Las advertencias más sobresalientes han sido para las personas mayores y envejecientes, que según los informes que se han publicado a través de los medios de comunicación y por los principales expertos, son las vulnerabilidades a que están expuestos por motivo de la pandemia del Covid-19; en cambio, esas personas han sido los más afectados en los cambios de gobiernos, que sin tomar en cuenta su situación son enviados a las calles, condenados a morir en sus casas por la falta de empleos y atenciones médicas, ya que la mayoría no cuentan con seguros médicos así como también pesar esa mayoría de edad, permanecen como los responsables de los hogares y los  jóvenes, lo que impacta en mucho mayor grado la situación de los hogares.

La mayoría de las personas que han cumplido más de 60 años son los que dedicaron sus vidas a construir el país que tenemos y son los padres de los jóvenes que descollan en la actualidad en las diferentes disciplinas de la humanidad y vemos como la mayoría de los envejecientes lo han removidos de sus puestos de trabajos, sin liquidación de sus prestaciones laborales y sin otorgarle una pensión que le pueda servir de sustento para sobrevivir los años que aún esperan vivir, en esta difícil coyuntura de pandemia mundial.

Los gobiernos siguen aplicando una política segregacionista y populista que no toma en cuenta los méritos acumulados y despiden sin piedad esas personas que han dejado más de la mitad de su vida, y finalmente el pago que reciben es, que cuando cambia el gobierno van para las calles sin tomar en cuenta su situación de salud, económica y mucho menos los aportes que podrían seguir haciendo en beneficio de las empresas, en base a su formación profesional y experiencia. ¿Qué pena que no  hemos avanzado hacia una sociedad inclusiva y de derechos?

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), se han pronunciado sobre los desafíos en la protección de las personas mayores y sus derechos en la pandemia Covid-19, organizaron el diálogo virtual el 8 de octubre del 2020 sobre los derechos y la protección de las personas mayores en América Latina y el Caribe y expresaron su preocupación por los altos niveles de vulnerabilidad.

En ese encuentro, las y los participantes en el diálogo virtual, organizado en el ámbito de la Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe instaron a abordar los derechos de las personas mayores como un asunto prioritario y destacaron los importantes aportes que estas hacen a la sociedad. Asimismo, llamaron a crear conciencia sobre las oportunidades y los desafíos del envejecimiento en el mundo de hoy, en particular en el contexto de la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19, que ha afectado especialmente a las personas mayores de edad.

En momentos de crisis sanitaria y económica agravada como los actuales, es indispensable garantizar que todas las personas mayores, y sobre todo las más vulnerables, tengan acceso a un ingreso mínimo garantizado, incluidas las que no estén cubiertas por los sistemas de pensiones. De ahí que la ley número 352-98 vigente en República Dominicana, no contempló la emergencia en pandémica.

Uno de los objetivos que abordaron, fue analizar el escenario sociodemográfico de los países de la región a la luz de la crisis del COVID-19 y de sus posibles impactos sobre las personas mayores en el corto, mediano y largo plazo, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe, y el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo en América Latina y el Caribe.

Expresaron que, para una recuperación mejor no se puede evadir el imperativo moral de enfrentar las causas estructurales que, desafortunadamente, están dejando atrás a tantas personas mayores dejadas a su propia suerte en esta crisis. La mirada debe enfocarse en la universalización de los servicios de salud, la ampliación de la protección social y el fortalecimiento del marco legal nacional e internacional de protección de los derechos humanos de las personas mayores.

Observaron que, las cuarentenas sanitarias y el encierro obligado han propiciado un deterioro gradual de la salud física y mental de las personas mayores. Todo ello, sumado a la acumulación de enfermedades crónicas, que conduce a la pérdida gradual de autonomía y a la limitación funcional.

El momento en que la pandemia llega a cada país es un evento histórico crucial que impacta a las poblaciones de manera desigual. Afecta a cada población en función de su curso de vida: niñez, adolescencia, adultez o vejez, pero también de sus ventajas o desventajas acumuladas.

El gobierno debe actuar acorde con las políticas aplicadas a nivel regional para garantizar la protección y los derechos de las personas mayores y envejecientes que han dado toda su vida trabajando por el país, para que alcance mayor nivel de desarrollo y de hecho no deben ser dejados a la deriva, sin protección de su vida ni de sus derechos.

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Para los fines que nos ocupan, nos ubicaremos en los orígenes de la policía nacional dominicana actual. Con el ascenso de Rafael Leónidas Trujillo Molina al poder, este tuvo la visión de un cuerpo policial que respondiera a sus apetencias personales de perpetuarse en el poder. Lo que no podía lograr con la policía municipal que existía en cada ciudad, porque además de que no serviría de sostén a su régimen tiránico, él había promovido el desarme y desmantelamiento a principios de 1930 de Santiago, Moca y Santo Domingo y era consciente de que no gozaba de la simpatía de algunos miembros de ese cuerpo policial.

Por ello decidió agrupar todos los cuerpos de policía municipales en uno solo con el nombre de Policía Nacional, mediante el decreto 1523 del 2 de marzo de 1936. Su función era, entre otras, mantener el orden, la seguridad de las personas y de la propiedad, así como la prevención, persecución y aprehensión de los delincuentes y someterlos a la acción de la justicia. Su primer jefe fue el coronel, Miguel A. Román Hijo.

Sin embargo, hay algo que marcó a la Policía Nacional y ocurrió después de la muerte de Trujillo. Nos referimos a la autorización por decreto el No. 7312 del 7 de diciembre de 1961, a los oficiales de la policía, del uso de las insignias de los oficiales de las fuerzas armadas y la vinculación de esta con los militares mediante la presencia intermitente en sus jerarquías superiores de miembros del ejército.

Así surgió, la concepción militar en su organización y funciones que le otorgaron algunos dirigentes y que constituye la base de la estructura e ideología militar que aún son evidentes en la Policía Nacional y cuya eliminación debe ser parte fundamental de un proceso de reforma y transformación de una policía represiva a una policía democrática, preventiva y respetuosa de los derechos de los ciudadanos.

Cabe destacar que la competencia jurídica de la policía nacional de República Dominicana, en la actualidad emana del artículo 255 de la Constitución Política Dominicana y de su ley orgánica No.590-16.

EL DICAN 

Desde mucho antes de existir, el DICAN, ya el departamento de la Policía Nacional que enfrentaba el narcotráfico acarreaba controversias.

Uno de estos escándalos llevó al desmantelamiento de aquel departamento. El director de entonces, el coronel Aridio Descartes Pérez y agentes bajos sus órdenes fueron vinculados a la perdida y distracción de evidencia de los depósitos a su cargo. Lo que dio como resultado que se le quitara a la Policía Nacional el manejo de casos de drogas y se promulgara la ley 50-88 del año 1988 que creó la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) con la exclusividad del combate a las drogas hasta el año 2008 en que con la orden especial 024-2008, el Consejo Superior de la Policía Nacional creó la Dirección Central Antinarcóticos (DICAN) para enfrentar el microtráfico de drogas.

Se hace necesario esclarecer el contexto en que surge esta creación. El DICAN nace pretendiendo ser una respuesta en cuanto a política criminal a la proliferación de puntos de distribución de drogas en términos minoritarios en República Dominicana. Se recordará que hasta anterior al 2008 los operadores del narcotráfico en República Dominicana tenían más vínculos con las estructuras internacionales de manejo de las drogas y recibían los beneficios por la ayuda prestada al utilizar el país como puente en dinero efectivo.

Sin embargo, la política de manejo de estos grupos criminales empezó a variar, principalmente la de los carteles de origen mexicano, y es que a partir de entonces los pagos en retribución a los colaboradores locales por la ayuda prestada seria realizada una parte en dinero efectivo y la otra en especie.

Esto obligó, a los operadores locales, que no tenían acceso al mercado internacional de las drogas, sino a través de los grandes carteles colombianos y mexicanos a buscar un mercado local para la droga recibida como pago y en consecuencia este mercado empezó a crearse en República Dominicana.

Hasta ese momento, República Dominicana nunca fue un mercado de grandes consumidores de cocaína, heroína, crack u otras sustancias controladas. Como había que hacer efectivo esa droga dejada en pago, se empezó a construir ese mercado de la droga en toda la geografía dominicana. De esa época inician las denuncias de las decenas de miles de puntos de drogas establecidos en el país.

Es por esto que tal vez, en sus inicios la idea en sí, podría haber sido legitima, de combatir el tráfico minoritario. Sin embargo, la creación de todos estos puntos de expendios de droga, generaron un entramado económico con una dinámica propia, a la que se fueron incorporando actores y creando una eficaz sinergia que permitió un crecimiento horizontal del mercado. Esto sin dudas convirtió el negocio del microtráfico en parte de una economía sumergida que se nutre de la formal, creando vínculos entre sectores diferentes que terminan conformando vínculos de poder.

Como la policía nacional dominicana tiende o pareciera operar a su propia discrecionalidad, sin controles efectivos o muy pocos, esta policía vinculada al DICAN generó una serie de escándalos que la llevó a convertirse en el blanco preferido de la opinión pública que la sindicó como socios de los operadores de los puntos de drogas.

Varias instituciones y organizaciones de la sociedad civil pedían la eliminación del DICAN ya que lo encontraban contrario a la ley 50-88 y un obstáculo en la lucha efectiva contra el narcotráfico. El pasado lunes, el presidente Luis Abinader, dispuso la eliminación del DICAN y que sus funciones sean realizadas por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Es significativo que en su decreto el mandatario recuerda que la DNCD es el órgano creado por la Ley sobre Drogas y Sustancias Controladas, número 50-88, con la facultad de prevenir y reprimir el consumo, distribución y tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas en el país.

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JPM