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POR ANA LUCIA DE LA ROSA
La provincia de San Cristóbal se encuentra en consternación permanente por las sucesivas tragedias de tránsito que se producen en su territorio.
En las últimas semanas esta situación se ha recrudecido porque no ha habido una política de prevención de parte de las autoridades nacionales.
En la Autopista 6 de Noviembre predomina el terror entre conductores, peatones y residentes, ya que se ha convertido esta importante vía en un corredor de la muerte.
El pasado martes 21 de abril, próximo a la entrada de Hatillo, dos conductores irresponsables de camiones a alta velocidad protagonizaron una imprudencia que terminó en fatalidades. En esta ocasión, uno de los vehículos perdió el control, se desvió bruscamente hacia la orilla de la calle y arrolló a cuatro personas inocentes.
El saldo involucró a una madre con siete meses de embarazo, un niño de cuatro años, y un señor que se ganaba la vida vendiendo café en el lugar.
Horas después, ya a la altura de La Circunvalación, una patana invadió la vía contraria y segó la vida de un joven que se dirigía a su trabajo.
Estos no son hechos aislados. Son el resultado de una impunidad crónica, de la falta de control efectivo y de la ausencia de un régimen de consecuencias reales por parte de las autoridades competentes.
Desde la Secretaría de Seguridad Vial de la Fuerza del Pueblo hacemos un llamado enérgico y urgente a las autoridades del INTRANT y la DIGESETT para que implementen de inmediato un régimen estricto de sanciones que incluya multas elevadas, suspensión de licencias, confiscación de vehículos y responsabilidades penales para quienes conducen bajo los efectos del alcohol y drogas, a exceso de velocidad o de manera temeraria.
Medidas necesarias
Refuercen la presencia policial y los operativos de control en la 6 de Noviembre y en todas las vías de alto riesgo de la provincia.
Exigimos mantenimiento mecánico obligatorio a camiones y patanas, y castiguen con severidad las carreras clandestinas y las invasiones de carril.
Diseñen un plan integral de seguridad vial que incluya señalización adecuada, iluminación, aceras seguras y educación vial continua.
Nuestro pueblo ya no aguanta más dolor. Cada siniestro vial destroza hogares enteros, deja viudas, huérfanos y familias destrozadas.
La impunidad no puede seguir siendo la norma en República Dominicana.
Es hora de pasar de las declaraciones a las acciones concretas y firmes.
La provincia de San Cristóbal merece vías seguras, autoridades responsables y un Estado que priorice la vida de sus ciudadanos por encima de cualquier interés particular.
Exigimos justicia inmediata para las víctimas y medidas preventivas reales para que estos hechos no sigan repitiéndose.
jpm-am