La legislación laboral en la RD se remonta a la década de 1930, lo que días y años después se le llamaría Código Trujillo de Trabajo, donde se comenzó a implementar una serie de mecanismos para asegurar y garantizar derechos y deberes al trabajador no importa si era industrial, jornalero o hecha día. Con la aprobación de la Ley No. 352 sobre Accidentes de Trabajo en 1932, se facultaba al empleador vs empleado dirimir cualquier asunto que tenga que ver con accidentes y conflictos en el área del trabajo. Este mamotreto, que en la mayoría de veces no cumplió con su cometido porque el mismo régimen se encargaría de violarlo cuantas veces fuese necesario, también trajo consigo importantes conceptos que permanecen hasta el actual Código Laboral Dominicano de 1992. En muchas de estas normativas se fijaron los limites de cómo debía operar la mano de obra extranjera en las empresas que se encontraran funcionando en el país. Importantes conquistas fueron conseguidas en esos años, entre ellas eliminar el llamado pago por “Vale” donde el trabajador lo que ganada tenía que llevárselo en productos alimenticios de las propias bodegas de los empresarios y de la industria azucarera. Pero otras importantes conquistas fueron en 1935 cuando se promulgó la Ley 929 que estableció el límite de 8 horas diarias y 48 horas a la semana para la jornada regular de los trabajadores industriales y comerciales. En resumen, fue un instrumento para la época y que treinta años después de haber caído la tiranía se hacía necesario modernizar. Luego de varias reuniones finalmente en 1993 entró en vigencia el Código Laboral Dominicano, una conquista de la clase trabajadora. Pero hoy esas conquistas están siendo amenazadas por empresarios que cada año se llevan en exenciones fiscales, exoneración, subsidios más de 150 mil millones de pesos, dinero que nos lo sacan a nosotros de las costillas. Hoy pretenden aumentar de tres a seis meses la estadía de un trabajador para que puede adquirir algún tipo de beneficio, aumentar de 44 a 52 la jornada laboral a la semana, enviar con una mano alante y otra detrás cuando una mujer este en periodo de gestación, quitar el servicio de internet durante la jornada de trabajo, Dios mio, esto no sería más que la “Inquisición Laboral Dominicana” de llegar a aprobarse este ante proyecto que está en borrador. Lo que muchos empresarios no hacen es proporcionar capacitación, adiestramiento, actualización y perfeccionamiento a sus trabajadores, que muchos son explotados y maltratados con palabras descompuestas y llenas de arrogancia solo porque el individuo necesita el trabajo. Todas esas barbaridades antes mencionadas fueron propuestas par los ilustres empresarios, gracias a Dios que por lo menos existen las ideas juiciosas de los sindicalistas que han dicho que las mismas no serán aprobadas y es ahora cuando empieza la discusiones. Es bueno que la clase trabajadora nacional se mantenga alerta frente a estas descabelladas ideas que estamos seguros no se van a probar como se les ha ocurrido a estos gánster del sector empresarial, sabemos que la comisión tripartita ya ha elaborado su borrador de manera relimpiar. Sabemos por experiencia que los dominicanos nos gusta dejarlo todo para última hora y que no perdemos el tiempo en analizar este tipo de cosas de gran importante. Luchemos para que no se vulneren nuestras conquistas, nuestros derechos, luchemos por una mejor clase trabajadora, tecnificada, moderna y bien pagada.

En estos momentos en que se han desatado numerosas sentencias de libertad de parte de los jueces de instrucción, la pregunta que nos hacemos es: qué papel juega el juez a la hora de juzgar un presunto infractor penal ?. Para responder esta inquietud, debemos de acudir al art 40 ins 5 de nuestra ley fundamental: “Toda persona privada de su libertad será sometida a la autoridad judicial competente dentro de las cuarenta y ochos horas de su detención o puesto en libertad. Los actores judiciales a la hora de llevarle dicho imputado, deben de tomar en cuenta las garantías procesales, como la presunción de inocencia, derecho defensa y formulación precisa de cargos, en definitiva llevar un mensaje al juez de que existe una probabilidad de que la persona es autor del delito. Otra pregunta que nos haríamos, cuando procede aplicar medidas cautelares como la prisión preventiva, nuestra normativa procesal expresa: 1- cuando existen elementos de prueba suficientes para sostener razonablemente, que el imputado es, con probabilidad autor, 2- peligro de fuga, 3- la infracción que se le atribuya esta reprimida con pena privativa de libertad. Lamentamos que los jueces de instrucción no sepan su rol en la nueva normativa procesal penal, pues obvian de manera flagrante los fundamentos de las pruebas, el criterio doctrinal de la obstrucción de la justicia, reincidencia y sobre todo la prudencia como expresa la jurisprudencia iberoamericana, sabiendo que no son jueces de fondo. Me despido ante dichos jueces, con una breve nota del insigne Julio B.J Maier sobre la afirmación del trato de inocente: no se ha podido sostener al punto de eliminar toda posibilidad de utilizar coerción estatal, incluso sobre la misma persona del imputado durante el procedimiento de persecución penal pública. En otras palabras, el principio de inocencia no excluye, de plano, la posibilidad de decretar medidas cautelares de carácter personal durante el procedimiento. En este sentido, instituciones como la detención o la prisión preventiva resultan legitimadas, en principio, siempre que no tengan por consecuencia anticipar los efectos de la sentencia condenatoria sino asegurar los fines del procedimiento.