POR RUDYARD MONTAS BAZIL

Si Señor Presidente, el mismo lugar donde se tendrán los actos centrales con motivo del Día de la Constitución, llamado Monumento a los Constituyentes, único en el país dedicado a esos 33 Constituyentes que se reunieron en San Cristóbal para dotar a la naciente República de su Carta Magna, representados en igual cantidad de estalagmitas de hormigón que van en ascenso, significando la férrea y firme decisión de esos hombres y su compromiso con la Nación. Ese mismo Señor Presidente, aún no nos ha sido saldado después de 17 años de inaugurado en el 2006.

Este Monumento, la obra urbana más importante y significativa erigida en San Cristóbal después del ajusticiamiento del dictador Trujillo, construido precisamente donde estaba aquella afrenta de la gran escultura de éste a caballo, que se yergue para representación e identidad de San Cristóbal, tiene desde esa fecha pendiente de saldo RD$10 millones, con sentencias judiciales a su favor, con supervisiones del mismo Ayuntamiento, de Obras Públicas, del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, con informes de la Contraloria General de la República, con certificaciones de deudas y solicitudes del Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal al Poder Ejecutivo en las dos gestiones del Alcalde José Montás y en ambas ocasiones remitidas al Ministerio de Hacienda.

Debemos acotar que este Monumento que construimos levantado en la Plaza 6 de Noviembre, diseñado por el Arquitecto Manuel Álvarez Bazil, con asesorías del reconocido Arquitecto Eugenio Pérez Montás más la Academia Dominicana de la Historia, constituye el iceberg del gran concepto urbanístico presentado al Ayuntamiento denominado Rescate Urbano del Río Nigua donde se pondría en valor ese importante río.

Se suma la erección de la Torre Empresarial en los terrenos aledaños de la antigua piscina del Hotel, cuyo inicio se espera pues dará un repunte sin precedentes al desarrollo económico y turístico del Municipio y la Provincia. Todo eso aporta a la avenida Libertad que acoge lo precedente, un peso urbano de primer nivel.

No deseo dar lástima como muchos constructores que han fallecido a la espera de saldo de deudas por construcciones públicas diferentes, pero se que la edad hace menguar las fuerzas, aumentando las necesidades, por lo que tengo la esperanza de que realmente su Gobierno complete la disposición de que se salde la referida deuda, solicitud del Alcalde Municipal a Usted del 1 de febrero de 2021 y que el 7 de abril de 2022 el Ministerio de Hacienda pidió remisión del expediente al Alcalde Municipal, reposando este allí desde el 8 de agosto del presente año.

Ese mismo Monumento a los Constituyentes que es la identidad de los sancristobalenses Señor Presidente!.

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Por CARLOS SALCEDO

Para que la población conozca sus propuestas, la propaganda política de los candidatos a cargos electivos son necesarias y obligatorias. De qué manera deben los candidatos llegar a la población, es la cuestión.

Deben hacer propuestas concretas y desarrollar un plan estratégico de publicidad para informar a los votantes de sus proyectos, metas y acciones.

La percepción global del electorado y su intención de voto hacia un candidato específico será determinada por la campaña política y las necesidades particulares de cada individuo.

Tradicionalmente, los proyectos políticos en nuestro país se promocionan contaminando visual y auditivamente. Vallas y pancartas nublan nuestras miradas y sonoros equipos musicales afectan nuestros oídos y quitan la tranquilidad de la gente, pero siguen siendo la expresión de nuestro primitivismo publicitario electoral.

Las calles, avenidas, parques, carreteras, postes, árboles, paredes, elevados, pasos peatonales, puentes, barandillas, carros y autobuses de transporte terrestre (que tapan hasta los vidrios traseros y laterales e impiden la correcta visibilidad del conductor) no se salvan del exceso y del embadurnamiento político. Esto dice mucho de la capacidad de producir caos de muchos políticos y de alcaldes y autoridades del orden público que, a diferencia de muy pocos, hacen muy poco para limpiar y poner el orden frente a tantos desaguisados.

Son comunes las campañas adelantadas y prematuras. Los elementos publicitarios deben utilizarse de manera eficiente y creativa, no en detrimento de los espacios públicos ni privados que forman parte de la belleza del entorno en el que nos movemos y que permiten transitar con mayor seguridad, ante la ausencia de agentes de distracción como lo constituye la cantidad exagerada de propaganda política.

La población debe ser convencida por propuestas creíbles y auténticas, que persuadan por su contenido, no por quién gana la carrera en la colocación de mayores vallas de publicidad y la del afeamiento y afectación de lo que es propiedad común.

El irrespeto a las leyes municipales y a los plazos marcados por la ley para el inicio de las actividades proselitistas y la instalación desmedida de utensilios de propaganda en todo el país, de manera desorganizada, reflejan el tipo de comportamiento político, inadecuado, por demás, de los candidatos y sus equipos de campaña.

Las campañas son instrumentos democráticos esenciales para nuestro sistema político. No son fiestas y juergas desenfrenadas para hacer daño visual y auditivo ni para aumentar la cantidad de distractores de los conductores, con los consecuentes accidentes de tránsito que tantas muertes producen. La propaganda política debe ser una oportunidad para demostrar la madurez política.

jpm-am

Ha sido notorio el hecho de que el actual presidente de la República, Lic. Luis Abinader Corona, pretende sustentar su gestión de gobierno en la firma de “Pactos Nacionales” con los diversos sectores que componen la sociedad, a los fines de procurar solución a problemas que nos han venido aquejando por décadas y que se han acrecentado en los últimos años. 

Así vemos cómo recientemente se acaba de firmar el Pacto de Nación por la Crisis Haitiana. Pero ya se habían firmado anteriormente otros pactos relacionados con el sector eléctrico, el agua, la reforma del Estado, entre otros. 

Todo ello, independientemente de los diversos Pactos firmados en las diferentes Mesas de Trabajos desarrolladas en el pasado Dialogo Nacional del Consejo Económico y Social celebrado en el año 2021. 

Sin embargo, a pesar de la firma de estos pactos, podemos ver que los problemas que dieron lugar a la firma de los mismos aún persisten, o se han recrudecido.

Hay seria deficiencias en los servicios de agua, se mantienen, o empeoran, los inconvenientes con el suministro de energía eléctrica, así también, siguen precarios la mayoría de los servicios que se prestan desde el Estado.

Ya veremos cómo nos va en lo referente al tema haitiano.

Los pactos nunca dejarán de ser deseables, es la verdad, pero ellos por sí solos no resuelven ningún problema. Son las políticas públicas correctas y oportunas las que resuelven los problemas, no los pactos.

Un buen pacto que da lugar a una mala política pública incrementa los problemas. En cambio, una ausencia de pacto, o un mal pacto que genere una buena política pública resuelve los problemas que se procura afrontar.

Sin ánimos de ser pesimista, pero hay que reconocer que en nuestro país han fracasado casi todos los intentos que se han hecho con el propósito de lograr una gran concertación para el desarrollo de diversos sectores económicos o sociales.

Los mismos participantes parece que van a la mesa de diálogo con el puñal debajo de la manga de la camisa. Nadie tiene confianza en el otro. Se busca imponer su propia agenda, pero nunca una nacional.

Desde luego que la falta de institucionalidad, donde impera la ley de la selva política, la ley del más fuerte o el más vocinglero, hace que la desconfianza surja.

Los empresarios no ceden en su posición, los obreros mayormente procuran únicamente reivindicaciones particulares o colectivas para su sector, y los políticos tratan de acaparar cada espacio milimétrico para sacar provecho político.

En la coyuntura actual, con la campaña política tomando fuerza, es imposible que se pueda dar una gran concertación nacional. Hay demasiadas pasiones de por medio. Los líderes están metidos de lleno buscando su impulso para llegar o mantenerse en el Palacio.

Los dominicanos necesitan de un gran acuerdo nacional. Pero ese acuerdo y sus planteamientos tienen que ser reales, efectivos, tangibles.

De su parte, las políticas públicas han jugado siempre un papel fundamental en el desarrollo y el bienestar de un país, y República Dominicana no es la excepción.

Estas políticas, que deben ser formuladas y ejecutadas por el Estado, son decisiones y acciones tomadas para abordar problemas y desafíos específicos, y para promover el progreso económico, social y político de la nación.

En nuestro país, las políticas públicas son esenciales para enfrentar una amplia gama de problemas que afectan a la sociedad, como la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la seguridad ciudadana, la energía eléctrica, el agua, la educación, la salud y el medio ambiente, entre otros.

        No hay dudas de que, a través de políticas públicas bien diseñadas y ejecutadas, es posible reducir la pobreza y la desigualdad, mejorar la calidad de vida de los más vulnerables y promover la inclusión social.

A través de la implementación de estrategias y programas que incluyan dichas políticas públicas, el gobierno puede promover la inversión, la innovación y la competitividad, generando empleos y fortaleciendo los sectores productivos del país.

Lamentablemente, en nuestro país prevalece una administración pública que no cuenta con la profesionalización necesaria en materia de formulación y ejecución de políticas públicas, por lo cual se hace inminente impulsar programas de capacitaciones constantes y de calidad en el proceso de formulación de políticas públicas efectivas.

La ausencia de políticas públicas efectivas y coherentes se traduce en el hecho de que los ciudadanos empoderados deciden jugar sus cartas al máximo, pues se percatan de las debilidades e inoperancia del gobierno que no sustenta su accionar en políticas públicas. 

El político debe evitar que la sociedad civil tome su lugar y que las decisiones sean el resultado de cálculos puramente técnicos y científicos, y, por tanto, privadas de criterios públicos. Los expertos no lo saben todo y el saber político se adquiere por experiencia y conocimiento.

Mientras tanto, los problemas se agravan hasta que estallan, con el alto riesgo de que luego no exista retorno.

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