La diputada Millys Johana Martínez Morillo, del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia de Elías Piña, fue esposada y retenida por agentes de la Policía Nacional la tarde del domingo 11 de octubre de 2026, en el municipio cabecera de Comendador, por intervenir en el apresamiento de un hombre por parte de la Policía, lo que ha generado debates y opiniones encontradas.

El episodio, que no deja de lado el feminismo, se produjo cuando la Policía intervino para deshacer una concentración de personas festejando, tomando alcohol, bailando y escuchando música con un alto volumen.

Se dice que la actividad se realizó dentro de las fiestas patronales de Elías Pina, en una estación de ventas de gasolina, lo que también estaría penado por la Ley. Un video muestra dentro de la multitud a la legisladora tomando cerveza a pico de botella, lo que supone que ella era parte del conglomerado, que no tiene nada de malo.

Un contingente de la uniformada actuó para deshacer la concentración, y silenciar la música, apresando a uno de los asistentes, supuestamente por desoír a las autoridades, lo que motivó la intervención de la legisladora, tratando de impedir por la fuerza que se lleven al detenido.

Dentro de las discusiones y forcejeos, aparentemente uno de los policías le puso una esposa a la señora Martínez Morillo, quien también es médico ginecóloga, lo que ha generado irritación entre una parte de la población, entre ellas parte de los legisladores y abanderadas del feminismo.

Dos preguntas

De ese episodio hay que hacer dos preguntas jurídicas: la primera es si puede un legislador en la República Dominicana intervenir e interferir en una actuación de apresamiento a un ciudadano que está haciendo la Policía dentro de sus atribuciones, y la segunda; si los agentes podían detenerla y esposarla.

El artículo 86 de la Constitución dominicana dispone que durante la legislatura ningún legislador puede ser privado de libertad sin autorización de la Cámara a la que pertenece, salvo que sea aprehendido mientras comete un crimen, pero, no le concede mandato sobre las instituciones como la Policía.

Por igual, el artículo 87 aclara que esta garantía es una prerrogativa institucional de la Cámara, no un beneficio personal que elimine toda responsabilidad jurídica del legislador.

Por tanto, la Constitución no le atribuye a un legislador, sea hombre o mujer, la autoridad operativa para anular, dirigir o suspender un arresto policial, enfrentar a los agentes, discutir con ellos, e intentar liberar a un detenido, aunque él  lo considere arbitrario.

En el caso de Comendador, lo que la legisladora pudo hacer es identificarse, pedir explicaciones y hasta solicitar que se verifique la causa del arresto, así como reclamar que se respeten los derechos del ciudadano, pero, la Policía no está obligada a complacerla. También, ella puede hacer diligencias y denunciar el caso en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, pero, nunca creerse que está por encima de la ley y de las autoridades policiales.

Rebelión

Así las cosas, la diputada pudo haber cometido el delito de rebelión, contenido en los artículos 209 al 221 del Código Penal, definido como el acometimiento, resistencia o violencia ejercida contra los funcionarios públicos, agentes de la fuerza pública o de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.

También, pudo haber cometido el delito de Ultraje, contenido en los artículos 221 y 222 del Código Penal, consistente en las ofensas, injurias o amenazas verbales o escritas orientados a menoscabar el honor o el ejercicio de la función pública del servidor estatal.

Por igual puedo haber cometido el delito de obstrucción a la función pública al entorpecer de manera violenta un operativo realizado por uno de los cuerpos de seguridad de la República Dominicana. De comprobarse los delitos, la legisladora pudiera ser destituida de su cargo y sometida a la justicia, en un país donde impere la Ley, pero, como estamos en una nación como la República Dominicana, donde el poder político está por encima de las leyes, probablemente no le pase nada, y los sancionados sean los policías de bajo rango.

Flagrancia

La otra pregunta es si los agentes podían esposar a la congresista. Ya dijimos que un legislador no puede ser privado de su libertad durante la legislatura sin la autorización previa de su cámara correspondiente, salvo que sea sorprendido en flagrante delito. Habría que ver entonces, si el comportamiento de la diputada pudo alcanzar el grado de flagrancia.

La falta de respeto a la Policía se manifiesta con frecuencia en la República Dominicana, porque cualquier ciudadano, con poder o sin poder, puede insultar, abofetear, intimidar y ultrajar a un agente policial, contrario a otros países, como por ejemplo, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y otros, donde eso no lo puede hacer ni siquiera el Presidente de la República.

 

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Por FRANCISCO ML. ORTEGA

La inmunidad parlamentaria no fue creada para colocar a un legislador por encima de los demás ciudadanos, ni mucho menos para otorgarle una licencia que le permita hacer y deshacer a su antojo. Su verdadero propósito es proteger el ejercicio de la función legislativa, no convertir una posición pública en un privilegio personal.

Nuestra Constitución, en su artículo 85, establece que los integrantes de ambas cámaras gozan de inmunidad por las opiniones que expresen durante las sesiones parlamentarias. Esto significa que un senador o diputado puede formular denuncias, cuestionar actuaciones gubernamentales, señalar irregularidades y expresar posiciones firmes desde su tribuna, amparado por esa protección constitucional.

Pero una cosa es proteger la voz y otra muy distinta proteger los excesos.

La propia Constitución contempla otras garantías relacionadas con el ejercicio de la función legislativa y establece procedimientos particulares para determinadas actuaciones contra senadores y diputados. Esas prerrogativas deben entenderse como garantías de la función parlamentaria, no como privilegios personales.

En buen dominicano, ocupar una curul no significa tener un pase libre para hacer lo que a uno le dé la gana.

Un legislador sigue siendo un ciudadano como usted y como yo. Tiene derechos, pero también obligaciones. Debe respetar las leyes, las normas de convivencia, las instituciones y, sobre todo, la dignidad de las personas.

Hay algo que considero fundamental: quien recibe la confianza del pueblo para elaborar las leyes tiene una responsabilidad moral todavía mayor de respetarlas.

No podemos pretender construir una sociedad organizada, respetuosa y apegada a las normas si quienes tienen la responsabilidad de legislar no son los primeros en demostrarlo mediante sus actuaciones.

El compromiso con la sociedad no termina cuando concluye una sesión del Congreso. Continúa en las calles, en las instituciones públicas, en las relaciones personales y en cada manifestación de conducta ciudadana.

Un legislador debe comprender que su investidura lo acompaña, pero no lo convierte en superior a nadie.

La verdadera autoridad no se demuestra levantando la voz, imponiendo condiciones o recordándoles a los demás el cargo que se ocupa. Se demuestra con educación, prudencia, humildad y respeto.

El respeto no se impone con una credencial legislativa; se gana con el comportamiento.

Quienes ocupan posiciones electivas deben recordar que no llegaron allí por derecho propio. Fue la voluntad popular la que les otorga esa responsabilidad.

Y ese mismo pueblo observa sus actuaciones, escucha sus manifestaciones públicas y evalúa la coherencia entre lo que prometieron y lo que hacen.

No basta con pronunciar grandes discursos sobre democracia, justicia y respeto si, al salir del hemiciclo, nuestras actuaciones contradicen esos principios.

La ciudadanía tiene derecho a esperar de sus representantes una conducta ejemplar. No se trata de exigirles perfección, porque todos somos humanos y cometemos errores. Se trata de exigirles responsabilidad, sensatez y disposición para reconocer cuando se equivocan.

La inmunidad parlamentaria no debe confundirse con impunidad. La Constitución establece, además, reglas particulares sobre la jurisdicción competente para conocer determinados procesos contra legisladores. Eso no significa que estén por encima de la ley ni exentos de responsabilidad.

Al final, será el ciudadano, mediante su valoración y su voto, quien decida si aquel representante fue merecedor de la confianza depositada y si merece recibirla nuevamente.

Nuestra democracia necesita legisladores capaces de levantar su voz con firmeza cuando las circunstancias lo ameriten, pero también ciudadanos ejemplares que sepan escuchar, respetar y convivir.

La inmunidad parlamentaria es una garantía constitucional, no una patente para los excesos.

Quien tiene la responsabilidad de hacer las leyes debe ser el primero en dar ejemplo de cómo respetarlas.

Y que nunca se nos olvide algo tan sencillo como profundo: el cargo es pasajero, la condición de ciudadano es permanente y el respeto a los demás no admite privilegios.

 

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