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Apreciada Magistrada:
Reiterándole mi convicción de que nuestro pueblo cuenta con una Procuradora General de la República de su más alta valoración y su plena confianza, y luego de esperar durante 10 meses la reacción de la entidad que usted encabeza sobre la canalización por la vía de la justicia penal del caso relacionado con el acto de compra y venta fraudulenta de las acciones de BANINTER en ANTENA LATINA Y ANTENA 21, ejecutado a raíz de la declaración en quiebra del Banco Interamericano (Baninter), le solicito encarecidamente la información correspondiente, por demás merecida, sobre la decisión adoptada al respecto y sobre el actual nivel de la investigación solicitada, si es que esa entidad ha considerado pertinente hacerla.
Quien suscribe esta carta, junto a mis compañeros Raúl Guerrero, Rafael Feliz y Félix Tejeda (recientemente fallecido), interpusimos el 9 julio del 2013 una demanda de nulidad por la vía de la justicia civil, todavía pendiente del fallo definitivo de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia; proceso iniciado a través de Tercera Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional.
Siete años después, dados los significativos cambios operados en la PGR, decidimos canalizar nuestra denuncia por la vía penal.
En tal virtud, el 23 de octubre del 2020 -acompañado del compañero Rafael Feliz- le entregué personalmente un voluminoso dossier, que al entender de nuestros abogados, reúne méritos suficientes para abrir la investigación penal (Ver carta adjunta depositada junto a toda la documentación pertinente).
Reconozco que es mucha –y hasta abrumadora- la carga asumida por esa PGR, y poca la ayuda estatal para satisfacer la demanda de esta sociedad saturada de impunidad. Pero entiendo, que en tanto se trata de un caso señero de corrupción empresarial, en el que abundan evidencias y documentación consistente de una determinada modalidad de asociación delictiva estatal-privada, el caso merece ubicarse entre las prioridades de esa alta instancia del Ministerio Público, a todas luces interesada en dar pruebas de que en materia de justicia no debe haber “vacas sagradas”.
Además, nos preocupa que la acción de justicia se vea impedida a corto plazo, dada la prescripción que impone el hecho de que el contrato de compra y venta cumpliría 10 años en agosto del 2022. Urge, pues, apreciada Magistrada Germán, tomar decisión al respecto.
Agradeceremos la información solicitada, cuanto antes mejor.
JPM
