SANTO DOMINGO.- Unas cincuenta organizaciones sociales y plataformas de la República Dominicana convocaron epara el próximo 6 de noviembre, Día de la Constitución, una «jornada por los derechos fundamentales».

Llamaron a la población a salir a la calle para defender las prerrogativas que recoge la Carta Magna, las cuales -a su juicio- están  en peligro.

En un manifiesto, las asociaciones firmantes convocan vigilias, concentraciones, cadenas humanas, marchas, asambleas, campamentos, celebraciones religiosas y otras acciones en todo el país para expresar su descontento ante «el deplorable estado en que se encuentran los derechos humanos, económicos, sociales y ambientales en la República Dominicana».

«Nos movilizaremos a favor de la dignidad humana proclamada por la Constitución, contra las desigualdades, la violencia, la corrupción e impunidad, las exclusiones y discriminaciones que padecemos las mayorías, para el provecho de pequeños grupos privilegiados insaciables. Juntas y juntos demandaremos a una sola voz en todos rincones de la patria: Que se respeten los derechos constitucionales de la población a una salud y seguridad social dignas, sin ARS-AFP», añade el texto.

Los firmantes instan a defender el «derecho a una soberanía alimentaria, a una educación de calidad, viviendas dignas y cero desalojos, el derecho al trabajo, a salarios, pensiones y condiciones laborales decentes para nuestros profesionales y trabajadores/as, el derecho a la libre asociación y sindicalización», así como a que las mujeres puedan vivir sin violencia, a la igualdad de oportunidades para todos y al cuidado del medioambiente, entre otras demandas.

De esta forma, pretenden salvaguardar «colectivamente las prerrogativas constitucionales crecientemente violentadas por el gobierno y los grandes grupos empresariales privados que detentan y se aprovechan del poder», unos derechos que «no son un regalo, han sido conseguidos por la lucha de varias generaciones de dominicanos y dominicanas que en muchos casos han ofrendado sus vidas para que estas conquistas sean formalmente reconocidas».

Entre los firmantes se encuentran movimientos ecologistas, estudiantiles y a favor de las mujeres y los discapacitados, junto a organizaciones de defensa de los derechos humanos, asociaciones sindicales y agrarias y colectivos profesionales como la Asociación Dominicana de Profesores, el Colegio Médico Dominicano o el Colegio de Abogados de la República Dominicana.

ELIAS PIÑA, República Dominicana.- Fue encontrada descuartizada la joven de 17 años Snaider Dadú Poché (Yeilin), quien había sido reportada como desaparecida hace un mes.

El cadáver fue enterrado en unos matorrales de la comunidad El Pino, en el municipio El Comendador, de esta provincia fronteriza, por el haitiano Juan Félix Ubriz (Caputo).

Caputo estaba detenido y fue trasladado desde Santo Domingo a El Comendador, donde condujo a las autoridades hasta el lugar donde supuestamente sepultó los restos.

El presunto homicida era vecino y comía y tomaba café en la casa de los padres de la víctima, que lo consideraban de confianza.

Los restos fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

SOSPECHOSO DE LA MUERTE DE OTRA MENOR

Hace dos años desapareció otra joven identificada como Geder Rosario, de 18 años, y cuyos restos también fueron encontrados en unos matorrales de Elías Piña.

Caputo era el principal sospechoso de ese hecho y huyó hacia Haití, donde fue apresado y entregado a la Policía de República Dominicana, donde días más tarde fue liberado por alegada insuficiencia de pruebas.

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La iglesia bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, de la Zona Universitaria, un inmueble valorado en RD$12 millones que figura en el expediente de la red de corrupción Coral, continuará en el mismo y no será devuelta a su propietario, dispuso este miércoles la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de Instrucción.

La magistrada rechazó la solicitud de devolución de los abogados del pastor de la iglesia, cuyo nombre se han reservado, y a quien se vincula al lavado de activos a través de esa propiedad.

Esta acusación tiene como cabecilla al mayor general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) durante los gobiernos de Danilo Medina.

AUDIENCIA

La defensa sostiene que no se le puede aplicar la ley de lavado porque el inmueble se adquirió antes de esa norma promulgarse.

El abogado José Ernesto Pérez Morales, en representación de la iglesia, sostuvo que con la incautación se viola el derecho a la libertad de culto y congregación y el principio de  irretroactividad de la ley.

Dijo que el local, ubicado en la calle Jonas Salk, en la Ciudad Universitaria, se adquirió en el 2017 por RD$12 millones, 9 de ellos mediante un préstamo.

Esa iglesia aparece en el expediente Coral junto a la del Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve; el Templo Shalom Tierra de Paz y la Fundación Campesina Madre Tierra.

Supuestamente fueron utilizadas por el mayor general Adán Cáceres y la pastora Rossy Guzmán para lavar el dinero que distraían del Estado, más de RD$4 mil 500 millones, según la acusación.

El propio Cáceres Silvestre y la gerente bancaria Esmeralda Ortega solicitaron que se ordene a la Superintendencia de Bancos la entrega de informes financieros para ellos utilizarlos como pruebas a su favor en el caso de supuesta corrupción.

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