SANTO DOMINGO.- El diputado de la provincia Santo Domingo por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Henriquez, opinó que la acumulación de basuras en el municipio Santo Domingo Este es solo un síntoma del desorden administrativo que, a su juicio, existe en esa demarcación.
Dijo que la Alcaldía se niega a utilizar un «transfer» ubicado en el sector Cancino con el propósito de agudizar la crisis y desacreditarlo, para en su lugar construir una planta de procesamiento, de espaldas a la Ley de Procesamiento de Residuos Sólidos y en franca violación a normas del medio ambiente.
“En esta gestión el municipio ha retrocedido dos pasos. No existe una planificación de desarrollo en este territorio. Las autoridades municipales deben tomar cartas en el asunto”, expresó el también miembro del Comité Central del PLD.
Entrevistado en el programa Matinal 5, dijo que la Alcaldía ha querido desacreditar dicho transfer que opera desde el 2003 y se utiliza como trampolín para llevar la basura al vertedero Duquesa y además cuenta con autorización del Ministerio de Medio Ambiente.
“No quieren utilizar es transfer porque lo que quieren es hacer una planta de tratamiento de residuos sólidos sin tener la suficiente capacidad de camiones. Hasta eliminaron el contrato de la compañía de basura para agudizar la crisis”, afirmó-
El congresista del PLD dijo que la población del Santo Domingo Este está hastiada por la cantidad de basura y vertederos improvisados , un verdadero peligro para la salud, sobre todo en tiempo de la pandemia Covid-19.
La Primera República, inaugurada formalmente el 14 de noviembre de 1844 con la juramentación de las autoridades dominicanas al amparo de la Constitución que había sido adoptada en la villa de San Cristóbal el día 6 retropróximo, quedó liquidada el 18 de marzo de 1861.
Aquel período histórico había sido convulso y traumático desde el punto de vista institucional: señoreado básicamente por el sector político conservador que encabezaba el cerril general Pedro Santana (al cual se adhirieron muchas figuras notables, como Tomás Bobadilla, Buenaventura Báez y Manuel Jiménez, estos últimos presidentes de la república) fue escenario de acontecimientos que dejarían hondas huellas en la brega del pueblo dominicano en procura de su destino histórico.
La Primera República, en sus casi 17 años de existencia, ciertamente entrañó una reafirmación de la voluntad nacional separatista (nuevas campañas de la guerra domínico-haitiana: 1844-1856), varias incidencias intranquilizantes (renuncia de Santana en agosto de 1848, golpe de Estado santanista de mayo de 1949, ruptura baecista del bloque conservador, etcétera), una insurgencia momentánea del liberalismo (revolución cibaeña de julio de 1857) y varias reformas constitucionales (dos en 1854 y dos en 1858).
La liquidación y el posterior desmantelamiento del orden político republicano, largamente acariciados por un influyente sector de la sociedad dominicana de la época, fueron ejecutados por Santana cuando, sin consultar a sus conciudadanos y prevalido de su poder casi omnímodo, proclamó la anexión a España.
El texto sustantivo que estaba entonces vigente era el del 23 de diciembre de 1854 (una revisión conservadora que Santana habìa patrocinado para anular la reforma liberal de febrero de ese mismo año), y por lo tanto éste quedó reemplazado por las leyes de España y las ordenanzas dictadas por el Gobernador designado.
La proclama anexionista de Santana implicó, como era de esperarse, la supresión formal de la estructura política republicana (para ser sustituida por una en la que nos convertíamos en provincia ultramarina de España) y la erección de aquel como Gobernador (con rango de capitán general), una situación que casi de inmediato fue protestada por dominicanos de sentimientos patrióticos.
En la ciudad de Santo Domingo, el padre Fernando Arturo de Meriño, el general Eusebio Manzueta, el trinitario Matías Ramón Mella y otros prestantes munícipes se manifestaron abiertamente contra la decisión de Santana. En Santiago, el pueblo hizo caso omiso a la invitación que se cursara para el acto de izamiento de la bandera de España en la Fortaleza San Luis. En San Francisco de Macorís, la misma actividad fue boicoteada a tiros.
Más adelante, en Moca, durante la noche del 2 de mayo de 1861, el coronel José Contreras y el ciudadano Cayetano Germosén encabezaron a un grupo de patriotas que asaltó el destacamento militar de la villa y proclamó la restauración del orden republicano, aunque a la postre casi todos resultaron sometidos (sólo unos pocos pudieron escapar a la contraofensiva regular) y fusilados por instrucciones de Santana.
El 1 de junio de ese mismo año de 1861, el general Francisco del Rosario Sánchez, que se encontraba en el exilio desde 1859, encabezó una expedición armada contra la anexión desde la frontera sur con Haití, pero resultó traicionado por una conocida figura militar que en la víspera le había ofrecido apoyo, y tras una emboscada quedó herido y fuera de combate, siendo juzgado y condenado a la pena capital por un tribunal servil de Santana, y fue ejecutado el día 4 de julio en medio del pesar tanto de seguidores como de adversarios.
En el año de 1863 era público que en varios puntos del país se conspiraba contra el régimen anexionista. Santana, disgustado con las autoridades españolas por el incumplimiento de sus promesas de poder y canonjías, había renunciado a la capitanía general en julio del año anterior. Por doquier las autoridades españolas eran objeto de hostilidad y animadversión por parte de los dominicanos.
El 24 de febrero de ese mismo año de 1863, un grupo de jóvenes de Santiago encabezados por el poeta Eugenio Perdomo trató de tomar por asalto la cárcel pública, donde había un regimiento de tropas gubernamentales, pero el objetivo no se logró, y aunque por el momento pudieron evitar ser apresados, más tarde fueron detenidos el cabecilla y varios de sus compañeros, que fueron juzgados por un tribunal español, condenados a la pena de muerte y ejecutados el 17 de abril pese a los múltiples ruegos de clemencia que se hicieron tanto en el Cibao como en la capital.
No obstante, la situación era tan tensa y volátil que el 11 de agosto de 1863 fue declarado el “estado de sitio” en todo el país, y las autoridades españolas, temerosas de no poder controlarla, pidieron tropas de refuerzo a Cuba y Puerto Rico.
El 16 de esos mismos mes y año se produciría el acto de mayor simbolismo para la resistencia interna en términos de voluntad de soberanía y decisión de combate: un puñado de valientes patriotas, bajo el mando del general Santiago Rodríguez, izó la bandera dominicana en el cerro de Capotillo, en la fronteriza comunidad de Dajabón, y proclamó la lucha a muerte contra el ocupante español, con lo cual en muchos sentidos se daría inicio a la Revolución Restauradora.
La guerra contra los españoles, primero escenificada en el Noroeste y en el Cibao, pero luego extendida a todo el territorio de la media isla, sería cruenta e irregular, y tendría una característica hasta el momento inédita en nuestra historia: la gran participación que tuvieron los dominicanos de más bajos estratos sociales, no ya como peones o servidores de señorazgos regionales, sino de manera voluntaria y consciente.
El 14 de septiembre, luego de desalojar de Santiago a los peninsulares, los patriotas formarían un gobierno provisional en esta ciudad que sería encabezado por el general José Antonio Salcedo (Pepillo) y que dirigiría de manera más formal la lucha por el restablecimiento de la soberanía dominicana.
(Ya en esta época descollaba en las hostilidades que se desarrollaban en el Norte un joven oficial que, con el peso del tiempo y debido a su arrojo e inteligencia en el combate, se constituiría en la más viva encarnación del patriotismo criollo y, luego, en el líder del liberalismo nacional durante gran parte de la segunda mitad del siglo XIX: el general Gregorio Luperón).
Salcedo era un hombre valiente hasta la temeridad pero de temperamento volátil, y durante los últimos meses de su gobierno fue acusado de permitir (con su desidia y sus actitudes caprichosas) que se perdiera el impulso inicial de la contienda patriótica, por lo que sería depuesto de la presidencia el 10 de octubre de 1864 y sustituido por el general Gaspar Polanco.
El nuevo gobernante era un duro veterano de las lides independentistas que en su momento había hecho causa común con los liberales del Cibao, y aunque durante su mandato la acción restauradora retomó el impulso victorioso y se adoptaron múltiples medidas de corte progresista, su figura histórica quedó manchada por haber ordenado el fusilamiento del general Salcedo el 5 de noviembre de 1864 bajo la imputación de conspirar para entregar el gobierno a Buenaventura Báez.
La guerra duraría aproximadamente dos años, y desde el punto de vista constitucional alcanzaría su punto cenital el 24 de enero de 1865, cuando fue reestablecida la Carta Magna liberal de febrero de 1858 y designado como presidente de la república en armas el eximio civilista santiaguero Benigno Filomeno de Rojas.
Los españoles, por su parte, hostigados y derrotados por doquier dentro de la media isla, y con una opinión pública en la metrópolis cada vez más hostil a su participación en esa guerra, primero decidirían anular la anexión (decisión de la reina Isabel del 3 de marzo de 1865) y, luego, pactarían la salida ordenada de sus tropas del país, lo que se produciría formalmente entre el 10 y el 25 de julio.
Así terminaría la Revolución Restauradora, se reestablecería la soberanía nacional y, acunada por el heroísmo y cargada de esperanzas, advendría la Segunda República.
Antes de arrancar con nuestro trabajo de esta fecha, reproduzco este párrafo de la obra de don Héctor Pérez Reyes, Mis Dominicanos. Esta parte corresponde al capítulo donde el autor retrata su amistad con don Benjamín Uribe Benzant y su tiempo. Veamos:
“En San Cristóbal vivían mis abuelos paternos. Papá Purrú, quien durante casi toda su vida fue Notario Público de esa comunidad, murió antes de que yo pudiese recordarlo. A mamá Altagracia si la tengo nítida y en detalles, pues en vacaciones pasé semanas con ella en su casa, mujer dura, de más de doce hijos, quien hablaba fuerte y con dulzura y decía la verdad: “Aquí todas las familias tienen un solar en el pueblo y un pedazo en el campo. Ahora le (a Trujillo) están vendiendo los del campo y los del pueblo también. El paga bien, pero esos cheles se acaban. Purrú les hacía siempre sus documentos a todos los campesinos que tenían sus cercas o sembrados, aunque fueran grandes. Hoy eso les sirve para poder vender a Trujillo, porque me dicen que él no mira tierras, sino papeles y bien hechos.”
(HECTOR PEREZ REYES)
A poco tiempo de desaparecer el autoritario gobierno de Rafael Trujillo Molina, empezaron a surgir en los espacios de opinión pública de la Nación, denuncias de familias y personas en particular reclamando al gobierno de la época, el Consejo de Estado, la devolución de inmuebles -casas y terrenos- que los interesados alegaron les fueron indemnizados a precio vil estas propiedades, por parte de miembros de la dictadura recién finalizada.
Resultó sorpresivo que también en el pueblo natal de Trujillo, San Cristóbal, se hicieron sentir estas denuncias por parte de antiguos agricultores y ganaderos o sus relacionados, quienes expusieron haber sido conminados a desocupar sus predios agrícolas para que así el gobernante pudiera conformar sus tres grandes haciendas en los alrededores del poblado de San Cristóbal: Fundación, Borinquen y María; así como también, solares y terrenos en la población para la ampliación o ensanchamiento del casco urbano de nuestra ciudad.
Aquí, y en este momento volvió a fragmentarse gran parte de la sociedad sancristobera; porque los notarios y agrimensores que trabajaron en las mensuras y legalizaciones de las operaciones comerciales inmobiliarias que se llevaron a realización, siempre afirmaron que todo aquello ocurrió en santa paz, de buena fe y que dichos predios fueron debidamente tasados y resarcidos sus dueños a los precios vigentes de la época, en cada caso, y dentro de una atmósfera de caballerosidad y comprensión mutuas.
Mario Read Vittini
La parte contraria, o los que formaron el núcleo de reclamantes, como se autonombraron los querellantes, no quedaron conformes con este planteamiento de los notarios y en todo momento ripostaron, manifestando que habían sido coaccionados, inducidos y presionados para traspasar sus predios, en el tiempo de la dictadura, sin ser razonablemente indemnizados.
Dejemos aquí, por ahora, estas dos opiniones y prosigamos para ver cómo fue desenvolviéndose este inconveniente.
CONSEJO DE ESTADO
A comienzos del año 1962, enero o febrero, y siendo gobernador civil de la Provincia de S.C. el empresario agropecuario señor Pedro Néstor Uribe Albert, don Titín Uribe, suegro del doctor Sócrates Barinas Coiscou, principal dirigente político gobiernista para esta fecha, en nuestro pueblo, recibe en su despacho a una numerosa comisión de agricultores y ganaderos, cercana a seiscientas personas, reclamando ser reconocidos como los legítimos y únicos propietarios de los terrenos y parcelas que componían, en gran parte, las haciendas Fundación, Borinquen y María, que como antes dije, ellos alegaban fueron persuadidos, etc.,etc. ….
Y en esta ocasión, los agricultores entregaron una carta al gobernador Uribe Albert, que previamente fue leída por el señor César Nivar Pérez, en presencia del público presente y los reclamantes. El gobernador, al recibirla, dijo que esperaba de todos los interesados, cordura y un poco de paciencia y que él personalmente llevaría el mensaje a la Presidencia de la República. Dicha carta fue entregada por los señores Manuel y Rafael Aliés Ruíz, Bienvenido, Raúl y Salvador de León Valdéz, Ramón Rivera, César Nivar Pérez, Renato Pereyra Seijas y Manuel Ramón Rivera y Rivera, quién como locutor de profesión, además, hizo de presentador o moderador, rogando con mucha emotividad, calma y esperanza en estos requerimientos a todos los presentes.
Al transcribir un párrafo de esta carta-exposición, en cierto modo exagerada, veremos la desesperación que embargaba a esta gente, que hasta llegaría al extremo de desafiar al gobierno: “Esperamos todos nosotros y la municipalidad entera de S.C., que el señor Gobernador Civil de la Provincia sea intérprete de su sentir ante el Honorable Consejo de Estado que se ha mantenido indiferente ante nuestros reiterados y justos llamados, para que esas tierras nos sean devueltas con la urgencia que debe darse a un reclamo para la supervivencia de un pueblo que durante treintiún años se ha consumido en la más completa miseria…con la advertencia, además, que este pueblo que hasta este momento estuvo en la creencia de que no serían necesarios estos pasos para obtener de nuevo su felicidad y absoluta libertad, está dispuesto a hacerse justicia por sus propios medios para la consecución de estos nobles y humanos ideales”.
Rafael L. Trujillo
Más luego, en marzo de ese mismo año, cuando todos los sancristoberos, por medio de una firme protesta de tres días, impedimos el tránsito de vehículos por el Sur del país, a causa de injustificados abusos que estuvo cometiendo el Consejo de Estado, en contra de San Cristóbal, solo por ser el lugar de nacimiento del Generalísimo, vino a nuestro pueblo el Secretario de Interior y Policía, don Ángel Severo Cabral Ortíz, acompañado por el Procurador General de la República, don Antonio García Vásquez, para dialogar, desde el balcón del Casino de San Cristóbal, con los dirigentes y miembros de la citada asociación agropecuaria, reunidos todos en la avenida Constitución. Pero, como la población estaba en huelga, exaltada y desconfiada, todas las argumentaciones de las que hizo uso este señor fueron no creídas, rebatidas, y hasta burladas por nuestra gente. Este señor, malhumorado por el asedio al que estuvo sometido, sudoroso e irritado, en un momento de ahogo emocional, estalló, cuando irónicamente, nos dijo: Y si ustedes necesitaban tierras, ¿porqué no se las pidieron a Trujillo?.
Amable y paciente lector, el sonoro abucheo que se escuchó ahí todavía retumba en mis oídos. Y naturalmente, la reunión terminó en ese preciso instante, por dicha expresión y no arrojando ningún resultado positivo.
De aquí en adelante, se presentó un largo interregno en el cual las protestas estudiantiles, sindicales y políticas que se sucedían en el país, en su gran mayoría, más la que estamos recordando ahora, entraron en receso, para dar paso a la campaña electoral; la primera como tal que tendríamos. Y esto y aquello, constituyó un deseado respiro para el gobierno provisional que nos regía, el cual quiso dejar como herencia al candidato que sería votado mayoritariamente en las urnas electorales de diciembre, la búsqueda de respuesta a todos o, a gran parte, de los problemas que se les presentaron durante su ejercicio, incluyendo éste de San Cristóbal.
Vinieron las tan esperadas Elecciones y todos conocemos los resultados. El nuevo gobernador de la Provincia, don Luís Elpidio Pérez, recibió varias comisiones de agricultores sin tierra y en todo momento les prometió que tan pronto el gobierno asumiera el proyecto de asentamientos agrarios, los agricultores de esta provincia serian tomados en cuenta inmediatamente, “porque tierra para trabajar es lo que más tenemos, no se desesperen”.
En septiembre de ese año 1963, el gobierno del Presidente Bosch fue reemplazado por medio a una asonada cívico-militar y con ello retornamos a la inestabilidad política que afectó toda la vida y desenvolvimiento ciudadano que experimentamos después de la muerte del Generalísimo.
EL TRIUNVIRATO
En el nuevo gobierno conocido como el Triunvirato, un ilustre y querido hijo de S.C., el doctor Mario Read Vittini, fue nombrado Secretario de Estado de la Presidencia, y éste llevó como gobernador Civil de S.C. al también no menos ilustre y querido don Felipe Parra Pagán, identificados y comprometidos ambos con el reclamo de los agricultores. Entre los dos se creó un laborioso y armonioso equipo para trabajar por la devolución de los terrenos agrícolas a sus antiguos dueños.
El edificio de la Gobernación se convirtió entonces en un hervidero diario de personas, entrando y saliendo, portando documentos relativos a sus propósitos. Vinieron reclamantes de la hacienda María, provenientes de Nigua, Boca Nigua, Playa de Najayo y Cambelén, además.
Hasta que, en el mes de abril de 1964, en un concurrido acto celebrado en el antiguo Estadio deportivo municipal, con la asistencia de las principales autoridades de la nación, fueron retornadas estas tierras a sus originales propietarios.
Las generaciones de sancristoberos actuales y las que vendrán estarán en la obligación de tener presente la ingente labor de estos dos grandes hijos de S.C., quienes sólo aceptaron las posiciones públicas que asumieron, conscientes en todo momento de que podrían buscar la solución a este inconveniente y porque estuvieron únicamente preocupados por el bienestar, progreso y hermandad de sus coterráneos.
Mario y Felipe les restituyeron sus predios agrícolas a todos los reclamantes, como una manera de darle a S.C. más trabajo, paz y armonía, obviando consideraciones de tipo legal o de otra índole, hasta política.
Ambos tuvieron participación activa, además, en otros acontecimientos importantes ocurridos en nuestro pueblo, como fueron la dirección del movimiento o protesta que llevamos a realización para que el Consejo de Estado no degradara a S.C. a la categoría de común o municipio de Peravia (Baní).
Otra participación importante asumida por ellos fue la creación de la zona franca o parque industrial en las instalaciones de la antigua Armería, y, por último, y no menos importante, la actitud de vanguardia que en todo momento mostraron con respecto a la obtención de mayores controles por nuestros ayuntamientos de la extracción minera en nuestras canteras y arenales.
(En recuerdo y agradecimiento a estos dos grandes sancristoberos ya idos: Mario Read Vittini y Felipe Parra Pagán).
Tokio, 20 jul.- Marileidy Paulino devora los metros de las pistas de atletismo como si su vida dependiese de la firmeza de cada pisada y esa ferocidad la presenta como una de las esperanzas olímpicas de República Dominicana.
Cumplidos sus 24 años, Paulino proyecta firmeza en el bloque de arrancada y desprende alegría al cruzar la línea de meta, una actitud irremediablemente bárbara para encontrar grandes resultados y disfrutar cada minuto de su trayectoria deportiva.
A pocos días de su debut en el entorno del olimpismo, la caribeña pavonea su figura entre las favoritas de los 400 metros planos entre damas, aunque ella prefiere ir paso a paso y dejar la velocidad para los momentos adecuados.
Quiero ser finalista, aunque claro que anhelo lograr alguna presea, dijo en exclusiva a Prensa Latina sobre sus designios en los cercanos Juegos de Tokio 2020, cuya inauguración está programada para este viernes 23 de julio.
Desde hace algunos días -relató- vive casi aislada del mundo: atiende poco las redes sociales e intenta sortear de forma inteligente algunas de las muchísimas peticiones de entrevistas.
Busco concentración e intento estar tranquila, además de descansar porque la preparación ha sido fuerte, expuso la nacida en el municipio de Nizao, provincia de Peravia, tierra de deportistas como el expelotero Vladimir Guerrero, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown.
Dueña de una marca personal de 49.99 segundos, Paulino es protagonista de un ascenso meteórico y los reflectores enfocan su estampa en una modalidad repleta de corredoras de buen nivel, entre ellas la bahamesa Shaunae Miller-Uibo y la legendaria estadounidense Allyson Felix.
Sin dudas, el aplazamiento de Tokio 2020 resultó ideal para la quisqueyana, quien al principio «tomé la decisión desde el punto de vista negativo», pero luego entendió que todo sucede por una causa.
Ahora, especificó, pule los últimos detalles junto a su entrenador, el cubano Yaseen Pérez, «para llegar fuerte y en óptimas condiciones a los Juegos» y así responder a la confianza que la República Dominicana depositó en su talento.
Con la incorporación del relevo mixto de 4×400 metros, el atletismo, un gigante en todo evento multidisciplinario, acontecerá en esta capital del 30 de julio al 8 de agosto, en el estadio Olímpico de Japón.
SANTO DOMINGO.- La Superintendencia de Bancos (SB) informó este lunes que comenzó un proceso para identificar a usuarios con cuentas o certificados en entidades en proceso de liquidación o disolución, a fin de devolverles sus ahorros.
En una primera fase busca retornar RD$97.9 millones a ahorristas de 22 entidades que, luego de haber realizado o hecho líquidos sus activos, cuentan con los fondos para honrar la totalidad de sus compromisos.
Algunas de estas sociedades cesaron sus operaciones hace más de 20 años, razón por la cual la SB habilita herramientas para contactar a los beneficiarios.
Para esto realiza la campaña «Dinero busca dueño» y activó una consulta a través de la página web de la Oficina de Servicios y Protección al Usuario (ProUsuario).
Quienes consideren que pertenecen a este grupo de ahorristas pueden acceder a www.prousuario.gob.do y validar su información.
SANTO DOMINGO.- El reconocido cocinero dominicano Leandro Díaz se llevó el galardón del público en el marco de los Premios Nacionales a la Gastronomía Dominicana, entregados en esta Capital y transmitidos por el Canal 4.
El premio fue entregado por Juan Bolivar Troncoso, director de Sabores Dominicanos; Milagros Germán, directora de comunicaciones de la Presidencia;Engelbert Landolfi, asesor artístico de la Presidencia y Gabriella Reginato, destacada chef dominicana.
Esta categoría galardona el trabajo de personas o instituciones que se han destacado por su trayectoria y aportes a la gastronomía y la industria de alimentos y bebidas del país.
Díaz, quien ha tenido un arduo recorrido de más de 25 años con su propuesta dedicada al crecimiento, la evolución y la proyección de la cocina dominicana, se mostró muy emocionado al recibirlo, que dedicó a sus «dos familias» como él mismo les llama a sus hijos y a su equipo de trabajo en «Casa Gastronómica».
El evento fue organizado por la Asociación Nacional de Gastronomía y Hostelería (AGH).
En derecho, como en cualquier actividad humana las connotaciones dependen del prisma desde el cual observamos el fenómeno. Las ciencias jurídicas no escapan a los matices de enfoque dependiendo de la sustentación filosófica a la cual se inscribe el observador.
Las corrientes filosóficas que han abordado los problemas jurídicos, inciden directamente en la solución de los conflictos sometidos a los tribunales. Son muchas las corrientes filosóficas-Escuelas del Derecho-que han tratado de explicar la finalidad del derecho como medio para lograr la convivencia social pacífica.
Las más conocidas e importantes han sido: La escuela naturalista del derecho, la cual justifica la existencia del mismo, sólo cuando su objetivo logra enaltecer los valores superiores de la justicia y la igualdad, tiene una fuerte base de sustentación moral.
De su parte la escuela positivista entiende que los fines del derecho se cumplen con la aplicación de la norma vigente en el ordenamiento jurídico, dado que toda ley tiene un substrato deontológico que justifica el cumplimiento de la misma, tratando de desligar el derecho de elementos morales, a menos que estén contenidos en la disposición legal.
La escuela realista del derecho sostiene que la sustentación del mismo se logra cuando los tribunales resuelven los conflictos en forma justificada. Esta última escuela justifica el derecho en la medida que es útil para los fines sociales que persigue. El derecho es válido en la medida que sea eficaz-validez material-en contraposición de la validez formal del positivismo.
De lo anterior cabe destacar cómo justificaría cada una de estas corrientes filosóficas del derecho la imposición de la prisión preventiva como fines del derecho penal en la etapa de investigación. A saber, la escuela naturalista entendería que la prisión preventiva se justifica sólo si la finalidad que persigue es justa y en consecuencia respalda la moral social vigente.
En ese sentido la discusión desde el punto de vista naturalista será sobre qué valores serían más importantes proteger, sí la dignidad humana y la presunción de inocencia o en su defecto el reclamo social de que sean enjuiciados y sancionados los actos de corrupción que dañan la moral social.
Desde una perspectiva de protección a la moral social quedaría justificada la prisión, sin embargo, desde el punto de vista de la moral jurídica que encierra que solo es posible imponer prisión preventiva cuando no sea posible continuar el proceso con una medida alternativa sería innecesaria la prisión preventiva.
La escuela positivista justificará la prisión preventiva a partir de que cumpla con los requisitos que establece el orden jurídico vigente. En este caso, la existencia de elementos que permitan relacionar al imputado con los hechos, que exista peligro para la investigación, peligro para víctima y los testigos. Reunidos estos elementos procedería aplicar una medida de coerción.
Pero el tribunal deberá analizar para imponer prisión la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la misma. Pero en el ordenamiento jurídico también existe la excepcionalidad de la prisión preventiva, por tanto, desde la escuela positivista habría que determinar si realmente era necesaria la prisión en el caso Medusa.
Por último, para la escuela realista, el derecho es lo que los jueces dicen que es en sus decisiones. Por tanto desde la perspectiva de esta escuela la prisión preventiva es válida siempre que sea justificada correctamente por el juzgador, y por tanto la aplicación de la misma sea eficaz para los fines que persigue la etapa de investigación. A los realistas les importa el derecho vivo, la realidad en su contexto.
Por tanto, desde ese punto de vista en base a la realidad que vive la sociedad dominicana, la prisión preventiva del caso Medusa se justificaría en virtud de que el caso es de alta complejidad, y la medida sería efectiva para cumplir con los fines del derecho en esa etapa del proceso. El poder contra-mayoritario de los jueces, al parecer está del lado de la mayoría.
La segunda mitad del año 2021 encuentra a la región del Caribe, en especial los tres países que integran las dos más grandes islas de las Antillas Mayores, dilucidando acontecimientos que llaman poderosamente la atención de importantes sectores de poder a nivel mundial, incluidos medios de prensa en Europa, Estados Unidos y otras latitudes.
La detonante de la crisis política y económica en Haití, arrastrada desde tiempos remotos, echa ahora un precipicio de horror y de incertidumbre con el asesinato del presidente Jovenel Moise.
El curso de los acontecimientos a partir del magnicidio dejan en duda cuál será el futuro que depara a esa empobrecida nación, donde todo parece estar copado por el desorden y donde las pandillas imponen sus dominios, muy a pesar de los esfuerzos de la autoridad.
En Cuba, las manifestaciones en emblemáticas avenidas de La Habana y otras ciudades en contra del sexagenario régimen comunista ha concitado interés y abierto simpatías de instituciones y públicos en Estados Unidos, Europa y otras regiones del mundo que quieren ver cambios en la isla caribeña.
De la misma manera, los sacudiones que ha dado la justicia en República Dominicana, con preponderancia el Ministerio Público, con los envíos a prisión preventiva de importantes figuras del anterior gobierno, incluidos un ex procurador general, el jefe de la seguridad del anterior presidente de la República, entre otros, ha concitado el interés de sectores de poder politico y hegemónico en otras latitudes.
Haití
Haití, territorio con el que compartimos la isla La Hispaniola o Quisqueya, que hace 217 años se proclamó independiente del dominio francés, pasando a ser la primera república libre y soberana en América Latina, es digno de mejor suerte.
Pero en la parte oeste de la isla la palabra democracia ha pasado a ser algo difícil de concebir, de asimilar, mucho menos de ponerla en práctica. Y en estos días eso está más que entendido.
Cada día que transcurre es como si se enredara aún más buscar una solución a la crisis haitiana. El crimen contra el presidente Moise, y las complicaciones que se dan en los entramados de investigación a nivel policial y de justicia, parece indicar que falta un trecho muy largo para hallar una solución que llene las expectativas más cónsonas con el buen proceder.
Estado fallido al fin, Haití tiene que aceptar que en el proceso de investigación en torno al magnicidio contra Moise participen órganos foráneos para –así se entiende- llevar visos de legalidad a las conclusiones a las que se arribe en torno al caso. Justicia y policía en Haití no cuentan con el aval suficiente para arrojar resultados que sean creibles.
En estos días, la sed de poder ha salido a flote en Puerto Príncipe. Y lo terrible en todo esto es que Haití no cuenta con legitimidad congresual, ni judicial, y el órgano llamado a convocar eleciones para septiembre, con miras a elegir nuevas autoridades, luce empantanado y en ese tenor, los adelantos son mínimos, o nulos.
Los representantes de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) en Haití y un grupo de embajadores extranjeros, que forman el llamado Core Group, instaron Ariel Henry a tratar de formar gobierno. Antes de ser asesinado, Moise designó a Henry primer ministro, pero se dice que nunca salió el decreto como tal, y con un Senado en receso, carece de legimitidad.
En un comunicado, el Core Group pide la formación de un gobierno consensuado e inclusive, para lo cual sugiere a Ariel Henry para que continúe la misión que se le ha encomendado para formar gobierno.
Cuba
En lo que respecta a Cuba, por lo pronto en Washington ha habido reacciones a las protestas en la isla. El Departamento de Estado, a través de la subsecretaria Adjunta para Asuntos del Hemiferio Occidental, Emily Mendrala, dijo esta semana que las políticas de la Administración Biden hacia Cuba “están bajo revisión”.
Explicó que como lo ha dicho el presidente Joe Biden y el secretario de Estado Antony Blinken, la política hacia Cuba estará centrada en “el respeto a los derechos humanos y el apoyo para la democracia”.
Y fue más explícita: reiteró el apoyo de Washington al pueblo cubano, y afirmó que la atención de la Casa Blanca se centra en buscar las vías para impactar directamente en el bienestar “en términos políticos y económicos” de los cubanos.
Refirió que se está “hablando con la sociedad civil en la isla”, y también “con gobiernos socios en todo el mundo”.
Mientras que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, al participar este sábado en un acto de “reafirmación revolucionaria”, dijo que “ninguna mentira se ha levantado por casualidad o por error, todo está fríamente calculado en un manual de guerra no convencional”, y acusó a Estados Unidos de haber fomentado las protestas.
“Lo que está viendo el mundo de Cuba es una mentira», al referirse ae la difusión de lo que dijo son “imágenes falsas” en redes sociales.
República Dominicana
En República Dominicana, recientes casos conocidos por la justicia, que tienen que ver con corrupción administrativa, aún en fase preventiva, han elevado la confianza en este poder del Estado. Pero en particular del Ministerio Público, que ha llevado la voz cantante en cuanto a las acusaciones formuladas contra ex funcionarios del anterior gobierno, como el caso del ex procurador general Jean Alain Rodríguez, preso por 18 meses a cumplir en la cárcel de Najayo.
En los once meses que lleva de ejercicio la actual gestión, se ha visto a al Ministerio Publico actuar de manera abierta en casos de uso indebido de los recursos públicos. Y al respecto, ha habido pronunciamientos favorables a estas acciones en esferas de poder en Estados Unidos.
El gobierno del presidente Luis Abinader, desde sus mismos inicios y aún antes, en plena campaña electoral, enarboló la consigna de lucha contra la corrupción y cero impunidad.
Los operativos Anti-Pulpo, Caracol, Coral y Medusa han llevado a prisión preventiva a ex funcionarios, varios oficiales militares entre ellos un mayor general activo, todos vinculados al gobierno que encabezó el ex presidente Danilo Medina, y que incluyen hermanos y cuñados del ex gobernante.
En varias ocasiones explicamos que la precaria situación económica y social que, a nivel mundial y también en nuestro país estaba generando la pandemia del coronavirus, exigían del gobierno hacer un aumento salarial en el sector público y procediera a convocar al Comité Nacional de Salarios (CNS) para incrementar el salario mínimo en el sector privado que, indirectamente, provocará aumentos en los otros salarios de empleados privados.
Con esos propósitos publicamos dos artículos en este prestigioso periódico (pasados 23 de mayo y 4 de julio), solicitando un real y justo aumento salarial para empleados públicos y privados, incluyendo a jubilados y pensionados. Estas fueron nuestras argumentaciones:
“Durante más de dos décadas la inflación estuvo controlada por debajo del 5 %. Recientemente, el Banco Central de la República (BCRD) afirmó que la inflación anualizada, al pasado mayo, subió a 10.48 %. El precio de la canasta familiar nacional aumentó a RD$38,177.00.”
“Como contraparte a estos crecientes precios están los diferentes salarios mínimos vigentes; en el sector privado tenemos: a) pequeñas empresas RD$10,730.00, b) medianas empresas RD$12,107.00, c) grandes empresas RD$17,610.00 y d) zona franca RD$11,500.00.”
“Mientras que el salario mínimo en el sector público, desde el 2019, es de RD$10,000.00 mensual, exceptuando los salarios mínimos que en la mayoría de los ayuntamientos están por debajo de los RD$8,000.00.”
Sobre este merecido reclamo se había creado un consenso nacional:“El presidente de la República, el gobernador del BCRD, el ministro de Planificación, Economía y Desarrollo, empresarios, profesionales de la economía, líderes de los partidos de oposición y el movimiento sindical, en un espontáneo coro, afirman que: ¡Es justo y necesario hacer YA un aumento salarial!”
En respuesta a esa importante reivindicación, el pasado 14 de julio, el CNS informó la reclasificación oficial de las empresas y el nuevo salario mínimo, efectivo al 16-7-2021.
Ahora bien, mediante un ponderado análisis, el economista Faustino Collado evidencia que ese aumento no llenó las expectativas ni se corresponde con la real necesidad socioeconómica que viene creado la inflación.
Aún falta que el CNS haga los aumentos que corresponden al salario mínimo de los trabajadores de zona franca, turismo, agrícola y vigilantes.
Para ser consecuentes con la realidad socioeconómica del país y las prédicas políticas del gobierno del PRM-Abinader, esperamos que, con efectividad a este mes de julio, también el gobierno realice un aumento de salario general en el sector público, incluyendo a empleados de los ayuntamientos y a jubilados y pensionados.
Con estas justas decisiones se reducirá el negativo impacto de la inflación y al mismo tiempo la economía nacional se dinamizará, a partir de lo cual se hará un significativo aporte a la preservación de la paz social para seguir avanzando hacia la meta de mejorar la calidad de vida del pueblo dominicano.
JAPON.- El equipo nacional de boxeo arribó a Tokio y de inmediato se unió al resto de la delegación de la República Dominicana que ya se encuentra en esa ciudad para participar en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos 2020, pautada para el próximo miércoles 23 de julio.
La comitiva está encabezada por Rodrigo Marte, quien junto a la voleibolista Prisila Rivera tienen el honor de ser abanderados del país en estos juegos. Llegó en vuelo procedente de Khabarosvk, Rusia, donde se encontraba entrenando.
La República Dominicana clasificó siete boxeadores, cifra sin precedentes en esa disciplina para unos Juegos Olímpicos. Además de Marte (52 Kg), subirán al cuadrilátero en Tokio, Alexis de la Cruz (57 Kg), Leonel de los Santos (63 Kg), Rohan Polanco (69 Kg) y Eury Cedeño (75 Kg), así como Miguelina Hernández (51 Kg) y María Moronta (69 Kg). El cuerpo técnico está encabezado por el maestro Armando Hernández, asistido por Carlos Wilson Almonte y Eudis Méndez.
La disciplina de boxeo fue la primera que ganó una medalla olímpica para la República Dominicana, cuando Pedro Julio Nolasco se quedó con la presea de bronce en los juegos celebrados en Los Ángeles, Estados Unidos (1984), en la división de los 54 kilogramos.
En 2008, el púgil Félix Díaz (63.5 kg) conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beejing, China, por lo que el boxeo históricamente ha brindado grandes emociones para los dominicanos.
Rubén García, presidente de la Federación Dominicana de Boxeo y delegado por esa disciplina en Tokio 2020, se mostró orgulloso del equipo que representa el país, en la que están incluidas por primera vez dos mujeres.
“No es posible ofrecer vaticinios sobre lo que puedan lograr nuestros boxeadores, debido a que en Japón competirán los mejores atletas del mundo y cualquier cosa puede ocurrir”. “Lo que podemos señalar es que República Dominicana lleva un buen equipo y está bien entrenado”, precisó.
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