El toque de queda, por sí mismo, no garantiza el control del COVID 19, mucho menos si falta autoridad y se autorizan privilegios a minorías, mientras la gran mayoría sufre las consecuencias de ese sacrificio

El gobierno del presidente Luis Abinader contuvo la propagación del COVID 19, sin cambios en la estrategia anterior, con solo eliminar la politiquería y la corrupción pasada, empleando esos y otros recursos presupuestarios a la compra de los insumos necesarios para realizar más pruebas a una mayor cantidad de pacientes.

Estos buenos resultados aumentaron la demanda de una rápida reapertura económica, en interés de reducir el desempleo estacional, reactivar el crecimiento y aumentar las recaudaciones. Este reclamo tubo como caldo de cultivo un cansancio generalizado, luego de nueve meses de un confinamiento sin precedentes.

Se reabrieron los vuelos y las actividades turísticas; los restaurantes comenzaron a ofertar los servicios básicos, y se multiplicaron las actividades informales que constituyen el sustento a más de un millón de trabajadores por cuenta propia. Y el transporte masivo de pasajeros recobró su normalidad.

Desde principio de diciembre, se flexibilizaron aún más las restricciones sanitarias, con el terrible agravante de una permisividad ostensible a favor de los grupos y sectores económicos privilegiados y con influencia política, lo que ha escandalizado y desmoralizado a la clase media y a los sectores populares. Ahora el rebrote resulta muy preocupante.

El 2021 comenzó con la impresión general de falta de autoridad y confusión sobre la estrategia contra el COVID 19. En adición, crece el descontento, expresado en un cuestionamiento directo a unas autoridades con sólo cuatro meses en el poder, lo cual es muy lamentable y preocupante.

Es necesario revisar la estrategia general contra el COVID 19

En medio de tantas opiniones diversas, y a pesar de las mutaciones del COVID 19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda, sí o sí, el uso de mascarillas, mayor higiene personal y distanciamiento social. Eso es lo verdaderamente importante y el punto de partida de cualquier estrategia nacional.

Eso quiere decir que, cualquier restricción o flexibilización debe garantizar el cumplimiento estricto de esas tres normas básicas, al menos, hasta que sea posible vacunar a la gran mayoría de la población, especialmente a la de mayor riesgo, por edad y exposición.

Es necesario entender que el toque de queda, por sí mismo, no es la solución, sino un recurso coadyuvante al distanciamiento social. Que su efectividad real depende de la capacidad de las autoridades para garantizar su estricto cumplimiento, ya que, de lo contrario, sólo representa un sacrificio inútil para quienes lo aceptan y respetan.

La lógica indica que, siempre que se use la mascarilla y se observe el distanciamiento social, el riesgo de contaminación se reduce, aunque no exista toque de queda. Y a la inversa, sin mascarillas ni distanciamiento social, el riesgo aumenta, aunque exista un toque de queda total.

Desde luego, no hay que llegar a tales extremos. Un toque de queda razonable ayuda. La mejor estrategia es la que maximiza la protección sanitaria, minimizando su impacto en la economía, el empleo y los impuestos, siempre que exista voluntad política para cumplir y hacer cumplir las restricciones a todos, sin injusticias ni privilegios.

JPM

Sin lugar a dudas que la decisión adoptada por las plataformas de redes sociales Twitter, Facebook e Instagram de suspenderle la cuenta al presidente Donald Trump después  de los actos vandálicos contra el  Capitolio de los EE.UU, marca un precedente que solo el  futuro  nos mostrará su  alcance.

Esa disposición aplicada a un presidente en ejercicio abrirá intensos debates y hasta posibles batallas legales, aunque hay que precisar que todas estas plataformas poseen contratos de adhesión que obligan a los usuarios a firmarlos antes de poder interactuar en ellas.

Ahora bien,  nos surge la siguiente inquietud: ¿Están  las políticas o reglamentos internos  de las redes sociales por encima de la primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos?

Hacia el futuro y si todo se queda como está,  en materia de la libertad de expresión  pudiera quedar  sentado un nefasto precedente en contra  de otros políticos y gobiernos activos incluso  más débiles, que también pudieran  ser censurados  y excluidos de las redes sociales,  sin haber mediado el dictamen de un tercer imparcial.

Sabemos que el calor del momento y por ser el presidente Trump un líder que despierta todo tipo de pasiones,  es muy probable que los ciudadanos se concentren más en evaluar sI  el mandatario se merecía la acción o no,  y no en el análisis objetivo de tal decisión.

Es evidente que estamos ante un hecho que para poder ponderarlo  de manera objetiva,  se hace necesario divorciarse de las emociones.

Resulta contraproducente  que espacios concebidos como tribunas abiertas a la difusión y debate de las ideas,  hayan aplicado tacha y exclusión al presidente de la nación más poderosa de la tierra, y en pleno ejercicio de sus funciones.

Vale señalar que tal acción se produjo en el fragor de acontecimientos violentos impensables y que las redes alertaron de que varios mensajes emitidos por el mandatario,  incitaban a la violencia,  y he aquí otro punto sensible. Es muy probable que las plataformas se hayan visto precisadas a actuar de esta forma, tal vez para evitar que en los sometimientos judiciales que han de venir no las arrastren por posible complicidad al permitir la difusión, o quizás les  llegó el momento de ajustar las cuentas.

Lo cierto es, que ahora más que nunca los ciudadanos de a pie necesitan de la protección de su derecho a la libertad de expresión por parte de las instancias judiciales, debido que ahora resulta ser más fácil para quien ostenta el poder de la audiencia, excluir incluso de manera caprichosa a quien pudieran ser el  indeseable de alguien.

No pierdan de vista que basándose solo en “Argumentos sólidos”, las redes sociales censuraron y excluyeron de manera permanente a uno de sus usuarios más influyente, con más de 80 millones de seguidores y  sin pasar por un tribunal.  Recuerde que mañana es otro día.

ctdelpozo@gmail.com

JPM

El ditirambo político originado por el enfrentamiento de la semana pasada, en los predios del  Capitolio estadounidense, entre los cuerpos de seguridad, la  policía y los manifestantes de Trump, representa un giro peligroso de una actitud revanchista que puede ser muy perjudicial para los  derechos constitucionales adquiridos de los  estadounidenses.

Varios congresistas de ese hemiciclo llegaron inclusive a comparar este desaguisado con los ¨Días de Infamia¨ de Pearl Harbor o el asalto a esos predios, por los ingleses, en el año 1814.

Esa Gleba (variopinta en lo económico, político y religioso) que invadió el recinto congresional, fue motivada por alocuciones que, solapadamente, incitaban a la desobediencia civil; estas provenían del mismo presidente estadounidense y muchos de sus personeros y allegados.

Ahora bien, también quedó evidenciado que los cuerpos del orden, que custodian el Congreso estadounidense, pecaron de inadvertencia e inacción.

Con un presupuesto anual de casi medio billón de dólares (US$500,000,000,000.00) y más de dos mil oficiales, equivalente a todas las fuerzas policiales de varias ciudades de los estados unidos, es imperdonable que no haya previsto, con antelación, estos eventos y actuar en consecuencia.

La actitud negligente, permisiva y hasta cómplice de algunos de los miembros de estos cuerpos de seguridad, quedo plasmada en innumerables ¨selfies¨, videos y narrativas captadas por los desaprensivos y por algunos miembros de estos organismos de seguridad.

Sin embargo, no todo transcurrió sin novedades. Según partes noticiosos, un policía murió cuando fue arrastrado y golpeado   por una turba, y una simpatizante de Trump, de 34 años, fue pisoteada hasta la muerte en el enfrentamiento entre la policía y los manifestantes.

Otro partidario de Trump murió de un ataque al corazón y otro manifestante murió de un ACV. 

Aunque muchos consideran el recinto congresional como ¨La Ciudadela de la Libertad¨, agregándole YO Federalista, (no tan democrática, digamos), el Capitolio es el lugar donde los políticos han autorizado negligentemente ataques interminables contra las libertades de los estadounidenses  y de muchos países y territorios del mundo.

El tema de la no conveniencia de llamar al Orden Publico a través del uso de la fuerza, plantea un dilema muy interesante en esa nación norteamericana. Esto así, debido a que no someterse instantáneamente a una intervención táctica de los SWAT (equipos especializados en control de riesgos por motín, etc.) puede ser un delito capital. Una investigación del New York Times encontró que al menos 81 civiles y 13 agentes de la ley murieron en redadas desde 2010 hasta 2019. Decenas de otros fueron mutilados o heridos». Estos saldos trágicos NO son de la preferencia de los congresistas norteamericanos.

Empero, sí querían que el Presidente invocaras estas fuerzas del orden Público, para ¨cargarle el dado¨  a su gobierno.

De ahí que, el Alcalde del Distrito de Columbia tuvo que empeñarse a fondo para convocar a la Guardia nacional del DC y proceder con el operativo de Sitio, a dicho recinto congresional.

Decenas de manifestantes ya han sido acusados de Entrada Ilegal, Asociación de Malhechores,  Colusión, Robo y daños a la propiedad Federal.

Como resultado de los eventos pasados  en el Capitolio, los demócratas están proponiendo  una nueva y amplia ley de «terrorismo interno» que podría, según expertos sobre el tema,  restringir profundamente la libertad de expresión y asociación de los estadounidenses.

Otro tema, que se desprende de los eventos pasados, es que de seguir esta lucha entre los Federalistas y aquellos que abogan por la filosofía del New Deal, es que que la democracia estadounidense podría entrar en un vórtice de muerte a través de la creación de elementos entrópicos irreversibles.

Imagínese, usted amigo lector, si estos eventos se repitiesen cada cuatro años. ¿Cuál seria el devenir democrático de esa nación?

Por ende, es plausible  condenar tanto a los manifestantes como a los políticos de carrera cuyos excesos  perennes han estado disminuyendo la confianza de los estadounidenses en el Gobierno Federal.

virgiliomalagonalvarez@gmail.com

JPM