Con la abstención dominicana, equivalente a un cambio radical en la política exterior del país, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en su última sesión del 2022, una resolución de condena a Israel que lo acusa de ocupar una tierra que no le pertenece. La decisión pide la intervención de la Corte Internacional de Justicia para hacer cumplir la resolución.

No es la primera ni será la última iniciativa del mundo islámico para desalojar a los judíos de su tierra, de la que ya habían sido extrañados por dos milenios, tras la destrucción del Segundo Templo, a inicios de la Era cristiana.

La iniciativa palestina fue aprobada por 87 votos a favor, 26 en contra y 53 abstenciones. Occidente se dividió nuevamente en la discusión del tema y el mundo islámico votó con unanimidad, incluidas las naciones árabes que mantienen relaciones formales con Israel.

La abstención dominicana equivale en la práctica a una condena a Israel por cuanto, generalmente, había coincidido en el tema con el voto de las democracias occidentales. Un voto, a mi juicio, de deslealtad diplomática hacia una nación amiga con la que mantiene vínculos muy estrechos desde el restablecimiento de la nación judía en 1948.

Para que se tenga una idea de la gravedad del caso, supongamos que mañana por iniciativa haitiana, la ONU aprobara que los dominicanos somos ocupantes de nuestra propia nación. La abstención en el caso es tan grave como la vez, en el 2012 en que el país votó a favor de una resolución de Unesco que niega todo vínculo judío en Tierra Santa, a pesar de que los árabes llegaron allí en el siglo VI de nuestra era, siglos después de que lo hicieran los hebreos.

No hay ninguna explicación lógica, ni razones diplomáticas que justifiquen este voto incomprensible del Gobierno nacional contra una nación con la que mantiene cálidas y hasta ahora armoniosas y solidarias relaciones.

jpm/am

La acepción justicia corresponde a un principio general de derechos, deberes y obligaciones sostenido en el respeto a la verdad y a la igualdad ante la ley, sin que obre ninguna  forma de privilegio o discriminación, como puede ser la pena anticipada o la denegación a ser presentado  ante un juez.

El sistema de justicia gira alrededor de la figura del juez, único e indivisible, auxiliado por  el Ministerio Publico, Policía en rol judicial,  abogados y  todas las personas físicas y jurídicas que sean requeridas para esos fines.

La indignación ciudadana ante la convivencia de poderes públicos con la prevaricación o cohecho, sacude a América Latina como huracán de categoría mayor, ante el cual el sistema de justicia debe mantenerse incólume.

Lo revelado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, de que más de 16 mil personas se encuentran privadas de libertad sin haber tenido un juicio ni dictado condena, constituye ominosa señal de que  República Dominicana aún carece de un servicio judicial garantista de derechos.

Tal y como refiere Molina, “la prisión preventiva como medida de coerción tiene como objetivo asegurar la integridad de las pruebas y que el imputado no evada el proceso”, sin que se convierta en velada forma de imposición de pena anticipada.

En el ordenamiento penal, los plazos son en principio de cumplimiento relativo,  toda vez que el Ministerio Publico o la barra de la defensa pueden  en los casos que correspondan solicitar al juez su ampliación basada en motivaciones de derecho.

Esas dispensas se convierten en s fatales o improrrogables, al término de los cuales  el juez  actuante esta compelido a  cambiar la privación de libertad por otras medidas cautelares enunciadas en el Código Procesal Penal, sin que afecte la continuidad del proceso.

Es comprensible que el Ministerio Publico advierta al Juez que tal o cual imputado en condición de prisión domiciliaria, o libertad bajo  fianza  intentaría  degradar  el fardo de pruebas incoado en su contra, pero el derecho procesal está por encima de esa preocupación que debe ser subsanada por  los medios  que provee la ley.

La justicia, de conformidad con la constitución, la doctrina, jurisprudencia y los códigos, parte del principio de igualdad procesal, por lo que  fiscales ni imputados  poseen patentes de corso para  violar normativas o derechos, ni aun el juez, sin importar sin importar que el justiciable  sea la persona más despreciable del planeta.

La ciudadanía aspira a que todo imputado, sobre quien se demuestre en audiencia que ha incurrido en crimen o delito, reciba la pena o sentencia condigna, sin importar su condición  social, política o económica, pero siempre en observancia y garantía de sus derechos.

JPM

La carrera criminal de Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, marcó su techo el 17 de octubre del año 2019, cuando las autoridades mexicanas lo apresaron en su natal Culiacán, y se vieron obligadas a dejarlo ir para evitar que corriera un río de sangre en el que la población civil iba a cargar la peor parte.

La oposición criticó ácidamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque la decisión dejaba entrever que el monstruo bíblico más poderoso: el Leviatán, lo representaba el crimen de narcotráfico, y no la autoridad del Estado, que es la que entiende Thomas Hobbes que debe prevalecer como garante del contrato social.

Hábil, despiadado, temerario y corajudo para su oficio, pero escaso de racionalidad, el vástago de Joaquín Guzmán Loera, no alcanzó a ver que todo había acabado, que el mal menor consistía en pactar su entrega, condicionándola a la no extradición a los Estados Unidos, donde le aguarda un futuro similar al de su padre, pero por el contrario entendió que el hecho demostraba que con él nadie podía.

¿Y por qué razonar así? ¿era el apodado ratón más poderoso que Pablo Escobar Gaviria o que el Chapo Guzmán, o una caricatura de ellos?

El poder envilece, y el que tenía Ovidio para mandar a masacrar, dejando a un gobierno democrático a expensas de esas consecuencias, lo hicieron percibirse como intocable, cuando, en verdad, nadie lo es.

Nayib Bukele, discípulo de Recep Tayyip Erdogan, el autócrata expresidente turco, ha extremado en sus métodos, pero está tan claro como lo estuvo Benito Mussolini, de que en un país no puede tener dos gobiernos, el de las organizaciones criminales y el del Estado

López Obrador también termina aleccionado porque su prédica consistía en reducir la criminalidad entendiéndose con ella. Con programas para invitar a los narcotraficantes a deponer la violencia, ofreciéndoles caminos para la reinserción social, iba a resolver la problemática, pero casi al final de su administración se ha percatado, que no hay de otra: en México o gobierna el crimen o lo hace el Estado.

Esta vez la captura de Ovidio ha producido otro maremoto con decenas de muertos, pero México como quiera los tiene a diario, y la única forma de pararlo es reduciendo a su mínima expresión a las organizaciones criminales. Si estuviera en los zapatos del otro hermano de Ovidio, pactara mi entrega.

Con el Chapo Guzmán condenado a cadena perpetua, Estados Unidos NO va a tolerar que el cartel que el formó y llevó a su máximo nivel, se renueve y siga operando bajo la conducción de sus hijos, porque así la drástica sanción punitiva que ha recibido el padre no estaría aportando ninguna enseñanza.

Que se formaran otros carteles y que la droga seguirá fluyendo hacia el mercado de los Estados Unidos, de eso no hay ninguna duda, como tampoco de que la violencia en México no va a atenuar de la noche a la mañana, pero indiscutiblemente al demostrar que todo reinado criminal es efímero, se avanza en la pacificación de nuestras sociedades.

El que quiera ver el espejo de lo que pasa cuando un país se abandona a la merced de las bandas criminales, solo tiene que mirar hacia Haití, que a la condición del más pobre de la región le agrega la condición del más caótico, sumido en una crisis humanitaria de la que no tiene posibilidad de levantarse sin la fortaleza de la autoridad estatal.

JPM

POR FELIX BOLIVAR AMEZQUITA TAVERAS 

Los inmensos recursos naturales que tiene América Latina en el subsuelo la hacen una de las regiones más rica del planeta, sin embargo, esa riqueza natural que exhibe la región no se corresponde con el nivel de vida de una parte importante de su población. 

La pobreza es uno de los flagelos que golpea de manera severa y no parece tener solución en el corto y mediano plazo. Van y vienen gobiernos de distintas ideologías, de izquierda y de derecha y la región sigue igual, no avanza de manera significativa. Seguimos siendo una región pobre con mucha inequidad social a pesar de tener tanta riqueza.  

En términos relativos, no se puede negar que hemos avanzado en los últimos tiempos. Hay mejoras en las condiciones de vida de la población, se tiene acceso a servicios básicos en mejores condiciones y de mejor calidad, pero todavía la brecha sigue siendo importante y solo hay que esperar la próxima crisis económica para que los avances queden anulados.

 Esas mejorías relativas no se pueden atribuir directamente al conjunto de políticas públicas aplicadas por los diferentes gobiernos, sino en mayor medida a los altos precios que tuvieron las materias primas (commodities) en el mercado internacional en cada ciclo, el último entre los años 2003- 2014.  

América Latina sigue siendo un exportador neto de materias primas y esa es una de sus grandes tragedias. Los países no se desarrollan vendiendo commodities, solo se logran periodos cíclicos de bonanzas pasajeras hasta la próxima crisis.  Para lograr niveles importantes de desarrollo se requiere transformar esas materias primas añadiendo valor agregado. Se necesita investigación y desarrollo, educación de calidad, instituciones académicas competentes, en fin, un conjunto de políticas públicas tendientes a sacar la región del letargo en que se encuentra.  

Región estancada  

Según un estudio publicado por el Banco de Desarrollo de América Latina, antigua Corporación Andina de Fomento (CAF), para 1970 América Latina y el Caribe representaba el 7.3% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y el 5.5 % del comercio. Cincuenta años después, en el 2020, la región representa el 7.4% del PIB y el 5.6% del comercio mundial. La productividad laboral de la región era del 25% en 1970 y en 2017 paso a ser un 27.8% con relación a la economía de los Estados Unidos. Si hacemos la misma comparación con Corea del Sur, vemos que su productividad laboral paso de un 8.5% al 67.2% en el mismo periodo.  

En lo que se refiere al registro de nuevas patentes o inventos novedosos, la región sigue en deuda, pues en el año 2020, América Latina y el caribe solicitó el registro de 56,000 patentes en su conjunto. Esto representa el 1.7% del total de las solicitudes a nivel mundial. Corea del Sur solicitó el registro de 180,477 patentes y China solicitó el registro de 1,344,817 en ese mismo año. Hago la comparación con China y Corea del Sur porque en la década de los años 60 estos dos países eran más pobres de la mayoría de los países de nuestra región.  

La región vive un círculo vicioso del que ha costado mucho salir. Los gobiernos vienen y se van en una apuesta de cual implementa más medidas populistas y quien reparte más dinero a los pobres entre comillas. A los latinoamericanos nos encantan los políticos populistas, los que ven las próximas elecciones en vez de las próximas generaciones, los que prometen el cielo en las campañas y tienen la solución mágica e inmediata a todos los problemas, los que regalan dinero y materiales de construcción. Esos son los buenos para nuestros pueblos y hemos tenido que pagar un alto precio. Es como si nos hubiésemos detenido en el tiempo.  

¡Qué hacer ? 

No creo tener una bola de cristal ni ser en absoluto dueño de la verdad, pero la experiencia nos remite a los países que han dejado atrás el subdesarrollo. Esos países que apostaron por una educación de calidad en todos los niveles. Una educación con una nueva filosofía de no solo formar individuos para que sean empleados, sino para que sean emprendedores, desarrolladores y creadores de cosas útiles a la vida moderna. Corea del Sur, China o Singapur por tan solo mencionar esos tres transformaron sus sistemas educativos para tener una educación de calidad y están cosechando los frutos.  

Esa transformación de la educación vino acompañada de una mayor inversión en investigación y desarrollo porque la economía del siglo XXI está basada en el conocimiento, no en exportación de commodities. Debemos fortalecer las instituciones del Estado para ofrecer mayor certeza y transparencia en nuestros procesos. Apostar a una verdadera integración regional, que no sea solo de discursos y normativas inútiles como hasta ahora. El intercambio comercial intrarregional apenas alcanza el 15%, frente al 63% que tiene Europa y el 42% de Asia.  

América Latina no conoció la Revolución Industrial y puede que sea una las causas de nuestra pobreza, pero ahora estamos en plena Revolución Digital de la cual no podemos quedar al margen si queremos avanzar. De ahí la importancia de transformar la educación porque la región está en deuda. No hemos podido superar la prueba PISA de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

Se hace imprescindible cualificar el liderazgo político que nos gobierna desde el presidente de la República hasta el último regidor, representante de una sala capitular de un pequeño municipio apartado en la geografía del continente. No es posible tener líderes desconectados de la situación internacional cuando el mundo sigue siendo una aldea global.