SANTO DOMINGO.- El presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción, (Adocco) Julio César de la Rosa planteó la eliminación de los «privilegios» en la Ley de Cine, bajo el argumento de que los fondos aportados por el Estado no han logrado transformar al sector cinematográfico en una industria rentable.

La reforma fiscal presentada el lunes por el Gobierno plantea la eliminación de incentivos a la industria del cine en el país.

De la Rosa afirmó que desde el año 2013 cuando, aseguró, entró en vigor esa normativa, el Estado dominicano ha destinado más de 16,800 millones de pesos para financiar 235 películas producidas localmente.

Sin embargo, las ventas obtenidas por esos proyectos en los cines han sido solo de 1,979 millones de pesos, lo que equivale a menos del 12% del costo total de producción, dijo De la Rosa en un comunicado.

«Esta situación se ha mantenido así desde 2013, lo que evidencia que el apoyo del sector público no ha sido aprovechado para que los productores locales hagan sus negocios rentables», agregó el presidente de esa organización no gubernamental (ONG).

«En 2023, el Estado destinó 7,400 millones de pesos a la industria del cine, una cifra que equivale al presupuesto para la construcción de más de 15 hospitales de nivel 1 y 2», afirmó.

Con respecto a las películas extranjeras filmadas en el país durante 2023, expuso que dos de ellas tuvieron presupuestos combinados superiores a los 9,174 millones de pesos, de los cuales el 65 % fue destinado al pago de personal y empresas no residentes en República Dominicana, lo que, según él, no genera un impacto positivo en la economía local.

«No tiene ningún sentido que el Estado esté subsidiando casi por completo el componente local sin recibir ninguna retribución por los resultados de esas películas extranjeras», dijo.

El abogado refirió que, por otra parte, la reforma fiscal debió haberse implementado hace mucho tiempo, pero señaló que «la clase política en campaña rehuía el tema».

Explicó que la última reforma fiscal profunda se llevó a cabo hace 32 años, en 1992, y que la falta de ajustes ha generado un mayor endeudamiento, lo que limita la capacidad del Estado para realizar inversiones necesarias debido al elevado pago de intereses de la deuda.

«Por ello nosotros valoramos el arrojo que ha tenido el Gobierno de presentar este proyecto de reforma fiscal», manifestó.

of-am

PEDERNALES. – La subestación eléctrica que suplirá de energía a los hoteles, al puerto de cruceros y otras infraestructuras del proyecto Cabo Rojo, que se desarrollan bajo el Fideicomiso Pro-Pedernales, contará con línea soterrada de más de doce kilómetros de extensión.

La obra cuenta con dos modernos transformadores de 28 megavatios (MW) cada uno y suplirá de energía las tres etapas del proyecto.

Los ingenieros Napoleón Paulino, jefe de obra del contratista responsable del proyecto y Juan Tomás Díaz, encargado de la construcción de la subestación eléctrica y sistema de distribución, respectivamente, resaltaron el impacto positivo del proyecto en materia medioambiental, ya que parte de la energía que suplirá la recibirá del parque eólico Los Cocos, al contar con una línea de doble transmisión.

“Este proyecto dispone de una línea soterrada de más de doce kilómetros, además, va a ser un proyecto ecológico, amigable con el medioambiente”, sostiene Juan Tomás Díaz.

Ambos ingenieros ponen de relieve que el sistema de cableado soterrado eliminará el impacto visual que se crea con las instalaciones eléctricas al aire libre, evitando, al mismo tiempo, la interrupción del servicio en épocas de fenómenos atmosféricos y otras circunstancias adversas.

La subestación eléctrica dispondrá de dos campos de líneas de entrada a los transformadores del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), cuya generación llegará del parque eólico Los Cocos, en su primera etapa, y de la planta de Barahona.

of-am

SANTO DOMINGO.- La Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) manifestó «profunda preocupación» porque en el proyecto de ley de Modernización Fiscal son contempladas modificaciones que obstaculizarían el crecimiento y desarrollo de este sector productivo, uno de los pilares fundamentales de la economía dominicana.

En una una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, la entidad señala que las zonas francas han demostrado ser un motor de generación de empleos y atracción de inversiones, pero los cambios propuestos generan incertidumbre en materia de seguridad jurídica .

«La modificación del régimen fiscal podría desincentivar la inversión extranjera, afectando no solo la creación de empleos, sino también el crecimiento económico del país», dice.

CLIMA DE INCERTIDUMBRE

Resalta que las reformas propuestas crean un clima de incertidumbre que podría alejar a los inversores internacionales y poner en riesgo la estabilidad del sector.

ADOZONA señala que el modelo de zonas francas de República Dominicana se encuentra alineado con los de otros países signatarios del DR-CAFTA, como Nicaragua, Costa Rica y El Salvador así como México, los cuales adicional a los temas fiscales, tienen otros incentivos para fomentar el desarrollo.

«La introducción de nuevas cargas fiscales restará competitividad a la República Dominicana frente a estos competidores, que ofrecen condiciones más favorables para atraer inversiones», indica.

Con más de 449,000 empleos formales generados por las zonas francas, de los cuales más de 198,000 son directos, cualquier reforma que limite la inversión podría resultar en la pérdida de miles de empleos, la cual afectaría gravemente a las comunidades que dependen de este sector.

PIDE ELIMINEN DOS ARTÍCULOS

En consecuencia, ADOZONA solicita a la  Cámara de Diputados que, en su revisión del proyecto de ley de Modernización Fiscal, proceda a eliminar completamente el artículo 31 y a evisar el 36 de dicho proyecto.

sp-am

SANTO DOMINGO.- Los líderes más importantes del Sector Unido de la Construcción expresaron preocupación por la repercusión de la reforma fiscal del gobierno en el sector de la vivienda.

De igual manera fijó su posición la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), en un comunicado conjunto.

Las dos instituciones indicaron que la propuesta depositada por el Ejecutivo en el Congreso Nacional amenaza con un aumento insostenible del valor de los inmuebles.

Tal medida, aseguraron, dejaría a seis de cada 10 dominicanos sin acceso a su primer hogar.

AUMENTO DE PRECIO DE VIVIENDA

 Al eliminar la tasa diferenciada de ISR de los fideicomisos de vivienda, el precio aumentaría cerca de un 12.5%, explican en la nota.

Hay que agregar, comentan, un 18% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) la venta de inmuebles, además de su inclusión al transporte y a bienes no industrializados.

Indican que la reforma fiscal resultaría un alza del importe de la vivienda mayor al 30 %, si también cuentanm el gravamen del 50% a las retenciones realizadas a la mano de obra.

Es decir, explicaron, que esta reforma fiscal resultaría en un aumento total del precio de las moradas mayor al 30%.

REPERCUSIONES EN VIVIENDAS DE BAJO COSTO

Resultado de la subida del precio de 12.5%, el 59% de los proyectos de Vivienda de Bajo Costo (VBC) saldrían de su actual calificación, lo que impediría la compra del bono de acceso a ese programa.

El comunicado reitera que la reforma echa abajo los planes habitacionales impulsados por el mismo gobierno, lo que significa que seis de cada 10 familias dominicanas quedarían descalificadas.

A ello se une que los precios de los alquileres subirán debido a una reducción importante de la oferta, y a un incremento significativo del costo para los propietarios.

an/am