SANTO DOMINGO.- El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Manuel Díez Cabral, abogó este martes por la búsqueda de consenso para lograr una modificación del Código Laboral que genere más empleos en el sector privado.
Entrevistado en el Palacio Nacional, Diez Cabral aseguró que los empresarios, los sindicalistas y el gobierno, continúan las discusiones para la modificación del código y se mostró seguro de que como siempre, tarde o temprano se producirán acuerdos.
Reiteró que las propuestas de los empresarios buscan una luz en el camino, que a pesar de que se han consensuado la mayoría de los artículos, hay algunos que han provocado mucho ruido en los medios de comunicación.
Sostuvo que lo importante es la discusión de buscar la manera de generar más empleos en República Dominicana.
Expresó que en ningún momento entraron en la discusión del Código Laboral para empeorar las condiciones de los trabajadores, sino para mejorar la creación del empleo formal en el país.
Explicó que la legislación solo afecta el 20% de la población laboral, mientras que el empleo informal es de un 60% y la otra parte de los empleos los proporciona el Estado.
Aseguró que hace tiempo que se debió modificar el Código Laboral actual, ya que es insostenible, porque en los últimos 12 años el sector privado solo ha generado 4 mil empleos por año.
El presidente del CONEP visitó la casa de Gobierno para coordinar una visita de los presidentes de Consejos de Empresas Privadas de América Latina, la cual se realizará en el país.
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SAN CRISTOBAL.- El periodista y abogado William Alcántara interpuso una acción de amparo por ante el Tribunal Superior Administrativo en procura de que se le ordene al Ministro de Obras Publicas dejar sin efecto “el abusivo y desproporcionado anunciado aumento del peaje”.
Alega que subir el 233% al peaje viola la Constitución en su artículo 8 que establece que el Estado debe promover la “equidad, la igualdad, la justicia social, el bienestar general y los derechos humanos”.
Solicita que el tribunal condene a dicho ministerio al pago de un astreinte de RD$2,000,000.00, pesos diarios por cada día de retraso en el cumplimiento de la paralización de las pretensiones de aumentar el cobro de ese tributo, si dicho funcionario decidiere desacatar dicha sentencia.
Además, alega que se viola el artículo 39 de la Carta Magna. al querer imponer de manera unilateral un incremento que perjudica a una parte de la población.
Alcántara opina que no hay posibilidad de que muchos trabajadores, pequeños empresarios y ciudadanos puedan cubrir los altos precios que quiere imponer el Ministerio de Obras Públicas.
Señaló que el Articulo 46 de la Constitución establece que “Toda persona que se encuentre en territorio nacional tiene derecho a transitar libremente”. Alegó que, sin, embargo los altos costos del peajes va impedir que miles de ciudadanos puedan cubrir estos gastos con el poca salario que perciben en la Capital.
El jurista depositó la instancia de la acción de amparo por ante el secretario del Tribunal Superior Administrativo.
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