POR ALEJANDRO SANTOS 

A propósito del bombardeo de ideas e intereses alrededor de una probable nueva reforma fiscal, se lee y se escucha todo tipo de análisis y propuestas.

Por ejemplo, uno de los razonamientos más utilizados por los expertos en macroeconomía establece que la presión fiscal es bastante baja en la República Dominicana. Esta se refiere a la proporción del PIB que el gobierno recauda a través de todos los impuestos que paga la población.

Con la premisa de que la presión fiscal es baja en RD, la fórmula que se prescribe siempre será la misma: aumentar los impuestos. Esto implica que los ciudadanos dominicanos, sobre todo de clase media y baja, quienes siempre son los más sacrificados, se vean forzados a reducir sus ingresos para uso propio y, en consecuencia, transferirlos al gobierno.

La mecánica ha sido la misma en las últimas reformas fiscales: focalizarse solo en el aumento de las recaudaciones del gobierno, dejando a un lado la calidad de los servicios. Los países con alta presión fiscal ofrecen servicios de calidad a la población, como educación pública gratuita casi a todos los niveles, pero una educación de calidad, haciendo prácticamente innecesarios los colegios privados. La calidad de la salud es igual: la población acude a los hospitales gratuitamente y la salud privada es mínima.

En nuestro país, por el contrario, cada hogar es un mini-Estado. Las familias tienen que procurarse los ingresos para enviar a sus hijos a colegios privados caros y tratar sus padecimientos en centros de salud privados de alto costo. Entonces, no existe una correspondencia directamente proporcional en RD entre el aumento de pagos de impuestos al gobierno y el ofrecimiento de servicios gratuitos y de calidad.

En esa triste realidad de la calidad de los servicios públicos, donde debería concentrarse todo el esfuerzo del Estado Dominicano, vemos cómo el 4% destinado a la educación se va sin resultados tangibles de mejora sustancial en el sistema educativo.

Aquí se construyen instalaciones físicas para hospitales, pero al poco tiempo todo se deteriora: los equipos dejan de funcionar, las medicinas no aparecen, la suciedad y el abandono campean en los pasillos. Asimismo, la frustración y la desesperación se instalan silenciosamente en la conciencia de los dominicanos.

Una gran cantidad de ciudadanos dominicanos logran enfrentar su precaria existencia y la carencia de servicios públicos gracias a las remesas que reciben de sus familiares en el exterior, alrededor de 10 mil millones de dólares cada año. Esto se ha convertido en la válvula de escape para mantener cierta estabilidad y tranquilidad en la sociedad dominicana.

El tema de la reforma fiscal no se debe tratar únicamente como una ecuación simple de primer grado, cuyo fin sea la repetición de lo mismo: aumentar los impuestos para pagar los intereses y préstamos del gobierno.

La RD merece un mejor destino, donde se establezca como prioridad una verdadera y sostenida mejora en la calidad de los servicios.

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Es urgente la incorporación de esta figura jurídica en nuestra de Ley de Medio Ambiente y el Proyecto de Código Penal que conoce el Congreso Nacional.

El Ecocidio se define como cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen probabilidades de que causa daños graves, extensos o duraderos al Medio Ambiente.

Es decir, el Ecocidio es la sanción criminal a un desastre ambiental .cometido por una persona con Animus Necandi o la intención de hacer el daño.

El vocablo Ecocidio es una figura jurídica acuñada por muchos países a partir del año 2021, como forma de endurecer las penas a los autores de actos ilícitos contra los recursos naturales.

La vigente Ley de Medio Ambiente, la 64-00, no sanciona el crimen ecológico, solo tiene alcance en materia correccional y sanciones administrativas.

Ambientalistas, instituciones ecológicas, abogados y otros sectores de la sociedad civil, vienen demandando la modificación de la Ley 64-00.

Los autores y cómplices de los últimos ecocidios cometidos en varias localidades del país, no van a recibir una sanción criminal y ejemplar porque la Ley vigente no lo prohíbe .

Formulamos un llamado a nuestros legisladores y al Gobierno para agregar el Ecocidio en el proyecto de Código Penal. ‎

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