Mientras una mafia corrupta acumula miles de millones de pesos del presupuesto, los hospitales públicos carecen de lo esencial, obligando a las familias más pobres y vulnerables a endeudarse con usureros para recibir la atención médica a la que tienen derecho

Lo que les voy a contar es conmovedor sobre Neftalí, un hijo de una humilde madre que sobrevive cocinando, lavando y planchando, con dedicación y extrema honradez, como un ejemplo típico del trabajo y del sacrificio para sobrevivir de la gran mayoría de las familias de escasos ingresos de nuestro país.

Neftalí, de 32 años, casado y con 2 hijos, tuvo un accidente el sábado 21 pasado al caerle una puerta de hierro pesada que le fracturó el brazo derecho y la pierna izquierda. Lo llevaron de emergencia al hospital Ney Arias Lora y de inmediato le hicieron un seguro de salud, porque había que hacerle dos operaciones, una en el brazo y la otra en la pierna.

Neftalí tenía un seguro médico privado, que perdió al quedar desempleado de una pequeña empresa que quebró. Tiene en trámite una solicitud de afiliación al SENASA Subsidiado y al momento del accidente no carecía de un carnet activado. El hospital alegó falta de fondos para comprar los materiales para la operación.

A pesar de ser un hospital público, financiado con los impuestos que pagamos, allí le exigieron a su madre un depósito de 20,000.00 “o de lo contrario, lo vamos a despachar a su casa hasta que usted resuelva”. Juliana, la madre desesperada, acudió al síndico de La Victoria quien le extendió una carta al hospital, sin ningún resultado.

Juliana me contó la situación. Le expliqué que Neftalí tiene derecho constitucional a la atención gratuita, aunque no tuviera un seguro médico, y le aconsejé reclamar su derecho con fuerza e insistencia en el área de labor social del hospital. Después de cinco días de incertidumbre y ruegos, el jueves 26, cinco días después, Neftalí fue operado de la pierna y le vendaron el brazo.

El bajo presupuesto hospitalario aumenta el gasto de bolsillo de las familias

Luego de dos días de recuperación, el hospital retuvo a Neftalí hasta que la familia buscara, donde sea, y depositara 10,000.00, y se comprometiera a pagar luego los otros 10,000.00. Entre familiares y amigos hicimos una colecta a la carrera para poder sacar al muchacho del hospital.

Pero la desgracia de esa humilde familia todavía no termina. Cuando le dieron de alta le recetaron 21 inyecciones a razón de 1,160.00 el par, para un costo de 12,180.00. A los pocos días fue a la primera cura y le cobraron 2,000.00 y queda otra dentro de una semana. En total, este accidente le va a costar unos 36,180.00, el equivalente a casi tres menos de ingreso familiar.

En la Fundación Seguridad Social para todos (FSSPT) sentimos una profunda indignación cuando comprobamos las penurias de esas familias debido al bajo presupuesto de los hospitales, en medio de tanto despilfarro por sueldos excesivos y privilegios irritantes como el cofrecito y el barrilito, entre otros derroches.

En momentos en que se conoce que un grupito de funcionarios y familiares corruptos desfalcaron al Estado dominicano por más de 4,797 millones de pesos, mientras los centros de salud carecen de lo esencial para atender a cientos de miles de familias como la de Juliana, contando con la complicidad e impunidad gubernamental.

Casos como éstos, que se suceden hora tras hora en todo el territorio nacional, explican el crecimiento del gasto de bolsillo de las familias más pobres y vulnerables, a pesar de que la Ley de Seguridad Social fue consensuada y aprobada para eliminar todas las barreras de acceso a los servicios de salud.

Ojalá el presidente Luis Abinader sea enterado de este caso, y disponga el auxilio de esta familia desesperada y el cese de esta práctica excluyente e injusta.

JPM

Jamás me cansaré de remembrar a ese patriarca del periodismo nacional -su defensa, a ultranza (postdictadura-trujillista), en lo que creía justo- que fuera don Rafael Herrera -1912-1994- y la defensa que asumió ante el apresamiento-juicio contra el extinto expresidente Salvador Jorge Blanco -por “desfalco”- y algunos de sus funcionarios tras la vuelta al poder de Joaquín Balaguer 1986.

Hasta yo mismo, en ese momento, que no entendía el significado de su defensa, veía bien -y aun lo sigo viendo- que los corruptos, sin importar banderías políticas ni abolengos -oligárquico-empresarial- fueran procesados y enjuiciados sin reparar que, aquella voz, no se alzaba, justamente, en defensa personal o de partido alguno sino de respeto al debido proceso, presunción de inocencia y, como sabueso periodista, desnudar el trasfondo político de quien, desde la sombra palaciega -y que había dicho que “la corrupción se detenía en la puerta de su despacho”- movía los hilos del fusilamiento sumario-publico de políticos, empresarios y exfuncionarios de aquel cuatrienio -1982-86

Y la remembranza me vino, de golpe y porrazo, después de ver un video -que circuló en redes sociales- cuyas imágenes no dejan lugar a dudas de que el acto, de conducencia, en contra del exministro de Salud Pública -Dr. Freddy Hidalgo-, distó mucho de un apresamiento de respeto a su dignidad humana, pues, siquiera, se le permitía vestirse -algo que las autoridades niegan- lo cual dejaba entrever falta de presunción de inocencia y evidente signo de aparataje mediático en el acto. Y que conste, no tengo -si fuere el caso- “corruptos favoritos”, pero si, y como ciudadano, no me quedaré callado ante atropellos, espectáculos judiciales-mediáticos, falta al debido proceso; y, sobre todo, la vieja práctica de airear y denunciar, ante la opinión pública, actos de corrupción pública-privada u otra índole que, después, si resultan mal instrumentados, o peor, plagados de exhibicionismo político, ¿cómo resarcir o reparar la moral pública de los imputados?

Y mientras, le damos seguimiento al actual proceso de persecución contra la “impunidad” y la corrupción pública-privada, valdría sugerir que, si de verdad se quiere sanear-adecentar el ejercicio de la función pública y la actividad política -aunque me asalten dudas y registros de inhibiciones de otrora jueces y archivos de expedientes-, no se olvide que los crímenes o actos ilícitos no prescriben mientras el rumor público no deje de recordar: contratos o empréstitos leoninos o, mega-escándalos -Barrick Gold, Sun-Land, acumulación rápida de riquezas (de empresarios, políticos y funcionarios civiles y militares), fundaciones onerosas, lo que fue el histórico negocio -político-empresarial- del problema eléctrico, Súper-tucanos, procedencia dudosa de recursos de campañas, Odebrecht, entre otros-. Porque: ¡O to’ toro o to’ vaca!

franciscocruz1959@yahoo.com

JPM-sp

Los procesos judiciales contra dirigentes del PLD acusados de corrupción pública, incrementarían la estampida que se viene registrando en esa antigua poderosa organización política. En un período de meses miles de miembros, incluyendo a senadores, diputados, alcaldes y regidores, se han ido a la Fuerza del Pueblo, que lidera el doctor Leonel Fernández, quien gobernó al país durante doce años.

Analistas políticos entienden que, con motivo del apresamiento de diez personas, incluyendo a Alexis Medina Sánchez (hermano de Danilo Medina), acusado de ser cabeza de una red criminal que cometió delitos que involucran a miles de millones de pesos en desmedro del contribuyente, la ida de peledeístas hacia la Fuerza del Pueblo sería mayor, algunos bajo la creencia que estarían a salvo en esa entidad, ante la alianza estratégica sostenida por Leonel Fernández y Luis Abinader.

Parece no darse cuenta, sin embargo, que se trata de un Ministerio Público independiente, el cual tiene que administrar justicia equilibradamente, sin carácter selectivo y donde no haya corruptos preferidos. Tanto los dirigentes del PLD como los de la Fuerza del Pueblo estuvieron, en su mayoría, en la administración pública parcial o totalmente durante los 20 años que gobernó la organización cuyo lema es “Servir al partido para servir al pueblo”.

Tanto en el PLD como en la Fuerza del Pueblohay gente acusada de la comisión de hechos criminales contra el Estado dominicano.

Y entre Danilo Medina y Leonel Fernández, en sus pasos por el poder, no han exhibidodiferencias doctrinarias, programáticas ni éticas. Ambos tienen el mismo concepto sobre el manejo de los asuntos de la administración pública. En ambas gestiones hubo grandes escándalos de corrupción.

Hasta el momento el Ministerio Público cuenta con la aprobación de la gran mayoría de los dominicanos. Y las expectativas son que todo el que haya cometido crimen alguno contra el Estado sea procesado judicialmente, indistintamente de colores políticos. A la doctora Miriam Germán no la identifican con ninguna agrupación política. A Yeni Berenice Reynoso, en cambio, hay quienes le atribuyen inclinación hacia el doctor Leonel Fernández, aunque, cierto o no, esa dama ha exhibido, en su ejercicio judicial, apego a las leyes y profesionalidad.

La realidad es que la credibilidad pública de la Procuraduría General de la República va a depender de su equilibrio en la impartición de justicia, pues contrariamente sufriría deterioro y se estaría ofreciendo argumentos a ciertas vocesque alegan persecución política, como ocurrió contra Salvador Jorge Blanco y algunos colaboradores cercanos en la última parte de la década de los 80´.

Los dominicanos más sensatos  aspiran al adecentamiento definitivo de la administración pública. Y el momento que se vive se percibe para muchos como el inicio de ese proceso, en el cual, para que sea ejemplarizante, tiene que ser debidamente sancionado todo el que fue al Estado a enriquecerse o que en rol de proveedor se valió de entramados mafiosos que afectaron el interés nacional, como el que observamos en la actualidad y que abarca a una parte de la familia Medina Sánchez.

Desde hace más de una década Perú está a la cabeza entre  los países de la región, en sanción de la corrupción pública, producto de una justicia equilibrada e independiente, que ha sabido apresar a expresidentes de ese país,  candidatos presidenciales y funcionarios de diversos niveles, sin hacer reparo en colores políticos de ninguna clase.

La persecución contra la corrupción en el Perú ha provocado renuncia de presidentes en ejercicio y hasta el suicidio de Alan García, quien gobernó a ese país durante dos períodos.

Cuando se trata de hacer cumplir las leyes no importa que caiga quien caiga. Desde hace algún tiempo, en la República Dominicana, se observa un despertar, mayor conciencia y disposición de luchar contra la corrupción pública y la impunidad. La designación de un Ministerio Público independiente es una medida presidencial que ha gozado de alta aprobación.

Ahora, sin embargo, le corresponde al Ministerio Público exhibir la independencia y la firmeza que la población anhela, haciendo los sometimientos correspondientes contra todos aquellos que han tenido la osadía de adueñarse de fondos públicos en el pasado y en el presente, independientemente de ideología política ni clase social.

danilocruzpichardo@gmail.com

JPM