Los regímenes marxistas leninistas fracasaron completamente porque al aplicar las teorías de Marx, Engels y Lenin, violaron todas las libertades, pero sobre todo, la libertad económica, que nos permite prosperar por medio del libre ejercicio de la actividad económica.

Y es que la libertad económica contiene 5 principios fundamentales que son: el derecho de propiedad privada en general y sobre los medios de producción en particular, el estado de derecho, el libre comercio o libre mercado, un gobierno limitado por la constitución y una moneda sólida.

El cumplimiento de esas premisas que encierra la libertad económica, garantiza prosperidad, combate a la corrupción y la pobreza, más y mejores empleos, mejor calidad de vida, mejores entornos de salud, mayor esperanza de vida y estabilidad social, pero al esas premisas fundamentales ser violadas por las dictaduras comunistas los resultados fueron todo lo contrario a los de los gobiernos que sí respetan esos principios que abren el camino del progreso en todos los órdenes.

La humanidad debe tomar en cuenta, para su continua prosperidad, garantizar el cumplimiento de estos 5 principios de la libertad económica:

 (1) El derecho de propiedad: que garantice Normas claras y bien definidas de autoridad que determinen cómo se utiliza un recurso. Estas deben estar libre de la corrupción y en pleno cumplimiento por parte del Estado, para que podamos mejorar o invertir con confianza en nuestra propiedad privada y también en las ideas que producen propiedad intelectual.

(2) Estado de Derecho: que garantice la aplicación concisa, coherente y sistemática de los tres principios fundamentales de la democracia: la supremacía de la ley, igual protección ante la ley y la aplicación imparcial contra las infracciones de la ley, que dan a todos una clara comprensión de las opciones disponibles y nos provee el poder para planificar mejor nuestras opciones.

(3) Libre mercado y apertura comercial: esto permite a las naciones competir en el mercado mundial mediante la producción de bienes y servicios de alta calidad y bajo costo para los consumidores además de ofrecer incentivos para abrir nuevas oportunidades de negocio y crear puestos de trabajo.

(4) Gobierno limitado: El rol del gobierno es defender y proteger la Constitución de sus naciones. Un gobierno sin límites constitucionales se interpone en el camino de la prosperidad al aprobar regulaciones que crean dependencia y ahogan la oportunidad a las personas y a las empresas para prosperar. Un gobierno limitado permite a las personas controlar la intervención del gobierno a través de la representación y el poder de voto.

(5) Moneda Sólida: proteger el valor de nuestras monedas protegerá nuestras inversiones y permitirá la creación de empleos, que afectan directamente nuestras oportunidades de prosperidad.

Si tomamos en cuenta la desastrosa experiencia que han vivido las naciones que padecieron y padecen esas disparatadas políticas aplicadas por el totalitarismo marxista leninista, deberíamos evitar por todos los medios caer en las garras depredadoras, empobrecedoras, destructoras y sangrientas de tales regímenes genocidas. 

JPM

La ignorancia, el populismo y lenguaje de trasnoche izquierdista que conserva vigencia en la conversación  pública, nos han embarcado en un debate  sobre los fondos de pensiones muy alejados de lo que está ocurriendo en las sociedades más desarrolladas en las que dos líneas trazan la pauta de la discusión: 1-Que la inversión desarrollada con fondos de pensiones esté desvinculada de las emisiones de gases de efecto invernadero; 2-Que las inversiones no se destinen a destruir empleos ni sindicalización.

Un ensayo de Jeremy Rifkin titulado “EL GREEN NEW DEAL GLOBAL”, tiene amplia información  al respecto:

“Los fondos de pensiones son una nueva forma de riqueza que ha emergido en los últimos treinta años hasta convertirse en la mayor reserva de capital del mundo. Ahora, su valor supera los 500.000 millones de dólares…Los fondos de pensiones representan el 20-25% del capital de las empresas estadounidenses y el 40% de los bonos. Los fondos de pensiones son la mayor fuente de capital inversor en el sistema capitalista estadounidense…Hoy, unos 200.000 millones de dólares en capital de fondos de pensiones proceden de los ahorros combinados de 19 millones de miembros de sindicatos y de los fondos de empleados públicos de los dieciséis estados que componen el corredor Nordeste-Medio Oeste”.

Nadie está  proponiendo destruir ese ahorro, ni poner a los trabajadores a cargar con el costo de la crisis económica desatada por la pandemia de Covid19, sino que esos fondos sean el gran acelerador de la tercera revolución industrial basada en energía limpia y en una economía de coste marginal cero, que habrá de impulsar la creación de miles de millones de nuevos empleos.

Lo que no quieren los trabajadores estadounidenses ni de otras naciones desarrolladas es seguir afilando cuchillas para sus  gargantas, por lo que Rifkin destaca lo siguiente:

“En otras palabras, los ahorros de millones de trabajadores sindicados en el norte eran utilizados por bancos y la comunidad financiera para invertir en grandes empresas estadounidenses que, a su vez, abandonaban a la fuerza laboral sindicada y se trasladaban a los estados del sur, contrarios a los sindicatos. Millones de dólares en ahorros de trabajadores sindicados se invertían en empresas cuya política explicita era eliminar esos mismos empleos, y nadie parecía haberlo advertido”.

En RD gente que dice querer una pensión digna para los trabajadores, expresan simpatías por el absurdo de empezar a destruir los fondos pensiones, como ocurrió en Chile donde se iría a la cuarta devolución, a diferencia de que los trabajadores chilenos son los aportantes del 100% de sus provisiones de pensión, mientras que en RD, el 7.5% del aporte del salario corresponde a la empresa y un 2% al trabajador.

De RD$707,082 millones acumulados hasta la fecha 15% lo han aportado los trabajadores; 37% las empresas y 48% las utilidades de las inversiones realizadas por la AFP.

Otra cosa que no toma en cuenta la petición es que los fondos  no están en bóvedas escuchando la discusión sino colocados en certificados de deudas del Banco Central, Haciendas y empresas privadas, con las que habría que anular la transacción para buscar la disponibilidad que permita la devolución.

Desde otra atalaya se pide la eliminación de la intermediación de las AFP y las ARS, como si desde primer cuarto del siglo anterior Lenin no hubiese admitido que uno de los mayores absurdos de las políticas económicas que emprendió fue de la creer que podía haber economía sin intermediación empresarial.

JPM

El Diálogo Nacional o Mesa de Diálogo convocado por el presidente Luís Abinader debería tener una trascendencia mayor a la que parece conferir partidos, empresariado, sociedad civil y propio gobierno, porque los temas a debatir estarían íntimamente ligados con la economía, democracia y  gobernanza.

Se ofrece la impresión de que  el liderazgo nacional ha sido convidado a un juego de dominó en el que se  aceptan palabras fuera de tono, o  a una jornada de tiro al blanco,  donde  se vale exhibir armas de alto calibre, aun con proyectiles de salva.

Los comensales parecen ignorar que bregarán con fórmulas  elaboradas a base de nitroglicerina y otras sustancias explosivas o inflamables que deben ser manipulados con extrema precaución para evitar reventar gran parte del entramado democrático y social.

Esos contertulios, con calidades para representar colectividades políticas, empresariales, sindicales, sociales y al propio gobierno, ¿saben acaso lo que significa discutir el alcance de una requerida reforma fiscal o de la modificación del Código de Trabajo?

Predomina la impresión de que  la propuesta de modificar “este mismo año” la Constitución de la República representa el tema más volátil, si llegar a entender que sería la de  fuego de distracción para poder quitar las espoletas a otros  altamente explosivos.

Más que necesario ese diálogo político resulta imprescindible para  garantizar armonía entre estabilidad y crecimiento económico, y entre democracia y gobernanza, por lo que se requiere que las posiciones más avanzadas y justas emerjan desde las alforjas del gobierno.

El presidente Abinader  ha dicho que en cuanto a la reforma fiscal propondrá bajar impuestos y reducir  el monto del gasto tributario, que este año asciende a más de 209 mil millones de pesos, además de proclamar que los ingresos fiscales deben ser aportados por los sectores que generan mayores utilidades.

Para disminuir el peligro de explosión o estallido, el Presidente ha dicho que  no permitiría que  en la  modificación  de la Carta Magna se incluya el tema de la elección presidencial, pero aún no ha ofrecido  una  formula global que garantice ampliación del gasto social y  autentica democratización de la redistribución del ingreso, para lo cual tendría que alinearse contra un tipo de helicobacter neoliberal inserto en el estómago  del gobierno.

De la docena de reformas estructurales o institucionales, la mayoría pueden ser conocidas y aprobadas  sin mayores dificultades, aun en una logia, cooperativa, clubes de Leones o de Rotario, pero otros como Reforma Fiscal, Laboral, Seguridad Social e hidrocarburos son altamente inflamables.

Ese  ejercicio dialogante debería tomarse muy en serio, porque la disyuntiva hoy seria ese escenario de concertación o la Plaza de la Bandera, desde donde la distancia a Colombia solo son dos pasos.

JPM

Apreciada Magistrada:

Reiterándole mi convicción de que nuestro pueblo cuenta con una Procuradora General de la República de su más alta valoración y su plena confianza, y luego de esperar durante 10 meses la reacción de la entidad que usted encabeza sobre la canalización por la vía de la justicia penal del caso relacionado  con el acto de compra y venta fraudulenta de las acciones de BANINTER en ANTENA LATINA Y ANTENA 21, ejecutado a raíz de la declaración en quiebra del Banco Interamericano (Baninter), le solicito encarecidamente la información  correspondiente, por demás merecida, sobre la decisión adoptada al respecto y sobre el actual nivel de la investigación solicitada, si es que esa entidad ha considerado pertinente hacerla.

Quien suscribe esta carta, junto a mis compañeros Raúl Guerrero,  Rafael Feliz y Félix Tejeda (recientemente fallecido), interpusimos el 9 julio del 2013 una demanda de nulidad por la vía de la justicia civil, todavía pendiente del fallo definitivo de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia; proceso iniciado a través de Tercera Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional.

Siete años después, dados los significativos cambios operados en la PGR, decidimos canalizar nuestra denuncia por la vía penal.

 En tal virtud, el 23 de octubre del 2020 -acompañado del compañero Rafael Feliz- le entregué personalmente un voluminoso dossier, que al entender de nuestros abogados, reúne méritos suficientes para abrir la investigación penal (Ver carta adjunta depositada junto a toda la documentación pertinente).

Reconozco que es mucha –y hasta abrumadora- la carga asumida por esa PGR, y poca la ayuda estatal para satisfacer la demanda de esta sociedad saturada de impunidad. Pero entiendo, que en tanto se trata de un caso señero de corrupción empresarial, en el que abundan evidencias y documentación consistente de una determinada modalidad de asociación delictiva estatal-privada, el caso merece ubicarse entre las prioridades de esa alta instancia del Ministerio Público, a todas luces interesada en dar pruebas de que en materia de justicia no debe haber “vacas sagradas”.

Además, nos preocupa que la acción de justicia se vea impedida a corto plazo, dada la prescripción que impone el hecho de que el contrato de compra y venta cumpliría 10 años en agosto del 2022. Urge, pues, apreciada Magistrada Germán, tomar decisión al respecto.

Agradeceremos  la información solicitada, cuanto antes mejor. 

JPM