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Son muchos los teóricos que exponen criterios y razones sobre por qué existe un círculo vicioso de la corrupción. Algunos arguyen que la causa principal es la concentración de poder en manos de una sola persona: el Presidente. Otros entienden que la causa es el “burocratismo”, la burocracia elevada a la enésima potencia, que crea un efecto de control de las estructuras de dirección, que a su vez, centralizándolo todo, se niegan a ceder siquiera parte de sus atribuciones exorbitantes a la ciudadanía o las comunidades.
No importan las razones que se esgriman, lo cierto es que ese flagelo de la corrupción debilita las instituciones democráticas y, de más en más, crea una costumbre, se hace ley entre los ciudadanos de cualquier país.
En la República Dominicana se observan dos variantes de la corrupción. La primera de ellas es la que puede denominarse “personal”, o sea, la de un individuo que busca su beneficio particular, propósito que lo lleva a agenciarse para sí un patrimonio que le permita el disfrute suyo y el de su familia. Este es la variante más extendida, formando parte de las convicciones de individuos de todos los estamentos de nuestra sociedad y que se manifiesta de varias maneras, desde el pequeño soborno o coima para dar u obtener ilegalmente algún beneficio a la a comisión que se paga por una compra, contrato o concesión.
Aunque sea casi genérica, no quiere decir que en esa misma proporción represente la mayor cantidad de recursos sustraídos. Al contrario, no menos de un 50% de los recursos se sustraen ilegalmente del Estado mediante ésta que llamaré “corrupción institucional o partidaria.”
Paso a explicar cuál es el entramado de esta “corrupción institucional”, en la que ha participado la casi totalidad de los funcionarios y servidores públicos, porque se inicia desde el mismo momento en que se comienza a nombrar botellas para cumplir compromisos de campaña o cuando los burócratas se ven obligados “a buscarle la vuelta” a un asunto, para ayudar a algún colaborador político, sobre todo cuando “ha colaborado” con la campaña.
El reformismo y el peledeismo instituyeron la “corrupción partidaria”, o sea, la práctica de buscar recursos para llevar y mantener al partido en el poder. Por eso se ven cuadros políticos importantes que la gente piensa que tienen mucho dinero porque manejaron inmensos recursos, pero todo lo que hicieron fue comportarse como “recolectores” y “repartidores” de los recursos para las campañas de sus respectivas organizaciones. Eso es tan así, que conocí importantes figuras que buscaron cientos o miles de millones para sus partidos… pero para sí mismos no se buscaron ni un peso.
Aunque no se quiera creer, ese tipo de personas tienen que ser personalmente muy honestas, lo que es, claro está, una evidente contradicción, pero en ese círculo vicioso del peculado algunos se involucran en cuantas cosas sean necesarias para un proyecto, pero al mismo tiempo, mantienen el honor de no sentirse ni siquiera tentados a beneficiarse personalmente de esa misma corrupción.
El problema, y grave, es que para llegar al poder se necesitan muchos, muchísimos recursos. Diría que, sumando todas las candidaturas de una alianza, se requieren miles de millones. ¿Cómo se compensa a los colaboradores o inversionistas de las campañas después que se llega al poder?
Peor aún, ahora resulta que los partidos de gobierno asignan a las instituciones públicas responsabilidades electorales por área geográfica, por circunscripción, provincia y región, lo que obliga a los incumbentes a tener que resolver “de todo” en esa área: empleos, que casi siempre son botellas; ayudas, combustible, vehículos y asignaciones en metálico… semanales, que tienen que estar disponibles para cumplir las tareas acordadas.
Por eso es que las instituciones se reparten bajo esa premisa: la mayoría de la nómina de igual manera, preferiblemente de compañeros de esa demarcación. Es natural que así sea porque de otra manera, se concentrarían casi todas las designaciones en el Gran Santo Domingo, que es donde están domiciliadas las mismas.
Los rojos y los morados dieron clase de lo que aquí digo. 42 años de gobierno, sumando sus respectivos períodos, así lo confirman. Ese “pragmatismo” para el uso de las estructuras del Poder, para mantenerse en él, esa doble moral –una suerte de cohabitación entre la corrupción pública y la honradez individual– caracterizo a líderes importantes, a personas que no dejaron patrimonio alguno, pero que siempre tuvieron la firme decisión de utilizar todos los resortes y recursos que les dio el poder para imponérsele a la oposición, para avasallar a los contrarios.
Hay funcionarios que permitieron a sus amigos, socios y familiares hacerse inmensamente ricos. En su gran mayoría se trata de personajes que se aprovecharon de la buena fe de los mandatarios. Por otro lado, los que buscan recursos a la causa del partido son protegidos, apoyados y mimados.
La diferencia se ve en quienes al salir del poder, tienen o no fortunas, utilizaron o no sus gestiones económicas para favorecer a su partido o a sí mismos. En “la nomenclatura” política sabemos quienes lo han hecho por una u otra razón, conocemos la diferencia, de manera que no suele penalizarse moralmente a quienes jugaron su papel sin beneficio particular.
En los mentideros políticos nos hacíamos la siguiente pregunta: ¿Cómo se aprueban leyes que buscaban establecer mecanismos de absoluta transparencia y, a la vez, se le exigía más recursos para la campaña a los incumbentes? Es como meter presos por adelantado a los funcionarios financiadores de campaña.
El modo de ser del dominicano, esa característica como pueblo a la que se llama idiosincrasia, pesa muchísimo. En el pensamiento y la opinión de nuestros ciudadanos frente a ciertos hechos, se observa cierta tolerancia, que les lleva a no estigmatizar al qué pasa por un cargo y adquiere lo mínimo para vivir. Seamos sinceros, la gente lo ve como algo normal, como si así debiera ser. Nadie cree en la honradez absoluta. Lo que la gente nuestra de verdad critica son los extremos, los excesos que produce la mega corrupción, porque se ve cómo un abuso.
El principal conflicto o contradicción hoy es cómo puede sobrevivir la actual forma clientelar de la política, que va junto a la pérdida total de la discrecionalidad en los favores gubernamentales. ¿Cómo retribuirán el apoyo de los inversores de campaña, si se sigue haciendo como hasta la llegada de este Gobierno? ¿Qué pasará? Al parecer los que sean funcionarios podrían tener problemas o enfrentar diversos grados de descontento, ante el incumplimiento de promesas y compromisos de campaña.
Ahora mismo la gente, que no es tonta, no le deja pasar una a los dirigentes políticos. A la mínima muestra de no querer cumplir lo tachan de “incumplidor”, que hoy constituye una muerte política en términos prácticos, porque nadie ni sigue, ni auspicia, ni vota por políticos a quienes se tilda de esa manera.
La corrupción personal está íntimamente ligada al interés particular de garantizarse el futuro. Cada quien es dueño de sus actos y toma sus riesgos, claro que debe saberse qué hay consecuencias. Quienes participando en política activa llegan a una posición pública, para administrar recursos, que esperen, que no bien se sienten en el puesto, compañeros, colaboradores económicos y hasta su partido le requerirá “de todo.”
Con toda la sinceridad que me es posible, les digo que yo decidí, hace años, no administrar un peso del Estado. Para los que quieran vivir tranquilos, en sosiego, les recomiendo que no busquen cargos para administrar dinero público, porque hay una sociedad hastiada, con sus razones, de la mega corrupción. También hay unas redes que no le dejan pasar una a nadie, y para remate un Ministerio Público independiente que no “coge corte” en su sagrada misión de sancionar las inconductas.
