La manera en que aquí se practica la política condiciona la independencia de la justicia y convierte al país en un paraíso de corrupción. No seamos ilusos creyendo que es incierto, porque eso es lo que explica el archivo por la fiscalía y el tribunal supremo de los más escandalosos expedientes de malversación y hurto de recursos públicos, mientras en la mayoría de las naciones democráticas se hacen más rígidas cada día las acciones contra el desfalco de su patrimonio.

El más reciente y probablemente más ejemplarizante ejemplo de esa feliz realidad ajena a nosotros lo dio hace siete años, precisamente en febrero, un tribunal australiano, al enviar a la cárcel a un influyente funcionario hallado culpable de utilizar dinero del Estado para pagar prostitutas y, léase bien, ¡comprar cigarrillos! A juzgar por la experiencia dominicana, ese señor sería en este país recibido en el salón de embajadores y se les entregarían las llaves de la ciudad y quien sabe cuántos otros honores.

Bastaría recordar el deprimente caso del ciudadano español Arturo Del Tiempo Márquez, a quien el entonces presidente Fernández recibiera en el Palacio Nacional y se le diera un rango de oficial en la Policía, pese a estar involucrado, lo que no podían ignorar las autoridades, en negocio de drogas y lavado en proyectos inmobiliarios, a quien la justicia de su país encarceló tras un juicio del que la prensa tradicional dominicana no hizo mención alguna.

Y con este señor muchos otros que se pavonean por los poderes del Estado orgullosos de sus fechorías, como respetables ciudadanos merecedores de amplias menciones en las páginas primeras y sociales de los diarios.

¿No es acaso el expresidente Fernández todo un héroe y perenne potencial candidato presidencial pese haberle dejado como herencia a la nación el más grande y perverso déficit de nuestra historia?

Se necesita amar mucho a este país para creer que algún día será diferente.

JPM

La senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, ha depositado un anteproyecto de ley que persigue crear una nueva superestructura estatal denominada Centro de Administración de la Memoria Histórica Dominicana (CAMHD). 

La pieza en cuestión está siendo estudiada por la Comisión Permanente de Cultura que preside el Senador Franklin Romero.  

Profundizando en el estudio del anteproyecto en cuestión encontramos que mediante esta iniciativa el gobierno pretende administrar   la memoria histórica del país al monopolizar y centralizar en ese organismo todas las actividades que históricamente vienen realizando diversas instituciones públicas y de la sociedad civil, verbi gracia las fundaciones patrióticas que de aprobarse perderían su autonomía, lo que resulta inadmisible en un país democrático 

Aunque reconocemos que el susodicho anteproyecto   se inspira en un ideal de justicia y reparación, como lo expresan sus artículos 10 y 14, su actual redacción no logra despejar dudas razonables respecto a la necesidad de crear el referido organismo.   

 La misma redacción del anteproyecto suscita suspicacias legítimas respecto a la manera en que operaría ese nuevo aparato burocrático estatal.  Por ejemplo: 

El Artículo 8 desglosa la lista de 12 miembros, designados por sus respectivos cargos en la administración pública, comenzando por el presidente de la República y finalizando por el presidente del Instituto Duartiano. Sin embargo, en el Párrafo III de ese mismo artículo, se especifica que: “La participación en el consejo de administración de la memoria estará delimitada a funcionarios con rangos de viceministros (sic) superiores en los casos del sector público y/o presidentes o vicepresidentes de las instituciones privadas involucradas”.

En lo inmediato, pues, cabe suponer que existe una contradicción flagrante en los términos en que aparece configurada la lista de personalidades que integrarán el CAMHD, toda vez que entre estas últimas se sugiere la supuesta inclusión de, entre otros, el “director o directora del Museo Nacional de Historia”, “el rector o rectora de la UASD”, un “profesor de historia” y otras personalidades que no ostentan cargos homologables a los de viceministro, presidente o vicepresidente. 

Además entendemos que en este Consejo se repiten representaciones, por ejemplo en las que tienen que ver con la historia, en la que están la Academia Dominicana de la Historia Dominicana, la directora o director del Museo de Historia, un profesor o profesora de historia con más de 10 años de ejercicio docente y con al menos un texto publicado sobre la historia dominicana de la Historia, además de titular  a instituciones que no necesariamente deberían estar en  ese Consejo.    

Aparte de lo anterior, me parece legítimo recordar que una de las razones aducidas por el padre de la autora de este anteproyecto, Lic. Tony Raful, para justificar la creación del Ministerio de Cultura, fue precisamente el carácter incongruente, anacrónico y poco institucional de un organismo como el antiguo “Consejo Presidencial de Cultura”.   

Recordamos además que la senadora Raful manifestó su voluntad de someter un anteproyecto de ley dirigido a eliminar y/o funcionar a más de 20 instituciones del Estado que repetían sus funciones. Y sin embargo la senadora Faride Raful propone la creación de una nueva entidad que a todas luces lo que va es a crear más burocracia estatal y más inversión presupuestaria.  

Además de esta incongruencia, en lo relativo a su supuesta “autonomía administrativa, financiera y técnica”, el artículo 12 del anteproyecto propone que el CAMHD funcionará “adscrito a la Presidencia de la República”, y en el Artículo 26 se postula que, en lo relativo a los Recursos Económicos del futuro CAMHD, el mismo recibiría “partidas presupuestarias que le sean asignadas por el Poder Ejecutivo, previa presentación por la institución del proyecto de presupuesto requerido”. 

Personalmente, entiendo que no deben bastar las “buenas intenciones” para justificar la creación de una nueva entidad que, como el CAMHD, vendría a duplicar o a triplicar funciones de otros organismos ya existentes. En nuestro país ya existen organismos como la Dirección General de Museos, que en la actualidad dirige el antropólogo Carlos Andújar, el Archivo General de la Nación, la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, el Museo de Historia Nacional o incluso el mismo Ministerio de Cultura. 

Con la excepción del Archivo General de la Nación, ninguna de estas instituciones recibe partidas presupuestarias que les permitan operar en las condiciones que requiere la magna función para la cual fueron creadas. En esas circunstancias, proponer la creación de una nueva entidad constituye a todas luces un despropósito.  

En términos prácticos, lo que persigue el anteproyecto de ley en cuestión es sustituir a la Comisión Permanente de Efemerides Patria por una nueva superestructura estatal que pretende administrar la memoria histórica del país. 

Entendemos que la Comisión de Efemérides Patria desde su fundación mediante el Decreto No. 36-97 del 25 de enero de 1997, viene realizando un trabajo eficiente a tono con sus responsabilidades. Por lo que entiendo que más que su eliminación lo que se debe es derogar el decreto que la crea dándole mayor cobertura en su competencia y aumentando su presupuesto, el cual, actualmente, resulta muy limitado para poder cumplir con su misión.  

De todas maneras, como aquí  generalmente el poder vence a la razón, si el  anteproyecto logra ser aprobado, sería legítimo aspirar a que su texto sea sometido a un riguroso trabajo de corrección y/o validación con el fin de evitar las incoherencias más arriba señaladas y otras que no solamente afectan su comprensión, sino que dejan abierta la puerta para que, como ha ocurrido tantas veces en el pasado de nuestra República, el remedio salga más caro que la enfermedad. 

chinobujosa@hotmail.com

JPM

El derecho de acceso a la información pública está íntimamente ligado al derecho a la libertad de expresión. Por ello, muchas veces los encontramos en los mismos artículos en los instrumentos jurídicos internacionales de Derechos Humanos, como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 19) y en la Convención Americana de Derechos Humanos (Art.13), anteriormente citados.

El derecho de acceso a la información pública implica conocer de las actuaciones de los funcionarios públicos, por lo se considera un derecho esencial para lograr el derecho a la transparencia, a la fiscalización social de la administración del patrimonio público y a la prevención y la corrupción administrativa.

Conforme al jurista español Juan José Solozábal Echavarría (Revista Española de Derecho Constitucional, año 11, p.81), en el derecho a la información las actividades garantizadas son múltiples: preparación, elaboración, selección y difusión de la información o noticias.

En la Sentencia TC/0045/13, el Tribunal Constitucional dominicano estableció el siguiente concepto sobre este derecho:

“c) El derecho de acceder a la información pública es una derivación del derecho que tiene todo individuo a la libertad de opinión y de expresión, en la medida de que una persona desinformada no tiene la posibilidad de expresarse con eficacia y libertad; ciertamente, la carencia de información coloca al individuo en la imposibilidad de defender sus derechos fundamentales y de cumplir con los deberes fundamentales consagrados en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los cuales el Estado Dominicano es parte.”

El párrafo del artículo 6, de la Ley 200-04, de Acceso a la Información Pública de la República Dominicana, establece que se debe entender por información a los fines de dicha ley lo siguiente:

“Párrafo. Se considerará como información, a los fines de la presente ley, cualquier tipo de documentación financiera relativa al presupuesto público o proveniente de instituciones financieras del ámbito privado que sirva de base a una decisión de naturaleza administrativa, así como las minutas de reuniones oficiales.”

En la doctrina jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se entiende por información “a la información que el Estado produce o que está obligado a producir; la información que está bajo poder de quienes administran los servicios y los fondos públicos, únicamente respecto de dichos servicios o fondos; la información que el Estado capta, y la que está obligado a recolectar en cumplimiento de sus funciones.”

Ahora bien, el derecho de acceso a la información pública encuentra sus límites, los cuales son establecidos en la propia legislación. Así por ejemplo, en la Ley 200-04, en su artículo 17, se establecen esas limitantes en razón de “intereses públicos preponderantes”.

Dicho artículo establece lo siguiente: “Art. 17. Se establecen con carácter taxativo las siguientes limitaciones y excepciones a la obligación de informar del Estado y de las instituciones indicadas en el artículo 1 de la presente ley:

a) Información vinculada con la defensa o la seguridad del Estado, que hubiera sido clasificada como «reservada» por ley o por decreto del Poder Ejecutivo, o cuando pueda afectar las relaciones internacionales del país.

b) Cuando la entrega extemporánea de la información pueda afectar el éxito de una medida de carácter público.

c) Cuando se trate de información que pudiera afectar el funcionamiento del sistema bancario o financiero.

J) Información sobre la cual no se pueda vulnerar el secreto impuesto por leyes o decisiones judiciales o administrativas en casos particulares.

k) Información cuya divulgación pueda dañar o afectar el derecho a la intimidad de las personas o poner en riesgo su vida o su seguridad”. (Entre otras).

Igualmente, la Ley 200-04, establece límites al derecho de acceso a la información en razón de “intereses privados preponderantes”.  En efecto, su artículo 18 establece las limitantes siguientes:

“ Cuando se trate de datos personales cuya publicidad pudiera significar una invasión a la privacidad personal. No obstante, la Administración podría entregar estos datos e informaciones si en la petitoria el solicitante logra demostrar que esta información es de interés público y que coadyuvará a la dilucidación de una investigación en curso en manos de algún otro órgano de la administración pública.

Cuando el acceso a la información solicitada pueda afectar el derecho a la propiedad intelectual, en especial derechos de autor de un ciudadano.

Cuando se trate de datos personales, los mismos deben entregarse sólo cuando haya constancia expresa, inequívoca, de que el afectado consiente en la entrega de dichos datos o cuando una ley obliga a su publicación”.

Esa limitación a ese derecho ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional en ocasión de un accionante que solicitó a la Dirección de Migración el registro de entrada y salida del país de una pareja de esposos. En su Sentencia TC/0011/12, el máximo intérprete de la Constitución, estableció que dicha solicitud implicaba un uso desproporcionado del derecho a la información, y estableció el criterio siguiente en aplicación de los artículos 2 y 18 de la Ley 200-04 de Acceso a la Información Pública:

 “J. (…), el Tribunal Constitucional estima que la divulgación no consentida de datos contenidos en los registros de la Dirección General de Migración resulta un ejercicio desproporcionado del derecho a la información, que vulnera el núcleo esencial del derecho fundamental a la dignidad, la integridad, la intimidad y el honor de las personas registradas, cuando carezca de incidencia en asuntos de interés colectivo y concierna a personas cuya relevancia pública no haya sido alegada ni tampoco establecida”.

Con respecto a la entrega de la Cédula de Identidad y Electoral, el Tribunal Constitucional estimó que dicho documento no constituye una información de carácter público, aunque sí el nombre y el apellido del funcionario público.  Acerca del documento de identidad y electoral, en la Sentencia TC/0084/13, el TC estableció lo criterio siguiente:

“la cédula de identidad y electoral es de carácter personal y que, además no aporta nada en lo que respecta a la transparencia y al control de la corrupción en la administración pública, aspectos que constituyen los objetivos de la Ley No.200-04, sobre Libre Acceso a información Pública, por lo que las instituciones públicas no están obligadas ni tienen el derecho a divulgar dicho dato”.

Otra limitante reconocida por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional dominicano es cuando la información solicitada está reservada a las autoridades judiciales en momentos en que se está investigando un hecho. Por ejemplo, en ocasión de una solicitud de un listado del personal del Instituto de Aviación Civil (IDAC) que se encontraba en una torre de control aéreo al momento de un hecho que se estaba investigando judicialmente, nuestro órgano supremo de justicia constitucional consignó lo siguiente:

“El Tribunal Constitucional considera que las informaciones solicitadas e indicadas en el párrafo anterior son datos reservados y sensibles que no pueden ponerse a disposición del público, ya que, según lo alegan los propios recurrentes, la nave de referencia sufrió un accidente y la divulgación de los nombres de las personas que participaron en los preparativos de dicho vuelo puede constituirse en un obstáculo para las investigaciones que se estuvieren realizando al respecto. La revelación de informaciones vinculadas a un hecho que está siendo objeto de investigación sólo pueden suministrarse a las autoridades o al tribunal apoderado del caso.”

Y es que a menudo suelen colisionar el derecho de acceso a la información con el derecho a la intimidad, a la privacidad y al honor. Por ello, en la Sentencia TC/0011/12, del 3 de mayo de 2012, el Tribunal Constitucional dominicano cita el criterio fijado por el Tribunal Constitucional español en la Sentencia STC171/90, que estableció sobre la materia lo siguiente:

“Dada su función institucional, cuando se produzca una colisión de la libertad de información con el derecho a la intimidad y al honor (…) será preciso y necesario constatar, con carácter previo, la relevancia pública de la información, ya sea por el carácter público de la persona a la que se refiere o por el hecho en sí en que esa persona se haya visto involucrada, y la veracidad de los hechos y afirmaciones contenidos en esa información (…)”.

En síntesis, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, si bien ha reconocido y tutelado en diversas sentencias el derecho de acceso a la información pública como derecho íntimamente ligado al derecho a la libertad de expresión y al control ciudadano de fiscalización de la buena administración de los fondos públicos,  no es menos cierto que, como hemos visto más arriba, también ha reconocido limitaciones al derecho de acceso a la información cuando estas colisionan con otros derechos en razón de intereses públicos o privados preponderantes. 

erickbarinas@yahoo.es

JPM

POR TEÓFILO LAPPOT ROBLES

El general José María Cabral y Luna  fue un campesino sancristobalense educado en Liverpool, la famosa ciudad marítima del noroeste de Inglaterra.

Tal vez en aquella fría tierra británica adoptó su actitud sosegada y sus largos silencios a veces semejantes a los de un ermitaño.

Participó con papeles protagónicos en las luchas que durante años libró el pueblo dominicano para consolidar su independencia.  Fue uno de los más entusiastas y prominentes fundadores del Partido Azul.

Se le reconoce ser el responsable de elaborar muchas de las tácticas eficaces de las luchas restauradoras que culminaron con el plan estratégico de derrotar a los ocupantes españoles.

En la parábola vital de su existencia hay hermosas páginas de apego a los valores patrios. Fue un sobresaliente combatiente de la sanguinaria dictadura baecista en la guerra de los Seis Años. Ese fue un período nefasto de la historia dominicana, en el cual héroes de antaño se convirtieron en villanos.

En esa época los baecistas o rojos que aterrorizaban pueblos y campos sureños eran motejados como sandolios. A los que combatían el régimen tiránico de Buenaventura Báez, arremolinados en el partido Azul, les apodaban cacoces.

El general Cabral y Luna combatió sin tregua el propósito de Báez y su claque cuando pretendían anexar el país a los Estados Unidos de Norteamérica.

La historiografía dominicana, en gran parte romántica, tradicional y adocenada no se ha atrevido aún a desmitificar, como corresponde, a muchos traidores.

Está comprobado que los historiadores santanistas y baecistas, en su papel de consumados amanuenses, con la clavija de un falso patriotismo y con vuelos de alas cortas en sus enjuiciamientos de los hechos, lo han tergiversado todo.

Los aludidos opinantes de un tramo del pasado dominicano eran, y son los que viven, especialistas en la recurrente táctica de abonar el terreno de su postura ideológica con escupitajos de mentiras para enterrar honras de aquellos que no se prosternaban ante los designios proditorios de Santana y de Báez, para sólo citar dos ejemplos.

En contraposición de esa práctica malsana muchos bribones fueron nimbados con el rugido sonoro de un falso pedestal de proceridad histórica, lo cual es socialmente todavía más negativo que lo anterior.

En el presente otros cultivadores de la mendacidad y de la nostalgia de los caudillos Santana y Báez han continuado esa antinomia lacerante. Por eso son necesarias las rectificaciones y cribaciones históricas, a fin de que cada cual esté en el lugar que merezca por sus hechos.

El general Cabral y Luna fue descrito por el historiador Sócrates Nolasco así: “alto y seco, sobrio y frío, de templanza admirable y de admirable entereza en los padecimientos…Es difícil encontrar otro libertador de América tan paciente para leer injurias contra su reputación sin conmoverse ni contestarlas.”

Al resaltar el perfil patriótico del guerrero Cabral dicho historiador agregó lo siguiente: “La Guerra de los Seis Años no debe ser considerada como una de nuestras contiendas civiles, sino la tercera guerra para sostener la independencia de Santo Domingo…”1

Es importante divulgar que Sócrates Nolasco fue un minucioso esclarecedor de muchas páginas de la historia nacional referentes a batallas, combates, escaramuzas y hechos acontecidos en el Sur dominicano y, además, fue reivindicador del valor y la integridad de personajes que desarrollaron sus actividades de armas en esa zona del país.

Del general José María Cabral dice otro de sus biógrafos (Cassá-Personajes Dominicanos, tomo I) que: “Probablemente en todas las guerras que se sucedieron a lo largo del siglo XIX no se encuentre otro jefe militar que superara el coraje de Cabral…Estaba revestido de un sentido estricto de honradez…Nunca temió quedarse solo defendiendo la libertad de la patria.”2

Siendo la guerra un roce permanente con la muerte (ese efecto terminal de cada ser vivo que algunos describen con patas peludas, pezuñas largas y empuñando en una mano un tridente y en la otra una guadaña) hay que imaginarse el valor infinito y las profundas convicciones de amor a la Patria que adornaban la personalidad de ese gran dominicano que fue José María Cabral y Luna, quien nunca rehuyó decir presente en decenas de combates donde predominaban las granizadas de balas, con su olor a pólvora y el resplandor de un fuego mortal.

Al analizar los aspectos principales de los volúmenes del tratado De la Guerra, del eminente historiador militar Carl von Clausewitz, y comprobar con documentos históricos fidedignos e irrefutables el despliegue de pasión, cálculo e inteligencia que en el fragor de los combates distinguía al general José María Cabral y Luna, hay que convenir que entre ambos estrategas guerreros había una perfecta sintonía de pareceres, a pesar de que no se conocían, y, además, el prusiano murió 13 años antes de que el dominicano brillara en los campos de la guerra liberadora dominicana, tal vez sin conocer la voluminosa obra de aquel.

Cabral siempre impuso su capacidad militar aunque algunos pocos, en clave de mezquindad, han pretendido torcer el curso de sus hazañas como táctico y estratega.

Para el sabio doctrinario militar Carl von Clausewitz la guerra “constituye un acto de fuerza que se lleva a cabo para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad.” Esa reflexión está en plena armonía con el accionar marcial del general Cabral y Luna.

Este guerrero de pies a cabeza se lanzaba de hoz y coz al combate, vibrando sin cesar bajo el fuego de los cañones enemigos. En cada combate actuaba como si el riesgo de morir fuera cero.

Mientras eso hacía este titán de nuestras libertades, sus detractores estaban en confortables zonas capitalinas ejerciendo su cotidianidad como “señores del placer, de chambergos con vistosas plumas, de blancas gorgueras y elegantes ferreruelos…”, para decirlo con las palabras que en febrero de 1918 utilizó, para referirse a otros individuos, el insigne periodista, soldado y escritor vegano de gran valía antillana Lorenzo Despradel Suárez, el gran patriota apodado Muley.

Hay pruebas a borbotones que comprueban que el general Cabral siempre estuvo dispuesto a cumplir su cita en Samaria. Dicho esto para recordar la célebre fábula del siglo IX escenificada en el suroeste asiático y protagonizada por la muerte, un mercader de Bagdad y su criado.

En una proclama hecha el 24 de diciembre de 1860, el general José María Cabral, frente a los aprestos ya visibles de Santana para vender a España la soberanía dominicana, expresó entre muchas y jugosas reflexiones que son material de historia, lo siguiente: “ Dominicanos: Constancia, valor, patriotismo…Señaladme un puesto, un lugar cualquiera y al instante estaré con vosotros. Quiero ser de los primeros en combatir, en triunfar o perecer. Mi sangre es de la Patria….escarmentemos para siempre a los traidores.”3

Generalmente se le apodaba el Protector. Federico Henríquez y Carvajal calificó a Cabral y Luna como el “Cromwell imposible.”4

Cabral fue presidente de la República en dos ocasiones. La primera vez ascendió al solio presidencial el 4 de agosto de 1865, con el título de Protector de la República. La segunda oportunidad fue el 22 de agosto de 1866, sustituyendo entonces al triunvirato integrado por los generales Gregorio Luperón, Pedro Antonio Pimentel y Federico de Jesús García.

En las lides políticas perteneció al Partido Azul, entidad de factura liberal y de corriente nacionalista. Era también el partido de Gregorio Luperón y Ulises Francisco Espaillat, entre otras grandes figuras de la vida pública dominicana.

Fue el mismo Luperón quien en sus notas autobiográficas señaló que: “la mayoría de los hombres que acompañaron a Cabral en su gabinete, y en los demás empleos del Estado, eran honrados y de muy buenas disposiciones. Muy pronto hubo economías en la hacienda y orden en todos los ramos de la cosa pública.”5

Cabral y Luna nunca fue un figurante de la guerra ni usó evasivas para posponer la muerte, como hicieron muchos que aparecen en las páginas de nuestra historia con méritos añadidos y protagonismo inmerecido.

Cuando se verifica la densa hoja de servicios públicos del general Cabral y Luna se comprueba que debajo de su perfil taciturno había un formidable administrador de su torrente de energías interiores. Eso quedó demostrado de manera elocuente, entre otros muchos hechos, cuando al frente de 200 dragones se dirigió a la finca  El Prado, en El Seybo, e hizo preso allí,  y condujo hasta Santo Domingo, al temible general Pedro Santana.

Cabral articulaba meticulosamente sus tácticas bélicas, las cuales transformaba al momento de la acción en el rugido de un trueno incontenible contra sus enemigos, que los había de todos los pelajes: haitianos, españoles y seudos dominicanos, de esos definidos como vendepatria.

Sus críticos han sacado a relucir el intento de arrendamiento de la Bahía de Samaná. La realidad sobre ese tema es que fue un desliz de corto aliento, un bandazo episódico en su segundo mandato, que por cierto fue un ejercicio presidencial sometido al acoso implacable e irracional de los baecistas.

Afortunadamente lo de Samaná no cuajó. Tampoco opacó su figura de alto perfil histórico, a pesar de que algunos historiógrafos y cagatintas filo baecistas y santanistas han desencadenado en su contra los demonios del odio.

Varias veces tuvo Cabral que emprender el camino del exilio, pero siempre pensando en luchar por su país. El 28 de abril de 1866 lanzó desde Curazao una proclama al pueblo dominicano, que lo retrata de cuerpo entero.

En efecto, en esa ocasión Cabral dijo, entre otras cosas, lo siguiente: “…me encontrará, pero al lado de los amigos fieles de la República, en el bando de los buenos servidores de la Patria, y finalmente al lado de los que han combatido y combatirán siempre por la libertad y las garantías sociales que deben ser la base de nuestras instituciones….”

El ponciopilatismo de algunos cronistas y el linchamiento moral que de él hicieron otros no podrán jamás descabalgarlo del pedestal de sus méritos como combatiente por la libertad dominicana ni impedir que el nombre de José María Cabral y Luna quede bien valorado en las páginas de la historia nacional.

A ese extraordinario dominicano: “Le quedaba la satisfacción de haber contribuido al bien de la Patria en lo que le fue posible, sin perseguir riquezas, poder o gloria…”6

La figura del General José María Cabral queda colocada con letras doradas en la historia dominicana al analizar las múltiples batallas libradas contra los invasores haitianos, luego de la proclamación de la Independencia Nacional, el 27 de febrero de 1844; y la epopeya restauradora del pueblo en armas que culminó con la salida estrepitosa del territorio dominicano de las tropas españolas, mediante fuga negociada entre el 10 y el 25 de julio de 1865.

En el  quinto y último gobierno de Báez, de sólo un año y meses (del 26-diciembre-1876 al 2 de marzo de 1878), Cabral participó en la administración pública, conjuntamente  con otros ciudadanos ilustres como José Gabriel García, Mariano Cestero y Emiliano Tejera, cuyo accionar en la vida pública estaba marcado por la buena fe y el respeto a los derechos ciudadanos y la soberanía nacional.

Ellos y otros, creyeron en el mea culpa del hábil político Báez, a quien sus contemporáneos apodaban El Jabao. Éste había proclamado que renegaba de su pasado tenebroso haría un gobierno de bien común, en plena armonía con los principios de la democracia y en consonancia con los mejores postulados del pueblo dominicano.

En el minuto final de su agitada existencia el formidable guerrero que fue el general José María Cabral y Luna bien pudo decir, con merecida satisfacción, lo que aparece en el primer verso de un clásico poema de Francisco de Quevedo: “Cerrar podrá mis ojos la postrera/Sombra que me llevare el blanco día.”

Es oportuno señalar que en la toponimia dominicana existe un municipio que honra la memoria del General José María Cabral. Es el pueblo antes llamado Rincón y ahora Cabral.

En el siglo XIX esa comunidad era un nudo de caminos donde no pocas veces se enfrentaron los patriotas dominicanos, tanto independentistas como restauradores; contra haitianos y españoles.

También hubo allí rudos enfrentamientos entre luchadores por la libertad del pueblo dominicano y los seguidores asalariados de los dictadores y mandones de turno.

La localidad de Cabral es carnavalesca. Sus moradores celebran una comparsa anual, con gran atractivo popular y mucha vistosidad, con participantes de diferentes lugares del país, dando pie a que en ocasiones en las calles y demás lugares públicos del pueblo se arme una verdadera tremolina, como si fuera una versión caribeña del chotis madrileño de Agustín Lara.

Uno de los símbolos del folklor nacional es el famoso grupo denominado Las Cachúas, formado por cabraleños que han afianzado durante más de cien años esta manifestación de la cultura popular. Usan fascinantes vestuarios y una acentuación de la identidad dominicana por medio de una añeja y llamativa tradición carnavalesca.

Bibliografía: 

1- José María Cabral (el guerrero). Obras completas. Ensayos históricos.Pp449-468. Editora Corripio, 1994. Sócrates Nolasco.  

2- Personajes Dominicanos tomo I. Pp373 y siguientes. Editora Alfa y Omega, 2013. Roberto Cassá. 

3- Proclama de Cabral. Reproducida en la Revista Clío No.57-58, año 1945. 

4- Seudónimos Dominicanos. Emilio Rodríguez Demorizi. Editora Taller en 1982. 

5- Notas Autobiográficas y Apuntes Históricos del General Gregorio Luperón.SDB. Editora de Santo Domingo, 1974.Tomo I. Pág. 358. 

6- Ibídem. Roberto Cassá. Pág. 396. 

JPM