Las estadísticas en materia de salud en nuestro país consignan que en nuestro sistema de salud se atienden diariamente en consulta externa y de emergencia miles de pacientes y se realizan miles de intervenciones quirúrgicas. En su inmensa mayoría estas intervenciones son exitosas y logran mejorar la salud de los pacientes y, en general, satisfacen a los usuarios del sistema de salud.

Pero hay que reconocer el aumento constante en el número de actos médicos, que al tener como resultado un evento inesperado en la salud, tienen como medio de solución de conflictos el ámbito jurisdiccional, tanto en materia civil, como en penal, a pesar de que la ocurrencia de estos eventos no necesariamente son el resultado de una mala práctica médica.  

La clase médica, como grupo, ha respondido a esta situación pobremente. Por la naturaleza de nuestra profesión y por el sentido de nuestras actividades académicas, y envueltos en el cumplimiento de la obligación prístina de curar, aliviar o consolar a nuestros pacientes, relegamos a un segundo plano la preocupación e inquietudes que debe generarnos la incertidumbre de cómo podemos evitar el oprobio que significa someterse ante instancias judiciales o administrativas como resultado de una acusación errónea o falsa

Frecuentemente se olvidan las particulares características que la salud y la vida tienen, como fenómenos propios del mundo, que invariablemente conducen, quiérase o no, a la enfermedad y la muerte como destino final y se insiste en .mantener un sistema procesal para los médicos en las mismas condiciones que a los imputados por delitos de verdadera gravedad como delincuencia organizada, secuestro, violación y otros.

Esta insistencia resulta un contrasentido a los valores de justicia como son la presunción de inocencia, la readaptación y el trato igual a los iguales y desigual para los desiguales. La pena de mantenerse privado de la libertad, aun de manera provisional tratándose de los actos médicos es una pena indignante y una violación reconocida ampliamente a los derechos sustantivos de los gobernados.

De persistir las condiciones actuales de atribución de responsabilidad ilícita y las condiciones procesales a los médicos, ninguna de las finalidades del derecho a la protección de la salud podrán ser alcanzadas. La incertidumbre jurídica perjudica más a los usuarios de los servicios de salud que a los mismos médicos, convirtiéndose en un efecto bumerán que perjudica a todo el sistema dominicano de salud, de tal manera que no se podrán cumplir las expectativas planteadas de salud de calidad para todos.

     Todos los asuntos donde se establece un conflicto médico legal, nacido de resultados adversos en salud desconocen la naturaleza colectiva de la atención médica. La salud es un tema complejo y considerarlo de manera reduccionista como hasta hoy se hace, nos llevará al fracaso como actualmente sucede. El mal resultado tiene por esencia el comportamiento impredecible derivado de la tan reconocida como verdadera frase “no hay enfermedades sino enfermos”.

Además, no podemos ignorar las graves deficiencias que existen en los hospitales de República Dominicana de insumos, tecnología, personal y de todo sentido, que van de la mano de la situación económica nacional. En salud, debemos reconocerlo: No hay dinero que alcance.

Mantener esta idea jurídica de responsabilidad del médico en todos los sentidos, es un contrasentido que está en desacuerdo con la esencia de «justicia». Los resultados por regla no nacen del trabajo individual, y reflejan habitualmente una falla en el sistema general de procuración de salud. En consecuencia, cada vez que se atribuya a un acto médico el resultado del trabajo individual, será un claro ejemplo de atribución falsa de consecuencias a tan solo una parte del sistema.

Como resultado, la comunidad padece cada vez con mayor frecuencia el alarmante retiro prematuro de valiosos médicos, que a pesar de contar con experiencia, conocimientos y virtuosas habilidades, abandonan el ejercicio de la profesión ante una eventual querella que los lleve a sufrir los avatares de requerimientos judiciales procesales, iguales a los utilizados en personas de verdadera alta peligrosidad a la sociedad, como son los delitos de delincuencia organizada, secuestro, asesinato múltiple, etc.

Otro efecto, también consignado en estudios diversos consiste en la cada vez mayor frecuencia de profesionales de la salud que evitan aquellos procedimientos en pacientes percibidos como “más propensos» al conflicto médico legal, o bien, evaden tratamiento de pacientes con problemas médicos complejos o la especialización en aéreas de medicina proclives a complicaciones que en cualquier momento pueden convertirse en un conflicto por resolver ante los estrados jurisdiccionales. El resultado es obvio, menor cobertura sanitaria.

Y también, aunque el resultado de esto no es inmediato, cada día aumentan las desmotivaciones por estudiar medicina. Además de ser la carrera más larga, es una de las que se retribuye con salarios más bajos y, como corolario, un médico a un paso del retiro, puede perder, de golpe y porrazo, todo su patrimonio, como consecuencia de una condena por una supuesta mala práctica médica. 

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POR BLAS RAFAEL FERNANDEZ GOMEZ

POR ROMMEL SANTOS DIAZ

Procede destacar que la Declaración  de Paz y Cese de Guerras (DPCW, por sus siglas en inglés)  es un  documento que apunta hacia el pleno desarrollo de una cultura de paz entre los individuos, los grupos y las naciones del Caribe, señalando la necesidad de una formación en valores, actitudes, comportamientos  y estilo de vida vinculados a respetar, promover y proteger los derechos humanos, según indica  la Declaración sobre Cultura de Paz de 1999.

Para la difusión de una cultura de paz en los países del Caribe la Declaración de Paz y Cese de Guerras indica valores  determinantes  de la paz, que ante un conflicto, sirven para alcanzar la paz y restaurar las buenas relaciones, como son, el diálogo, la tolerancia, la colaboración, la concertación, la solidaridad, el amor, la verdad, la justicia, la humildad, el respeto, la libertad, la apertura, el control, el perdón, y la serenidad.

Tanto la Declaración sobre una Cultura de Paz de 1999 como la Declaración de paz y Cese de Guerras, señalan que son elementos fundamentales para su desarrollo, la educación en derechos humanos, el papel de los gobiernos, la sociedad civil, los medios de comunicación, y otros miembros deben colaborar en su promoción, como son los padres, profesores, políticos y demás personas.

Se ha reconocido que, la educación es un elemento  indispensable  para contribuir, fomentar y mantener la paz y la preocupación por la enseñanza en derechos humanos, tiene su origen en la Carta de las Naciones Unidas que alude a su promoción y estudio en el artículo 13, lo cual asume Cultura Celestial, Paz Mundial, Restauración de la Luz con la Declaración de Paz y Cese de Guerras.

A lo largo de la presente exposición  hemos querido  señalar que existe una íntima relación entre los derechos humanos y la paz, tal y como establece la Declaración de Paz y Cese de Guerras de la Cultura Celestial, Paz Mundial, Restauración de la Luz. En este contexto es de suma importancia el reconocimiento de todos los derechos humanos  como fundamento de la democracia.

El respeto por la dignidad humana y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la comunidad , indica la Declaración Universal  de Derechos Humanos de 1948, que es la base de la paz, la justicia y la libertad, son pilares fundamentales de la Declaración de Paz y Cese de Guerras.

La DPCW es un instrumento  ideal  para promover el reconocimiento de los derechos humanos, así como  exigir su efectividad y luchar contra las violaciones de los derechos humanos en el Caribe, a la vez que hay que hacer un llamamiento de estos por la vía del conocimiento de los derechos humanos de las personas, a través de la educación y aprendizaje en derechos humanos.

Lo anterior exige también que la comunidad  de países del Caribe  para hacer realidad los derechos humanos, como establece DPCW, debe concretar normas a nivel interno de tutela y debe respetar los convenios de derechos humanos ratificados, pudiendo  responder internacionalmente cuando se violen dichas previsiones.

En ese sentido en el ámbito internacional se requiere cada vez más el perfeccionamiento de la tutela internacional de los derechos humanos, así como la realización de actividades con miras a su promoción , a fin de reafirmar los derechos fundamentales del hombre  en la dignidad y el valor  de las personas humanas y en la igualdad de hombres y mujeres.

La DPCW  destaca  en líneas generales que los Estados deben adoptar medidas en el plano nacional e internacional, para promover la paz, de ahí que su política debe estar orientada a la eliminación de la amenaza de guerra, especialmente de la guerra nuclear a la renuncia del uso de la fuerza en las relaciones internacionales por medios pacíficos de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

En consecuencia, los poderes públicos, los Estados tienen el compromiso y la función de promover y fortalecer una cultura de paz, pues como indica la Declaración sobre una Cultura  de Paz de (1999), las desigualdades entre los países, entre hombres y mujeres, la pobreza, el analfabetismo, el racismo, la discriminación, entre otros, son obstáculos para la paz, tal y como también lo plantea la DPCW.

Por otro lado conviene señalar el papel decisivo  que cumple la Sociedad Civil en el fortalecimiento  y la promoción de la paz, cuya responsabilidad recae  de manera directa para el caso  que nos ocupa, la gran labor que realiza a nivel internacional, específicamente en el Caribe HVLP con la DPCW  y la  promoción de la paz en coordinación con las organizaciones de la Sociedad Civil y las Organizaciones No Gubernamentales.

También ,  cabe resaltar la función decisiva en la promoción de la paz, que pueden realizar los medios de comunicación a propósito de la ¨Declaración de la UNESCO sobre principios fundamentales relativos a la contribución de los medios de comunicación de masas al fortalecimiento de la paz, y la comprensión internacional , a la promoción de los derechos del hombre y a la lucha contra el racismo,  el apartheid y la incitación a la guerra (1978)¨, determinando que el ejercicio  de la libertad de opinión de la libertad de expresión y de la libertad de información , constituye ¨un factor para fortalecer la paz y la comprensión internacional¨.

En conclusión, tenemos a los educadores que atreves de la educación deben  preparar a los jóvenes y niños a ejercer sus derechos y gozar de sus libertades, sin dejar de reconocer y respetar los derechos de los demás, y a cumplir sus funciones en la sociedad, aspectos éticos que deben alentar los Estados miembros a sus educadores, según se desprende de la recomendación  de las directrices de la Declaración de Paz y Cese de Guerras de Cultura Celestial, Paz Mundial, Restauración de la Luz

La DPCW  es el mejor medio para solucionar la falta de comunicación y de diálogo, es una de las causas de surgimiento de los conflictos, y en definitiva, es una herramienta eficaz en la construcción y transformación de una cultura de violencia, a una cultura de paz, y se exige en todos los niveles, tanto en la escuela, como en el trabajo, etc.

De acuerdo a la DPCW (Declaración de Paz y Cese de Guerras) ̈los Estados deben reconocer y comprometerse con grupos y organizaciones que busquen promover la causa de la paz como un movimiento mundial. Los Estados deben ayudar a estos grupos en sus actividades de sensibilización, incluso impartiendo las enseñanzas  en derechos humanos y estudios sobre la paz, según lo previsto en  la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración de la ONU sobre una Cultura de Paz de 1999 ̈.

El diálogo ha constituido históricamente un elemento en la solución pacífica de los conflictos tanto a nivel personal  como internacional, y efectivamente es  y ha sido un método  y mecanismo  eficaz de las Naciones Unidas, el cual debe ser  empleado  por los países  de la subregión del Caribe como una herramienta eficaz para la construcción de la paz.

La difusión de una cultura de paz en el Caribe implica desarrollar un amplio programa de educación para la paz basado  en el uso apropiado de los medios de comunicación y el compromiso  de los actores por excelencia  de estos medios, vale decir de los periodistas  conscientes de la  importancia  de promover una cultura de paz.

Las iniciativas para la difusión de una cultura de paz basada en la DPCW  en el Caribe debe partir de la voluntad política de los Estados expresadas  a través de la adopción  de la DPCW  como guía para  orientar las políticas públicas en materia de educación  básica y universitaria   sustentada en  presupuestos adecuados  para garantizar  resultados eficaces en beneficio de las personas.

Los órganos de los Estados  del Caribe deben  emitir resoluciones de apoyo a la Declaración de Paz y Cese de Guerras  de Cultura Celestial, Paz Mundial, Restauración de la Luz como demostración del compromiso  con la difusión de una cultura de paz fundamentada  en los principios  de ese importante documento elaborado por  expertos que gozan del reconocimiento  del Consejo Económico y Social  de las Naciones Unidas.

En  definitiva  la Declaración de la Paz y Cese de Guerras (DPCW), en nuestra opinión  constituye  el documento  por excelencia para los países de la Subregión  del Caribe desarrollar políticas públicas de paz coordinada  con las Organizaciones de la Sociedad Civil y Actores Sociales  lideradas  por la Organización No Gubernamental  Cultura Celestial, Paz Mundial, Restauración de la Luz (HWPL) , una  organización privada  sin fines de lucro, con sede  en la gran nación de Corea del Sur, actualmente  guiada  por su líder mundial Man Hee Lee.

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