SANTO DOMINGO.- El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel),  Guido Gómez Mazara, solicitó a cualquier ciudadano que sea víctima de una intervención telefónica de manera ilegal, apoderar al órgano regulador para dar una respuesta legal al problema.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, advirtió que todo ciudadano que incurre en una intervención telefónica de llamadas se hace pasible de sometimiento a la justicia.

“Quiero pedir a cualquier dominicano o dominicana que tenga información al respecto, que nos apodere en Indotel, que vamos a proceder”, significó.

Sin embargo, garantizó que Indotel va a actuar en cualquier tipo de acción que pueda determinar frente a personas que se dediquen a esa práctica, que califica como ilegal, malsana e irrespetuosa.

Gómez Mazara afirmó que la época en que se podía invadir la privacidad de los ciudadanos para instrumentalizar aspectos de la intimidad, “todo el mundo sabe que representa una categoría del pasado”, dijo.

Recalcó que todo el que ha incurrido en eso ha terminado en procesos en los tribunales del país.

“En la República Dominicana, de conformidad con el ordenamiento legal, sólo es posible la intervención telefónica mediante una decisión jurisdiccional, de un juez”, acotó.

En otro orden, Gómez Mazara reveló que el 36% de las víctimas de robos en el país es para despojarlas de su celular.

“Pero el 90% de las llamadas fraudulentas que terminan en delitos se hacen con teléfonos robados y desde las cárceles, es decir, la ciudadanía de una forma u otra ha sido impactada por esa práctica”, adujo.

Indica que frente a esa realidad, la primera medida es instalar bloqueadores en las cárceles. Precisa que cuando la cárcel de las Parras esté instalada, cuando llegue marzo, tendrá bloqueos de llamadas telefónicas para los reclusos.

Expuso que está previsto, en coordinación con la Procuraduría General de la República, instalar bloqueadores en las cárceles de Anamuya, Higüey, el Kilómetro 15 de Azua, Rafaey de Santiago y La Vega.

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SANTO DOMINGO.- La designación de Carlos Pimentel como director ejecutivo de Alianzas Público-Privadas viola la ley y afecta sensiblemente la institucionalidad de la Administración Pública, advirtió este domingo la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).

«El literal 6 del artículo 19 de la Ley núm. 47-20 de Alianzas Público-Privadas no da margen de interpretación al establecer que uno de los requisitos que debe cumplir el director ejecutivo de Alianzas Público-Privadas consiste en ‘no desempeñar ningún cargo o empleo de cualquier naturaleza con excepción de la actividad docente'», explica la entidad en un comunicado.

Explicó que la Ley 47-20 no permite que Pimentel, actual director de Compras y Contrataciones Públicas, desempeñe otra función de cualquier tipo que no sea la docencia.

«La ley dispone que entre los seis miembros que integran el Consejo de Alianzas Público-Privadas se incluyen dos posiciones clave: una es el director general de Contrataciones Públicas, con voz y voto, y el director ejecutivo de Alianzas Público-Privadas, con voz, pero sin voto. Esto quiere decir que, de mantenerse esta doble designación, el señor Carlos Pimentel ostentará, a la vez, esas dos posiciones, algo evidentemente incompatible», señala.

Finjus advierte que Pimentel «estará constantemente expuesto a un conflicto de interés, pues deberá desempeñar simultáneamente los dos roles: llevar a cabo los procesos de licitación pública en su condición de director ejecutivo de Alianzas Público-Privada y supervisar esas licitaciones, en su condición de director general de Contrataciones Públicas».

«Esta doble designación viola también el principio de eficacia que debe regir la actuación de la Administración Pública, ya que una misma persona estará a cargo de dos posiciones altamente demandantes que requieren dedicación exclusiva por parte de quienes ejercen esas funciones», indica.

Dijo que espera que esa decisión «pueda enmendarse lo más pronto posible en cumplimiento de la ley y de los principios que rigen la buena administración».