NAGUA, República Dominicana.- El confeso asesino de una pareja cuyos cadáveres fueron encontrados en marzo de este año en una cabaña de aquí reveló haber recibido RD$400 mil para cometer el doble crimen.

Raulín Martínez, quien cumple un año de prisión preventiva en la cárcel de Nagua, también declaró que la muerte de Santos Alcequiez, de 65 años, y su esposa, Miriam Grullón, de 53, fue ordenada y pagada por Nelvin Alcequiez, hijo de la pareja y quien será presentado ante el juez el próximo miércoles.

Los cadáveres de Alcequiez y Grullón fueron encontrados en la cabaña Turística Belidor, próximo a la playa de Los Gringos, en Nagua.

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader declaró de utilidad pública parte del terreno del hotel Hispaniola, ubicado en la Abraham Lincoln entre las avenidas Independencia y la Correa y Cidrón, que será utilizado para construir el Centro de Convenciones de Santo Domingo.

La medida está contenida en un  decreto en  el que el Gobierno declaró de interés social la adquisición, por parte del Estado dominicano, de las porciones de terrenos donde se encuentra ubicado dicho hotel para hacer la construcción prometida por el Mandatario en la Feria Internacional del Turismo en España.

La orden ejecutiva estableció que los 30 solares se compren con fondos provenientes del Ministerio de Turismo (Mitur) y declaró de urgencia que “el Estado dominicano entre en posesión de los indicados inmuebles” “a fin de que pueda iniciarse de inmediato la construcción del Centro de Convenciones de Santo Domingo”.

Santo Domingo, 5 jul.- La República Dominicana presentó este martes Qualitur, primer distintivo de calidad turística en el país, dirigido a hoteleros, turoperadores, bares y restaurantes para lograr una mayor calidad y eficiencia en los servicios que reciben los turistas nacionales y extranjeros.

El ministro de Turismo, David Collado, encabezó el lanzamiento de Qualitur, distintivo que reconoce la mejora continua y fomento de la calidad en los servicios y productos que ofrece este segmento, aportando credibilidad y distinción con mayor grado de satisfacción del cliente.

Una segunda fase del Proyecto Qualitur estará dirigida a guías turísticos, tiendas de regalos, (Gift shop), transporte turístico y museos.

El ministro Collado destacó la importancia del distintivo, que ratifica su “compromiso con la mejora constante y la eficiencia en la industria turística nacional” y que cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desde su Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo (PIDTUCCSD).

La implementación del distintivo impulsará la competitividad y desarrollo del sector turístico y aportará confianza en cuanto a la profesionalidad del personal y mayor seguridad en la elección del establecimiento o servicios.

Los primeros negocios en obtener la validación Qualitur han sido las agencias de viaje Tourenlace del Caribe y Colonilal Tour and Travel, el hotel Gran Plaza e Intercontinental de Santo Domingo.

Los requisitos para obtener el distintivo de calidad turístico Qualitur están recogidos en el enlace qualitur.mitur.gob.do.EFE

SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) rechazó la solicitud de la fundación Primero Justicia para que sea anulada la contratación de una empresa de recolección de desechos sólidos en el municipio de Santo Domingo Este.

El órgano rector dijo haber comprobado que dicha denuncia carece de fundamento.

Explicó que «las verificaciones realizadas en torno al procedimiento de excepción por urgencia para la contratación de una empresa para la recolección de desechos sólidos en la Circunscripción 3 de Santo Domingo Este arrojan que el cabildo realizó la enmienda al pliego de condiciones dentro del plazo previsto para tales fines».

Asimismo, agregó que la enmienda que varió el año de fabricación de los vehículos no se hizo para favorecer a un proveedor en particular, como argumentó el presidente de la fundación Primero Justicia, Miguel Surún Hernández, al depositar la denuncia, sino que dicha modificación pudo favorecer la participación de un mayor número de oferentes.

Indicó que “para solicitar una medida cautelar tendente a suspender efectos de actos administrativos vinculados en materia de compras y contrataciones, debe presentarse en una instancia separada de la acción principal, detallando las razones que fundamenten la suspensión y los motivos que constituyen la peligrosidad de que los efectos de los actos o del procedimiento continúe y por tanto, se demuestre la necesidad de que éstos sean suspendidos, hasta tanto se decida la acción principal”.

En ese sentido, dijo que «la instancia de medida cautelar debe igualmente cumplir con las formalidades señaladas en el artículo 23 de la Ley sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, lo que no ocurrió en este caso».

«Si la fundación tiene un interés simple en el procedimiento de referencia, la vía disponible para ejercer el control social de la actuación de la administración publica en materia de contratación es la solicitud de investigación, como en efecto lo hizo», subrayó la DGCP en un documento enviado a ALMOMENTO.NET.

En ese sentido, explicó que “es un error hacer referencia a que mediante una solicitud de investigación se está impugnando un procedimiento, ya que la denunciante no tiene un interés legítimo, porque no es oferente, pues según la Ley que rige la materia, oferente es aquel que presenta una oferta en un procedimiento de contratación. Tampoco posee vocación de resultar adjudicatario porque carece de la condición de oferente, siendo que las vías recursivas previstas en el artículo 67 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones sólo podrían ser ejercidas por oferentes o participantes dentro de un procedimiento que tienen un interés legítimo pudieran verse lesionado o afectado por la actuación o decisión de una institución contratante, lo cual no ocurre en el caso de la denunciante”.

jt/am

LA VEGA.- El Primer Tribunal Colegiado de esta demarcación condenó a 30, 20 y 10 años de prisión a cuatro hombres que cometían asaltos a mano armada vestidos de policías en la carretera que conduce a Jarabacoa, donde resultó muerto un agente.

Fueron condenados a 30 años de reclusión Rafael Díaz Toribio y Yeuris Cerda, mientras que a 20 años fue sentenciado Alexis de Jesús Díaz y a 10 Rafael Díaz Veloz (padre de Díaz Toribio) implicados en los asaltos y en la muerte del agente Nelly Antonio Olivares Reyes.

Los jueces Lucrecia Rodríguez, Juana Patricia Silverio y Julissa Candelario dictaron el fallo con base en los elementos que sustentaron la acusación del Ministerio Público y ordenaron su cumplimiento en los centros de corrección y rehabilitación Rafey Hombres, en Santiago, y La Isleta de Moca, provincia Espaillat.

En este caso también está involucrado como autor Rafael Rodríguez Aracena, quien fue declarado en rebeldía.

La fiscal titular de La Vega, Aura Luz García Martínez, destacó la fortaleza de expediente y dijo que las pruebas aportadas condujeron a esta condena por los hechos criminales cometidos.

El expediente acusatorio señala que el 15 de agosto de 2013, alrededor de las 8:30 de la mañana, los imputados simularon autoridad policial y usando armas largas y cortas montaron un puesto de chequeo en la referida carretera, con la finalidad de realizar robos a las personas que transitaban por el lugar.

«En el transcurso de las pesquisas, además fue ocupada una maleta que contenía equipos completos de policía, como armas, chaleco antibalas, botas, insignia, gorras de policía del equipo SWAT así como de tres pistolas y una escopeta, dentro de las que se encontraba un arma sustraída a la víctima Olivares Reyes», indicó el Ministerio Público.

an/am

SAN PEDRO DE MACORÍS (República Dominicana). – El Tribunal Colegiado de esta demarcación dictó sentencia de 10 años de prisión en contra de un hombre acusado de agredir con un arma blanca a su expareja en 2020.

Los jueces Juan de la Cruz Rijo Güílamo, Haydeliza Ramírez Henríquez y Bethania del Carmen Conce Polanco declararon a Jarol Rodríguez Rosario culpable del crimen de violencia intrafamiliar agravada, por causar grave daño corporal a la víctima con un arma blanca y amenazarla de muerte.

Durante el juicio, el fiscal Pedro Adael García de Peña aportó pruebas testimoniales, documentales y periciales que demostraron la vinculación de Rodríguez Rosario con el hecho de violencia ocurrido el 19 de diciembre de 2020, mientras se encontraban en la vía pública, en el municipio San José de los Llanos.

Producto de la agresión, la víctima resultó con abrasiones y múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo, que, debido a su alto nivel de gravedad, quedaron en espera de evolución y tratamiento, según estableció en su momento el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Las pruebas además permitieron establecer que, con anterioridad a este hecho, el procesado había maltratado y amenazado de muerte a la mujer.

El fiscal García de Peña explicó que la sentencia condenatoria fue impuesta por la violación de las disposiciones de los artículos 309-2 y 309-3, literales b), c) y e) del Código Penal.

El tribunal ordenó el cumplimiento de la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís.

sp-am