Por YANESSI ESPINAL

El futuro político del Movimiento Verde es fuente de inquietud tanto en las filas de sus gestores como de los partidos políticos del sistema, pues se trata de una lucha inversamente proporcional, es decir, si los partidos se siguen debilitando el movimiento podría seguir creciendo, pero si los partidos logran introducir los cambios que demanda la sociedad, el movimiento podría quedar neutralizado.

En esa dinámica y en vista de que para las próximas elecciones faltan casi tres años, nadie puede predecir con certeza el camino político que seguirá el Movimiento Verde, aunque el impacto que tiene y podría seguir teniendo en el escenario es indiscutible.

Además la entidad evidentemente seguirá ejerciendo presión al gobierno a pesar de que ya fueron sometidas 14 personas por el escándalo de Odebrecht, que fue la causa que dio origen a la demanda. Para el 16 de julio convocó una marcha nacional en el Distrito Nacional, que sería la sexta y hasta ahora todas han tenido éxito.

Las mejores ponderaciones de que el Movimiento Verde podría convertirse en partido político vienen de las experiencias que han tenido otros países con partidos que han surgido del movimiento social como el caso de Podemos en España y más recientemente de En Marcha, que llevó a la presidencia a Enmanuel Macrón en Francia.

“República Dominicana es un país de partidos con estructuras fuertes. Esto no significa que no pueda surgir un movimiento nuevo como ocurrió en Francia con Macron y de Inglaterra con Corbynn”, opinó el politólogo y consultor internacional Mauricio De Vengoechea.

Al mismo tiempo, el analista ve una gran debilidad en el Movimiento Verde que no enfrentaron los movimientos exitosos de Europa, le falta la figura de un líder. “El tema es que este tipo de movimientos necesitan de un líder que sea percibido como un candidato nuevo, disruptivo, que rompa la dinámica de la política tradicional, líder que sinceramente no veo aún entre los promotores o participantes la Marcha Verde”, subrayó.

A pesar de eso, el vicepresidente de la Asociación de Consultores Políticos de América Latina reconoció que el movimiento tendrá impacto en los partidos. “Lo que sí es cierto es que este movimiento al igual que ocurrió con las manifestaciones del 4% en su momento, producen un efecto que juega en contra de los partidos tradicionales muy especialmente contra el PLD que será el más afectado”, sostuvo.

¿Con quiénes cuenta concretamente el Movimiento Verde?

El movimiento social surgió a principio de enero de este año, al menos ante la opinión pública, empujado por organizaciones sociales diversas, medios de comunicación y periodistas con mucho impacto en la opinión pública con el tema de la lucha anticorrupción y la impunidad. Pero el Movimiento Verde ha logrado el apoyo de los partidos de oposición y hasta sectores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Los partidos y sus líderes que apoyan el movimiento son el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Alianza País, Partido Humanista Dominicano, la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Frente Amplio, Dominicanos por el Cambio.

Además las organizaciones políticas de izquierda como el Frente de Lucha Popular (Falpo) y la Fuerza de la Revolución, de Narciso Isa Conde. El movimiento también cuenta con el apoyo de sectores empresariales y organizaciones de la sociedad civil como Participación Ciudadana, el Centro Bonó y representantes de la iglesia católica, como el obispo monseñor Víctor Masalles y la comunidad evangélica de la Confederación Dominicana de Iglesias Evangélicas (Codue).

Al mismo tiempo el movimiento no encuentra resistencia ni críticas de peso pues ningún sector político podría contradecir la lucha contra la corrupción y la impunidad y probablemente en eso radica su éxito a nivel de opinión pública.

Sin embargo, sobre su futuro hay más interrogantes que respuestas. Si decide convertirse en partido político automáticamente perderá el apoyo de los partidos que hasta ahora lo han respaldado y si toma alguno de los que ya tienen personería jurídica para su plataforma legal, corre el riesgo de perder la credibilidad y ser más de lo mismo que critica.

La diversidad de las ideologías que convergen en esa iniciativa, sería otro factor de choque. Por ejemplo, las iglesias son contrarias al discurso de que se permita el aborto en algunas circunstancias, criterios que sí promueven los principales promotores de los verdes y que se identifican con los sectores más liberales del país.

Manifiesto golpeó imagen de los verdes

Enfrentar el movimiento ha sido un dolor de cabeza para el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el gobierno del presidente Danilo Medina y en cada ataque, en lugar de debilitarlo parece que se fortalece. Sin embargo, el pasado fin de semana, el movimiento recibió un duro golpe en su imagen que salió de sus propias entrañas.

El manifiesto suscrito por un grupo de personas que son parte de esa entidad pidiendo la renuncia del presidente Medina recibió un rechazo generalizado y el sector oficial el desliz para identificar que es el fin último de la entidad crear un caos institucional con la interrupción del mandato del gobernante.

A lo interno del movimiento hay quienes han planteado ampliar los temas de demanda más allá de la corrupción y la impunidad y también que se conviertan en partido político, pero no hay consenso en su futuro.

(Reproducido de EL CARIBE)

El Gobierno desplegó esta semana lo que pareció una ofensiva para distanciarse de la corrupción que se le endilga y responder el clamor nacional contra la impunidad, al reanudar las investigaciones sobre los sobornos en la compra de los aviones Tucano por 93.7 millones de dólares y sobre las irregularidades en la venta del barrio Los Tres Brazos.

La Procuraduría General también presentó querella contra algunos de los involucrados en la mafia extorsionadora que provocó el suicidio de un contratista en plena Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), mientras la Dirección General de Contrataciones Públicas anunciaba la anulación de licitaciones en dos organismos estatales.

El Gobierno no se ha detenido tras las imputaciones a 14 personas por el escándalo de sobornos de la Odebrecht y esta semana lanzó una ofensiva procurando distanciarse de la pasividad y la impunidad con que había visto pasar numerosos actos de corrupción que han rebosado la paciencia ciudadana.

El éxito de la última marcha verde, efectuada hace dos semanas en San Pedro de Macorís, demostró que hace falta mucho más para contener la indignación ciudadana, por lo que se ha pasado a dilucidar varios de los casos acumulados en el rosario de corrupción nacional.

Ninguno más parecido al de Odebrecht que los sobornos por la compra de los 8 aviones Súper Tucano, también en Brasil, a un costo de 93.7 millones de dólares, por igual confesados ante la justicia estadounidense por la empresa Embraer, que habría pagado coimas de 205 millones de dólares, 3.5 millones en la República Dominicana, y el resto en Arabia Saudita y Mozambique.

Otros dos escándalos, enrostrados sistemáticamente al Gobierno del presidente Danilo Medina, fueron reactivados por la Justicia en esta semana: el de la mafia extorsionadora que operaba en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y el de la venta de los terrenos del barrio Los tres Brazos, en Santo Domingo Este, pertenecientes a la otrora poderosa Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE).

Ningún caso completado

Ninguno de los tres casos abordados esta semana por la Procuraduría General de la República ha podido culminar en imputaciones satisfactorias y más bien ha parecido que se juega al olvido.

El revuelo de las denuncias de sobrevaluaciones y sobornos para la compra y aprobación del contrato de los Tucano comenzó desde que se planteó la adquisición cerrada en el 2008.

En mayo de 2016 el diario Wall Street Journal ofreció los detalles del soborno a militares y legisladores por los 3.5 millones de dólares. Desde febrero de 2016 la Procuraduría General asumió la investigación robustecida con la confesión de la Embraer en octubre.

Hasta el momento el Ministerio Público solo ha imputado al exministro de las Fuerzas Armadas Pedro Rafael Peña Antonio y al coronel Carlos Piccini Núñez, así como al empresario Daniel Aquino Méndez y su hijo Daniel Aquino Hernández.

Ningún legislador ni político ha sido imputado, aunque desde el principio se vocean nombres y apellidos, en una compra por 94 millones de dólares, cuyo financiamiento fue denunciado en el Congreso Nacional antes de su aprobación.

Como en el caso Odebrecht, la percepción generalizada es que en los Tucano no solo hubo sobornos, sino también sobrevaluación, comparando los precios a que otros países, como Colombia, habían pagado el mismo tipo de aeronave.

Otra similitud es que en este también ha habido selectividad en las imputaciones, pues han resultado ilesos los ejecutivos de otras dos empresas identificadas como las mayores correas de las transferencias al país del dinero, teniendo en común apellidos tan sonoros como Balaguer y Rojas Tabar. Con nuevos interrogatorios, la Procuraduría General de la República procuraría completar un expediente creíble.

Hasta ahora solo el coronel Piccini Núñez está preso y es señalado como un “chivito expiatorio”.
Expedientes en OISOE. Tres de los escándalos de corrupción del actual Gobierno han sido los que afectaron a la OISOE, la CORDE y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA).

Los dos primeros fueron de los abordados esta semana. El de la OISOE es el más avanzado, ya que el lunes la Procuraduría Especializada para Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) presentó acusación formal ante juez contra cuatro involucrados.

Aquí también se denuncia selectividad, pues se atribuye a cuatro funcionarios medios la operación de una red de extorsiones para contrataciones y pagos de obras, que hizo explosión en septiembre de 2015 con el suicidio en plenas oficinas de la OISOE del contratista David Rodríguez, quien dejó una nota acusatoria.

Luego el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) presentó otros 52 expedientes sujetos a la misma extorsión.

Muy pocos han aceptado que no hubiese al menos complicidad en los mandos superiores de la institución.

La PGR tiene otro expediente pendiente de la OISOE, bajo la misma administración, por haber casi duplicado el costo de la remodelación del hospital Darío Contreras, originalmente contratada por 886 millones de pesos y que concluyó en 2014 en 1,700 millones de pesos.

La enorme sobrevaluación fue certificada en una auditoría de la Cámara de Cuentas, revalorada por la Dirección General de Contrataciones Públicas que remitió el expediente a la PGR hace año y medio.
Las sobrevaluaciones de hasta 100 por ciento han sido sistemáticas en la OISOE, señalándose los casos de los parqueos del Palacio de Bellas Artes y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, bajo la administración del ahora senador Félix Bautista.

Los casos más difíciles

Para responder los cuestionamientos que han generado la indignación de la Marcha Verde, la PGR tiene todavía mucho terreno por cubrir, especialmente en las investigaciones de las denuncias de sobrevaluaciones. Comenzando mayo el Centro Juan XXIII, Participación Ciudadana, Santiago Somos Todos y la Fundación Masada, presentaron una denuncia para que se investigue el financiamiento de campañas electorales por Odebrecht.

El documento se basó en las revelaciones de los interrogatorios en Brasil y recogió la ruta de la operación Lava Jato hasta la República Dominicana, documentando transferencias por 4 millones 396 mil dólares de empresas offshore de Odebrecht a la firma Cine&Art 2013 establecida en Santo Domingo por asociados de Joao Santana, el asesor de las campañas electorales de Danilo Medina. Hasta el momento no ha habido respuesta.

Pero a la PGR no le ha interesado investigar las denuncias de financiamientos de campañas. En mayo del 2015 un grupo de 17 diputados del Partido Revolucionario Moderno depositó una instancia para que los interrogaran sobre la voceada compra de votos para la reforma constitucional que permitiría la reelección de Medina.

Luego en marzo de 2016 el mismo partido sometió otra denuncia para que investigaran las relaciones de la empresa de Joao Santana Polis Caribe con el Estado. Silencio en ambos casos.

 

El general Tomás Holguín de la Paz, director general de Prisiones, con valentía narró una gran verdad: “El patronato se creó para ayudar al sistema penitenciario, para ayudar y colaborar, pero nunca han hecho nada, ni han hecho nada, ni han aportado nada, que vale decirlo de manera responsable”.

El país se ha enterado de su existencia porque un personaje diestro en el aprovechamiento de las oportunidades, usurpando una membresía que no le corresponde, le ha tratado de imponer una pérfida ocupación: la de fastidiar aun más y humillar a los encartados de Odebrecht, inspeccionando los supuestos privilegios de que disfrutan en el espacio donde han sido confinados para cumplir una coerción que la comunidad jurídica y la generalidad de los generadores de opinión han juzgado de arbitraria.

Todo por montar la fama de este caso a favor de una incongruencia en la que se ha sumido al país desde hace varios lustros, barriendo para debajo de las alfombras, que es lo que ha hecho para presumir humanización y modernización en el régimen penitenciario: hacina y empeora el sistema que agrupa a la inmensa mayoría de los reclusos, y dirige la mayor tajada presupuestaria al exhibicionismo de una vitrina, que presenta sus virtudes, pero anda lejos de encarnar la realidad.

Pero como eso da lustre y escenarios que hacen soñar con aspiraciones frustradas, se le trata de mantener como plataforma, lo que no sería de por si negativo manejado sin mezquindades.

Lo que se ha pretendido provocar para llevar a los encartados de Odebrecht al sistema convencional del nuevo modelo, para pavonearlo como prenda, no se había producido con inculpados reales, como fue el caso de los acusados de los fraudes bancarios, o con un personaje del narcotráfico que dio origen a la producción cinematográfica que se tituló: El Rey de Najayo.

En esos casos, los que ahora querían presumir de estrictos consintieron todas las comodidades, pero esta vez han querido sumarse a un juego populista, tratando de pescar popularidad.

Pero la culpa es del Estado que ha jugado a un paralelismo hipócrita e ilegal en el tema penitenciario.

En el país solo existe un sistema penitenciario, el pautado por la Ley 224-84, que crea la Dirección General de Prisiones, la rectora del sistema, facultad que no podía ser anulada con un decreto como el 528-05 que estableció el programa de reforma que ha devenido en llamarse nuevo modelo penitenciario, porque la jerarquía de la ley se coloca sobre la del decreto, pero ocurre que además hay otra ley, la de Función Pública, prohíbe la creación de instituciones paralelas a la preexistentes.

No se trata de plantear un retroceso que anule los beneficios que muestra el nuevo sistema, porque los pueblos no se benefician de la igualación hacia abajo, pero si producir una mayor equidad, porque el 64% de los reclusos que están en el modelo tradicional tienen los mismos derechos que los 36% del modelo que recibe mayor apoyo.

La mayor muestra de inequidad, la representa el penal de La Victoria, que tiene 8,700 reclusos versus los 8,400 que tiene el nuevo sistema en 22 centros, sin disponer de una botellita de agua para el agente que debe acompañar a un recluso a una audiencia, mientras los Vigilantes de Tratamiento Penitenciarios tienen viáticos asegurados para cualquier gestión amén de un sueldo incomparablemente mejor.

Todos somos iguales ante Dios y la justicia, pero el Estado sabe que tiene su responsabilidad altamente comprometida, cuando gente de prestancia social, empresarial y política le toca guardar reclusión.