Algo no está bien en la compra sin Contrato de 171 autobuses marca Zhongtong de China a través del Fideicomiso Fimovit y no solo por la denuncia de Juan Hubieres de que los operadores sobrevaluaron los precios sino por el manejo secreto que tiene el Intrant, como ejecutora del proyecto, que se niega a publicar su valor unitario.

También oculta a los empresarios sindicalistas miembros del Fideicomiso. Lo que sí es público es la compra de 94 autobuses que están operando en el Corredor Charles de Gaulle, 47 en la Winston Churchil y 30 en la Nuñez de Caceres, que se usaron recursos públicos y que estos autobuses se entregaron a los choferes.

Este sistema de transporte público de Fideicomiso es creado por el gobierno de Danilo en 2019 a través de una licitación declarada desierta y en el 2020 es asumida por el presidente Abinader, quien ordena usar el 25% del impuesto que se cobra al galón de gasolina y gasoil de la Ley de Hidrocarburo y se entregue a Fimovit.

Según Hacienda, el MOPC transfiere $350 millones al Intrant en diciembre del 2021 y este a su vez al Fimovit para comprar los autobuses. Sin embargo, las guagua estaban compradas desde el 2020 mucho antes de crearse el Fideicomiso. Lo que deja claro que este negocio se manipuló y se pagó para entregarlo a sindicalistas.

El presidente de la CNTU, Perez Figuereo, dijo que estos corredores son propiedad del sector transporte porque Abinader no ha querido asumirlo como estatal sino que ha dejado que los sindicatos formen empresas con el fideicomiso y que los choferes pueda ser dueños y empleados, tengan seguro médico, y disfruten de pensiones.

Fimovit debe aclarar si esa guaguas de la Nuñez, de la Charles y de la Churchil y las que están por unirse son privadas o públicas. El Fideicomitente es el Intrant, la Fiduciaria es Banreservas y el fideicomisario es el operador o sindicalista. Pero la complicidad entre Intrant y sindicalistas puede apropiarse de estos corredores.

Nadie se opone a que se modernice, se agilice y se haga menos contaminantes el transporte colectivo pero debemos transparentar la inversión del gobierno.Tres veces se ha preguntado por los precios de estos autobuses y por el contrato pero el Intrant dice que quienes compraron esas guagua fueron los sindicatos y no hay contrato.

Es increíble que se le entreguen recursos del Estado a operadores privados del transporte para comprar guaguas y ni la DGCP ni Contraloría hayan impugnado estas violaciones de la Ley 340-06. Según el Decreto, este Fideicomiso de Movilidad y Transporte es público e irrevocable, y tendrá una duración de 20 años.

Nos quitan 50 autobuses que dan un buen servicio y a buen precios de estos corredores de la OMSA y compran nuevas guaguas para los operadores, sin tener ningún estudios, sin ninguna ley, sin contratos, sin la opinión de la Dirección de Impuestos Internos, y sin aprobarlo el Congreso y de $15 que cobra la OMSA es aumentado a $35.

La idea es crear más de 16 nuevos corredores en el gran Santo Domingo y sacar más de 10 mil vehiculo chatarras propiedad de los sindicatos sin embargo aún están las guaguas y los vehículos circulando en los mismos corredores y ojalá que cuando se entregue el corredor 27 de febrero y otros sea a cooperativas del transportes.

El presidente de Fenatrano se opone a los corredores de fideicomiso Fimovit por diferentes razones: No se incluyeron a todos los choferes en cooperativas. Solo beneficia a 10 operadores. Los autobuses comprados fueron sobrevaluados. Y los operadores o nuevos dueños lo invitaron a hacerse rico en este negocio y él no aceptó.

Lo bueno de todo esto es que la Omsa seguirá coexistiendo con los nuevos corredores y seguirá fortaleciéndose según el Director. Esperamos que así sea para que siga manteniendo precios accesibles en el transporte público. Más de 200 autobuses marca Volvo se han comprado y entregado a la OMSA 2020 para activar otros corredores.

Debe ordenarse una auditoría a este fideicomiso, investigarse la sobrevaluación y que se hizo y que queda de la inversión de $350 millones. El Estado o el BR como Fiduciaria aporta el capital a Fimovit, el Fideicomitente compra las guaguas pero los operadores o fideicomisarios pese a no aportar nada son los más beneficiados.

JPM

Tal y como sostiene Maurice Duverger, en su reconocida obra Los Partidos Políticos, las alianzas se clasifican fundamentalmente en electorales, parlamentarias y gubernamentales. Las primeras se sitúan en el nivel de los candidatos, las segundas en el nivel de los legisladores y las terceras en el nivel de los ministros.  

La alianza electoral, la única garantizada en nuestro país por la ley, ha sido definida por el Diccionario Electoral del Instituto Interamericano de los Derechos Humanos, como “la unión temporaria de dos o más partidos políticos con el fin de concurrir unidos a la competencia electoral, presentando la misma candidatura en todos o algunos de los niveles de gobierno (federal o nacional, provincial, local) y en todas o algunas de las categorías de cargos a elegir”.  

En ese mismo sentido, la Ley No. 15-19, Orgánica del Régimen Electoral, define la alianza como un “acuerdo entre dos o más partidos para participar conjuntamente en uno o más niveles de elección y en una o más demarcaciones electorales”. Estas alianzas se suscriben con el exclusivo interés de ganar las elecciones, por lo que se someten ante el órgano administrativo electoral antes de la celebración de estas. 

De su lado, en los sistemas parlamentarios, contrarios a lo que ocurre en los presidencialistas, los acuerdos se hacen con posterioridad a las elecciones, con el propósito de ampliar o lograr tener los votos suficientes en el parlamento para formar gobierno.   

Por último, están las alianzas gubernamentales, las cuales no pueden contemplarse en los contratos de alianzas oficiales, que son admitidos o rechazados por la Junta Central Electoral, razón por la que no tienen ninguna garantía de cumplimiento.  

A partir de la entrada en vigor de la Ley 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, las candidaturas que se acuerden en las alianzas entre partidos políticos deben ser deducidas de la reserva del veinte por ciento que corresponde a las cúpulas partidarias.  

Obligados por la anterior disposición legal, antes del inicio oficial de la precampaña, el primer domingo del mes de julio del año que antecede al de las elecciones, los partidos deben comunicarle, detalladamente, al órgano electoral correspondiente, las candidaturas que pretenden reservarse, para dejar claramente establecido cuales son las que serán sometidas a las competencias internas de los partidos. A pesar de esto, la Ley 15-19, Orgánica del Régimen Electoral, dispone que la solicitud de aprobación de fusión, alianza o coalición debe depositarse noventa días antes de las elecciones generales.   

Por lo tanto, las alianzas, al margen de razones estratégicas, se materializarán, por mandato de la ley, el 20 de noviembre del 2023, para las Elecciones Generales Municipales, y el 20 de febrero del mismo año, para las presidenciales y congresuales.  

Sin embargo, se dan casos en los que la cercanía que llegan a desarrollar algunos partidos políticos los lleva, muchas veces, a mantener una alianza constante, a tal extremo que los dirigentes y militantes del partido grande ven como algo normal que los del partido pequeño se sientan y actúen como si fueran parte de ellos.     

Como se ha podido comprobar, las alianzas de los partidos están reguladas por plazos que deben cumplirse estrictamente.

JPM