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El pueblo se ha empoderado, y va a exigir en las calles, que se sancione ejemplarmente a todo el que emplee o le rente un inmueble a un extranjero ilegal. Y exigirá que el dueño de Punta Cana y Bávaro, los dueños de las cadenas hoteleras y los empresarios de la construcción y la agricultura, también cumplan con no contratar mano de obra ilegal extranjera.
Luis Abinader tiene una oportunidad de oro de reivindicar su legado, eliminando el principal incentivo que tienen los haitianos (y demás extranjeros) para venir en masa a nuestro país, que no es otro que el saber que aquí los empresarios hoteleros, agrícolas y de la construcción, los emplean a pesar de su estatus irregular, porque no tienen ninguna consecuencia jurídica severa para quienes los contraten.
Si un extranjero tiene que tener un permiso de trabajo para poder laborar, y hay sanciones ejemplares para los y las que empleen y rentan inmuebles a extranjeros ilegales, en poco tiempo nacionalizaremos los sectores de la construcción, turismo y la agricultura.
El pueblo presionará en las calles para que se exija legalmente a todo extranjero en suelo dominicano, tener un permiso de trabajo para poder acceder a un empleo, y que toda persona física o jurídica que emplee o alquile un inmueble a un extranjero ilegal, sea sancionado con multas severas.
Si estas dos anteriores medidas se convierten en realidad, los extranjeros ilegales, al no poder trabajar porque nadie se arriesgaría a pagar una multa muy elevada por su contratación, se irán voluntariamente de regreso a su país, cuando ya no puedan ser contratados por nadie, al no tener un permiso de trabajo, y por el temor que tendrán los empresarios de ser sancionados por contratar mano de obra ilegal.
Si las quince medidas anunciadas por el gobierno es un nuevo mareo para calmar a sus financiadores electorales, anótenlo, que la presión social crecerá exponencialmente, lo cual podría comenzar a generar eventos de mayor violencia entre dominicanos y nacionales haitianos
jpm-am
