POR VICTOR GARRIDO PERALTA

Síntomas visibles, patología oculta

Tratar exclusivamente el dolor, ignorando la hemorragia interna es una forma elegante y documentada de prolongar la enfermedad hasta el colapso, y esto es exactamente lo que ocurre en República Dominicana con los combustibles.

Hay una pregunta que ningún funcionario ha respondido con honestidad en veinte años:

¿Por qué cuando el precio internacional del petróleo sube un 10%, el dominicano lo siente al día siguiente en la bomba, pero cuando baja ese mismo 10%, el alivio tarda semanas en llegar, llega incompleto, o simplemente no llega?

La respuesta no está en la geopolítica. No está en la volatilidad del crudo. No está en el flete del Caribe.

Está en el diseño.

Durante años he documentado los síntomas del mercado de combustibles: precios que no bajan cuando el crudo cae, opacidad en la fijación semanal, márgenes que no responden a competencia sino a decreto. He sido un clínico del malestar ciudadano.

Hoy elevo el diagnóstico.

República Dominicana no tiene un problema de precios.

Tiene un problema de diseño.

La tesis que nadie quiere pronunciar

El combustible en el país no es energía. Es un tributo.

Se ha convertido en una herramienta estructural de financiamiento del Estado.

No es un caos.

No es ineficiencia.

No es negligencia acumulada.

Es un sistema que funciona exactamente como fue diseñado.

Y esa es la diferencia que lo cambia todo.

Cuando la ley es la patología

Para entender la enfermedad, hay que leer el expediente clínico: el marco jurídico.

La Ley 112-00 establece un impuesto fijo por galón. Es una carga rígida, que no respira, que no se ajusta, que permanece indiferente a si el barril cuesta cuarenta o cien dólares.

La Ley 495-06 le superpone una segunda capa de aproximadamente el 16% ad valorem. Una carga que sí se mueve, pero solo hacia arriba con fuerza real.

El resultado aritmético es una doble imposición estructural:

fija + variable sobre el mismo producto.

No es redundancia legislativa; es arquitectura extractiva.

Cuando el precio internacional sube → el impuesto fijo se mantiene y el porcentual crece. El ciudadano paga dos veces el alza.

Cuando el precio baja → el impuesto fijo actúa como piso que no cede. El alivio llega siempre amputado.

Esta asimetría no es técnica. Es política. Y está codificada en ley.

A esto se suman componentes técnicos —flete, seguro, almacenamiento— y el polémico Gasto de Aplicación de la Ley (GAL), mediante el cual el ciudadano financia la burocracia que lo regula.

Es un circuito cerrado.

La consecuencia es clara:

hasta un 33% del precio final puede ser carga fiscal y administrativa.

No petróleo.

No energía.

Fiscalidad disfrazada de combustible.

El mercado que no existe

Aquí está el segundo pilar del problema:

En República Dominicana no hay mercado de combustibles.

Hay un sistema administrado.

El Estado fija los precios semanalmente.

Los márgenes no compiten: se decretan.

Las empresas no ganan por eficiencia, sino por diseño regulatorio.

Esto genera una distorsión crítica:

Cuando el crudo sube → el aumento se traslada completo

Cuando baja → el alivio se diluye, se retrasa o se absorbe

El ciudadano siente el golpe en tiempo real.

La recuperación, nunca en la misma proporción.

No es mercado.

Es un mecanismo de transferencia.

Aquí no compiten precios.

Se administran.

El incentivo que lo explica todo

Aquí reside el núcleo de la patología y la verdad técnica que choca contra el discurso político.

El Estado dominicano depende del combustible caro. No sufre cuando el combustible sube.

Recauda más.

Los hidrocarburos representan una fuente clave de ingresos fiscales.

Y muchos de esos ingresos crecen debido a la naturaleza indexada de estos impuestos, la recaudación crece   automáticamente cuando el precio internacional sube.

La lógica es implacable:

a mayor precio en la bomba, mayor oxígeno para las arcas públicas. Si el precio colapsa, el Estado enfrenta una inmensa presión fiscal.

Entonces surge la pregunta incómoda:

¿Qué incentivo real tiene el sistema para abaratar el combustible?

La respuesta técnica es: ninguno.

No es pereza. No es mala gestión. Es que el sistema tiene incorporado un incentivo estructural para preservar el precio alto.

Mientras eso no cambie, ninguna promesa de alivio tendrá arquitectura que la sostenga.

La fiscalidad invisible

El ciudadano cree que llena el tanque para moverse.

En realidad, financia simultáneamente:

servicio de la deuda

gasto corriente de un Estado que consume cerca del 87% de su presupuesto en su propio mantenimiento

subsidios cruzados opacos

y la estructura que lo regula

Propongo un concepto para este fenómeno:

Fiscalidad invisible del combustible.

Usted no sabe qué parte de lo que paga es energía y qué parte es Estado.

Y esa opacidad no es un error.

Es funcional.

La distorsión acumulada

En análisis previos documenté el fraude en estaciones:

mangueras descalibradas, combustible adulterado, pérdidas estimadas en RD$4,800 millones anuales.

Ese es el fraude visible.

Pero el problema mayor ocurre antes de llegar a la bomba:

doble imposición que amplifica alzas

impuesto fijo que impide que las bajas se reflejen plenamente

márgenes protegidos por decreto

ausencia de competencia real

Otros países —Chile, Panamá, Guatemala— han corregido estas distorsiones con mecanismos técnicos, competencia o eficiencia logística.

Nosotros no.

Elegimos el diseño más costoso para el ciudadano.

El diagnóstico definitivo

El paciente llega cada semana a consulta cuando se anuncian nuevos precios.

Se le explica el mercado internacional, la geopolítica y la volatilidad.

Son analgésicos discursivos.

No es mercado.
No es logística.
No es coyuntura.

Es diseño.

El diagnóstico es claro:

doble imposición estructural

incentivos fiscales que premian el precio alto

ausencia de competencia

opacidad en el destino de los recursos

dependencia estatal del combustible caro

Estamos ante una hemorragia fiscal crónica, donde el combustible es la vena por la que se extraen recursos del ciudadano.

La prescripción

Esto no se corrige con ajustes.

Se corrige con decisiones.

1. Mecanismo automático de precios sin discrecionalidad política

2. Reforma impositiva: eliminar la doble carga y sustituirla por un tributo único, transparente

3. Liberalización de márgenes para introducir competencia real

4. Transparencia total del destino de cada peso recaudado

5. Separación entre política fiscal y energética

Mientras el combustible sea caja recaudadora, nunca será herramienta de desarrollo.

Conclusión: el verdadero problema

La discusión no es cuánto cuesta el combustible.

Es porque siempre termina costando de más.

No es coyuntura.

No es gestión.

No es el precio internacional.

Es diseño.

Y los problemas de diseño no se corrigen con parches.

Se corrigen rediseñando.

El cierre

Mientras el tanque del ciudadano siga siendo la caja del Estado,

la economía seguirá atrapada en el tráfico de la ineficiencia.

El combustible debe dejar de ser tributo

para ser motor.

Porque hoy, en República Dominicana.

El problema no es que el tanque esté vacío.

Es que lo hemos estado llenando…
para sostener un sistema que no devuelve.

Cuando la indiferencia ciudadana se mezcla con la indiferencia estatal, el resultado es un Estado que se encoge y una sociedad que se aturde en la oscuridad. En ese vacío crecen las turbas, la impunidad y la “ley del más fuerte”. Y lo más peligroso: empezamos a verlo como normal, es decir a validar el vicio.

No hay neutralidad frente al deterioro cívico. Guardar silencio ante el abuso, mirar hacia otro lado ante la injusticia y resignarse ante la violencia no es prudencia, es una forma de tolerancia social a la ilegalidad. La dignidad humana y la convivencia se protegen con denuncia, prevención y un régimen de consecuencias que se cumpla.

La falsa idea de que la norma es opcional

Se está consolidando una idea peligrosa: que las reglas son negociables y que quien intimida o agrede impone su voluntad. Esa cultura de irrespeto a la autoridad legítima se alimenta de una realidad conocida, la ausencia de un régimen de consecuencias consistente. Sin sanciones efectivas, la arbitrariedad se normaliza y la convivencia ciudadana se deteriora.

La inseguridad vial ya no es solo una estadística es un riesgo cotidiano mortal. A la elevada tasa de accidentes se suma un fenómeno especialmente preocupante: las turbas viales. Grupos que, además de infringir la ley abiertamente, reaccionan de manera colectiva y violenta ante incidentes menores: persiguen, saquean, acorralan, destruyen propiedad, agreden y, en el peor de los casos, provocan muertes. Ninguna sociedad puede aceptar eso como parte “normal” del tránsito.

Que nadie se engañe, no son “hechos aislados”. Están escalando peligrosamente. El caso de Santiago de los Caballeros, donde una turba de motoristas atacó y asesinó a un chofer de un camión recolector de desechos sólidos, encendió indignación, sí, pero la indignación sin acción se evapora. Lo peor sería normalizar la idea de que vivimos en tierra de nadie.

Eso tiene nombre: anomia social. El sociólogo y filósofo francés Émile Durkheim lo describió como la falta de regulación normativa que rompe la cohesión y empuja a los individuos a actuar por cuenta propia, desconectados de las reglas compartidas.

De lo vial al terreno: la inacción es ilegalidad

La lógica es la misma, solo cambia el escenario. Si una turba puede imponer su fuerza en la vía pública, ¿por qué no habría de imponerse también sobre un terreno ajeno o sobre un área protegida? Las invasiones sean contra lo estatal o contra la propiedad privada envían el mensaje más devastador posible: la ilegalidad paga.

Estas conductas rompen la norma y los valores compartidos. Generan inseguridad jurídica, conflictos sociales y desconfianza en las instituciones. Y, peor aún, van instalando una cultura donde el atropello se justifica como “necesidad” o como “respuesta”. Pero la violencia nunca construye legitimidad. Hannah Arendt lo advirtió con claridad: “siempre es posible justificar la violencia, pero eso no la hace legítima”.

Ante turbas viales e invasiones de terrenos, la inacción del Estado no es un asunto menor: comunica tolerancia a la ilegalidad. Esa señal debilita la autoridad pública, erosiona la confianza en las instituciones y termina incentivando respuestas por cuenta propia. Cuando el derecho no se hace valer, el desorden se expande y la conflictividad aumenta.

¿Qué debe hacerse?

La respuesta no puede limitarse a comunicados, operativos esporádicos y olvido legal. La ley debe aplicarse con igualdad y firmeza, sin privilegios ni discrecionalidad. Eso implica, como mínimo:

– Respuesta oportuna y coordinación interinstitucional ante agresiones colectivas;

– Investigación, identificación y judicialización efectiva de quienes agreden, destrozan o causan muertes;

– Fortalecimiento del control y la fiscalización del tránsito, con sanciones que se cumplan;

– Educación y concienciación vial, que involucre el desarrollo de una cultura ética de respeto por la vida propia y ajena.

– Desalojo conforme al derecho y sanción a invasores de terrenos y áreas protegidas, con medidas de restauración cuando corresponda. Sin consecuencias verificables, la norma pierde sentido; y con ello, el Estado de derecho se debilita.

Toda omisión de autoridades y de ciudadanos debilita el Estado de derecho y abre paso a la arbitrariedad. No se trata de mano firme por capricho; se trata de defender el derecho básico a circular sin miedo y a vivir sin que una turba decida tu suerte. Cuando el Estado no protege, empuja a la gente a buscar “protección” fuera de la ley. Y ahí empieza el abismo.

Que quede claro: la libertad no es impunidad. La verdadera libertad no consiste en evadir leyes, sino en confiar en un sistema justo donde todos, sin excepción, estén sujetos a las mismas reglas. El “dejar hacer, dejar pasar” frente a la violación de la ley es una invitación a la violencia. No seamos indiferentes ante las turbas viales ni ante las invasiones de terrenos y áreas protegidas. Exijamos consecuencias, con serenidad y firmeza.

Finalmente, en resumen, si el país acepta que una turba controle la vía pública o que la ilegalidad se adueñe de terrenos y áreas protegidas, entonces renuncia, en la práctica, a la autoridad de la ley. La indiferencia ciudadana o institucional no es neutral: crea espacio para el abuso y encarece la paz social. El Estado tiene el deber de prevenir, intervenir y sancionar; y la ciudadanía, el deber de exigir y respaldarlo por las vías legales. La convivencia no se sostiene con resignación, sino con normas claras y consecuencias reales.

angelgomera@gmail.com

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Por Melvinson Almánzar

En la República Dominicana el debate sobre la minería no puede seguir sustentándose en promesas. Debe medirse con datos. Y cuando se colocan sobre la mesa las cifras de San Juan de la Maguana y Cotuí, la narrativa del “desarrollo minero” comienza a resquebrajarse.

Cotuí alberga la mina de oro de Pueblo Viejo, operada por Barrick Gold, considerada la más grande de América Latina y una de las 13 más grandes del mundo. Los números, en apariencia, resultan contundentes y seductores. La mina de Pueblo Viejo, ubicada en Cotuí, ha llegado a representar cerca del 2% del Producto Interno Bruto nacional, una cifra que por sí sola la coloca como un actor económico de peso en la República Dominicana.

A esto se suma que, entre 2013 y 2020, la operación minera generó más de 2,600 millones de dólares en impuestos para el Estado, consolidándose como una de las principales fuentes de ingresos fiscales del país en ese período. En el plano comercial, el impacto también ha sido significativo: el oro extraído en Cotuí llegó a representar hasta un 31% de todas las exportaciones dominicanas, posicionando al país como un jugador relevante en el mercado internacional de este mineral.

En términos de empleo, la mina mantiene alrededor de 2,350 trabajadores directos, además de unos 2,500 contratistas, lo que evidencia su capacidad de dinamizar, al menos parcialmente, el mercado laboral en la zona. A esto se suma una inversión inicial que superó los US$4,000 millones, una de las mayores en la historia del país.

La otra cara de los datos es incómoda

Pero la otra cara de los datos es incómoda y, con frecuencia, queda fuera del discurso oficial. Diversas denuncias documentadas apuntan a la contaminación de ríos como el Maguaca y el Margajita, en las inmediaciones de Cotuí, con presencia de metales pesados y sustancias como el cianuro, utilizadas en los procesos de extracción.

A esto se suma el impacto humano. Al menos 65 familias han sido desplazadas de sus comunidades, mientras entre 400 y 600 más continúan reclamando reubicación, en medio de un proceso que muchos consideran incompleto o injusto.

En el día a día, los efectos también se sienten en la economía local: comunidades reportan pérdida de tierras agrícolas, aparición de enfermedades cutáneas y afectaciones al ganado, lo que golpea directamente los medios de subsistencia de cientos de familias. Es decir, mientras miles de millones de dólares ingresan al país por concepto de minería, los costos sociales y ambientales terminan concentrándose, casi en su totalidad, en Cotuí.

San Juan: economía agrícola en cifras reales

A diferencia de Cotuí, San Juan de la Maguana no vive del oro, sino del agua y la tierra. San Juan es uno de los principales polos agrícolas del país, responsable de una parte significativa de la producción nacional de: Habichuelas, Arroz y Maíz.

Este modelo, aunque menos espectacular en cifras macroeconómicas, tiene una característica clave: distribuye riqueza de forma más directa entre miles de familias productoras. El proyecto minero Romero, impulsado por GoldQuest, plantea transformar esa estructura económica.

Pero el riesgo es cuantificable: La minería metálica requiere grandes volúmenes de agua, el mismo recurso que sostiene la agricultura del valle. La experiencia de Cotuí demuestra que la actividad minera puede provocar pérdida de productividad agrícola en zonas cercanas. San Juan no solo produce alimentos; también abastece mercados nacionales. Sustituir esa base productiva por minería implicaría un cambio estructural profundo… y potencialmente irreversible.}

El contraste: empleo, riqueza y realidad

Cuando se colocan frente a frente las realidades de Cotuí y San Juan de la Maguana, los números dejan de ser fríos y comienzan a contar una historia que incomoda: la de una paradoja evidente.

En términos de aporte económico, Cotuí exhibe cifras llamativas. La minería llega a representar cerca del 2% del Producto Interno Bruto nacional, un peso significativo dentro de la economía dominicana. San Juan, en cambio, no aparece con ese protagonismo en las estadísticas macroeconómicas, pero sostiene un rol silencioso y esencial: es clave en la producción de alimentos que abastecen al país.

El empleo también refleja dos modelos distintos. En Cotuí, la actividad minera genera alrededor de 2,350 empleos directos, concentrados en una estructura empresarial definida. Mientras tanto, en San Juan, la agricultura sostiene a miles de productores y familias, dispersando el trabajo a lo largo de toda la provincia.

Si se observa el comercio exterior, la diferencia es aún más marcada. El oro de Cotuí ha llegado a representar hasta un 31% de las exportaciones nacionales, convirtiéndose en un pilar de ingreso de divisas. San Juan, por su parte, no exporta en grandes volúmenes, pero produce para el consumo interno, garantizando la seguridad alimentaria de la nación.

El impacto ambiental traza una línea más delicada. En Cotuí, la minería ha estado asociada a altos niveles de intervención ambiental, incluyendo denuncias de contaminación y desplazamientos de comunidades. En San Juan, la actividad agrícola depende directamente de la disponibilidad de agua limpia, lo que mantiene, en términos relativos, un menor nivel de impacto ecológico.

Finalmente, la distribución de la riqueza evidencia una de las diferencias más profundas. En Cotuí, los beneficios económicos tienden a concentrarse en pocos actores, mientras que en San Juan la riqueza, aunque más modesta, se reparte entre una base social mucho más amplia. La minería genera grandes cifras, pero concentra beneficios. La agricultura genera menos ingresos globales, pero los distribuye socialmente.

¿Riqueza para quién?

Los datos de Cotuí desmontan uno de los principales argumentos del discurso pro-minero: la promesa de desarrollo local. En el papel, todo parece indicar lo contrario. La zona ha sido escenario de miles de millones de dólares en exportaciones, aportes fiscales considerados históricos y una de las mayores concentraciones de inversión extranjera en el país.

Sin embargo, cuando se baja del plano macroeconómico a la realidad cotidiana de las comunidades, el panorama cambia drásticamente. A pesar de esa bonanza en cifras, muchas de las poblaciones cercanas a la actividad minera continúan enfrentando serios problemas de acceso a agua limpia, conflictos por la tenencia y uso de la tierra, y condiciones persistentes de vulnerabilidad social.

Esta contradicción entre riqueza generada y bienestar limitado no es casual. Responde a un fenómeno ampliamente estudiado en economía, conocido como la “maldición de los recursos”, donde territorios con abundantes riquezas naturales terminan mostrando bajos niveles de desarrollo humano en sus comunidades.

El caso de Cotuí no es un fracaso económico: es un éxito macroeconómico con fracaso territorial. San Juan aún está a tiempo de decidir si quiere: Un modelo agrícola que sostiene a miles de familias.

Un modelo extractivo que genera riqueza concentrada y riesgos ambientales comprobados

La verdadera estadística no está en los millones exportados, sino en la calidad de vida de la gente. Porque al final, la gran pregunta sigue sin respuesta convincente:

¿Puede llamarse riqueza a un modelo que deja atrás a su propia gente?

jpm-am

En la actual coyuntura internacional —marcada por tensiones entre Estados Unidos y Irán, el alza del petróleo y la amenaza inflacionaria— los gobiernos están obligados a tomar decisiones que no solo sean efectivas, sino creíbles. En el caso de la República Dominicana, la respuesta oficial ha estado menos orientada a la transformación estructural del gasto y más enfocada en la administración del discurso público.

El recorte del 50%: símbolo potente, impacto limitado

El anuncio de reducir en un 50% el financiamiento estatal a los partidos políticos representa, en términos comunicacionales, una jugada de alto impacto. Se trata de una medida fácilmente vendible: apela al sentimiento ciudadano contra la clase política y proyecta una imagen de sacrificio compartido.

Sin embargo, desde una perspectiva estratégica y fiscal, la medida plantea varias interrogantes:

Impacto económico marginal: El ahorro generado por esta reducción es limitado en comparación con el volumen total del gasto público. No constituye, por sí solo, una política de austeridad sincera e integral.

Selectividad del sacrificio: El ajuste recae sobre los partidos —incluyendo a la oposición—, pero no aborda con igual rigor las áreas del gasto gubernamental que han sido objeto de críticas constantes.

Dificultad de verificación inmediata: A diferencia de recortes en partidas presupuestarias claramente auditables, el efecto real de esta medida puede diluirse en la ejecución presupuestaria.

En otras palabras, el recorte funciona más como un gesto simbólico de austeridad que como una reforma estructural del gasto publico, y sacrificio real por parte del gobirno.

El elefante en la sala: el gasto público y la narrativa del despilfarro

Desde su llegada al poder, el Gobierno ha enfrentado cuestionamientos persistentes sobre el manejo del gasto público: expansión de la nómina, la publicidad Estatal, aumento del gasto corriente , uso discrecional de recursos y una percepción creciente de ineficiencia.

Más allá de las cifras —que pueden ser objeto de interpretación técnica— existe un problema político más profundo: la pérdida de credibilidad en la capacidad gerencial del Gobierno para administrar con disciplina fiscal.

Frente a ese desgaste, el oficialismo ha optado por una estrategia conocida: no confrontar directamente la crítica estructural, sino desplazar el foco del debate hacia medidas de alto impacto mediático pero bajo costo político interno.

La “cantinflada” política: anuncios sin trazabilidad

En este contexto, emerge un patrón que puede describirse como una “cantinflada” política: una serie de anuncios que, aunque llamativos, carecen de mecanismos claros de implementación, seguimiento y verificación.

Este tipo de comunicación cumple varias funciones:

Genera titulares inmediatos.

Desorienta el análisis público.

Fragmenta el debate en múltiples temas secundarios.

Reduce la presión sobre los puntos estructurales (como el gasto público).

El problema no es solo la ambigüedad de las medidas, sino su utilidad como herramienta de gestión de la percepción, más que de resolución de problemas.

La oposición: de fiscalizadora a reactiva

El elemento más revelador de esta estrategia es la reacción de la oposición. En lugar de mantener el foco en la crisis económica, el costo de vida y la ausencia de un plan integral de austeridad por parte del gobierno, ha terminado centrando su discurso en la reducción del financiamiento a los partidos.

Este desplazamiento tiene consecuencias estratégicas graves para la oposicion:

Pierde el control del encuadre narrativo (framing).

Refuerza la agenda del Gobierno, al debatir en los términos que este impone.

Se desconecta de las preocupaciones ciudadanas reales, que giran en torno a inflación, empleo y servicios.

En términos políticos, el Gobierno ha logrado triangular a la oposición: la obliga a hablar de un tema que le conviene al oficialismo, mientras elude el escrutinio sobre los problemas estructurales.

El verdadero debate: voluntad y plan de austeridad

El punto central que queda fuera del debate público es el más importante: la ausencia de un plan integral, verificable y creíble de austeridad gubernamental.

Una política seria en este contexto requeriría:

Revisión profunda del gasto corriente.

Reducción de partidas no esenciales.

Transparencia en la ejecución presupuestaria.

Mecanismos de rendición de cuentas medibles.

Nada de esto se sustituye con un recorte simbólico a los partidos políticos.

Recomendación estratégica para la oposición

Si la oposición aspira a recuperar iniciativa, debe corregir rápidamente su enfoque:

Reencuadrar el debate: volver al eje central —costo de vida, inflación, gasto público—.

Despersonalizar la crítica: no defender el financiamiento partidario, sino cuestionar la selectividad del ajuste.

Exigir métricas verificables: obligar al Gobierno a traducir sus anuncios en datos concretos.

Construir una narrativa de responsabilidad fiscal creíble: no basta con criticar; hay que ofrecer alternativa.

Conclusión: el poder de definir la conversación

En política, quien define el tema, define el terreno de la batalla. El Gobierno ha demostrado habilidad para mover la conversación hacia espacios que le resultan favorables, incluso en medio de una crisis potencialmente adversa.

La oposición, al reaccionar sin estrategia, ha contribuido —quizás sin quererlo— a ese desplazamiento.

El resultado es un debate público que gira en torno a símbolos, mientras los problemas estructurales permanecen intactos.

Y en tiempos de crisis, esa desconexión entre discurso y realidad suele tener un costo que, tarde o temprano, termina pagando la ciudadanía.

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POR ANA LUCIA DE LA ROSA

La provincia de San Cristóbal se encuentra en consternación permanente por las sucesivas tragedias de tránsito que se producen en su territorio.

En las últimas semanas esta situación se ha recrudecido porque no ha habido una política de prevención de parte de las autoridades nacionales.

En la Autopista 6 de Noviembre predomina el terror entre conductores, peatones y residentes, ya que se ha convertido esta importante vía en un corredor de la muerte.

El pasado martes 21 de abril, próximo a la entrada de Hatillo, dos conductores irresponsables de camiones a alta velocidad protagonizaron una imprudencia que terminó en fatalidades. En esta ocasión, uno de los vehículos perdió el control, se desvió bruscamente hacia la orilla de la calle y arrolló a cuatro personas inocentes.

El saldo involucró a una madre con siete meses de embarazo, un niño de cuatro años, y un señor que se ganaba la vida vendiendo café en el lugar.

Horas después, ya a la altura de La Circunvalación, una patana invadió la vía contraria y segó la vida de un joven que se dirigía a su trabajo.

Estos no son hechos aislados. Son el resultado de una impunidad crónica, de la falta de control efectivo y de la ausencia de un régimen de consecuencias reales por parte de las autoridades competentes.

Desde la Secretaría de Seguridad Vial de la Fuerza del Pueblo hacemos un llamado enérgico y urgente a las autoridades del INTRANT y la DIGESETT para que implementen de inmediato un régimen estricto de sanciones que incluya multas elevadas, suspensión de licencias, confiscación de vehículos y responsabilidades penales para quienes conducen bajo los efectos del alcohol y drogas, a exceso de velocidad o de manera temeraria.

Medidas necesarias

Refuercen la presencia policial y los operativos de control en la 6 de Noviembre y en todas las vías de alto riesgo de la provincia.

Exigimos mantenimiento mecánico obligatorio a camiones y patanas, y castiguen con severidad las carreras clandestinas y las invasiones de carril.

Diseñen un plan integral de seguridad vial que incluya señalización adecuada, iluminación, aceras seguras y educación vial continua.

Nuestro pueblo ya no aguanta más dolor. Cada siniestro vial destroza hogares enteros, deja viudas, huérfanos y familias destrozadas.

La impunidad no puede seguir siendo la norma en República Dominicana.

Es hora de pasar de las declaraciones a las acciones concretas y firmes.

La provincia de San Cristóbal merece vías seguras, autoridades responsables y un Estado que priorice la vida de sus ciudadanos por encima de cualquier interés particular.

Exigimos justicia inmediata para las víctimas y medidas preventivas reales para que estos hechos no sigan repitiéndose.

jpm-am