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SANTO DOMINGO.- La violencia contra la niñez volvió a estremecer a la República Dominicana con dos decisiones judiciales conocidas casi de manera simultánea.
En un caso, una jueza impuso tres meses de prisión preventiva a una mujer acusada de provocar la muerte de su hija de 10 años en Manoguayabo, municipio Santo Domingo Oeste. En el otro, un tribunal de San Cristóbal condenó a 10 años de prisión a un hombre que abusó sexual y psicológicamente de una niña de nueve años.
Aunque se trata de procesos distintos y con circunstancias diferentes, ambos comparten un elemento inquietante: los agresores pertenecían al círculo más cercano de las víctimas. En lugar de encontrar protección en su entorno familiar, las menores quedaron expuestas a la violencia de quienes debían garantizar su bienestar.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la mujer imputada habría causado la muerte de su hija mientras ambas se encontraban solas en la vivienda familiar. La jueza que conoció la medida de coerción dispuso su ingreso en un pabellón psiquiátrico del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, mientras avanzan las investigaciones.
En San Cristóbal, la justicia determinó la responsabilidad penal de Rafael Madé Encarnación, quien aprovechaba que la madre de la víctima dormía para mostrarle material pornográfico y someterla a abusos sexuales y psicológicos bajo amenazas. Las pruebas médicas y psicológicas presentadas durante el juicio sustentaron una condena de 10 años de prisión.
Más allá de las decisiones judiciales, ambos expedientes obligan a mirar un problema que trasciende los tribunales. La violencia contra niños, niñas y adolescentes no siempre ocurre en las calles ni a manos de desconocidos. Con frecuencia se desarrolla en el ámbito doméstico, donde resulta más difícil detectarla y denunciarla. Estos casos también reabren el debate sobre la capacidad del Estado y de la sociedad para identificar señales de alerta. Analistas sostienen que vecinos, familiares, docentes, personal sanitario y comunidades tienen un papel esencial para advertir situaciones de riesgo antes de que desemboquen en tragedias irreparables.
La respuesta judicial es indispensable y envía un mensaje de que estos delitos no quedarán impunes. Sin embargo, la sanción llega cuando el daño ya está hecho. El verdadero desafío sigue siendo fortalecer los mecanismos de prevención, ampliar la atención en salud mental, consolidar las redes de protección infantil y promover una cultura de denuncia oportuna.
Las resoluciones emitidas esta semana constituyen un paso de la justicia. El reto pendiente es que noticias como estas dejen de formar parte de la cotidianidad y que la protección de la infancia se convierta, más que en un compromiso legal, en una prioridad permanente para toda la sociedad.
Y QUE SE PUEDE ESPERAR DE LA MAYORIA DE LOS JUECES SI SON CORRUPTOS Y DELINCUENTES TAMBIEN O MAS DELINCUENTES QUE LOS DELINCUENTES Y ESO ES MUNDIAL