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POR: HANNA BUENO
Como activista social, conozco la crudeza del Estado en carne propia: he sentido los golpes de la macana, los efectos del gas lacrimógeno y el abuso de poder de la Policía Nacional al disolver protestas legítimas en nuestras calles. Sin embargo, mi visión no se nubla por el resentimiento.
El sociólogo Max Weber definió al Estado moderno como la institución que reclama, con éxito, el monopolio de la violencia legítima. Despojar a la uniformada de tal autoridad o demoler su credibilidad bajo el peso del linchamiento mediático no nos conducirá a una democracia idílica; nos empujará directo a la anarquía.
Lamentablemente, la seguridad ciudadana se ha convertido en el botín favorito del debate electoral dominicano. Desde la oposición, cada hecho delictivo de impacto o cada baja civil en operativos se instrumentaliza con rapidez matemática para alimentar una campaña sistemática de desprestigio institucional.
Aunque la Policía Nacional ha mejorado notablemente desde las prácticas arbitrarias de los años 90 —con avances en profesionalización, transparencia y acercamiento comunitario—, la delincuencia y la violencia social han experimentado una evolución paralela. Esto subraya que los problemas actuales son de índole estructural y no exclusivos de la institución.
Las estadísticas oficiales de la Fuerza de Tarea Conjunta reflejan que contener la criminalidad en nuestras calles es una tarea titánica. Recientemente, las autoridades informaron que la tasa acumulada de homicidios por cada 100,000 habitantes experimentó un descenso técnico notable al corte del 22 de junio de 2026, situándose en un mínimo histórico de 6.98, lo que representa una reducción acumulada del 44.3% en comparación con el 12.54 registrado en el mismo período de 2023. No obstante, la paradoja habita en el trasfondo de los datos.
El reporte oficial derriba el mito urbano de que las bandas delictivas son el motor principal de la sangre en el país: el 59% de las muertes violentas se originan directamente por conflictos sociales entre particulares y problemas de convivencia ciudadana, dejando a los delitos asociados a la delincuencia común en un 15% y al crimen organizado en planos minoritarios.Al desglosar este panorama de descomposición comunitaria, los datos de la Policía Nacional Dominicana revelan que el 73.4% de estos casos corresponden a riñas callejeras y de bares, el 19.2% a violencia intrafamiliar y un 7.8% a disputas diversas. Esta realidad histórica fue resumida por la Procuraduría General de la República (PGR) al advertir una preocupante tendencia: “Alrededor del 90 por ciento de las amenazas denunciadas en el país son de muerte y constituyen el principal detonante de los homicidios relacionados con conflictos sociales; disputas aparentemente menores por estacionamientos, ruidos o linderos terminan en tragedias fatales causadas por los propios ciudadanos”.
Este escenario de beligerancia civil se agrava al mirar los delitos contra la propiedad y el tráfico de armas.
Donde las fronteras del patrullaje se desvanecen por completo es detrás de las puertas del hogar dominicano. Al cierre del primer semestre de 2026, la Fundación Vida Sin Violencia encendió las alarmas al reportar 47 feminicidios íntimos: un repunte drástico del 74% frente al mismo periodo del año anterior.
Como ha señalado puntualmente la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, “los conflictos sociales causan más muertes que la delincuencia”, lo que obliga al Estado a concentrar esfuerzos urgentes en fortalecer la convivencia y las herramientas de mediación ciudadana.
Es aquí donde emerge la gran hipocresía social y la abierta resistencia ciudadana al orden. Es un cuadro costumbrista en nuestros barrios ver llegar una patrulla para apagar un “teteo”, incautar bocinas o detener un desorden en la vía pública, solo para ser recibida a botellazos, pedradas y tiros por la propia vecindad. La comunidad suele defender al infractor y repeler con violencia a la autoridad encargada de pacificar su entorno.
Los políticos actuales, tanto del oficialismo como de la oposición, y organizaciones internacionales que se han referido a estos temas deberían reflexionar profundamente sobre quiénes son sus asesores y qué intereses representan. Son ellos, en muchos casos, los verdaderos delincuentes cuando politizan de manera irresponsable casos como el de Herrera, convirtiendo tragedias en carnada electoral y erosionando aún más la confianza en las instituciones.
Reconocer este panorama obliga a abordar una verdad incómoda: es profundamente triste que el Estado deba luchar fuego contra fuego. En un entorno ideal, el peso de la ley bastaría; pero frente a delincuentes que portan armas de guerra y disparan a quemarropa, la policía está obligada a responder con la misma contundencia letal para preservar la paz. Por supuesto, esto no justifica los abusos. Los casos de brutalidad o corrupción deben castigarse con todo el peso de la ley. Separar las manzanas podridas y procesarlas judicialmente es vital para mantener la legitimidad del uniforme, pero las faltas individuales jamás deben utilizarse para desahuciar moralmente a toda la institución.
En medio de esta tormenta se encuentra la ministra Raful. Aunque una parte de la opinión pública difiera de sus posturas, estilo o filiación política, la honestidad intelectual exige admitir la magnitud de su cargo: dirigir esa cartera es sentarse en un sillón eléctrico institucional. No es una tarea fácil. Más allá de los feroces ataques de la oposición, la ministra está librando una batalla campal de frente, intentando empujar reformas estructurales profundas en una maquinaria viciada por décadas. Destruir su gestión desde la comodidad del análisis superficial es ignorar la complejidad del monstruo interno que intenta domar.
Las firmas de asesores internacionales y las inyecciones de presupuesto estatal pueden modernizar cuarteles, digitalizar procesos y mejorar salarios; sin embargo, la reforma policial será estéril si la sociedad misma no se reforma. La institución del orden es el termómetro, nunca la enfermedad. La policía es el espejo exacto que refleja nuestras peores miserias colectivas.
Antes de sumarse al coro del linchamiento mediático, cada ciudadano debería mirar fijamente al abismo y responder con honestidad: ¿Qué sería de este país sin esos miles de hombres y mujeres policías que, día tras día, salen a arriesgar la vida por un salario modesto y el desprecio público?
