Por CARLOS SALCEDO

Cuando Ramón Báez Figueroa pide cuentas de las labores de liquidación del Baninter, banco que él mismo llevó al colapso por sus condenadas conductas, parecería legítimo, como lo puede y debe hacer todo ciudadano dominicano.

Sin embargo, si Ramoncito ha recibido las informaciones que ha pedido, como en efecto ha sido, y estas responden a un proceso llevado por la Comisión de Liquidación Administrativa de Baninter (Comisión de Baninter) conforme a la ley y al Reglamento de Disolución y Liquidación de las Entidades Financieras y, además, abierto a todo el que quiera verificarlo, uno se pregunta por las razones que lo llevan incluso a depositar una denuncia ante el Ministerio Público por supuestas irregularidades.

¿No será ello el resultado de operaciones realizadas por él (Ramoncito) a escondidas y de las que ahora venimos a enterarnos o que habiendo sido conocidas y transparentadas por la Comisión de Baninter no fueron sino la expresión de operaciones ocultadas a las autoridades, como de hecho ha ocurrido, que Ramoncito hubiera preferido que no se conocieran y no se hicieran legal, transparente y públicamente, como se le ha demostrado, para lograr propósitos que solo el conoce; pero que podemos inferir.

Como a Ramoncito todo se le ha olvidado, para mayor ilustración de lo que vengo expresando en entregas anteriores sobre el origen del fraude en Baninter, sus montos y consecuencias, es conveniente relatar, al menos por ahora, algunos de los hechos más relevantes probados y retenidos por los jueces en las sentencias irrevocables de condena pronunciadas contra Ramón Báez Figueroa, Marcos Báez Cocco, Vivian Lubrano Carvajal de Castillo y Luis Álvarez Renta.

1. Respecto a Ramón Báez Figueroa y Marcos Báez Cocco
2. Durante años Baninter era utilizado por Ramón Báez Figueroa y Marcos Báez Cocco como un medio para obtener recursos, específicamente, a través de los depósitos de los ahorrantes, para la adquisición de otros bienes muebles e inmuebles mediante autorizaciones de sobregiros, ventas de carteras ficticias, apertura de certificados financieros, préstamos a empresas vinculadas, de las que ambos eran accionistas mayoritarios o administradores, según el caso y que, con posterioridad, desde su posición en el banco, estas realizaban otras acciones tendentes a ocultar el origen de la adquisición de tales empresas, así como encubrir las distracciones de dinero realizadas.
3. Baninter operaba una doble contabilidad, de ahí que la totalidad de las operaciones del banco no eran reportadas ni a la Superintendencia de Bancos, a sus auditores externos, como a ninguna otra autoridad.

iii.     El fraude fue ocultado a través de la operación de un “banco paralelo” o “contabilidad paralela” – Interbanco.

1. El Interbanco funcionaba como un sistema de registro automático que ocultaba una serie de operaciones que originaban sobregiros en cuentas corrientes determinadas y que era ocultado al cierre del día con la transferencia de depósitos del banco a los libros de dicho sistema.
2. El Interbanco fue utilizado para ocultar gastos y la descapitalización, evadir el mantenimiento de las reservas requeridas por el encaje legal, financiar negocios y actividades de vinculados, pagar una abultada nómina a los principales ejecutivos y mantener el nivel de gastos millonarios, entre otros destinos.
3. Las operaciones registradas en el Interbanco se encontraban íntimamente relacionadas con el manejo de dos productos de uso común en la banca, que en Baninter fueron denominados Cash Reserve y la Venta de Cartera.

vii.     Se presentaban en ventanilla cheques girados contra cuenta corriente, el cajero accesaba a las cuentas en el sistema, veía que estas no tenían fondos pero sí líneas de créditos aprobadas (cash reserve), se pagaban los cheques y cargaban los importes a la cuentas giradas, le entregaban el dinero al beneficiario, al cargarle a las cuentas los importes de los cheques se originaban sobregiros en las mismas, debido a que no tenían fondos depositados.

viii.     Varias empresas vinculadas se beneficiaban de este producto, sin que existiera constancia de que la facilidad haya sido aprobada por el Comité de Crédito; no siendo los balances de éstas cubiertos por los clientes, sino que procedían de Finanza Empresarial, una cuenta operativa del Banco previamente denominada Consultoría Externa, registrada en el Interbanco.

1. Operaba igualmente en Baninter el producto denominado “Venta de Cartera”, por el cual un cliente con balance positivo adquiría un préstamo. Esto era un mecanismo de cobertura de sobregiro, los sobregiros se cancelaban con los productos de préstamos automáticos que era concedidos a esa cuenta.
2. Para la “Venta de Cartera” fue creada una cuenta denominada Caribesa con fondos que provenían de: a) Certificados de depósitos; b) Cuenta de ahorros; y c) Cuentas corrientes; a tales fines el computador automáticamente, al final de cada día, seleccionaba certificados de depósitos de clientes por los importes requeridos, para cubrir el importe total de los préstamos que iban a ser cubiertos a través de ella en el día; efectuada la selección transfería y acreditaba los importes de los mismos a la referida cuenta. Provistos los fondos requeridos, los importes de los préstamos otorgados quedaban cubiertos; aunque los importes de estos certificados eran descargados del libro auxiliar de clientes y de la contabilidad del banco oficial, y con todos sus datos permanecían en el auxiliar de cliente bajo estatus llamado “condición especial TE”, que le permitía mantener control sobre los mismos; los importes de los fondos utilizados eran registrados en cuentas contables de números y nombres similares a los de las cuentas en las cuales estaban registrados en el banco oficial; estos fondos permanecían a la cuenta Caribesa ligados (comprometidos) con los préstamos otorgados.
3. A partir del mes de septiembre del año 2002, Baninter fue afectado por una cadena de rumores que determinaron la existencia de retiros masivos que se prolongaron hasta el mes de marzo del año 2003, situación que provocó iliquidez y determinó que esta entidad requiriera facilidades de adelantos y redescuentos de parte del Banco Central.

xii.     A raíz de esta situación en fecha 12 de septiembre del año 2002, Baninter comienza a utilizar las facilidades de crédito del Banco Central, las cuales durante el período comprendido entre el 17 de diciembre del 2002 y 14 de enero del 2003 ascendían (RD$5,652.900,000.00). De ahí en adelante ya resumiremos en otra entrega.

xiii.     Ramón Báez Figueroa y otros condenados consideraron la necesidad de algunas fusiones con otras entidades, siendo iniciadas las negociaciones con una asociación de ahorros y préstamos, no concretizada, y con el Grupo Progreso. Esta última culminó con la suscripción, el 24 de marzo de 2003, de una “carta de intención”  o “acuerdo de fusión”, de la cual tomó nota la Junta Monetaria en la misma fecha; sin embargo, fue dejada sin efecto el 7 de abril de 2003, mediante la Resolución Única dictada por  la Junta Monetaria, por la existencia de irregularidades en el manejo de Baninter.

xiv.     Posteriormente, tras la designación de la Comisión de Administración, Comisión de Liquidación y Disolución, se decidió rescatar a todos los depositantes, asumiendo el Banco Central el pago de todos los pasivos de Baninter.

Respecto a Luis Álvarez Renta

1. Luis Álvarez Renta administraba y tenía el control de la cuenta corriente abierta en Baninter a la compañía Bankinvest (“Puesto de Bolsa”), que operaba en sobregiros que eran eliminados cancelados mediante  la aplicación de notas de crédito; utilizando a  Bankinvest, Interduty Free Ltd y Ultra Export Corporation para encubrir el origen ilegal de los fondos extraídos y de esta forma dar la apariencia de que se habían obtenido lícitamente y los invertían sin mayores peligros (inversiones en las tiendas Interduty, canales de televisión, etc.).
2. Luis Álvarez Renta mantuvo el control y manejo de Bankinvest no obstante el contrato de transferencia de las acciones de esta compañía del 13 de agosto de 2001, intervenido entre Dominican Entreprises, una compañía de La Florida, de su propiedad y Sippany Holdings, una compañía de las Islas Vírgenes Británicas, propiedad de Ramón Báez Figueroa.

iii.     Luis Álvarez Renta, tenía pleno conocimiento de que esta cuenta se manejaba en sobregiro. A esta cuenta fueron cargadas numerosos cheques girados tanto por Luis Álvarez Renta como por su secretaría y autorizados a pagar por Marcos Báez Cocco. Los cheques eran utilizados para alimentar cuentas en el Banco Mercantil a nombre de Luis Álvarez Renta y Asociados para cubrir gastos de su oficina, gastos personales y para realizar transferencias bancarias diversas.

1. En marzo de 2003 fueron cargados a la cuenta de Bankinvest en Baninter, 10 cheques girados a favor de Quisqueyana Agente de Cambio y Banco Mercantil, antes de que entraran al Baninter los funcionarios del Banco del Progreso y la Autoridad Monetaria y Financiera. Estos cheques estaban dirigidos a cubrir transferencias bancarias en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, realizadas por Quisqueyana Agente de Cambio, a la cuenta de Wadeville Investment, Ltd. en el Bank Atlantic de Coral Gables, Florida, compañía propiedad de Luis Álvarez Renta.
2. Una vez transferidos estos fondos a la cuenta de Wadeville en el Bank Atlantic, a petición de Luis Álvarez Renta estas transferencias fueron enviadas a cuentas en bancos extranjeros a nombre de LAR Holdings y GFR Domestic, específicamente en los Bancos Deutsch Bank y el USB AG.
3. El 27 de noviembre de 1997, Luis Álvarez Renta actuando en nombre y representación de Bankinvest, S.A. y Ultra Export solicitó la emisión de una carta de crédito (“Stand-by”) a favor del Banco Mercantil por US$4,000,000.00 para garantizar el cumplimiento de obligaciones crediticias de estas empresas en dicho banco. Esta carta de crédito fue nuevamente enmendada y renovada, a solicitud de Bankinvest S.A., aumentándose su valor de US$4,000,000.00 a US$12,500,000.00; y prorrogándose su vencimiento para el 15 de enero de 2004.

vii.     Bankinvest recibió del Banco Mercantil y/o Mercantil D.R. Internacional Corp. los US$12.5 millones de dólares garantizados por Baninter, y honrados por el Banco Central de la República Dominicana, sin que se conozca el destino otorgado a estos, ni a los seis millones de dólares (RD$6,000,000.00) transferidos por Baninter durante los meses de junio a noviembre del año 2002, para cubrir esta carta de crédito.

Respecto a Vivian Lubrano Carvajal de Castillo

1. En su calidad de Vicepresidenta Ejecutiva de Negocios y asistente del presidente de Baninter, distrajo en su provecho personal cuantiosos recursos, por medio de cuenta corriente a través de sobregiros, los cuales ascendieron a RD$27,000,000.00 que fueron cancelados mediante memorando confidencial.

1. Se benefició de un préstamo ascendente a RD$3,000,000.00, el 24 de octubre de 2001, cancelado mediante memorando confidencial de fecha 12 de marzo de 2003.

iii.     Realizó un acuerdo de factibilidad económica, financiera y legal de la negociación para la operación de “compra”, frustrada, de una asociación de ahorros y préstamos.

1. Participó en los hechos fraudulentos que caracterizaron la operación de “compra” de dicha asociación, emitiéndose 11 certificados de depósitos que favorecieron a diversas empresas “vendedoras”, siendo entregados los intereses generados mediante cheques a personas físicas y morales ficticias.
2. Al hacer sus informes al Consejo de Directores encubrió la situación financiera real de la institución.

En una próxima entrega abordaré algunos temas relevantes adicionales del caso Baninter y las condenas producidas. Asimismo, y para seguir siendo fiel a lo ocurrido durante y después del juicio, me ocuparé, oportunamente, de elementos importantes de la liquidación de Baninter, con lo cual puedo contribuir a la orientación de quienes pretenden estar sirviendo de eco, deliberada o inadvertidamente, a Ramoncito cuando se presentó en un medio de comunicación a pedir cuentas, a rescatar su honor y a cuestionarse porqué su cuenta no había bajado.

De esta exposición pública de Ramoncito hablé en una entrega anterior. Pero, para que todos los ciudadanos, preocupados por conocer más detalles de la liquidación de Baninter y de su legitimidad y petición de cuentas, tengan elementos que les puedan ayudar a esos fines, haré algunas entregas ilustrativas, con el único fin de que la población siga enterándose de todo cuanto fue el enorme fraude de Baninter y la respuesta de las autoridades como sus actuaciones posteriores al juicio.

 

jpm-am

Los gobiernos que se sucedieron desde la construcción del colapsado muro en el paso a desnivel de la av. 27 de febrero, con consecuencias mortales, no tienen ninguna responsabilidad.

Para la construcción de cualquier obra el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones es el encargado de garantizar la calidad en la ejecución de las obras de ingeniería y arquitectura en todo el país, mediante el análisis,  evaluación y supervisión de planos, presupuestos de obras, así como la calidad técnica del personal involucrado en la actividad.

El CODIA es una institución de carácter público que entre sus fines tiene según la letra B del artículo 6 de la ley 6160: “Servir como guardián del interés público y actuar como asesor del Estado en los asuntos de su competencia”.

El CODIA actuó como guardián del interés público, por ejemplo cuando denunció que el Secretario de Obras Publicas señor Víctor Díaz Rúa (2007-2012) había distribuido más de cuatro mil millones de pesos en obras a menos de veinte contratistas, exigiéndole al funcionario transparencia y que convocara a concurso para la asignación de las obras a lo que está obligado por ley. No le hicieron caso.

No había ninguna institución (Dirección General de Contrataciones Públicas DGCP, Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental DIGEIG, la Dirección General de persecución del Ministerio Publico) que actuara en consecuencia, todas eran complacientes con el gobierno, eran cómplices.

El CODIA actuó como asesora del Ministerio de Obras Publicas cuando advirtió en 1999 que se debía tumbar el muro lateral norte del paso a desnivel de la av. 27 de febrero con Máximo Gómez, porque podría caer y provocar un trágico accidente.

Un asesor es un especialista sobre alguna materia que presta consejo a los ejecutivos sobre la misma para que adopten las decisiones adecuadas.

Aun cuando el CODIA tenía razón, como ha sido comprobado, se trata de una opinión otorgada en su calidad de asesora, para orientar al Ministerio de Obras Públicas a tomar una decisión correcta. Pero el Ministerio de Obras Públicas obvió el resultado de la asesoría y aprobó el proyecto como fue ejecutado, con las fatales consecuencias conocidas.  Esta es una obra  sobrevaluada al extremo.

La aprobación del Ministerio de Obras Públicas es la decisión oficial del organismo competente para realizarla.

La asesoría del CODIA queda archivada en el expediente de la obra que nos ocupa, no obliga a nadie a revisarla cada vez que venga un gobierno nuevo, menos a un gobierno que llega 25 años después. Hay miles de expedientes con opiniones encontradas, los gobiernos sucesivos no están obligados a revisarlos.

La continuidad del Estado es un principio fundamental de todo Estado democrático; las decisiones de los organismos del Estado deben ser respetadas por todas las autoridades y por todos los ciudadanos, sin perjuicio de los recursos previstos por la ley. Sin esto no se podrían continuar las políticas públicas de desarrollo ni  los planes y proyectos favorables al progreso, pautados  a mediano y largo plazo.

Por tanto es impropio decir que todos los gobiernos que se han sucedido después de la ejecución de la obra que nos ocupa, tienen una parte de culpa en el fracaso de la misma.

Seria deplorable pretender que un gobierno pueda ser responsable de una decisión de un gobierno anterior, por el solo hecho de existir una asesoría que fue obviada en su momento. Eso pondría en peligro la institucionalidad y la supervivencia del estado social de derecho.

El único culpable es el gobierno que construyó la obra. A simple vista se nota que quieren prorratear su culpabilidad, confundiendo  a la opinión pública para que crea que todos los gobiernos son iguales.

tommymejiapou@hotmail.com

jpm-am

 

Junto a tantos otros problemas como la desigualdad, la pobreza, la precariedad de recursos públicos y la injusticia, la corrupción y su inseparable pareja, la impunidad, son un problema que hasta el momento República Dominicana no ha podido controlar, disminuir o erradicar.

En los últimos decenios de años la corrupción se ha constituido en uno de los problemas más graves de acuerdo con la percepción ciudadana, y el primer disuasivo de la inversión, la competencia y la competitividad, según los empresarios.

Aun así, ningún gobierno se ha tomado en serio esa percepción, al menos, no en la práctica, aunque sí en el discurso, casi siempre como lema de campaña o como eslogan para llegar al poder, pero mostrando cierta apatía cuando les ha tocado asumir el poder.

No importa quién haya detentado el poder, ni en qué rama o instancia de gobierno, la democratización del país y la alternancia trajeron como correlato la democratización de la corrupción.

No hay gobierno que se haya salvado. No hay gobierno que no señale al de otra bandera partidaria como corrupto, pero a la vez, no hay gobierno que no la haya practicado cuando le ha llegado su turno y que no haya disfrutado de sus dividendos.

La diferencia es que antes el pastel de la corrupción se repartía entre unos pocos, mientras que ahora todos los dirigentes y militantes de los partidos son beneficiarios de la corrupción.

Sea a través del desvío de recursos públicos, de la asignación directa de contratos a sus allegados, de la recepción de fondos ilegales para sus campañas, del uso discrecional del presupuesto o de la utilización clientelar de los programas sociales, unos más y otros menos, pero todos tienen en su haber la construcción de redes y mecanismos que la hacen posible y rentable.

No hay candidato que pueda presumir de no haber incurrido en alguno o varios de los delitos que la ley electoral establece como delitos de corrupción: no reportar los ingresos y gastos de campaña, no recibir recursos provenientes de los Gobiernos o del sector privado, no superar los topes de campaña, no manipular los programas sociales.

La corrupción se ha democratizado tanto que existen personeros cuyo único trabajo es cabildear cobros, pagos, contratos, préstamos y todo aquello cuya intermediación sea pérdida de dinero para los fondos públicos no importa a qué precio.

Lo que acontece ahora con más de veinte escándalos de corrupción, cuyos procesos duermen el sueño eterno de la investigación judicial, expresan la decadencia del sistema por el que nos regimos y que si no mejoramos lo vamos a destruir.

Las fortunas ostentosas que se exhiben o se guardan a costa del erario y la pobreza de las mayorías son presentadas públicamente sin riesgos, por ahora, pero puede ser que en un futuro si el sistema sigue como va, mucha gente tenga que salir huyendo con sus cargas de oro ante una situación insostenible.

El reto de combatir la corrupción para quien quiera que resulte presidente será formidable. No hay fórmula mágica, eso sí, y requiere de mucho más que de la mera voluntad del gobernante.

 

jpm-am

 

 

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