¿Otro combate a la delincuencia?

          Las Fuerzas Armadas Dominicanas vuelven nuevamente a reforzar a la Policía Nacional para en operativos conjuntos, en toda la geografía nacional, pretender enfrentar a la delincuencia y a la criminalidad, cuyos niveles alarman a la población. Pero ¿cuántas veces en el pasado no se han hecho esos mismos patrullajes mixtos? ¿Y resolvieron el problema? ¿Con los mismos métodos se procuran resultados diferentes? No se resuelve de esa manera, aunque hay que admitir que logran circunstancialmente bajar los índices de violencia en las calles.

          Como es un imposible mantener permanentemente las ciudades militarizadas, como si estuviéramos en estado de guerra, una vez los militares retornan a los cuarteles reaparecen  las bandas delincuenciales a poner en zozobra a la ciudadanía, lo que revela ausencia de políticas eficaces en el enfrentamiento del flagelo, pues nunca se han ido directamente a sus raíces o causas.

          Podría decir  —sin ser sociólogo, sicólogo ni especialista en la materia—  que la desigualdad social, el desempleo, la pérdida de moral y  buenas costumbres, el afán de lucro, el narcotráfico y la impunidad, son aspectos que juegan un rol importante en el auge de la criminalidad. Y de todos, la impunidad es básica, porque no hay sanciones para funcionarios civiles y militares involucrados hasta la coronilla en actividades ilícitas causantes de la situación que vivimos.

           ¿Hay algún ministro, coronel o general preso? Ni uno solo. Cuando cae alguien se trata de teniente hacia abajo. El encubrimiento es total de los delincuentes de “cuellos blancos”, conocidos muy bien por los funcionarios civiles y militares que recientemente realizaron una conferencia de prensa para anunciar otro plan (¿Cuántos van?) para “acabar” con la desesperante inseguridad ciudadana.

          No puede haber ningún combate a la delincuencia cuando el grueso de los actos de violencia sale de miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. La propia fiscal del Distrito —con carita de adolescente– dijo responsablemente que de cada diez hechos criminales en ocho hay miembros de los organismos que están supuestos a poner el orden público.

          Partiendo de la tesis de la fiscal del Distrito Nacional el problema amerita estudio profundo. Y no ser ligero en la formulación de propuestas cavernarias, como en efecto ocurrió en la última sesión del Senado, en la que hubo miembros que sugirieron “darle para abajo a todos los supuestos delincuentes”.

          Es grave que personas que hacen leyes piden que se violen las leyes. Deberían primero de someter un proyecto de disolución del Poder Judicial, enmendar la Constitución de la República en lo inherente al derecho a la vida y, finalmente, otorgarle facultad a la Policía Nacional para que disponga de la vida de todos los supuestos delincuentes.

          Estamos hablando de una Policía Nacional desacreditada, con las peores calificaciones en el ámbito mundial. La misma que miente a diario a la sociedad dominicana, al matar “individuos fuertemente armados que atacaron a la uniformada, la que se vio en la necesidad de repeler la agresión”. Un verdadero Cliché.

          En República Dominicana no hay la menor  voluntad para el combate a la criminalidad. Los funcionarios civiles y militares, protegidos con sus respectivas familias, están deshumanizados y se consideran inalcanzables de los hechos violentos que se suscitan a diario.

           Sólo les interesa llevar una vida de francachela, con inmensas mansiones, penthouse, villas, cuentas bancarias en divisas fuertes y vehículos de lujo. Y como las compañeras envejecen se buscan amantes con las tetas paraditas, a las que les dicen: “¡Pides por tu boca lo que tú quieras!”