Con la proclama de la Constitución de la República, el 27 de octubre, se iniciará la cultura política del límite de 2 períodos de 4 años y nunca más para ocupar el cargo de Presidente de la República.

Lo anterior estará motivado por el hecho de que la regla de elección presidencial quedará petrificada en el artículo 268 de la Constitución Política, como sigue: “Ninguna modificación a la Constitución podrá versar sobre la forma de gobierno establecida en el artículo 4 de esta Constitución, que deberá ser siempre civil, democrático y representativo. Tampoco podrá versar sobre las reglas de elección establecida en el artículo 124 de esta Constitución”.

El referido artículo 124 establece lo siguiente: “El Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente o la Presidenta de la República, quien será elegido o elegida cada cuatro años por voto directo.  El Presidente o la Presidenta de la República podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la   Vicepresidencia de la República”.

Para darle una mayor seguridad al límite petrificado de dos mandatos presidenciales el constituyente le sumó un obstáculo más, el cual consiste en que ningún funcionario de elección popular podrá beneficiarse de una reforma constitucional durante su mandato, cuando este verse sobre las reglas de postulación, elección y permanencia del cargo que ocupa.

Estabilización

No cabe duda de que la citada petrificación y la disposición desmotivadora para que un presidente intente modificar la Carta Sustantiva con el fin de competir por un tercer mandato, estabilizará la Constitución Política y, como en los Estados Unidos, borrará de las mentes de los políticos la esperanza de ser Presidente de la República por más de 8 años. Cambiar la ancestral cultura continuista es una tarea de gran importancia en el proceso de consolidación de la democracia.

En el Diccionario de Política, de Bobbio, Matteucci y Pasquino, Giacomo Sani define la expresión cultura política como “el conjunto de actitudes, normas y creencias compartidas más o menos ampliamente por los miembros de una determinada unidad social y que tienen como objeto fenómenos políticos”.

 Siguiendo ese orden, el referido autor, agrega que forman parte de la cultura política de una sociedad los conocimientos, o mejor dicho, su distribución entre los individuos que la componen, relativos a las instituciones, a la práctica política, a las fuerzas políticas que operan en un determinado contexto.  las orientaciones más o menos difundidas, como, por ejemplo, la indiferencia, el cinismo, la rigidez, el dogmatismo, o, por el contrario, el sentido de confianza, la adhesión, la tolerancia hacia las fuerzas políticas distintas de las propias.

Asimismo, las normas, como por ejemplo el derecho y el deber de los ciudadanos de participar en la vida política, la obligación de aceptar las decisiones de la mayoría, la exclusión o no del recurso a formas violentas de acción, y, por último, el lenguaje y los símbolos específicamente político, como las banderas, las contraseñas de las diversas fuerzas políticas, las consignas, etc.

Finalmente, el próximo domingo, cuando se proclame la reforma de la Constitución, el presidente, Luis Abinader, habrá cumplido la promesa que le hizo al país, en su discurso de la victoria del 2024, de dejarle como legado: 1) respetar los límites constitucionales de la reelección, 2) no volver jamás a ser candidato y 3) crear las condiciones para que no se produzcan futuras reformas para el continuismo de los presidentes en el poder.

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El presidente Rafael Abinader ha demostrado un liderazgo firme y decidido en la República Dominicana. Sin embargo, su administración enfrenta un desafío crucial: la falta de consejeros y funcionarios que se atrevan a advertirle sobre posibles errores y equivocaciones. Este silencio puede afectar el buen funcionamiento del Estado y la confianza en las instituciones.

En la Biblia hebrea, encontramos un ejemplo relevante en el profeta Habacuc. Habacuc, un fiel creyente en Dios, se opuso a las medidas dictadas por Jehová contra su pueblo. Aunque era seguidor de Dios, no dudó en reclamar justicia y cuestionar las decisiones divinas. Habacuc buscaba el bienestar de su comunidad, mostrando que la lealtad no implica ceguera ante las injusticias.

El Gobernante debe estar atento a aquellos funcionarios que no son simples vasallos, sino que tienen una conciencia clara de la importancia de fortalecer las instituciones del Estado. Estos consejeros valientes son esenciales para señalar errores y proponer soluciones, garantizando así un gobierno más justo y eficiente.

En los países desarrollados, es común que los líderes pidan consejo a ex funcionarios de vasta experiencia, independientemente de su afiliación política. Esta práctica enriquece la toma de decisiones y fomenta un ambiente de colaboración y respeto.

El Primer Mandatario podría beneficiarse de este enfoque, buscando la sabiduría de aquellos que han servido al país, con integridad y dedicación. Porque de que los hay, los hay, tanto en el sector público como en el privado.

El bienestar de la nación dominicana debe ser la prioridad máxima. Para lograrlo, es fundamental que el presidente fomente un entorno donde sus consejeros y funcionarios se sientan libres de expresar sus opiniones y preocupaciones. La diversidad de perspectivas fortalece la democracia y asegura que las decisiones se tomen con una visión amplia y equilibrada.

La historia de Habacuc nos enseña que la verdadera lealtad implica la búsqueda constante de justicia y la disposición a cuestionar cuando es necesario. De igual manera, los funcionarios del Gobierno deben sentirse empoderados para hablar con franqueza y contribuir al bienestar del país.

En conclusión, Abinader tiene la oportunidad de fortalecer su gobierno al rodearse de consejeros valientes y experimentados. Al hacerlo, no solo mejorará la eficacia de su administración, sino que también garantizará un futuro más próspero y justo para la República Dominicana.

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Los países en vía de desarrollo, con cierto retraso respecto de los países industrializados, se han visto obligados a tomar medidas tendientes a reforzar su sistema científico-tecnológico, así como a promover la vinculación entre la universidad y el sector productivo, con el interés de prepararse para responder a los desafíos de la sociedad moderna, y sobre todo, para estar en condiciones de integrarse a la globalización de la economía mundial.

No cabe dudas que el nivel de desarrollo científico-tecnológico determina, en gran magnitud, la capacidad competitiva de los países, en la medida que contribuye a elevar la productividad de la mano de obra y del capital. Las empresas logran ventajas competitivas, mediante la utilización de innovaciones tecnológicas aunadas a nuevos métodos de producción.

En la búsqueda del desarrollo económico, la mayoría de los países latinoamericanos han venido adoptando estrategias equivocadas, descuidando aspectos tales como el desarrollo educativo y cultural, la ciencia y la tecnología, las cuales, han provocado en los países de la región elevados niveles de desigualdad social y económica.

Otra es, sin embargo, la realidad en la mayoría de los países industrializados o de los países de industrialización reciente, quienes han aprovechado, en mayor medida, la capacidad técnica-profesional y la tradición de sus pueblos en cuanto a su creatividad y a su cultura.

Se han preocupado de la preparación de su población en el terreno educativo, ligada al trabajo y a los avances de la ciencia y la tecnología, lo que ha venido propiciando la vinculación entre la universidad y el sector productivo, como un elemento que contribuye a la formación de sus estudiantes, así como al desarrollo económico y social.

Una industria que tiene la presión de una creciente competencia debida a la globalización de la economía y a los grandes avances de la tecnología, se ve en la urgencia de responder al veloz ritmo de crecimiento de las nuevas tecnologías e innovaciones.

Mientras que, la universidad se ve en la obligación de crear las condiciones requeridas para responder a las necesidades que demanda la sociedad en su conjunto y el sector productivo en particular, en la medida que se identifica con los problemas económicos y sociales de su entorno.

De ahí que, la vinculación entre la universidad y el sector productivo resulte un procedimiento susceptible de ser impulsado, por cuanto la relación entre ambas instituciones contribuye a sus desarrollos y al estímulo de la formación científica y tecnológica que los países en desarrollo requieren para superar el atraso y la pobreza.

Lamentablemente en la República Dominicana, tanto la universidad como el sector productivo han evitado cualquier tipo de relación tendiente a impulsar o fortalecer sus relaciones.

Lo cual se ha debido, en lo que se refiere a la universidad, a los temores de desvirtuar sus funciones sustantivas, y por parte del sector productivo, a sus prejuicios respecto al carácter académico de los universitarios, que los ubicaría alejados de la realidad del aparato productivo.

La vinculación entre la universidad y el sector productivo debe siempre sustentarse en una acción concertada entre ambas corporaciones, en la que el Estado estaría llamado a cumplir un papel importante, participando como elemento integrador del proceso de vinculación.

Esta vinculación debería ser un proceso en el que todas las empresas debieran participar, sobre todo, las pequeñas y medianas, ya que dependiendo de sus tamaños y desarrollos se van generando nuevas necesidades tecnológicas, que no están en condiciones de satisfacer en forma oportuna y a bajo costo.

Objetivo

El objetivo de la vinculación, desde el punto de vista de la universidad, debe entenderse como el mecanismo que ayuda a elevar la calidad de la investigación y de la docencia universitarias y a lograr su mejor integración con las necesidades sociales, así como un mayor nivel de responsabilidad social.

Desde el punto de vista de la empresa, la vinculación tiene como objetivo elevar su competitividad en el mercado a través del incremento de la productividad de procesos que aseguren una mayor producción de bienes y servicios por medio de la tecnología transferida desde la universidad, que corresponde en la mayoría de los casos a innovaciones tecnológicas que aseguran productos de mejor calidad y de menores costos.

Aunque las universidades en República Dominicana no se encuentran preparadas para asumir las tareas que demanda la vinculación, debido al relativo desconocimiento que tiene del sector productivo, está en condiciones de reconocer los beneficios que la vinculación puede traer tanto para la universidad, el sector productivo, así como para la sociedad en general.

La vinculación entre la universidad y el sector productivo es un proceso que demanda, cada vez con mayor fuerza, la sociedad moderna, como expresión de un concepto maduro de la función que ambas instituciones pueden realizar en beneficio del desarrollo de los países.

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