300 al sumarle las reclamaciones no presupuestadas de ODEBRECHT.

Como la deuda actual (a agosto) es US$28,937millones, eso equivaldría a un incremento del 35% en 2018, más de tres veces más rápido el ritmo de crecimiento en los últimos años (11%); siete veces el crecimiento de la economía presupuestado para 2018 (5%).

De continuar la tendencia de endeudamiento creciendo 7 veces más rápido que la economía, 35 vs. 5; al cesar el presente período de gobierno, en tres años, la deuda pública superaría el PBI: US$96 mil millones contra US$85 mil millones.
Las consecuencias de esto serían funestas para la nación y su población.
Los financiadores dejarán de seguir prestando, ante lo cual los capitales financieros invertidos en el país pueden volar como golondrinas, desestabilizando nuestro sistema financiero.

Lo producido, en la proporción a pagar, que habría que destinar a pagar deudas, traduciría una reducción mayor de los beneficios que le hubiera tocado a cada dominicano por el crecimiento.

Si con la deuda actual no alcanzan las recaudaciones para cubrir sus cargas fijas, necesitando financiamiento por US$1,962 millones para poder amortizar deudas en 2018; qué será con una deuda 2.5 veces mayor que la actual?
Se carecerá de excedentes para inversiones de capital requeridos para el desarrollo socio-económico con recursos propios y aquellos con recursos externos estarán supeditados a los intereses de financiadores.

En la medida que el gobierno opte financiarse con recursos del sistema financiero nacional, habrán menos recursos para productores nacionales y la tasa de interés subiría desproporcionadamente, más de la muy alta que está pagando hoy el Estado por tomar prestado: 12%.

Al no haber dinero para agentes productivos, o al disponerlos a tasas altas, la producción nacional disminuiría, habría menos exportaciones y más importaciones, ampliando otro déficit existente: el de la balanza comercial.
Al haber menos producción, el desempleo aumentaría y consecuentemente la demanda de servicios a un Estado ya deficitario.

Por estas y otras razones sociales y políticas, la aceleración del endeudamiento avizorada debe detenerse.