Hasta hoy 1ro. de junio del 2021, por encima del “ni un día más” de Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, ya tenemos 289 días en estado de emergencia y en toque de queda, tratando de controlar la epidemia del Covid-19.

Esto a pesar de que algunos médicos, entre ellos el hijo de una de las actuales ministras, y legisladores gobiernistas, dijeron que el SARS-CoV-2 fue un invento del pasado gobierno para mantenerse en el poder.

Fueron más lejos aún y alegremente afirmaron que “no hay virus que aguante el calor de la “tarvia” dominicana en los meses de julio y agosto. ¡cuánta irresponsabilidad!

Con las nuevas regulaciones anunciadas esta semana, el gobierno insiste en darnos pruebas de su incapacidad, algo que no necesitamos pues ya lo sabíamos. Estamos conscientes de eso.

Ya nos acostumbrados a los sube y baja en sus decisiones, a sus decretos y casi inmediata derogación, al punto que no nos extrañaría amanecer un día con la noticia de que cambiaron la hora nacional, pero al revés. Nos lo han hecho en otras ocasiones.

Emulando a la dirigencia del PLD, que, aplicando fielmente su lema, “Servir al partido para servir al pueblo”, ha recesado en su papel de oposición para entregarse en cuerpo y alma a prestar su ayuda a las instituciones de salud, para tratar de controlar este real y mortal virus, nosotros también vamos a dar algunas sugerencias.

Calcular el dinero que la ineptitud de este gobierno ha malgastado en sus fallidos intentos, sin ningún criterio, sin coordinación entre las distintas entidades gubernamentales que tienen que ver con la salud del pueblo dominicano, es poco menos que imposible.

Por lo tanto, es imperativo dejar de inventar y hacer lo que se debió haber hecho desde el principio. Cerrar el país totalmente por 14 días.

Es mucho más barato para el gobierno y para el país en sentido general, proveer a las familias necesitadas con los productos de la canasta básica necesarios para que se mantengan en sus casas por dos semanas, además de exonerar, por ese periodo, en los casos que se pueda, aquellos compromisos económicos fijos del contribuyente y prorratear, a uno o dos años, los que no sean factibles de exoneración.

Solo personal imprescindible, ambulancias, bomberos, Policía Nacional, debería estar en las calles y aquellos ciudadanos que tengan una real emergencia como sería mujeres en proceso de parto, problemas médicos de urgencias, entre otras necesidades perentorias.

Una vez hecho esto, abrir el país paulatina y condicionalmente. Prohibir la entrada a sitios públicos ya sean estos gubernamentales o privados, ni utilizar los servicios de transporte como el Metro de Santo Domingo, el Teleférico ni la OMSA a aquellos que no se hayan vacunado, incluyendo a los empleados.

Exigirles a todos los turistas que nos visitan, pruebas negativas del Covid-19

A grandes males, grandes remedios.

CarlosMcCoyGuzman@gmail.com

JPM

SANTO DOMINGO.- Aunque el Ministerio de Salud Pública ha comenzado a divulgar cifras que apuntan a señalar una disminución de los casos de COVID-19 en la República Dominicana, en círculos médicos se considera que podría estar ocurriendo lo contrario porque es cada vez más alto  el número de personsas que se abstiene de realizarse las pruebas debido a su alto precio.

El costo de cada prueba en laboratorios privados es de hasta RD$4,500, una suma que practicamente ninguna persona de bajo poder adquisitivo puede pagar.

Paralelamente, es cada vez menor la cantidad de centros médicos públicos que la están haciendo gratuitamente.

Las ARS aclaran no fijan precios

Este lunes la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS) afirmó  que los precios de dichas pruebas son establecidos por el Ministerio de Salud  y los laboratorios clínicos que las procesan, y no por las ARS.

“ADARS está sujeta a la resolución No. 00230-2020 donde el Gobierno dispuso medidas específicas, en lo relativo al costo, financiamiento y cobertura de la realización de las pruebas PCR”, expresó José Manuel Vargas, presidente de ADARS.

Deuda de RD$4 mil 841 millones

La situación se ha complicado debido a que, por concepto de cobertura a los pacientes de COVID-19, el Gobierno adeuda a las aseguradoras de riesgos de salud RD$4,841 millones,  según ha confirmado la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril).

Del total, RD$3,801 millones corresponden a deudas por pruebas PCR, las que desde el pasado 16 de abril quedaron limitadas a la realización de una al año bajo cobertura de las aseguradoras privadas, y condicionadas a la realización previa de una prueba de antígeno.

Según el Presidente de ADRS, el monto facturado se corresponde con lo establecido en un acuerdo entre el Ministerio de Salud Pública y los laboratorios privados.

Indicó que los miembros de la entidad  solo han servido de soporte, poniendo al servicio sus infraestructuras tecnológicas y plataformas administrativas para gestión de las pruebas.

Dicha decisión, dijo, fue tomada en consenso entre ambas partes, tanto por el gobierno dominicano como por los laboratorios clínicos, en el entendido que eran las ARSs las entidades idóneas para llevar a cabo un mayor control, contabilización y agilización del servicio dada la alta demanda de realización de los estudios.

«Los costos relativos al proceso de intermediación, han sido asumidos por las ARSs debido a la difícil situación que vive el país”, expresó Vargas.

Medidas urgentes

Profesionales de la medicina opinaron este lunes que es urgente que el Gobierno adopte medidas para volver a hacer pruebas masivas y gratuitas a la población, pues es la mejor forma de descubrir  contagios a tiempo y  frenar el rebrote de la pandemia.

Ministerio reporta menos contagios Covid-19 y tres días sin muertes en RD

Santo Domingo, 31 may .- El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, informó este lunes de la apertura de una investigación sobre la supuesta venta ilegal de sangre, después de que se denunciara la comercialización irregular de este flujo.

«Nosotros vamos a iniciar una investigación con el Hemocentro y la Cruz Roja Dominicana para desarticular a quienes se dedican a esta mafia», afirmó el funcionario, según un comunicado de la institución que encabeza.

Una investigación desarrollada por Diario Libre revela que se está produciendo esta práctica por parte de personal ajeno a instituciones sanitarias y sin los pertinentes controles de seguridad y manejo, publica la edición online del periódico este lunes.

El ministro exhortó a la población a no dejarse estafar «porque la sangre conlleva un proceso y un protocolo para garantizar que la misma sea segura. Tampoco se requiere sangre para tratar la covid-19, en este caso se solicita plasma, pero también bajo estrictas medidas», dijo Rivera.

También explicó que existen protocolos claros para el uso de sangre orientados tanto por la Cruz Roja como por el Hemocentro Nacional, por lo que nadie puede venderlas sin pasar por un régimen de bioseguridad.EFE

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