Según la Real Academia Española, la democracia se define como el “predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado.” Es decir, que en el ejercicio de la administración pública, debe imperar en términos absolutos, la voluntad del pueblo. Cualquier ideología o doctrina política que se aleje de éste principio fundamental, deja de ser democracia. Esto también significa que cuando se impone la voluntad de quienes nos gobiernan por encima de y sin el consentimiento de la mayoría, éste se convierte en un “régimen político que ejerce fuerte intervención en todos los órdenes de la vida nacional, concentrando la totalidad de los poderes estatales en manos de un grupo o partido que no permite la actuación de otros partidos,” en otras palabras, un sistema totalitario.
En días pasados, el Senado de la República Dominicana tomó un paso más hacia la consolidación de un gobierno dictatorial, promulgando un cambio al artículo 85 del Código Procesal Penal, que le arrebata al pueblo dominicano, el derecho de querellarse contra un funcionario público. Lo más asombroso es que ningún miembro de éste cuerpo legislativo, salió a defender los derechos de sus conciudadanos, por lo que son todos cómplices de esta descabellada e insolente propuesta que hoy contempla nuestro Primer Mandatario.
Es propicio señalar que la organización Transparency International – una destacada coalición global contra la corrupción – publicó recientemente su informe “Indice de Percepción de la Corrupción” para el 2013, en el que la República Dominicana fue clasificada en la posición 123 de 177 países, dentro del grupo de 54 estados (el 30%) más corruptos del mundo. Esto significa que bajo el auspicio de la actual administración, se incrementaron los niveles de corrupción en el país, cayendo de la posición 118 en la que fuimos catalogados en el 2012 (dentro del 32% de los países más corruptos).
No es menos importante aclarar que todos los organismos internacionales que investigan el mal de la corrupción a nivel mundial, como Transparency International y las Naciones Unidas, promueven una amplia participación de los ciudadanos en el proceso de velar contra la corrupción. Estos afirman la necesidad de definir un proceso diáfano y justo para denunciar actos delictivos de los funcionarios. Sin embargo, éste es precisamente el derecho y uno de los mecanismos que ayuda a fortalecer la democracia participativa, que hoy nuestros “representantes” legislativos pretenden anular de nuestro sistema de leyes.
Es igual de vergonzoso y una farsa titánica de los que pretenden justificar esta eliminación, utilizando de manera capciosa, la diferencia entre una “denuncia” y una “querella”, ya que es evidente que todos los dominicanos son víctimas de la malversación de fondos del estado.
Debemos recordarles a estos insolentes, que en el 2012, ningún líder titubeó al imponer sobre el pueblo, otra carga más, impositiva e injusta; una reforma fiscal que resultó del extraordinario desvío de fondos que se realizó durante la última gestión de gobierno y que favoreció ampliamente la candidatura de la actual administración.
Ante esta realidad preponderante, es también lamentable ver la apatía de las demás ramas del poder público, específicamente la Ejecutiva y la Judicial, que se han hecho de la vista gorda ante el despliegue desmedido de la corrupción con el que, según las expresiones de la Presidente de la Cámara de Cuentas a finales del año pasado, “se podrían hacer dos República Dominicana.”
Vale la pena recalcar que la investidura del Presidente exige de quien ocupa este importante cargo, siempre poner el ejemplo de una intolerancia invariable y perentoria hacia la corrupción en todas sus expresiones. En su evaluación sobre el manejo del estado, los organismos que escudriñan este tema de tanta trascendencia, consideran un elemento principal, la habilidad del Primer Mandatario poder responder ante el electorado, la legislatura y el poder judicial por el modo que se utilizan los fondos del estado y por los resultados de sus acciones. Esta es una de las atribuciones que también le otorga nuestra Carta Magna en su artículo 128, “velar por la buena recaudación y fiel inversión de las rentas nacionales.” A todas luces, no le conviene a nuestro Presidente, permitir ni apoyar la aprobación de esta modificación, que va en contra de los mejores intereses del pueblo, violando los principios universales y básicos, para favorecer la difícil lucha contra la corrupción y el buen desarrollo de la democracia.
En ese mismo orden, los expertos en el campo de la corrupción, señalan la necesidad de emancipar el proceso de todos los sistemas jurídicos. Estas instituciones deben gozar de plena autonomía en el ejercicio de sus funciones, sin la intromisión de fuerzas adversas, políticas, interesadas, o partidistas que solo persiguen desnaturalizar los procesos y manipular las leyes a su antojo. No podemos permitir que nuestro sistema jurídico continúe siendo secuestrado, presionado por intereses, forzado a emitir decisiones cómodas, caprichosas, amañadas, y viciadas, que solo favorecen a un sector de nuestra sociedad. Debemos implementar mecanismos que favorezcan su transparencia, y que garanticen el fiel cumplimiento de nuestras leyes.
Es axiomático que sin alcanzar esta transparencia primordial en nuestro sistema de justicia, jamás podrá funcionar ninguna estructura que persiga erradicar la corrupción. Sin embargo la complicidad de nuestra jurisprudencia con ésta nefasta e irreverente acción de nuestros legisladores, sería una contraseña más de que se afianza el absolutismo en nuestra patria.
Saludamos con beneplácito la iniciativa de La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) que, luego de poner en alerta a los organismos internacionales correspondientes – sobre la intención de coartar el derecho de todo ciudadano dominicano de perseguir la corrupción- afirman que de no reinstalarse este elemento en al artículo 85 del CPP, someterán un recurso ante el Tribunal Constitucional y cualquier institución de ley internacional conveniente.
Ante los fehacientes e infortunados propósitos de continuar atropellando los derechos fundamentales del pueblo dominicano, la respuesta ha de ser firme, un apoyo rotundo a cualquier iniciativa constitucional y pacifica que haga prevalecer la voluntad del pueblo. En ese sentido, debemos reconocer los esfuerzos de los dominicanos desvelados, interesados en un mejor porvenir para el país, que articularon sus críticas con una serie de protestas sosegadas el pasado sábado en diferentes puntos del territorio nacional.
El afán de quienes promueven ésta absurda alteración a nuestro Código Procesal Penal, representa un retroceso ideológico y material para una democracia que hoy por hoy lo único que ostenta de esta, la más acertada de las doctrinas políticas de nuestra actualidades el nombre.
¡Dominicanos, demos todos por la patria!
¡Que viva por siempre la República Dominicana!