Este día 15 se reunirán las asambleas electorales en 16,070 colegios para elegir un Presidente y un Vicepresidente de la República, 32 senadores, 190 diputados, 20 representantes ante el PARLACEN y sus suplentes, 158 alcaldes y vicealcaldes, 1,164 regidores con sus suplentes, 234 directores y subdirectores de distritos municipales y 730 vocales y sus suplentes, para un número record 4,106 cargos de elección popular.

Las elecciones, de conformidad con el artículo 211 de la Constitución Política, corresponden ser organizadas por la Junta Central Electoral y las juntas electorales de los 158 municipios, las cuales tienen la responsabilidad de garantizar su libertad, transparencia, equidad y objetividad.

Aunque los ciudadanos no tienen la obligación de ejercer el sufragio están en el deber de concurrir cada cuatro años por ante las urnas para elegir a sus representantes.

A 24 horas de la jornada de votación se inicia el período de reflexión electoral, el cual tiene el objetivo de que el elector pueda, en un espacio de tiempo libre de propaganda, reflexionar en torno a cual partido o candidato merece el favor de su voto, así como de detener cualquier inequidad propagandística un día antes de las elecciones y permitir a los partidos prepararse para el día de las votaciones.

Desde ese mismo momento los ciudadanos tienen garantizada la libertad individual, en virtud de la cual, por disposición del artículo 106 de la Ley Electoral, “ninguna autoridad podrá detener o reducir a prisión o privar en cualquier otra forma de su libertad a un ciudadano hábil para votar, salvo en caso de flagrante delito, o en virtud de orden escrita y motivada de juez competente”.  Del mismo modo, se protege la libertad de tránsito consagrada en el artículo 107, que dispone que “en ningún caso podrá estorbarse el tránsito de los electores hasta los lugares de votación durante el tiempo necesario para trasladarse a ellos con el fin de ejercer este derecho y para regresar a sus domicilios o puntos de partida”.

Por otro lado, la Ley Electoral prohíbe los actos que siguen a continuación: 1) los espectáculos públicos y manifestaciones, ya sea en locales abiertos o cerrados, así como cualquier clase de incitación y propaganda electoral por la prensa, radio, televisión, avisos, carteles, telones y demás medios similares; 2) el expendio de bebidas alcohólicas 24 horas antes de las elecciones y hasta tres horas después de terminada la votación; y 3) la injerencia u ostentación de las Fuerzas Armadas durante el día de votación, así como la aglomeración de tropas y el encabezamiento de ciudadanos por parte de los jefes u oficiales, los cuales no pueden, además, hacer valer la influencia de sus cargos para coartar la libertad del sufragio.

Con el propósito de garantizar su independencia de acción, los integrantes de los colegios electorales al igual que los delegados de los partidos, pueden operar, con entera independencia de toda autoridad, sin estar obligados a obedecer ninguna orden que les impida el ejercicio de sus funciones, ni ser privados de su libertad, salvo en caso de flagrante delito.

Cuando se cierran los colegios a las 6 de la tarde, después que el último elector ha sufragado, se inicia el escrutinio, que es el momento culminante de la jornada electoral, mediante el cual se determina cuales han sido los ganadores de las elecciones.

jpm

Con la participación masiva de los 6 millones 765 mil 73 electores convocados a las urnas este domingo 15 de mayo la democracia dominicana entra en una etapa de consolidación a 54 años de su restablecimiento, después de la decapitación de la dictadura trujillista.

No es más longeva porque la frustración que generó en una parte de la sociedad, la  derrota del prócer de la tercera República, Francisco J Peynado, en aquella contienda de 1924 en la que Horacio Vázquez y Federico Velázquez se aunaron para cerrarle el paso, condujo a muchos jóvenes brillantes a la alianza fatal con Rafael Leónidas Trujillo.

En todas nuestras elecciones, con justificación o sin ella, ha rondado el fantasma del fraude, lo que ha contribuido al diseño de un arbitraje electoral que es modelo en toda la región, y aunque siempre hay ruidos y escarceos ha primado el respeto a la voluntad del elector.

Son escasos los momentos  en los que un partido que haya perdido, reconozca que la derrota ha sido producto de sus propios errores o de su incapacidad para entusiasmar y esperanzar a la población.

La falta de una ley de partidos y de una nueva ley electoral, crean distorsiones que deben ser superadas, por lo que el terreno no siempre se aplana en las mismas condiciones, pero eso no ha impedido que el pueblo tome la decisión de desplazar del poder a quienes compiten con las ventajas que proporciona.

En 1978 Joaquín Balaguer compitió desde el poder, y el electorado lo sacó de Palacio; En el 2000 el PLD perdió las elecciones desde el poder; en el 2004, quien estaba en dominio de los recursos del poder era Hipólito Mejía, y fue derrotado.

Otra característica  es que el vencedor puede ganar por margen amplio o estrecho y en pocas oportunidades el perdedor ha reconocido  y felicitado al vencedor:

En las primeras elecciones democráticas celebradas en el país Juan Bosch derrotó a Viriato Fiallo, con el más alto porcentaje registrado hasta este momento, 59.53% versus 30.8%, y Viriato se fue a la tumba sin haber reconocido la victoria de su contrincante.

En 1966 Joaquín Balaguer venció a Juan Bosch, que es cierto que no tuvo oportunidad de hacer campaña, pero también lo es que las encuestas que ya se hacían para la época siempre establecieron que el favorito era Balaguer.

En 1970 y 1974, la principal oposición, el Partido Revolucionario Dominicano de abstuvo, y enfrentaron a Balaguer candidatos que no tenían posibilidades algunas de vencerlo, y ni reconoció Corides su derrota en el 70, ni Lajara Burgos en el 74.

En 1978 el PRD barrió al Partido Reformista Social Cristiano, y hubo propuesta de autogolpe de Estado y un llamado juntazo que mutiló varias de las senadurías ganadas por la oposición, y gracias a las presiones del los presidentes Jimmy Carter, de Estados Unidos y Carlos Andrés Pérez, de Venezuela, hubo acogida de la voluntad de los electores.

En 1982 no hubo problemas para reconocer la victoria de Salvador Jorge Blanco, pero  se quitó la vida en la transición el presidente Antonio Guzmán; en 1986 hubo crisis y Jacobo no reconoció su derrota, como tampoco lo hicieron Juan Bosch en 1990, Peña Gómez en 1994. En las tres oportunidades se alegó fraude.

En 1996/ 2000/2004/2008 hubo aceptación a regañadientes, y en el 2012 aún se espera que Hipólito Mejía reconozca la victoria de Medina.

Ojalá rompamos esa tradición.

Estas líneas se escriben bajo el dictado de recuerdos imborrables que arriban a mi memoria para suplir cotidianas reflexiones políticas hoy desalojadas del cerebro por cumplimiento de  la ley que prohíbe escribir sobre temas cuyo contenido se interprete como campaña proselitista.

Nunca pude entender porque doña Julita jamás abrió la puerta de su casa  en la  calle Damián del Castillo, en mi barrio de San Carlos, aunque  su altar con un cuadro inmenso de San Miguel, con muchas velas encendidas,  estaba en la sala de ese inmueble lineal y semi oscuro, al que se ingresaba por el traspatio.

Ella era una señora de poco hablar que solía regañar a los niños que  jugábamos en la cuartería de muchos vecinos. Yo creo  que nos odiaba porque las pelotas mal bateadas caían sobre el techo de cinc de su casa de madera, siamesa con otras cuatro, todas de sala, habitación y cocina colocadas en fila.

Muchos de mis amigos la tildaban de bruja y siempre se negaban a  jugar en el patio donde siempre la veíamos examinando una taza con residuos de café que leía como si fuera un libro frente a  visitantes deseosos de saber  sobre su  futuro o los números premiados de la lotería.

Yo le tenía mas miedo a la señora de al lado, que si tenia un rostro de hechicera, además de quedarse con todas las pelotas que caigan en el traspatio y de amenazar con descuartizarnos. Esa mujer parecía un demonio, sin  sonrisa, ni color en la piel. Nadie se atrevía a intentar recuperar la pelota que caían sobre sus dominios.

quizás porque  estaba familiarizado con la efigie del arcángel Miguel, que también estaba en el altar de mi bisabuela Macaria, doña Julita no me causaba tanto terror, ni  siquiera cuando leía en voz alta la tasa con mancha de café.

El problema mas grave  era cruzar  en la noche, después de ver la película de misterio de Boris Karloff en casa de Negrita, por  el traspatio de Julita y de la vecina de al lado. En ese traspatio se congregaban todos los fantasmas del barrio, por lo que había que  atravesarlo corriendo a toda velocidad.

No todo era lúgubre en esa cuartería  construida en forma de “L”, porque  allí también operaba la fonda de doña Carmen, que cocinaba exclusivamente a policía, cuyas botas militares lustrábamos por diez centavos y comida incluida.

Al lado de esa fonda estaba la casa de alguien cuyo nombre no voy a  escribir, donde de noche encendían una luz roja y bebían mucha cervezas, cuyas botellas vacías vendíamos a tres centavos  en un puesto de compra  en la calle Abreu.

Esa cuartería ya no existe físicamente, pero la recuerdo hoy con todos sus rincones y personajes, con su música habanera y de perico ripiao, aunque esta vez, las protagonistas de  mi remembranza son Julita y la vecina de al lado.

Elegir a los funcionarios que habrán de dirigir el Estado, podría ser la decisión cívica más delicada que cada uno de nosotros debe de tomar. De ahí que en nuestro texto constitucional, elegir y ser elegible, está consagrado como el primer derecho de ciudadanía.  Va conectado al hecho de que tras la conclusión de un proceso comicial libre de perturbaciones, sus organizadores y quienes resultan más favorecidos se adelanten a declarar que se ha tratado de una fiesta de la democracia.

Sin embargo, esa afirmación no deja de ser un cliché meramente superficial, si se le vincula únicamente a la celebración de un certamen no viciado por situaciones que en el pasado empañaban su limpieza. Porque hablar de festejo tendría sentido verdadero, si de antemano tuviéramos la certeza de un escogimiento sabio, mediante el cual la propia población se garantice a sí misma el derecho a una vida digna y a un porvenir venturoso.

Se ha dicho una y mil veces que todo pueblo tiene el gobierno que se merece. Es la reproducción de un juicio incontrovertible del Eclesiástico, enriquecido en la versión didáctica de la Biblia, en cuyo texto se afirma que, como es el gobernante, así son sus ministros, como el que rige la ciudad, así son sus habitantes. Quiere decir, que la acreditación moral y las competencias que exhiban los ciudadanos a quienes el resto del país les confía su destino, depende del nivel crítico de la conciencia colectiva en función de elegir lo mejor del menú que en el torneo electoral se le ofrece al votante.

Lo anterior puede contrastarse con las simpatías deportivas. A menos que seamos apostadores impenitentes, las preferencias que profesamos no afectan nuestros medios de subsistencia. El desempeño del equipo predilecto nada tiene que ver con las condiciones materiales que determinan nuestra calidad de vida; sus efectos se circunscriben solo al plano emocional, donde se disipan sin lesionar el estado presente de nuestra prosperidad ni modificar las posibilidades de nuestro desarrollo futuro.

En cambio, cada regidor, alcalde, diputado y senador que por voluntad nuestra vaya a tomar juramento del cargo, recibe el mandato legítimo que luego se convierte en una especie de carta abierta para impulsar iniciativas que de algún modo incidirán en nuestra cotidianidad y en lo que pudiéramos esperar del mañana. Y ni decir de quien concite el favor del voto mayoritario para implementar desde la presidencia de la República las ejecutorias que condicionan el derrotero de la nación.

Todo esto nos introduce en el terreno del voto razonado, cuyo fin comporta un proceso de reflexión que nos obliga a un cuestionamiento honesto en torno a nuestro deber de pensar como jueces probos comprometidos con la tarea de sentenciar la idoneidad de los ciudadanos que merecen gobernar y la descalificación de aquellos que no reúnen el talento, la vocación ni las condiciones éticas que demanda el desempeño pulcro y eficiente de una posición electiva donde quedan en juego nuestros intereses individuales y la preservación del patrimonio común.

En este punto deberían aflorar en nuestra mente los criterios valorativos que fundamentan la racionalidad por la que se determinan nuestras resoluciones. Si el análisis nos capacita a decidirnos por lo más selecto de la sociedad, el probable ganador lo será todo el país. Probable, porque habría que esperar la conducta de cada elegido durante el ejercicio de sus funciones.  Y he ahí la importancia de contar con un régimen efectivo de consecuencias que castigue sin miramientos la prevaricación a todos los niveles de los poderes que componen el Estado.

Si por el contrario, el sufragio favorece la mediocridad, la simulación y la engañifa de quienes solo ven una plataforma de lucro personal en la posición que les confiamos mediante el valor de nuestro voto, el seguro perdedor también lo será todo el país. Seguro, porque ningún pueblo se garantiza a sí mismo el derecho a una vida digna y a un porvenir venturoso, si teniendo el poder soberano de escoger a los mejores gobernantes, incurre en la torpeza de relegarlos para apoyar el predominio de la insensatez.

Ojalá que brille la luz de la sabiduría. Quiera Dios que las urnas se atiborren de votos racionales.

jpm