Por SANTO RAMÍREZ 

San Juan de la ha sido históricamente una provincia productiva, digna y consciente del valor de sus recursos naturales. Sin embargo, en los últimos años se ha querido imponer una narrativa equivocada: la de una supuesta pobreza que justificaría cualquier tipo de intervención, incluso aquellas que comprometen su futuro ambiental y económico.

Entre los años 2010 al 2015 en la República Dominicana se concedieron más de 15 explotaciones mineras en distintas zonas del país. Dentro de ese esquema aparece como la número 16 la concesión de la Loma Romero. Lo preocupante no es solo la cantidad de concesiones sino la ubicación estratégica y delicada de ésta en particular.

La Loma Romero se encuentra al pie de la presa de Sabaneta. Estudios indican que sus afluentes son subterráneos, lo que significa que cualquier intervención minera impactaría directamente el subsuelo hídrico. De producirse una explotación minera en esta zona, se contaminarían las aguas de la presa de Sabaneta, afectando en cadena al río San Juan, que a su vez es afluente del río Yaque del Sur, el cual alimenta la presa de Monte Grande.

Esta última representa una fuente clave de energía hidráulica y abastecimiento para provincias como Barahona, Bahoruco e Independencia, impactando potencialmente a más de 500 mil familias. Es decir, no se trata de un problema local, sino de un riesgo nacional.

Ahora bien, cuando se analiza el impacto económico de esta explotación minera, los números hablan por sí solos. La vida útil del proyecto sería de 10 años: 3 destinados a su construcción y 7 a su explotación. Durante ese período, se generarían aproximadamente 800 empleos.

Contrastemos eso con la realidad actual: la producción agrícola de San Juan genera alrededor de 28 mil empleos directos. Mientras la minería ofrecería una cifra limitada y temporal, la agricultura sostiene de manera continua a miles de familias.

En términos económicos, la mina produciría unos 32 millones anuales para el país. Sin embargo, la producción agrícola de San Juan ya alcanza aproximadamente 1,700 millones de pesos anuales. La diferencia es abismal.

San Juan produce entre el 60% y 70% de la habichuela nacional, el 15% del arroz y una proporción significativa de las semillas del país. Es, sin discusión, el granero del sur y uno de los pilares de la seguridad alimentaria nacional.

Entonces, ¿vale la pena sacrificar este potencial por una explotación de corta duración y alto riesgo ambiental?

La historia reciente da señales claras. En Cotuí, tras la explotación minera de empresas como Rosario Dominicana y posteriormente Barrick Gold, los resultados han sido cuestionados: deterioro ambiental, afectación de ríos y una economía local que no logró sostenerse en el tiempo con la misma fuerza agrícola que tenía anteriormente.

San Juan ha aprendido de esas experiencias. Aquí no se trata de pobreza, sino de conciencia. No se trata de falta de oportunidades, sino de rechazo a modelos que comprometen el futuro a cambio de beneficios efímeros.

El problema real no es la falta de riqueza, sino la falta de apoyo estructural. Los productores agrícolas enfrentan dificultades constantes: falta de financiamiento, ausencia de políticas de compra estatal, pérdidas por sobreproducción y escaso respaldo institucional.

Si el Estado invirtiera con la misma intensidad en la agricultura que se plantea para la minería, San Juan podría multiplicar su impacto económico y consolidarse aún más como eje productivo nacional.

La contribución agrícola de la provincia al Producto Interno Bruto (PIB) es significativa, acercándose a un porcentaje importante si se mide en relación a su extensión territorial y nivel de producción.

El pueblo de San Juan está claro. No se opone al desarrollo; se opone al deterioro. No rechaza el progreso; rechaza el engaño.

Aquí no hay complejo de Guacanagarí.
Aquí hay dignidad.
Aquí hay conciencia.
Aquí hay defensa del agua, de la tierra y del futuro.

San Juan no quiere ser más pobre ni más rico a cualquier precio.
San Juan quiere seguir siendo libre, productivo y sostenible.

sp-am

Por DANIEL SÁNCHEZ

La seguridad ciudadana en la República Dominicana del año 2026 ya no se mide únicamente por el patrullaje en nuestras calles, sino también por la integridad de nuestras vidas en las redes sociales.

Como defensor de los derechos fundamentales, sostengo que la violencia digital no es “virtual”; es real. Sus efectos trascienden la pantalla y se traducen en la destrucción de carreras, aislamiento social y crisis de salud mental.

En un contexto donde los delitos tecnológicos han ido en aumento, no podemos permitir que el anonimato continúe siendo refugio de la impunidad.

Debemos reconocer que nuestro marco legal ha sido superado por la tecnología. La Ley 53-07, concebida para enfrentar delitos electrónicos tradicionales, resulta insuficiente, pues no tipifica con la severidad requerida fenómenos como las falsificaciones generadas mediante inteligencia artificial o la divulgación ilícita de datos personales.

Actualmente, una mujer víctima de la difusión no consentida de contenido íntimo enfrenta un calvario institucional mientras su imagen se replica de forma inmediata y potencialmente irreversible. En este contexto, una justicia tardía en el entorno digital equivale a la negación de la justicia.

Por ello, resulta necesaria una reforma estructural basada en pilares que aborden tanto la dimensión técnica como la social del problema.

En cuanto a la tipificación penal, es imperativo establecer penas de cinco a diez años de prisión para quienes utilicen contenido íntimo con fines de coacción económica o sexual. Asimismo, debe penalizarse la coacción digital por interposición de terceros, sancionando el uso de imágenes de hijos o familiares para extorsionar a la mujer a través de sus vínculos afectivos.

Como medida de auxilio inmediato, propongo la creación de un mecanismo administrativo ágil que faculte al Ministerio Público a ordenar el retiro de contenido lesivo en un plazo máximo de 24 horas. Del mismo modo, es fundamental que las grandes plataformas digitales asuman su corresponsabilidad: si operan en territorio dominicano, deben cumplir con protocolos efectivos de protección a las víctimas, en coordinación con las autoridades nacionales.

De forma articulada, resulta vital la creación de un cuerpo especializado de forenses digitales con enfoque de género, altamente capacitados en técnicas de ciberinvestigación.

El Estado debe asumir la carga investigativa para evitar que la víctima sea quien tenga que perseguir a su agresor, reduciendo así la revictimización y fortaleciendo la confianza institucional.

En el ámbito político-electoral, debemos plantearnos que los órganos competentes incorporen como faltas graves los ataques digitales basados en la vida privada contra mujeres políticas. Esto debe complementarse con la inclusión de contenidos obligatorios sobre alfabetización en ciberseguridad y ética digital en el currículo educativo nacional, como herramienta preventiva de largo plazo.

Siguiendo el ideario de Juan Pablo Duarte, la ley debe ser una garantía efectiva de dignidad.

La violencia digital contra la mujer constituye una amenaza estructural a la convivencia democrática y al ejercicio pleno de los derechos fundamentales. El Congreso Nacional debe asumir la responsabilidad de actualizar el marco normativo con urgencia.