El aumento de la criminalidad en la República Dominicana ha vuelto a colocar sobre la mesa el debate acerca de la seguridad ciudadana, la capacidad de respuesta de las autoridades y las condiciones de nuestro sistema penitenciario. En ese contexto, ha trascendido el llamado de las autoridades policiales para que se entreguen unas 53,000 personas contra las cuales existirían órdenes de arresto por presuntas infracciones a las leyes penales.

La cifra es alarmante y merece una reflexión que vaya más allá de la persecución del delito. Porque, si efectivamente las 53,000 personas decidieran entregarse simultáneamente, ¿dónde las recluiría el Estado dominicano?

Esta es la gran interrogante que deben responder las autoridades competentes. No basta con exhortar a quienes tienen asuntos pendientes con la justicia a que se presenten ante ella. También es necesario determinar si contamos con la infraestructura, los recursos humanos, los servicios básicos y el presupuesto necesarios para recibir a semejante cantidad de personas.

Nuestro sistema penitenciario arrastra desde hace años problemas de hacinamiento y sobrepoblación. En sus instalaciones permanecen miles de privados de libertad que todavía no han recibido una sentencia definitiva, muchos de ellos bajo prisión preventiva. Esta realidad plantea serias preocupaciones sobre la administración de la justicia, el respeto al debido proceso y la capacidad del Estado para garantizar condiciones dignas de reclusión.

¿Qué ocurriría si los 53,000 requeridos por la justicia se entregaran mañana?

¿Existen suficientes celdas para alojarlos? ¿Cuántos centros penitenciarios tendrían que habilitarse? ¿Cuánto costaría alimentarlos, proporcionarles atención médica, garantizar su seguridad y mantener la vigilancia durante su permanencia en prisión?

No estamos hablando de una cantidad insignificante de personas. Estamos hablando de una población equivalente a la de una ciudad pequeña, cuya eventual incorporación al sistema penitenciario supondría una presión extraordinaria sobre unas instalaciones que ya enfrentan dificultades.

El Estado tendría que calcular el costo de alimentación, agua, electricidad, medicamentos, personal penitenciario, transporte, vigilancia y demás servicios indispensables. A esto habría que sumar los gastos judiciales derivados de la celebración de audiencias, la asistencia legal y la tramitación de miles de expedientes.

La pregunta económica resulta inevitable: ¿cuánto le costaría al contribuyente dominicano mantener recluidas a 53,000 personas adicionales?

Para responder con seriedad, las autoridades deberían publicar el costo promedio diario de mantener a una persona privada de libertad, la capacidad instalada de los centros penitenciarios y la cantidad de plazas disponibles. Con esos datos podría calcularse el impacto presupuestario de distintos escenarios, sin recurrir a cifras especulativas.

Pero hay otra cuestión que no debemos pasar por alto: una orden de arresto no equivale a una condena. Toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia, a la defensa y a ser juzgada conforme a las garantías establecidas por la Constitución y las leyes. Por tanto, tampoco sería razonable plantear que todas las personas requeridas deban permanecer necesariamente encarceladas, sin distinguir la naturaleza de cada caso y las medidas cautelares que legalmente correspondan.

La prisión preventiva debe responder a los presupuestos legales y no convertirse en una condena anticipada. Cuando existan alternativas previstas por la ley que permitan asegurar la comparecencia de una persona al proceso, proteger a las víctimas y evitar riesgos procesales, corresponde a los jueces evaluar su aplicación de manera individualizada.

Esto no significa restarle importancia a las órdenes de arresto ni minimizar la gravedad de los delitos. Por el contrario, la persecución penal debe ser efectiva, las víctimas merecen justicia y quienes hayan cometido delitos deben responder ante los tribunales. Sin embargo, la eficacia de la justicia no se mide únicamente por el número de arrestos, sino también por la capacidad de investigar, procesar y juzgar los casos dentro de un sistema que respete los derechos fundamentales.

De igual manera, el país necesita fortalecer los mecanismos de investigación criminal, acelerar los procesos judiciales, mejorar la coordinación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, y desarrollar políticas de prevención que reduzcan la incorporación de nuevos integrantes a las estructuras delictivas.

No podemos ignorar que la seguridad ciudadana exige recursos, planificación y decisiones oportunas. Si las autoridades tienen identificadas a 53,000 personas requeridas por la justicia, la ciudadanía tiene derecho a conocer qué estrategia existe para ejecutar esas órdenes, cuál es la prioridad de los casos y cómo se evitará que el hacinamiento penitenciario agrave los problemas que ya enfrenta el país.

La transparencia también es indispensable. Sería conveniente que las instituciones responsables precisaran cuántas de esas órdenes están vigentes, cuántas corresponden a personas con múltiples requerimientos, cuáles se relacionan con delitos graves y cuántas personas ya han sido localizadas o puestas a disposición de la justicia. Esa información permitiría dimensionar correctamente el desafío y evitar interpretaciones equivocadas de una cifra que, por sí sola, no explica toda la realidad.

La República Dominicana necesita seguridad, pero también necesita una justicia eficiente, un sistema penitenciario funcional y un presupuesto público administrado con responsabilidad.

Por eso, la pregunta que da título a este artículo no pretende cuestionar la necesidad de hacer cumplir la ley. Pretende llamar la atención sobre una obligación elemental del Estado: planificar las consecuencias de sus propias actuaciones.

¿Dónde guardar los 53,000? Es una pregunta que no puede responderse improvisando cuando esas personas comiencen a presentarse ante las autoridades. Debe responderse con cifras verificables, capacidad penitenciaria disponible, recursos presupuestarios y una política criminal que combine prevención, persecución del delito, justicia oportuna y respeto a los derechos humanos.

Porque exigir que los ciudadanos cumplan la ley es una obligación del Estado, pero garantizar que la justicia pueda funcionar adecuadamente también lo es.

Y si el país no dispone de capacidad suficiente para afrontar ese desafío, la discusión no debe limitarse a dónde encerrar a quienes se entreguen, sino a cómo construir un sistema de justicia capaz de investigar, juzgar y sancionar los delitos sin convertir las cárceles en depósitos humanos ni la prisión preventiva en una condena por adelantado.

La seguridad ciudadana no se resuelve solamente con órdenes de arresto. Se construye con justicia, planificación, prevención y responsabilidad institucional.

jpm-am

El recién proceso electoral de medio tiempo en el Senado, la Cámara de Representantes y gobernaciones de los EE.UU., en el que el Partido Republicano sufrió una apabullante derrota de manos de los demócratas, tiene varias  enseñanzas para el mundo de la política internacional y una de las más importantes es que el pueblo no le otorga el poder para usted creerse un emperador  que puede arremeter, sin consecuencias, contra todos, países o personas que disientan de su política y se la pase agrediendo impunemente a todo el mundo.

El caso de los EE.UU. tiene sus particularidades y vimos con asombro que un partido como el Republicano, se pusiera en manos de una persona sin escrúpulos, convicto, por demás, por condenas dictadas en su contra, y con un nivel de megalomanía que lo convierte en un ser repugnante capaz de iniciar guerras insensatas sin importar las consecuencias económicas para las grandes mayorías, solo para favorecer los intereses económicos de sus aliados y familiares.

Ante esta humillante derrota de Donald Trump, hay que esperar a enero para observar las reacciones de un león herido que amenazó con vetar todas las iniciativas de los demócratas, sin detenerse a pensar en las consecuencias que pudieran incluir un impeachment en su contra.

jpm-sp

El juez es la persona que resuelve una controversia o que decide el destino de un imputado, tomando en cuenta las evidencias o pruebas presentadas en un juicio, administrando justicia. Conviene distinguir al juez del tribunal, el cual no es jurídicamente un ser humano, sino un órgano judicial compuesto por personas físicas, que pueden rotar sin vulnerar esta garantía.

Mientras, fiscal es un adjetivo que hace referencia a lo vinculado al fisco, al tesoro público o el grupo de las entidades públicas dedicadas a recaudar impuestos;  también es el sujeto que actúa como representante del ministerio público en un tribunal.

El desorden del tránsito en la República Dominicana, no comenzó con los motoristas, ni con los choferes del concho, ni con el crecimiento del parque vehicular. Comenzó cuando el Estado decidió sacrificar la autoridad técnica en el altar de la burocracia, la improvisación y el clientelismo institucional. Esta crisis en la circulación de vehículos, está trastornando la tranquilidad, tanto del conductor como del pasajero y el transeúnte.

Problemas colaterales

Las complicaciones del tránsito, generan graves problemas emocionales, ya que les elevan el costo a los automotores por los grandes entaponamientos. Aparte del estrés emocional, provoca grandes daños a la economía de la sociedad en general. Los empleados llegan tarde a sus trabajos, ocasionando pérdidas a las empresas que, en muchos casos, son ellos los que tienen que abrir el local. Si son burócratas, perjudican a los contribuyentes que no logran el servicio a tiempo. Todo esto, tiene un costo.

Combustibles caros

Ante la crisis de la guerra en el Golfo Pérsico, el gobierno iraní cerró el Estrecho de Ormuz, por donde se transportaban el 20% del combustible que consume el mundo, lo que ha provocado aumento general en todos los renglones derivados del petróleo: Flete marítimo, terrestre, aéreo, plantas generadoras de electricidad y todo lo que se mueve a base de combustibles. Todo este costo, se les transfiere al producto final y servicio a los consumidores

El ciudadano dominicano vive sometido a una singular administración de justicia. El juez del tapón le confiscó el tiempo; el fiscal del combustible le embargó el salario. Uno le roba horas de vida; el otro reduce su capacidad de consumo. Te condenan a “prisión domiciliaria” para no coger el estrés del tapón. Ambos operan al amparo de una estructura estatal que durante décadas ha confundido planificación con improvisación y autoridad con burocracia.

El juez del tapón dicta sentencia cada mañana desde las seis. No necesita estrado ni alguaciles. Le basta con paralizar avenidas, como el caso de la Wisnton Churchil de sur a norte. Secuestrar horas productivas y convertir la paciencia en resignación. El fiscal del combustible, por su parte, ejecuta la pena. Cada aumento de los precios energéticos representa una nueva acusación contra el bolsillo del ciudadano, condenado a pagar más para llegar tarde.

El tapón y el combustible caro no son fenómenos independientes. Uno multiplica el efecto del otro. Cada minuto perdido en la congestión vehicular se transforma en combustible desperdiciado. Cada galón consumido inútilmente dentro de un embotellamiento encarece el costo de la producción, del transporte y de la vida cotidiana. La combinación de ambos constituye un impuesto invisible que ningún Congreso ha aprobado, pero que millones de dominicanos pagan diariamente.

Mientras los responsables discuten estadísticas, millones de personas cumplen diariamente una pena que no aparece en los códigos ni ha sido impuesta por ningún tribunal. Es la condena silenciosa del desorden público: pagar más para producir menos, gastar más para avanzar menos y vivir cada vez con menos tranquilidad. Y toda condena injusta, tarde o temprano, termina convirtiéndose en un expediente contra quienes la provocaron.

sp-am

La derrota del Partido Republicano de Estados Unidos, obteniendo porcentajes muy inferiores a los previstos, deja buenas lecciones para Donald Trump y otros presidentes, en particular Luis Abinader.

Lo primero que queda claro es que cada mandatario debe tener suficiente sentido común para entender que debe respetar la Constitución y las leyes de su país, que no son simples pedazos de papel, sino reglas imprescindibles para permitir la convivencia entre personas muy diferentes y con intereses muy diversos.

Trump demostró en innúmeras ocasiones y en asuntos muy disímiles que no le importaban la una ni las otras, en cuestiones tan delicadas como el respeto a la ciudadanía de las y los nacidos en ese país, entre otras. Además de tratar a los inmigrantes, personas que han aportado mucho a ese país, como si fueran los delincuentes convictos que él indulta en procesos sospechosos.

Aquí, Abinader autorizó el ingreso de tropas de Estados Unidos participantes en la logística de la aparatosa operación para secuestrar al presidente venezolano, pasando por encima a la Carta Magna dominicana que establece muy claramente que solo puede hacerlo el Senado, por tiempo limitado y para ejercicios militares conjuntos.

Además, cada presidente debe entender la época en que vive. Trump dirigió unas relaciones de EEUU con Latinoamérica y el mundo como si hubiésemos estado en la época de la política del gran garrote, de Teddy Roosevelt, un siglo atrás.

Además de ofender a Canadá y Europa con sus pretensiones de apoderarse descaradamente de territorios ajenos, controlados por estados ya formalmente constituidos; algunos mucho antes de existir EEUU, como es el caso de Groenlandia.

Al conmemorarse el 182 aniversario de promulgada la primera Constitución dominicana, un seis de noviembre, Abinader debe darse cuenta, entre otros asuntos, de que la Carta Sustantiva en vigor no autoriza la pena de muerte, entre otras cosas porque no estamos en 1844, sino en el siglo XXI.

Por tanto, por su propio bien y de otros debería dar órdenes precisas para que cesen las ejecuciones de presuntos delincuentes, hechas por delincuentes uniformados, porque él puede ser sometido a la Justicia por esos crímenes y Donald Trump no podrá defenderlo. Estará muy ocupado…

jpm-am

La Orden Predicadores, más conocida como los dominicos, fundada por Santo Domingo de Guzmán en el 1216, se estableció en la isla La Española en septiembre de 1510.  Los primeros de ellos que pisaron  esta tierra fueron cuatro frailes: fray Pedro de Córdoba, fray Antón de Montesino, fray Bernardo de Santo Domingo y fray Domingo de Villamayor.

Luego de empaparse de los vejámenes y crímenes cometidos por los conquistadores y colonizadores españoles contra los indios, los dominicos trataron de persuadirlos para que cesaran sus maldades, pero más pudo la soberbia y la codicia que la razón.

Pronto provocaron una conmoción en el gobierno colonial encabezado por Diego Colón como gobernador y virrey de las Indias. Escucharon, con mudez por sorpresa, el Sermón de Adviento, leído por fray Antón de Montesino el 21 de diciembre 1511. Ese texto fue una decisión colectiva; dicen que escrito en gran parte por el superior local fray Pedro de Córdoba.

Una frase quedó fijada para siempre en nuestra historia: ¿Con qué derecho y justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? Montesino comenzó diciendo que “era la voz de Cristo en el desierto de esta isla”, y advirtiendo  que dicha voz “será la más nueva que nunca oísteis, la más áspera y dura y más espantable que jamás no pensasteis oír…” Sobre los indios dijo: ¿Estos no son hombres?”.

Ese discurso provocó amenazas a los dominicos. Sin embargo, el domingo siguiente hubo una reiteración de su posición. Un relator de entonces escribió: “Comenzó a fundar su sermón y a referir todo lo que en el sermón pasado había predicado y a corroborar con más razones y autoridades lo que afirmó de tener injusta y tiránicamente aquellas gentes opresas y fatigadas”. (Historia de Las Indias. Tomo II. Fray Bartolomé de las Casas).

Fustigaron sin tregua La encomienda, nefasta institución que en América tuvo su primera aplicación en esta tierra caribeña. Elevaron siempre su voz de protesta cuando se distribuían como bestias los indios a favoritos del régimen colonial. Se opusieron tajantemente al repartimiento que en el 1514 hizo Rodrigo de Alburquerque, por órdenes directas del rey español.

Los dominicos tienen también el gran mérito de dar origen a la primera casa de altos estudios de América, cuando en el 1518 abrieron en su convento de la ciudad de Santo Domingo lo cátedra “Estudio General”, que veinte años después se convirtió en Universidad mediante la bula In Apostolatus Culmine, del 28-10-1538 del papa Paulo III. Fue el origen de la hoy Universidad Autónoma de Santo Domingo.

El conjunto de su actitud de enfrentamiento ante los abusos, las denuncias ante la metrópoli y las orientaciones a su feligresía ha motivado que los dominicos sean llamados como “héroes espirituales de América” (Emilio Rodríguez Demorizi).  Cuando enfrentaban a los gobernadores coloniales se vivía “el criticismo colonial”. (Criticismo y colonización. La Habana, Cuba. José María Chacón y Calvo).

El historiador Antonio Del Monte Tejada, por su parte, dejó para la posteridad la siguiente imagen de esos históricos religiosos católicos: “Eran estos religiosos muy ejemplares en su vida pública y privada. Vestían de lana, ayunaban continuo, predicaban y confesaban diariamente y se reconocía en ellos el espíritu verdaderamente apostólico…” (Historia de Santo Domingo.  Primera edición 1890).

El ilustre Pedro Henríquez Ureña, en un ensayo sobre el escenario que ellos usaban, el cual tituló Casa de los Apóstoles, publicado en Argentina el 18 de noviembre de 1934, escribió que: “En unas chozas, en unos bohíos, tuvo principio la más formidable cruzada que ha peleado en América el espíritu de caridad contra la rapaz violencia de la voluntad del poder”.(Obra Dominicana.SDB,1988.P.443,PHU).

Se puede afirmar sin temor que un arco de opiniones que recorre un largo tramo desde el siglo XVI, con los relatos de fray Bartolomé de las Casas y otros investigadores, hasta hace pocos años con los juicios sopesados del sacerdote e historiador José Luis Sáez y unos cuantos más, arroja un resultado en favor de la presencia positiva aquí de los dominicos.

Resumiendo, para los que deseen indagar, “la acción pastoral o reflexión teológica de los dominicos”, desde que llegaron a esta parte del mundo hace más de cinco siglos, está bien representada en las páginas esclarecedoras de la obra de doña Flérida de Nolasco titulada Clamor de Justicia en la Española 1502-1795.(Edición 2008 de la SDB).

jpm-am