Por Pedro Richardson
Este es un hecho insólito que sienta un peligroso precedente legislativo y cuestiona seriamente la seguridad jurídica de la República. Nos referimos a la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos de la República Dominicana aprobada por el Senado hará un mes y aún no ha sido enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación como adelantó el presidente Abinader en un gesto poco elegante pues sin antes recibirla y estudiarla no se deben avanzar decisiones.
Esta ley que busca regular la gestión integral de los desechos, impulsando la reducción, reutilización y reciclaje, con el fin de proteger el medio ambiente y cuyas modificaciones actuales procuran algunas contribuciones de las empresas al fideicomiso Do Sostenible que darán sostenibilidad económica a la recogida de residuos y su disposición en estaciones de transferencias y sitios de destinos finales es imprescindible para alcanzar un país sin basura.
Bajo el argumento de que el reglamento del Senado no establece un período de remisión el presidente del senado, Ricardo de los Santos, mantiene «secuestrada» esta iniciativa. Y con ello desconoce la tradición legislativa de enviar los proyectos aprobados en el menor tiempo posible y en más de un caso el mismo día.
Además el reglamento de la Cámara de Diputados que le debe servir al Senado de supletorio o referente indica que 15 dias después de sancionada definitivamente una pieza debe enviarse al Poder Ejecutivo.
Por demás está señalar que la aprobación de esta ley independientemente de las observaciones que pueda introducirle el presidente Abinader deberá impactar el presupuesto de los gobiernos locales y por tanto deben incorporarse a la formulación del 2026 y todo ello requiere tiempo.
En 181 años de existencia del congreso en sus modalidades unicameral o bicameral este hecho nunca habia sucedido. De manera que estamos ante una rara manera de Ricardo de los Santos entrar en la historia


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