PUNTA CANA, República Dominicana.- El vicepresidente de la Comisión de libertad de prensa de la SIP Para la República Dominicana, Miguel Franjul, denunció que en este país agentes policiales o militares, entre ellos escoltas de funcionarios contra periodistas, cometen “excesos” contra periodistas en momentos en que éstos ejercen sus funciones.

Declaró que los mismos se han hecho frecuentes «en el momento en que se producen disturbios callejeros, en algunos juicios controversiales en los tribunales o en actos públicos masivos».

«Espada de Damocles» en el Código Penal

De igual forma, advirtió que todavía predominan en el Código Penal bajo revisión otros artículos que «penden como Espada de Damocles sobre la garganta de la libertad de expresión».

Franjul manifestó que contra esos artículos la SIP seguirá insistiendo para que sean eliminados del ordenamiento jurídico dominicano y los medios de comunicación puedan ejercer su misión sin estas cortapisas.

Agresiones físicas y amenazas

En su Informe sobre el estado de la libertad de prensa en la República Dominicana en el semestre octubre 2015-abril 2016 presentado ante la reunión de medio año de la SIP en Punta Cana, el Director del Listín Diario dijo que si bien la prensa se ha liberado de estas rémoras, es un hecho preocupante «la recurrencia con que reporteros y foto-reporteros o comentaristas de radio y televisión sufren agresiones físicas o amenazas o se exponen a presiones de todo género, una tendencia en auge en los últimos años, coincidiendo con el incremento de las actividades del crimen organizado, los pandilleros y los delincuentes comunes».

Recordó que recientemente los periodistas Danny Polanco y Socorro Monegro fueron heridos por disparos de escopetas y bombas de agentes policiales durante violentos enfrentamientos en la sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y frente a una oficina gubernamental contigua al Palacio Nacional.  El autor de los  disparos que hirieron al periodista Polanco, haciéndole perder la visión de un ojo, fue dado de baja y sometido a la justicia mientras al comandante de la tropa lo penalizaron con varios días de arresto.

Amenazas de muerte en provincias

Franjul reveló que las amenazas de muerte contra varios periodistas de provincias «han menudeado en la medida en que estos denuncian, por sus medios, sean digitales, televisivos, radiales o impresos, supuestos casos de corrupción en el manejo de recursos públicos en alcaldías, gobernaciones provinciales o dependencias del gobierno, o cuando difunden notas sobre las pandillas y los sometimientos de delincuentes en los tribunales».

Resaltó que luego de una larga espera de tres años, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana anuló, a principios de este año, siete artículos de la ley sobre expresión y difusión del pensamiento, desmantelando parcialmente el entramado de sanciones penales contra los llamados delitos de palabra que rige desde el 1962, acogiendo así un recurso de inconstitucionalidad incoado por tres diarios con el respaldo de los demás medios impresos que pertenecen a la Sociedad Dominicana de Diarios.

Explico que con este fallo, se anula el llamado «efecto cascada» por medio del cual el director de una publicación era considerado autor de un delito de difamación e injuria que hubiese sido responsabilidad de un tercero y que se comprobase en juicio, así como aquellos artículos que impedían a los medios publicar «denuncias o declaraciones dubitativas» que fuesen lesivas al honor de una serie de funcionarios públicos y diplomáticos, lo que francamente constituía una censura previa.

Prohibición de la Embajada de Estados Unidos 

En otro episodio que mereció la condena unánime de la Sociedad Interamericana de Prensa, la Sociedad Dominicana de Diarios y la mayoría de los medios de comunicación, la Embajada de los Estados Unidos en el país impidió el ingreso de los periodistas de Diario Libre a una actividad a la que fue invitada la prensa, agregó.  Comentó que el diario atribuyó ese discrimen al hecho de que haber publicado una fotografía en la que aparece el embajador James–Wally–Brewster, quien es gay, junto a su «esposo», bañándose en la piscina de la sede diplomática en la celebración del «día del orgullo gay» junto con varias personas. Los ejecutivos del periódico comunicaron oficialmente su queja al Departamento de Estado.

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PUNTA CANA, República Dominicana.- La Comisión de Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció aquí que en América Latina “el crimen organizado y la corrupción política son los principales enemigos de los periodistas y la libertad de prensa».

Denuncia que en los últimos seis meses 12 periodistas fueron asesinados en el área, al tiempo que se han incrementado los actos de violencia contra las mujeres con 84 casos en el 2015.

“Ha llegado el momento de exigir la imprescriptibilidad de los crímenes contra los periodistas y que los mismos sean considerados delitos de lesa humanidad”,  dice.

El informe presentado en la Reunión de Medio Año de la SIP, celebrada en Punta Cana, República Dominicana, lamenta que los gobiernos se limiten a realizar promesas de que la policía, los fiscales y los jueces harán su trabajo.

Sugiere que la prensa denuncie a los estados donde estos asesinatos tienen como cómplices de los delincuentes.

Cita los  casos de México, donde desde el 1987 a la fecha han sido asesinados 128 periodistas;  El Salvador, donde  el ejercicio periodístico se lleva a cabo con la presencia de pandillas y Honduras, conde  las agresiones y la impunidad a los crímenes continúan generando autocensura.

Indica que en Ecuador se impusieron 78 medidas disciplinarias contra los medios a través de la Superintendencia de la Información de Comunicación (CORDICOM) y que en Nicaragua persiste la censura gubernamental, al tiempo que la publicidad oficial sólo llega a medios oficiales y “neutralizados”.

Agrega que en Perú y en República Dominicana han persistido los ataques y amenazas e intimidaciones contra periodistas.

Otra de las dificultades que se denuncian es la relativa a la falta de acceso a la información pública y la iniciativa de legislaciones en contra de la libertad de expresión.

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