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Propuesta de reformas: adefesio
El pasado lunes 16, el gobierno anunció a través del Ministro del Ministerio de Administración Pública (MAP), Sigmund Freund, la ejecución de un amplio programa de reestructuración de la administración pública, que incluirá la fusión de varios ministerios y la eliminación de ciertas direcciones.
Según lo expresado por el Ministro del MAP, con esa acción se busca un “Estado más pequeño y eficiente”.
Refirió el flamante funcionario que “desde el primer gobierno del PRM, el Presidente Abinader siempre ha tenido la idea de reducir el tamaño del Estado dominicano.”
La verdad es que si partimos del hecho de que en los últimos cuatro años la nómina gubernamental ha presentado un descomunal incremento porcentual de un 64%, esto podría llevarnos a pensar ciertamente que el tamaño del Estado llegue a niveles de crecimiento histórico y alarmante.
Desde ese punto de vista, no hay dudas de que el Estado ha crecido considerablemente y no parece extraño que éste haya alcanzado hoy su mayor tamaño en toda la historia del país.
De pronto, la burocracia del Estado es hoy enorme, y la misma es, por demás, ineficiente y parasitaria. Esto sitúa a la República Dominicana como el país con mayor crecimiento de la nómina gubernamental en la región durante el último cuatrienio.
Cabe destacar, que esa propuesta de reforma de la estructura del gobierno central que acaba de presentar el gobierno, no refleja plenamente el espíritu y los criterios establecidos en la Ley Orgánica de la Administración Pública, particularmente los asociados a la racionalidad, coordinación, planificación y transparencia.
Por lo que se hace necesario que la misma sea objeto de un abordaje integral que, con un enfoque sectorial, rediseñe su arquitectura organizacional, tal como se plantea en el informe de la OCDE, del año 2019, sugiriendo al país que se lleven a cabo reformas en la estructura del Estado con un enfoque sectorial; así también, como se deja dicho en el artículo 2 del Decreto 149-21, del 11 de marzo de 2021, el cual instituye el Plan de Reforma y Modernización de la Administración Pública elaborado y presentado por este gobierno.
De no hacerlo de esta manera, dicha propuesta presentada por el gobierno, entraría en franca contradicción, no tan solo con la Ley Orgánica de Administración Pública, sino también con el Decreto 149-21, que consagra el Plan de Reforma y Modernización de la Administración Pública, y el Informe de la OCDE, del año 2019, sobre reformas sectoriales.
De igual forma, dicha propuesta no se encuentra sustentada en un sincero y auténtico proceso de modernización de la administración pública, esto es, iniciativas continuas, abiertas, prolongadas en el tiempo, y lo más importante, de carácter no sólo correctivo sino también preventivo, que haya contado con la participación e involucramiento de todos los actores afectados, tal como se hizo con el estudio de la OCDE.
Abordar la reestructuración de la Administración Pública Central, informando en una rueda de prensa la fusión y eliminación de instituciones, y el supuesto ahorro que generará en el presupuesto, sin explicar de dónde salen esos números, y, sobre todo, si se llevó a cabo algún estudio del impacto que conlleva suprimir esas instituciones, resulta irracional, irresponsable, y a todas luces inaceptable.
No podemos estar de acuerdo con que se pretenda hacer una reestructuración, que impacte la arquitectura institucional de la administración pública, y coloque en situación de riesgo importantes programas que favorecen al pueblo dominicano, como ha sucedido con decisiones improvisadas, adoptadas por las actuales autoridades al eliminar instituciones, que han dejado desprotegidos sectores vulnerables de la sociedad.
Abordar las reformas desde la perspectiva sectorial es el enfoque correcto para alcanzar una verdadera transformación en la administración pública, y así evitar a mediano plazo, serios inconvenientes provocados con el dislocamiento, choque de atribuciones y competencias, que nos conduzcan, de manera inevitable a un estancamiento y empeoramiento de los servicios públicos que ya de por sí resultan precarios.
Si verdaderamente queremos una reforma a la macroestructura del Estado, que genere eficiencia y economía, la misma debe ser abordada de manera integral, pero con un enfoque sectorial, pues esta sería la única forma que podría garantizarse racionalidad, coordinación, planificación, coherencia, comunicación, transparencia, así como eliminación de duplicidades y solapamientos en los servicios, de conformidad con los postulados de la Ley 247-12, Orgánica de Administración Pública.
Ante los apremiantes desafíos sociales que tenemos por delante, resulta imprescindible que el gobierno dominicano, más que ocuparse de su tamaño, se modernice y se empeñe más bien en la formulación y ejecución de políticas públicas que impacten la calidad de vida de todos los dominicanos.
No vaya a ser que un “achicamiento” de un Estado abultado, pero ineficiente y distante, se convierta en la causa principal del agravamiento de tantos problemas que nos agobian, y nos conduzca, de manera inevitable, a una contrarreforma difícil de superar a mediano plazo, y que esta iniciativa no sea vista como un mamotreto más de corte populista como nos tiene acostumbrado este gobierno.